Por: Ashish Kothari (Kalpavriksh / Vikalp Sangam). 15/11/2024
La famosa historia del desarrollo sostenible de Costa Rica parece tener otra cara.
«Nos preocupa que, si el gobierno amplía las zonas marinas protegidas, perdamos el acceso a nuestros caladeros», dice el joven pescador Aarón Chacón, de pie en una playa de Tárcoles (Costa Rica). Detrás de él, sus compañeros de pesca traían sus capturas diarias, y no faltaron gritos y gestos de buen humor. «Llevamos generaciones recogiendo piangua (moluscos) y nunca hemos dañado el ecosistema ni ninguna especie. Pero el gobierno dice que sólo podemos registrarnos un número determinado de personas, y para el resto, ¡nuestra supervivencia es ilegal!», decía la recolectora de moluscos o piangüera Rufina Gómez mientras navegábamos por un próspero bosque de manglares en la zona costera de Puerto Cortés.
Estaba en Costa Rica, visitando comunidades de pescadores artesanales y costeros en las costas del Pacífico Medio y Sur. Mis anfitriones eran miembros de CoopeSoliDar R.L., una cooperativa creada en 2000 como foro transdisciplinar de ayuda a las comunidades. En los últimos 25 años, CoopeSoliDar R.L. ha ayudado a los pequeños productores de las costas a obtener derechos y acceso a los recursos de subsistencia, llegar a mercados justos que puedan ayudar a mantener sus medios de vida y obtener servicios sanitarios y educativos.
Justo antes de visitar Tárcoles, me habían llevado a zonas de la costa que habían sido vendidas a ricos inversores. Las bulliciosas comunidades de pescadores o agricultores habían sido sustituidas por ostentosas viviendas, campos de golf, complejos turísticos de surf, instalaciones turísticas para la observación de ballenas y parques de atracciones para gente adinerada de todo el mundo. A través de los miembros de CoopeSoliDar R.L. que fueron mis compañeras de viaje en este viaje, y posteriormente, en conversaciones con otros investigadores y activistas costarricenses, me enteré de otras formas de marginación y desposesión, incluido lo que queda de los pueblos indígenas del país (ya casi diezmados por una brutal ocupación española durante el periodo colonial). En las dos semanas que pasé allí a finales de junio y principios de julio de este año, visitando zonas costeras y del interior en las regiones occidental, meridional y central, fui testigo o escuché muchos relatos de esta inquietante cara oculta de la famosa historia de desarrollo sostenible del país.
Una historia de bienestar y conservación que se desvía de su curso
Costa Rica es mundialmente conocida por su compromiso tanto con el bienestar humano como con la conservación de su biodiversidad, incluida la regeneración y restauración de los bosques que quedaron casi completamente diezmados en la década de 1980. Durante muchas décadas ha ocupado uno de los primeros puestos en términos de inversión en educación, sanidad, energía y otros aspectos del bienestar (muchos de ellos garantizados como servicios gratuitos por el Estado), obteniendo buenos resultados en la consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
También es uno de los primeros países en declarar un objetivo para lograr la neutralidad de carbono (para 2050), y su cuota de energías renovables en la generación total de electricidad es de casi el 100% (aunque esto incluye proyectos hidroeléctricos controvertidos, y sigue habiendo una gran dependencia de los combustibles fósiles para sectores como el transporte). Las zonas protegidas para la conservación de la vida salvaje cubren casi el 29% de su superficie terrestre y alrededor del 30% de su territorio marino, con lo que se calcula que conservan el 5% de la biodiversidad mundial (en sólo el 0,03% de su masa terrestre). Es uno de los pocos países del mundo sin ejército.
