Por: Libertad Chavez-Rodriguez. 10/05/2023
l inicio de actividades laborales 2023 de la academia mexicana estuvo marcado por varios comunicados por parte del CONACYT, dirigidos tanto a las y los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores[1] como a las y los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación[2], universidades e instituciones de educación superior. En dichos comunicados se informa oficialmente acerca de la Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI)[3], presentada el pasado 13 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados. De ser aprobada, esta ley sustituiría a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT) vigente desde 2002 y reformada por última vez en 2020.[4]
Entre los cambios centrales destacan, el establecimiento del derecho humano a la ciencia como fundamento de la política pública, el carácter humanista de la política científica y tecnológica del país, el énfasis en la libertad de investigación y de cátedra, y el apoyo tanto a la investigación en ciencia básica en todas las áreas, como a la investigación aplicada. Esta última orientada a atender problemáticas nacionales en los ámbitos de salud, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agua, contaminación, y sistemas socio-ecológicos.
Una revisión crítica de la iniciativa estaría absolutamente fuera de mi alcance y objetivo; además existen excelentes textos que revisan críticamente el proyecto de Ley en su conjunto, argumentando las bondades y los riesgos de los cambios que implicaría la aprobación de la nueva Ley.[5]
Mi intención es, poner sobre la mesa una de las preocupaciones centrales de la comunidad científica mexicana derivada de esta iniciativa de ley; preocupación que ha prendido la alarma sobre las implicaciones de una iniciativa cercana a su aprobación: Se trata de la inclusión de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) y la SEMAR (Secretaría de la Marina), dos secretarías de corte militar, en la Junta de Gobierno de lo que sería el nuevo CONACYT, al transformarse en CONAHCYT (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología). Junto con SEDENA y SEMAR estarían representadas otras 11 secretarías federales (agricultura, bienestar, comunicaciones y transportes, cultura, economía, educación, energía, hacienda, medio ambiente, relaciones exteriores, salud) además del o la titular de la dirección general del Consejo, pudiendo ser invitados, con voz pero sin voto, representantes de universidades y centros de investigación, tecnología e innovación tanto públicos como privados.
Según el CONACYT, la existencia de instituciones de educación superior y centros de investigación científica militares hacen necesario que el sector militar tenga representación en los órganos de decisión de la política científica y tecnológica del país. La explicación de CONACYT para justificar esta decisión resulta en definitiva poco convincente. Por una parte, no todas las secretarías representadas en el consejo de gobierno, como propone la iniciativa de ley, cuentan con instituciones de educación superior o centros científicos o tecnológicos; por otra parte, las instituciones educativas y científicas militares tienen funciones formativas y de investigación que sirven particularmente a su propio sector. La pregunta de fondo es: ¿Por qué sería necesario que la milicia mexicana participe activamente en el máximo órgano de toma de decisiones sobre la política científica y tecnológica del país?
Si de otorgar más poder se trata, ¿no sería deseable e importante incluir a sectores históricamente desdeñados en la política científica y tecnológica del país como las mujeres o los pueblos indígenas? Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, para reducir las desigualdades de género y redirigir y transformar las múltiples desventajas que aun enfrentan las mujeres y niñas mexicanas en el acceso a la educación, la ciencia y la tecnología, y más aun en su acceso y permanencia en los mercados laborales relacionados con el sector científico y tecnológico.
