Por: Néstor Busso. Alainet. 16/06/2019
Desde diciembre de 2015, con el gobierno del empresario Mauricio Macri, Argentina ha retrocedido dramáticamente en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.
La versión oficial dice que este gobierno “garantiza la libertad de expresión como nunca antes”. Ellos piensan y han dicho que la comunicación es una cuestión de mercado y por lo tanto han liberado al mercado el funcionamiento del sistema comunicacional. A eso llaman “libertad”. Eso ha provocado una fuerte concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación.
A poco de asumir, Macri desguazó por Decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificando los límites a la concentración y anulando los organismos participativos que la Ley había establecido. Esa Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, aprobada en 2009, como producto de un amplio debate y considerada un ejemplo para el mundo, fue modificada en sus aspectos sustanciales.
El pluralismo informativo está en emergencia. En los últimos años se han perdido más de 3000 empleos en los medios de comunicación, que se suman a la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de los trabajadores. Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las comunicaciones. La emergencia alcanza a los medios Pymes y comunitarios ante el alza indiscriminada de las tarifas de servicios públicos y los costos de insumos básicos como el papel para periódicos. Los medios comunitarios y de entidades sociales son discriminados mediante el recorte millonario al fomento sectorial del fondo previsto en la Ley 26.522 (FOMECA), al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras. También se silencian voces al incumplirse la obligación de incluir en la grilla de cable a canales de asociaciones civiles, cooperativas, medios públicos provinciales o universitarios y nuevos canales locales.
Las Universidades Nacionales están siendo afectadas por trabas en el acceso a frecuencias y limitaciones a su cobertura, así como por el desfinanciamiento general que castiga a todo el sector educativo. Los medios públicos son, a su vez, víctimas de un vaciamiento sistemático de contenidos, puestos de trabajo y señales, situación que se agrava con el acoso y censura directa a periodistas de la TV Pública y la destrucción de TELAM, la agencia oficial de noticias.
En forma concurrente, la asignación arbitraria y discrecional de pauta publicitaria y frecuencias radioeléctricas e infraestructura para negocios de telecomunicaciones y plataformas digitales no nacionales están afectando la sostenibilidad de los medios argentinos y el futuro de una comunicación democrática, diversa y con pluralidad de voces. La producción nacional de bienes y servicios culturales está amenazada, a su vez, por el incumplimiento de pautas de producción nacional, independiente y local de contenidos audiovisuales, así como la penetración creciente de plataformas que comercializan productos audiovisuales internacionales sin exigencias fiscales o de cuotas de contenido nacional. Todo ello en el marco de la discrecionalidad sistemática de un organismo creado por Decreto (ENACOM) que opera como apéndice del Ejecutivo, al margen de la legalidad constitucional que requiere la tutela del derecho humano a la comunicación.
En los hechos, Clarín resultó un claro beneficiario. Fue salvado de la quiebra y la compra agresiva de los acreedores entre 2002 y 2005. Posteriormente el grupo se quedó con Cablevisión y Multicanal, concentrando el 47,3 % del mercado de cable. En 2015 las ventas del Grupo crecieron un 41% respecto del 2014. La compra de Telecom -con un vidrioso marco jurídico- le permitió dominar los negocios de televisión, telefonía, móviles e internet. En 2018 Cablevisión Holding fue la empresa de la Bolsa que más ganó en Argentina; el grupo Clarín, embolsó $ar 47.019 millones en el año (algo más de mil millones de dólares).
La gota que rebasa el vaso es la persecución de comunicadores populares. La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires inició una causa judicial contra los comunicadores populares y dirigentes sociales y políticos que participaron el pasado 17 de diciembre de una manifestación pacífica en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y luego en Canal 13, para que se incluya a las televisoras comunitarias en la grilla de cable.
Los acusados son los comunicadores Pablo Antonini, presidente de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), Omar Zanarini, integrante de Radio Gráfica y Natalia Vinelli, de Barricada TV; también están implicados el dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Tomás Eliaschev, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y el referente del MILES Capital, José María Di Bello.
“Se trató de una manifestación pacífica para exigir que se cumpla una ley que habla de garantizar la presencia de más voces en la grilla de cable. Y eso no solo no sucede, sino que terminan en el banquillo quienes realizan el reclamo”, explicó el presidente de FARCO respecto a la protesta realizada. La Ley establece que los sistemas de televisión por cable deben incorporar en sus grillas a los canales de televisión abierta con licencia en la localidad. Cablevisión, principal operador de cable del país, perteneciente al Grupo Clarín, no incluye en su grilla a los canales de TV comunitarios de Buenos Aires (Barricada Y Urbana TV), ante la pasividad del ENACOM que debería hacer cumplir la ley. Ese fue el motivo de la protesta: buscar la pluralidad y diversidad de voces.
Es muy paradójico y muy fuerte que quiénes queremos más voces en el espectro y en la grilla del cable, más voces entre las posibilidades de opción de los argentinos y argentinas, sean los enjuiciados y tildados de antidemocráticos. Y por otro lado, que quiénes pretenden que no entre más nadie para seguir teniendo el control de la formación de la opinión en Argentina, aparezcan como los ofendidos.
A partir de las elecciones de octubre de este año, seguramente se abrirá en el país una nueva etapa y es de esperar que se puedan recuperar derechos con reglas democráticas. Es necesario recuperar y avanzar en el debate que hizo posible la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009.
Seguiremos bregando por la “Democratización de la Comunicación”, la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Eso requiere que el Estado implemente políticas públicas activas para fomentar diversidad y pluralidad de medios; que la información, en cualquiera de sus formatos, deje de ser considerada solo como negocio y se la reconozca como un bien social indispensable para el debate público en democracia.
Néstor Busso es Director de Radio Encuentro y ENTV, en Viedma y responsable de Políticas Públicas de FARCO. Ex Presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
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Fotografía: latribuna
