La guerra como negocio en Colombia y México.

Con la implementación del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, los flujos de armamento, equipo militar y software de inteligencia aumentaron como nunca antes en ambos países. Detrás de la seguridad, pacificación y lucha contra el narcotráfico, se encuentra el negocio millonario del suministro de armamento que le cuesta vidas y recursos a ambos países. Tanto México como Colombia han destinado enormes cantidades de su presupuesto para la compra de tecnología y equipo militar que no sólo han servido para combatir el narcotráfico, sino también para hacer un minucioso seguimiento a defensores de derechos humanos y miembros de movimientos sociales. Específicamente en México, la cercanía con Estados Unidos implica, entre otras cosas, el flujo constate y creciente de armas y equipo militar al gobierno desde hace más de una década, pero, además, el flujo ilegal de armas al narcotráfico, el cual tiene a los mismos proveedores.

Colombia, el negocio de la seguridad

La implementación del Plan Colombia, entre finales de los años 90 y principios del 2000, se terminó de articular con el ascenso al poder de Álvaro Uribe, quien gobernó el país -desde el año 2002- bajo el marco discursivo de la “seguridad”, por medio del cual se configuró un Ejecutivo “de mano dura” con el  “terrorismo”. El terrorismo se identificaba no únicamente con los actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares, narcotráfico), sino que también incluía a los “terroristas vestidos de civil”, es decir, periodistas, integrantes de ONG defensoras de los derechos humanos y sindicalistas que fueran críticos con su gobierno. La lucha contra la insurgencia fue ejecutada por medio de un importante incremento en el gasto militar. En 1990 éste se ubicaba en 2,2% en relación al PIB, con el inicio del Plan Colombia el presupuesto dobló su proporción: en el 2000, fue de 4,4% y, en 2008, alcanzó su mayor nivel con 5,7% del PIB.

Según Privacy International[1], en la actualidad se destinan fondos, material y capacitación estadounidenses a unidades de élite de los servicios de inteligencia colombianos. Aunque la legislación colombiana concede prioridad a los artículos de seguridad y defensa nacional producidos en Colombia por fabricantes locales, el TLC entre Estados Unidos y Colombia de 2006, da libertad para tratar a las empresas estadounidenses como empresas locales, cuando participan en concursos públicos. Israel también es un importante proveedor militar. La empresa israelí-estadounidense Verint Systems suministró infraestructura de interceptación decisiva, utilizada por el DAS, la DIPOL y la DIJIN desde 2005. Verint Systems Ltd., es el socio israelí de Verint Systems Inc, radicada en Estados Unidos[2].

La base de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)[3] señala que el tipo de armamento que más se importó de Israel y EEUU a Colombia (entre 2001 y 2016) fueron bombas guiadas, misiles Python, aviones Kfir, carros blindados Sand Cat, aviones Hércules, helicópteros, tanques y sistemas de geolocalización. En 2016 las importaciones alcanzaron $73,169 millones de dólares, un dato que subió en 2014 hasta $119,2 millones y, en 2015, fue de $71,1 millones[4]. El enorme presupuesto para la defensa en Colombia tiene también implicaciones regionales por las tensiones entre Colombia y Venezuela, en particular, durante el gobierno de Álvaro Uribe[5].

Por otra parte, los productos de vigilancia adquiridos por los organismos colombianos en el sector privado son para interceptación de redes e interceptación táctica. El gobierno colombiano compra las sondas de red y los centros de monitoreo necesarios para los programas de interceptación de redes a grandes vendedores internacionales. Lo hace por medio de empresas colombianas que tienen acuerdos de exclusividad para distribuir los productos de determinados vendedores internacionales (o que los representan) en contratos directos con los clientes gubernamentales. De las mencionadas asociaciones figuran las de: Verint Systems y la Compañía Comercial Curacao de Colombia (La Curacao); la empresa estadounidense DreamHammer y su representante en Colombia, Emerging Technologies Corporation; la empresa británica Smith Myers Communications y su representante STAR (desde 2010), la empresa estadounidense Harris y la canadiense Allen-Vanguard con la empresa representante de ambas Eagle Commercial S.A. Es común que empresas colombianas ‘tomen prestado’ material de los proveedores internacionales para hacer demostraciones de productos a los posibles clientes gubernamentales. Otra opción es presentarse a las licitaciones por medio de representaciones de empresas extranjeras, formando una unión temporal para poder cumplir mejor los requisitos técnicos de la licitación. Estas uniones suelen disolverse al final del contrato[6].

Tráfico de productos de inteligencia a organismos colombianos

Fuente: Privacy International (2015)

México y el tráfico (i)legal de armas

Desde que el gobierno mexicano declaró la guerra al narcotráfico, el negocio de las armas incrementó de una forma inusitada. Los principales vendedores de armas al gobierno mexicanoson Sig Sauer y Heckler and Koch (Alemania); Colt Defense, Glock, US Ordenance Inc., Trijicon Inc. (EEUU).

