Por: Egbert Méndez Serrano. 03/04/2025.
En la primera parte de estas entregas planteamos un enfoque histórico para comprender la crisis humanitaria de desaparición forzada que vivimos en México (https://goo.su/Rrpt9h); en la segunda, su definición como tecnología racional y su vinculo natural (orgánico) con el capitalismo dependiente (https://goo.su/rB6gt). En esta tercera y última parte, abordaremos algunos rasgos políticos y jurídicos, propios del Estado capitalista mexicano y su lógica deshumanizante, ante la cual emerge la lucha de la clase trabajadora, que pugna por su independencia de clase.
10. La forma del Estado mexicano desde la época posrevolucionaria constituyó su modo de funcionar con el componente interno de la industria ilegal. La colusión del crimen organizado con diversos gobiernos pasados y presentes, no es mera corrupción, sino que es una característica del funcionamiento del Estado mexicano. La hipótesis se puede extender, es propio de la acumulación capitalista operar fuera de los mismos parámetros jurídicos que su mismo sistema pone, esta idea la retomo del filósofo húngaro István Mészáros quien señala que “el capital es la fuerza extra-parlamentaria por excelencia de nuestro orden social” (https://goo.su/GRpju6). Aludir a la corrupción, es caer en la crítica moral que desatiende el problema estructural, evade la crítica al capitalismo mexicano. Esta indicación basta para descartar el término narco-Estado, porque se usa como si hubiéramos tenido un Estado no-narco que luego fue infiltrado por los grupos criminales, que habrían socavado un supuesto Estado de derecho. La desaparición forzada, desde su primera onda larga (1969-1990), es el mentís del horizonte liberal de los derechos humanos y su correspondiente Estado de derecho. No solo se trata de los más de 126 mil desaparecidos reconocidos oficialmente por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (https://lc.cx/bCITJP), sino que hay una cifra negra, un subregistro cuyo límite superior podría superar el millón de personas si tomamos en cuenta —como nos alerta el profesor Roberto González Villareal en su libro La desaparición forzada en México— la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI que dice que de diez delitos, nueve no se denuncian (https://lc.cx/2RyN8f).
11. En otro artículo aproximé la deshumanización que produce la desaparición forzada (https://goo.su/EKPFshZ). Aquí me interesa añadir que los gobiernos se han movido en la misma lógica deshumanizante al abordar el problema. Los sexenios que hemos visto desfilar una vez que se desbordó el problema del narcotráfico (2006 con Calderón), se concentran en encarcelar y aumentar las condenas más no en la reparación del daño. Un estudio de Ana Paula Hernández señala que “el total de la población carcelaria en 2008 era de 219.752 personas, de las cuales aproximadamente 20.000 personas se encontraban encarceladas ese año por delitos contra la salud” (https://lc.cx/h-Cazb). El código penal federal establece una prisión máxima de 60 años, a los cuales se les pueden añadir lo establecido en otras leyes, como la ley federal contra la delincuencia organizada que contempla prisión hasta por 40 años; de tal forma que la privación legal de la libertad puede llegar a superar los 100 años. Con esta lógica de la cancelación, se está impidiendo que los imputados restauren el daño, ni siquiera se trata de castigos de excepción, es la regla general. Lo que hay de fondo en este modo de operar es considerar a la persona responsable como no-humana, y al encerrarla de por vida se le está exonerando de revertir el daño que le hizo a la sociedad. Lo más grave de la situación es que quienes logran salir con la complicidad del gobierno, son reintroducidos a sus comunidades, con todo y lo que eso significa en cuanto a reincidencia. “Pagaron” su condena sin revertir ningún daño, la cancelación los redimió. Es el caso de la matanza de Acteal, situación que el escritor tsotsil, Mikel Ruíz, denuncia a raíz de su novela El origen de la noche (https://goo.su/YZjBt).
12. La lógica de la cancelación —de la anulación— en el entorno social, puede entenderse frente a la ineficiencia de un sistema de impartición de justicia, que además suma innumerables casos de encarcelamiento injusto. Si el Estado no procura justicia, se recurre a formas inmediatas ante la indefensión y la impotencia. Es desde las colectividades de búsqueda y las organizaciones populares quienes tenemos el desafío de ir a contracorriente de la lógica de la cancelación: humanizar a los criminales para buscar las maneras de que reviertan el daño, principalmente los que se encuentran en las altas esferas de la política y la economía, que paradójicamente son a quienes menos se les toca (véase el caso de la masacre en Arantepacua, no hay un solo detenido, https://goo.su/mZsRn). El castigo ejemplar se descarga sobre los últimos eslabones de la cadena de la industria ilegal o contra personas inocentes que los gobiernos usan como chivos expiatorios.
13. Ya debe ser más o menos claro que la lucha contra la desaparición forzada, es también una lucha contra la precarización del trabajo, producto de la reestructuración del capitalismo en la década de los setenta, que deterioró aún más las condiciones laborales en los países con mano de obra barata, que los neoliberales llamaron con el eufemismo de “competitiva”. Los bajos salarios, la informalidad laboral y el desempleo, que también engloba a la fuerza de trabajo migrante, es lo que le pone en charola de plata a la industria ilegal un bono demográfico de fuerza de trabajo de más de 30 millones de personas. Es el caldo de cultivo que posibilita el reclutamiento forzado del trabajo asalariado semiesclavo que requiere la industria ilegal. El necrocapitalismo reproduce una forma de su ser: el necropoletariado, que debate el desgaste de su fuerza de trabajo entre la vida y la muerte. Son los extremos propios de la plusvalía absoluta, la plusvalía necrótica.
Con estos elementos, podemos hacer otra lectura de los sucesos. La lucha de narrativas obedece a disputas electorales e intereses de los grupos económicos afines a cada partido, los cuales dejan en un segundo o tercer lugar la búsqueda de los desaparecidos pues, por otro lado, ese aparato burocrático-estatal al cual pertenecen, forma parte de la cadena del proceso desaparecedor. (No debe sorprender que el reforzamiento del proceso de militarización con el actual gobierno tenga como consecuencia directa el ascenso de desapariciones forzadas, fue y es parte del mismo circuito, con sus respectivos cambios morfológicos). ¿Hasta dónde el montaje que armó el gobierno-Sheinbaum en la visita al Rancho Izaguirre está dentro de los cálculos? Es algo desarrollándose frente a nuestros ojos, alcanza los intereses de los bloques económicos locales e internacionales, que también imponen su agenda en los grandes medios: El País, CNN, LatinUS, El Universal, Milenio, Grupo Reforma, TelevisaUnivision, Grupo Salinas (TV Azteca, ADN 40), etc. El gobierno por su parte, usa los recursos a su disposición: La Jornada, Canal Once, tiktokers, youtubers, propagandistas. Ninguno de estos bloques pretende buscar a las personas desaparecidas, se trata de lo redituable de la gestión, de un control de daños.
Addendum
El prefijo necro ha venido tomando relevancia en términos como necropolítica y necrocapitalismo. No está demás decir algo obvio, para que el dogma académico o militante no se escandalice. El uso que se le da no es homogéneo, cada quien le asigna su lugar según el campo semántico del que se trate. La propuesta del profesor Roberto González se inscribe en el marxismo, en la crítica al capitalismo. Me inscribo en ese enfoque. Necrocapitalismo lo uso como el matiz que permite destacar lo necrótico que contiene internamente la acumulación de capital, sus extremos autodestructivos que en México han desatado un tipo determinado de deshumanización y barbarie: la crisis de desaparición forzada.
Fotografía: Alejandro Meléndez
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