Sin embargo, en las dos últimas décadas, esta narrativa está empezando a mostrar varios desafíos. El énfasis en el bienestar a través del sector público se ha debilitado, con la reducción o el estancamiento de los desembolsos para sectores como la educación, dando paso a la privatización de muchos servicios. Los niveles de desigualdad han ido en aumento o se han mantenido estancados, con una importante marginación de sectores como los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los migrantes nicaragüenses. Su gobierno actual, dirigido por un partido de derechas, quiere reducir los gastos presupuestarios relacionados con el bienestar. Está fomentando activamente una mayor privatización de tierras y recursos y tendencias hacia el aburguesamiento que son muy notables en muchas partes del país.
En nombre de la acción por el clima y la biodiversidad, Costa Rica también ha introducido varios sistemas de «Pago por Servicios Ecosistémicos» (PSE) y mecanismos de mercado relacionados con el carbono, incluidas medidas controvertidas como la reforestación para compensar las emisiones de carbono de países ricos y empresas como las energéticas noruegas. La mayoría de los proyectos de PSA están orientados a los terratenientes privados, lo que consolida la desigualdad en la propiedad. Según varios observadores, al no existir derechos de tenencia seguros para los pueblos indígenas y otras comunidades (sobre los que se habla más adelante) y como los pagos se hacían a individuos y no a colectivos, en la mayoría de los casos estos planes han distorsionado las economías locales y causado divisiones dentro de las comunidades.
La comercialización de la biodiversidad y los recursos biológicos siempre ha sido controvertida. Recuerdo que cuando trabajaba en cuestiones de política de biodiversidad y participaba activamente en los círculos de la UICN y del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la década de 1990, un caso que suscitaba frecuentes apreciaciones y críticas era el acuerdo de bioprospección que el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica tenía con el gigante farmacéutico Merck. Se suponía que el acuerdo reportaría al país 300 millones de dólares al año, a cambio de poner a disposición de la empresa todos los especímenes de biodiversidad recolectados. El dinero nunca se materializó, pero mientras tanto, se facilitó el acceso durante más de dos décadas, hasta que finalmente el INBio, incapaz de mantener sus colecciones, tuvo que entregarlas al gobierno en 2015.
Otra tendencia preocupante es la introducción de plantaciones masivas de palma africana (para aceite). Me quedé en silencio cuando condujimos de Tárcoles a Cortes, pasando por muchos kilómetros de ellas. Allí donde han sustituido a bosques mixtos, han sido devastadoras para la biodiversidad; allí donde han surgido en tierras agrícolas, han tenido otros impactos ecológicos y sociales.
También es una señal de que uno de los mayores ingresos en divisas de Costa Rica es la pesca deportiva por parte de los ricos, en gran parte en zonas que antes utilizaban los pescadores tradicionales (aunque algunas personas de las comunidades locales también obtienen ingresos decentes de ella). Eduard Müller, uno de los mayores expertos en regeneración de Costa Rica, a quien conocí en este viaje dos décadas después de haber estado juntos en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, me dijo que el compromiso del país con la biodiversidad estaba tristemente decayendo y que el acaparamiento de tierras por parte de los ricos o para plantaciones de monocultivos era alarmante.
Según el Estado de la Nación 2023, elaborado por el Consejo Nacional de Rectores: «Costa Rica está inmersa en la inmediatez de la situación; se ha quitado las luces largas y ha descuidado el rumbo». El informe señala que Costa Rica está entre los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso del continente y de la OCDE, y ha retrocedido en acciones ambientales.
Gentrificación y conservación excluyente
La gentrificación de la costa, causada por la especulación con el valor de la tierra, que permite a los no costarricenses comprar terrenos, la expansión inmobiliaria, el turismo masivo y el desarrollo de puertos deportivos, todo ello ayudado por un sistema jurídico flexible, ha provocado el desplazamiento y la desposesión de las comunidades locales. El otro, irónicamente, es la conservación de la vida salvaje y la biodiversidad. Como en muchas otras partes del mundo, las zonas protegidas de Costa Rica se crearon para frenar el terrible declive de las poblaciones de animales salvajes y la diversidad biológica. No cabe duda de que han contribuido en cierta medida a ello, entre otras cosas desalentando las actividades comerciales o de «desarrollo» destructivas.