El tráfico de armas es uno de los principales problemas para México, pues se ubica ya entre los primeros países con los índices más elevados de homicidios con armas de fuego, superando incluso a Estados Unidos. A este tráfico de armas se suma también el suministro de tecnología de inteligencia que realizan empresas estadounidenses e israelís, las cuales no sólo han servido para combatir el narcotráfico, también para investigar a defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y miembros de movimientos sociales[7].

Según SIPRI, México incrementó sus importaciones de armamento en un 180%, entre 2012 y 2016, y es ya el segundo importador de armas de toda América Latina. En tanto, Brasil, Chile y Colombia redujeron su gasto[8].

Entre 2015 y 2016, los acuerdos firmados entre el gobierno mexicano y los fabricantes de armas en EEUU sumaron alrededor de 276 millones de dólares. Estos se suman a otros acuerdos con empresas privadas de EEUU que brindan servicios de defensa por más de 560 millones, los cuales incluyen helicópteros, aviones y equipo para militares y policías que aplican tácticas de contrainsurgencia[9].

Se estima que cada año cruzan en promedio 253 mil armas por la frontera entre México y Estados Unidos. La gran mayoría de las armas provienen de los estados del sur de EE.UU. Alrededor del 70% de las armas incautadas por autoridades mexicanas son después trianguladas por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de EEUU. Se sabe que el 39% proviene de Texas, el 20% de California, el 10% de Arizona  y el resto de otros estados[10]. Muchas de las armas incautadas son rifles semiautomáticos como el AR-15 y el AK-47, armas que usan los cárteles de la droga en México. También hay armas de otros países en México, pero es difícil saber si entraron directamente o si entraron vía Estados Unidos, para ser enviadas al mercado negro mexicano. Hay armas de manufactura china, alemana, italiana, belga, rumana, japonesa, española y austriaca. De hecho, las armas usadas en la masacre de Tlatlaya, Estado de México[11], y contra los estudiantes de Ayotzinapa[12] eran de la empresa alemana Heckler and Koch, las cuales entraron de forma ilegal[13].

No son sólo las armas alemanas, sino sobre todo las que provienen de Estados Unidos las que han sido usadas en las masacres realizadas en México pues, en el conflicto que vive actualmente el país, las empresas armamentistas venden tanto al gobierno mexicano, como a los cárteles de la droga en el mercado negro. Esto es así debido a que las leyes en Estados Unidos permiten comprar armas a cualquier ciudadano, sin restricciones legales.  El narcotráfico mexicano está aprovechando las leyes estadounidenses para comprar armas y usarlas en territorio mexicano. Por otro lado, la corrupción del gobierno mexicano y la opacidad con la que manejan las aduanas y la falta de control territorial permiten que las armas entren ilegalmente al país.

Debido a filtraciones realizadas por Wikileaks se supo del programa ‘Rápido y Furioso’ de la ATF, en el cual se introdujeron más de 2 mil armas a México y se les siguió el rastro para saber qué sucedía con éstas[14]. Dichas armas estuvieron presentes en las masacres de Tlatlaya, Estado de México, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Michoacán[15]. Las empresas de armas son las grandes ganadoras de la violencia en México, armando a ambos bandos en el conflicto. Y, aunque el gobierno estadounidense se ha comprometido a restringir el flujo de armas para México, lo cierto es que las armas siguen fluyendo y, en el caso de los cárteles de la droga, han encontrado una nueva forma para enviar armas: introduciéndolas como partes, pues no hay una ley en EEUU que prohíba la compra-venta de partes de armas, incluso, no están obligados a rastrear las partes de armas con un número de serie[16].

México y Colombia son los países que en los últimos diez años han recibido más asistencia para el desarrollo y militar de EEUU. Ambos países cuentan con un tratado de libre comercio con EEUU y, desde hace más de diez años, se enfrentan a los distintos retos que implica el narcotráfico, la ruptura del tejido social, además de la opacidad constante en cuanto al presupuesto para la compra de armamento y equipo militar. El negocio de la guerra ha beneficiado a las empresas encargadas de suministrar armamento, equipo militar y tecnología de inteligencia que no sólo sirve para combatir el narcotráfico, sino también para vigilar y hostigar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones en defensa del territorio, pues militariza la vida cotidiana. Desde 2016 y lo que va del 2017, se contabilizan en Colombia más de 186 asesinatos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y dirigentes comunales[17]. En México el asesinato de periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa. La guerra contra las drogas sigue siendo el argumento “legal” para que el gobierno estadounidense y el complejo industrial-militar sigan exportando armamento y preparando el terreno para futuras inversiones de capital a costa de vidas humanas.