Por: Tlachinollan. 30/03/2018
El pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de “El Volado”, “Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”, “Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”, “Noe”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noe”, “María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y “El Siete Pueblo Nuevo”, quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
El Proyecto de la empresa estadounidense ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año en una superficie total de 11.7 hectáreas en la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.
Con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de Leticia Herrera Ale empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza. Las policías, además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social,
vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que se realizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes.
Los antimotines, allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación. En lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto “Chemours Laguna”,
otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social.
Consideramos que una causa principal subyace a la indiferencia de las autoridades ante las reivindicaciones del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio: la relación entre capital y poder político.
Esta relación, que ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital, explicaría cómo en Durango y, particularmente, en Gómez Palacio, las agendas de las instituciones del Estado son
diseñadas e impuestas por influyentes grupos de interés no sometidos al examen crítico de los ciudadanos y cómo las autoridades políticas no actúan en respuesta a las demandas ciudadanas, sino de acuerdo a los intereses de las corporaciones.
Desde esta perspectiva, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio supone un peligro para la conservación del status quo Gomezpalatino en la medida en que representa valores divergentes e intenta incorporar sus reivindicaciones a la agenda política. Pese a que la protesta social pacífica es un derecho constitucionalmente protegido, el sistema politico —aun hoy, todavía autoritario— suele responder a ella violentamente. El pasado 9 de marzo, la violencia represiva dejó un saldo de 49 arrestos de los cuales cinco eran
menores de edad de entre 13 a 17 años y quince mujeres, así como 10 personas hospitalizados, una de las cuales aun lucha por sobrevivir. Contrario a lo que pudiera pensarse, la criminalización de la protesta social no comienza ni
termina en la inmediatez del acto represivo. Sabemos bien que uno de los mecanismos preferidos para el control del descontento social por parte de las autoridades consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos empleando la legislación penal para hacerse cargo dicha inconformidad.
Queremos denunciar que durante las primeras horas posteriores a las detenciones hubo tortura hacia los manifestantes arrestados, en algunos casos fueron incomunicados o aislados, en otros, se usaron técnicas psicológicas para que se autoinculparan o para que traicionaran a sus compañeros de lucha y, en varios más, se les hicieron firmar hojas en blanco. En todos los casos se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y hubo restricción y obstaculización para que pudieran comunicarse libre y personalmente con sus defensores y familiares. En
terminos de género, las compañeras fueron hostigadas sexualmente por agentes que tocaban sus pechos, y con la “macana” presionaban por encima del pantalon su zona vaginal.
En esta lógica, al presentar a los miembros del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vido a y el Territorio como criminales, el Estado pretende legitimar y justificar, ante la opinión pública, la acción violenta y represiva que ha ejercido en su contra, situación propia de contextos no democráticos.
Por todo lo anterior demandamos Al Gobierno del Estado de Durango:
• La inmediata liberación de Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez Grez, Avelino Rodríguez Martínez, Christian García Pimentel, Daniela Nohemí Caballero, Guillermo García Pimentel, Julián Rodríguez Ordaz, María de los Ángeles Camacho, Raúl Puentes Díaz, Sanjuana Nájera, quienes han sido acusados de cometer los delitos de “ataques a
vías de comunicación”, “daños”, “lesiones” y “motín”, agravados por el uso de medios violentos como armas y explosivos y a quienes consideramos presos políticos pues no son delincuentes sino defensores de su territorio y sus comunidades;
• El retiro del apoyo que públicamente ha ofrecido al Proyecto “Chemours Laguna”; Al Gobierno Municipal:
• la inmediata revocación de los permisos otorgados al Proyecto ”Chemours Laguna” por contravenir el Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Gómez Palacio;
• la inmediata destitusión de Jaime López, Director de Atención Ciudadana; Al Congreso del Estado de Durango:
• la discusión y aprobación, con carácter de urgente, del Punto de Acuerdo sobre el Proyecto Chemours Laguna, presentado para su discusión a la LXVII Legislatura el pasado 11 de Diciembre del 2017 por la Diputada Elia Estrada Macias. Al Gobierno Federal:
• la revocación inmediata de la autorización al Proyecto ”Chemours Laguna”, indebidamente otorgada a través de la resolución administrativa contenida en el Oficio No SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT; Al Congreso de la Unión:
• la creación de una Comisión Especial que investigue y analice los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo, así como la legalidad de los permisos otorgados por las diferentes autoridades municipales y federales a la empresa “The Chemours Company”. A la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa:
• el reconocimiento del interés legitimo de los demandantes y en consecuencia su derecho a acudir a este Tribunal para buscar justicia;
• la admisión de la demanda para su trámite y el otorgamiento de la medida cautelar solicitada en ella, consistente en la suspensión provisional de la ejecución de la resolución administrativa impugnada mediante la cual se autorizó, de manera condicionada, en materia impacto y riesgo ambiental el Proyecto ”Chemours Laguna”.
A la empresa ”THE CHEMOURS COMPANY”, le exigimos su salida inmediata de Gómez Palacio, del Estado de Durango y de nuestro país.
15 de marzo del 2018, Torreón, Coahuila
”Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio”
”Acción Colectiva”
”Red Mexicana de Afectados por la Minería” (REMA)
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Fotografía: Tlachinollan