Sin embargo, como se basan en un modelo occidental de conservación que pretende excluir las actividades humanas, y dependen de un organismo centralizado (aunque débil frente a las fuerzas comerciales) para aplicar las medidas de conservación, han provocado el desplazamiento y la desposesión de comunidades que han habitado esas zonas durante generaciones o siglos. También han desatendido el conocimiento y los acuerdos institucionales que dichas comunidades han utilizado para gobernar y gestionar los bienes comunes, asumiendo arrogantemente que sólo las agencias estatales o privadas saben cómo conservar.
La marginación de los piangüeros (recolectores de moluscos) en la gestión de la reserva nacional de humedales Terraba Sierpe, y la criminalización de muchos de ellos que no están formalizados, a pesar de tener medios de vida de muy bajo impacto, es un ejemplo clásico de esto. En un momento de nuestro viaje en barco por la reserva, fuimos testigos de cómo un pequeño grupo de piangüeros se dedicaba a su oficio, y en otro momento, nos bajamos en una isla para probarlo por nosotros mismos. Nadie utilizaba maquinaria ni equipos, todo se hacía con las manos, y uno podía ver que esto tendría poco o ningún impacto ecológico. Benancia Rodríguez, una de los recolectores, nos contó que si un molusco que sacan no alcanza un determinado tamaño, lo devuelven a la tierra. Sus asociaciones también han establecido otras normas de sostenibilidad, como no recolectar otra especie de molusco en peligro de extinción, salvo para el consumo doméstico local.
En una reunión de recolectoras convocada por CoopeSoliDar R.L., en la localidad de Cortes, Rufina Gómez, Presidenta de una de las cuatro asociaciones locales de recolectoras, dijo que durante las últimas décadas no habían visto ninguna reducción de la población de moluscos, ni ningún otro cambio significativo en el ecosistema o la fauna. Con dos excepciones: una gran invasión de una especie de helecho Acrostichum aureum, y la conversión de los manglares en plantaciones por parte de una agencia privada. No sabían por qué se estaba llevando a cabo lo primero. Más tarde me enteré de que empezó cuando hubo una gran deforestación de manglares en los años 80, como medida desesperada de las comunidades tras el colapso de la expansión bananera en Costa Rica. Esto dejó zonas abiertas que las invadió el helecho. En cuanto a esto último, era un misterio por qué se permitía dentro de una reserva, ¡mientras que al mismo tiempo se multaba a los recolectores de moluscos si no estaban registrados o sobrepasaban un límite impuesto por el gobierno!
Por desgracia, según CoopeSoliDar R.L, la mayoría de las grandes ONG conservacionistas activas en Costa Rica (¡y es un coto de caza favorito para ellas!) han sido cómplices (o incluso responsables de promover) estas políticas excluyentes. En Playa Uvita, en la costa suroeste, entramos en lo que antes era un asentamiento rural de pescadores, ahora sustituido por complejos turísticos, tiendas y servicios de alquiler de embarcaciones para los visitantes del Parque Nacional Marino Ballena, una de las principales atracciones para la observación de ballenas. Mientras se llevaba a cabo esta reconversión, se aseguró a la población local que podría gestionar los servicios turísticos y ganarse la vida «mejor» que con la pesca. Pero pocos podían permitirse las inversiones necesarias en infraestructuras turísticas y embarcaciones, y la mayoría simplemente se marchó.
Parece que hay excepciones. Osa Conservation, una ONG que trabaja en el sur de Costa Rica, afirma que está trabajando con las comunidades locales para crear capacidad de conservación y medios de vida sostenibles. Cita investigaciones que muestran un descenso de las poblaciones de moluscos, en contra de lo que creen los recolectores locales, por lo que considera que es necesario algún medio de vida alternativo que permita la recuperación de las poblaciones. Pero uno de los factores de la reducción de las poblaciones de moluscos podría ser también el helecho invasor. Marco Hidalgo, costarricense y responsable de extensión comunitaria y conservación de la oficina de Osa Conservación en Puerto Jiménez, me habló de su proyecto de restauración de los manglares afectados, en el que participan piangüeros, para conseguir una fuente adicional de sustento. A. Daniel Bermúdez Mora, funcionario del Departamento de Pesca que acudió a la reunión en Cortes, dijo que estaban intentando crear una cadena de valor para los moluscos, reconociendo que actualmente los recolectores son los que obtienen los peores precios.
La falta de derechos colectivos obstaculiza una iniciativa prometedora
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los pescadores artesanales y otras comunidades costeras es la falta de derechos de tenencia colectivos. Los pescadores se registran individualmente y obtienen permisos para pescar o recolectar moluscos en una zona determinada, pero como comunidad no tienen derechos de recolección, y mucho menos de gobierno y gestión de una zona.
Costa Rica no cuenta con un censo que identifique a la población que se dedica a la pesca, en particular a los que se dedican a la pesca artesanal en toda la cadena de producción. Al no contar con dicha información, no se pueden generar políticas que garanticen el bienestar de este grupo poblacional, más allá de tratarlos como parte de los pobres que necesitan medidas asistencialistas. Las personas vinculadas a la pesca artesanal como actividad cultural, social y económica, experimentan profundos problemas estructurales: falta de acceso a licencias de pesca (8 de cada 10 personas no cuentan con un permiso que les permita un trabajo digno y decente), falta de acceso al mar, derecho a la tenencia de la tierra, e inadecuado acceso a servicios de salud y educación de calidad. En todo esto, las mujeres son las más afectadas.
Una de las pocas chispas brillantes en este escenario se ha producido gracias a la defensa de CoopeSoliDar R.L. y otros. Hace unos 15 años se produjo un gran avance cuando el gobierno reconoció una categoría de zona comunitaria de conservación y gestión sostenible, denominada Área Marina de Pesca Responsable (AMPR). Tárcoles es una de ellas, al igual que otras 12 en toda Costa Rica.
Las AMPR permiten a las comunidades responsabilizarse de la conservación de esas zonas y excluir a los pescadores del exterior, con reglas y normas específicas que ellas mismas pueden establecer, y proporcionan cierto grado de orgullo e identidad colectivos. Han sido reconocidas mundialmente (por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros) como ejemplo de conservación y uso sostenible de base comunitaria.
Sin embargo, no incluyen derechos colectivos de tenencia y gobernanza. Esto supone una enorme «laguna», ya que abre estas zonas a diversos tipos de presiones que las comunidades tienen poco poder para detener. Las AMPR están registradas por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), pero el Ministerio de Medio Ambiente y Energía suele hacer caso omiso de ellas cuando se plantea crear nuevas áreas protegidas o decide sobre solicitudes de usos ajenos o actividades de «desarrollo». Marco Hidalgo, de Osa Conservation, nos habló con desaprobación de la creación de un santuario de tiburones y ballenas que se solapa con una AMPR, sin consultar a sus custodios.
Las personas titulares de derechos de la AMPR de Dominicalito se vieron afectadas y su zona marina se vio menoscabada cuando se convenció a su comunidad gestora para que dejara paso a un complejo turístico de surf, con la promesa de una suculenta indemnización. Pero el dinero que recibieron se agotó rápidamente, y ahora muchas de esas personas han «invadido» terrenos costeros para instalar chabolas, con la espada de la ley pendiendo sobre sus cabezas. Además, sin derechos colectivos ni estatus formal, los pescadores de las generaciones más jóvenes no tienen un acceso seguro, ya que es casi imposible conseguir nuevas licencias.
Esta incoherencia en el enfoque gubernamental, así como las presiones externas y la compleja dinámica dentro de las comunidades, han supuesto un reto para muchas AMPR, pero siguen siendo una alternativa crucial a la conservación vertical y excluyente impuesta por el Estado o algunas ONG.
El poder de las cooperativas
Garantizar la salud de las organizaciones de pescadores artesanales es esencial para asegurar el mantenimiento de la actividad pesquera artesanal y que su voz sea escuchada en los espacios de toma de decisiones. Se han promovido diferentes formas organizativas, siendo las asociaciones de pescadores y las cooperativas de pescadores dos de las más comunes.
La cooperativa de pescadores de Tárcoles, una de las primeras de Costa Rica, es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir con esta movilización. Su voz colectiva y su poder de negociación les permiten obtener mayores beneficios por sus capturas, distribuirlos de forma más equitativa dentro de la comunidad, financiar la creación de instalaciones de procesamiento y almacenamiento de pescado y contratar a personas (de la comunidad) como administradores y gestores (Aarón Chacón es uno de ellos). La cooperativa también lleva un registro de las capturas, incluida la proporción entre machos y hembras, que constituye una base de datos importante para la investigación sobre sostenibilidad. Permite una mayor interacción con el mundo exterior, llevando noticias e información importantes a la comunidad y transmitiendo las voces locales a nivel nacional y mundial.
Fue el poder de la cooperativa de Tarcoles lo que obligó al gobierno a detener la pesca de arrastre (una actividad pesquera altamente destructiva de los pescadores a escala industrial) en el mar, reservando la zona hasta 3 millas de la costa para los pescadores locales. Esto ocurrió primero en Tárcoles y luego, por un pronunciamiento de la Sala Constitucional costarricense, en todo el país en 2013.
En todo esto, como reconoció Aarón Chacón, CoopeSoliDar R.L. ha sido un gran facilitador. Su alcance a los centros nacionales y mundiales de toma de decisiones ha sido crucial. Sin embargo, como reconoce Vivienne Solis, de CoopeSoliDar R.L., la cooperativa de Tarcoles ya estaba activa antes de que se creara CoopeSolidar, y fue una de las fuentes de inspiración para que ella y sus colegas emprendieran esta labor.
Sin embargo, no todas las organizaciones de pescadores del país funcionan bien. Las fuerzas externas fomentan la individualización, el acceso a las zonas de pesca está amenazado, las dinámicas internas son complejas y pueden dar lugar a debilidades, etcétera. Sin embargo, ejemplos como el de Tarcoles, y el de las asociaciones de piangüeros, apuntan a las enormes posibilidades de las estructuras institucionales que pueden combinar medios de vida dignos con la conservación de la biodiversidad.
De regreso
Al final de mi viaje, me despedí a regañadientes de Costa Rica a la manera tradicional de los residentes: ¡pura vida! Me entristeció marcharme, no sólo porque es un país precioso, con seres humanos y otros seres preciosos, sino también porque no podía deshacerme de las imágenes y los recuerdos del lado feo de esta belleza. Sólo me queda la esperanza de que la ciudadanía de Costa Rica recuperen el sentido del equilibrio, buscando vías de bienestar que no se encuentren en el deslumbrante mundo «desarrollista» del consumismo y el materialismo modernos, sino en una mezcla de medios de vida tradicionales y nuevos que sean dignos y ecológicamente sabios.
Jóvenes como Aarón Chacón sostienen la pesca sostenible a pequeña escala en la próxima generación, añadiendo a los medios de subsistencia pesqueros la administración de su cooperativa. El joven piangüero y capitán de barco Benancio Rodríguez me dijo que no considera el trabajo «atrasado», sino que le da dignidad, seguridad y tranquilidad. Ambos nadan contracorriente, pero mientras sigan luchando (y sonriendo) mientras lo hacen, hay esperanza.
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Ashish Kothari: Sociólogo, activista y ambientalista afincado en la India. Miembro fundador del grupo ecologista indio Kalpavriksh, de la red india Vikalp Sangam y de las redes internacionales Global Tapestry of Alternatives, Radical Ecological Democracy y Foro Social Mundial.
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Fotografía: A planeta. A. Kothari. Recolectores de moluscos tomando un descanso, manglares de Terraba Sierpe.