La iniciativa de Ley se presenta como resultado de un proceso de formulación y consulta que venía en marcha desde 2019, incluyendo amplios procesos de consulta con las diversas comunidades científicas y tecnológicas y la consulta de un sinnúmero de fuentes.[6] Sin embargo, ¿hasta qué punto se han considerado y respetado los puntos de vista de las comunidades científicas? Por ejemplo, el abierto rechazo de la participación de militares en la Junta de Gobierno del futuro CONAHCYT, señalando los riesgos en términos de derechos humanos, de control del aparato científico y tecnológico y de libertad de investigación y expresión. Recordemos las miles de quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional[7], y la impunidad para miembros de las corporaciones militares mexicanas que ha sido relacionada con la debilidad de los controles civiles externos tales como la CNDH, la Fiscalía General e incluso la Suprema Corte de Justicia, como ha señalado Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).[8]
La preocupación por la militarización del sector científico y tecnológico se amplifica en el contexto de militarización del país en que se realiza esta propuesta. En primer lugar, tenemos la reciente extensión de la militarización de la seguridad pública de originalmente el 2024 hasta el 2028, aprobada el 14 de septiembre del año pasado por la Cámara de Diputados, la cual hace posible la participación del Ejército y la Marina en operativos de seguridad ciudadana. Esta decisión ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos a todos los niveles, dentro y fuera de México.
En segundo lugar, se han encargado a la SEDENA otras muchas funciones y responsabilidades, tareas originalmente civiles y definitivamente ajenas a sus funciones primordiales de garantizar la paz y la gobernabilidad en el país. Entre estas otras funciones están la construcción de obras públicas (Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sucursales del Banco del bienestar y cuarteles de la Guardia Nacional), la remodelación de hospitales, el reparto de programas sociales (Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro), la distribución de medicinas. A estas múltiples funciones corresponde una asignación presupuestal sin precedentes, es decir poder económico y político, como lo demuestra el informe de México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las fuerzas armadas mexicanas entre el 2006 y 2022.[9]
Junto con la militarización, otras preocupaciones, tal vez no menores, se señalan en la comunidad académica ante la iniciativa de ley. Por ejemplo, la eliminación de la meta numérica del 1% del PIB para la inversión del presupuesto federal en el sector de ciencia y tecnología. Como dice el representante sindical del CIESAS, Julio Antonio García Palermo, “¡Lo que no se puede medir, no se puede mejorar!”.
Definitivamente, el enfoque humanista y de garantía del derecho al acceso a la ciencia que propone la iniciativa de ley, se ve opacado por la entrada de la milicia a las máximas decisiones de política científica y tecnológica, aunque trate de minimizarse su relevancia, destacando los aspectos loables de la iniciativa de ley, o bien aludiendo a que también entrarán otras secretarías al máximo órgano de decisiones, o a la necesidad de su presencia por los centros de investigación militar existentes. No me cabe duda de que, de concretarse esta nueva ley, lamentaremos ese poder en la ciencia otorgado sin plena justificación a las fuerzas armadas.
31 de enero de 2023
**Imagen de portada: Mafalda y la sopa: Quino.
[1] Ver Comunicado 342/2023 del CONACYT, Iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fortalece a Conacyt y garantiza derecho humano a la ciencia (5 de enero de 2023).
[2] Ver Comunicado 345/2023 del CONACYT, Propuesta de Ley General en HCTI consolida Sistema Nacional de Centros Públicos con la coordinación del Conacyt (18 de enero de 2023).
[3] Iniciativa presentada al Congreso de la Unión, disponible en: https://bit.ly/3jSiC7K
[4] Estos comunicados al igual que la iniciativa de ley, su resumen ejecutivo y las fuentes consultadas para su elaboración son de acceso público y pueden consultarse a través del portal oficial del CONACYT.
[5] Entre otros, los de Violeta Gleaves López (https://educacion.nexos.com.mx/los-cpis-y-los-derechos-laborales-en-la-propuesta-de-ley-general-de-ciencia/); Alberto Aziz Nassif (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/nueva-ley-de-ciencia-nueva-disputa); Julio Antonio García Palermo (https://www.pressreader.com/mexico/la-jornada-zacatecas-eajv/20221215/281715503666915).
[6] Ver Comunicado 343 del CONACYT, Aclaraciones sobre información difundida en torno a la iniciativa de Ley General en Materia de HCTI en México (11 de enero de 2023).
[7] Según Amnistía Internacional, “De 2014 a la fecha, la CNDH ha recibido al menos 6.661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional.” (https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-militarizar-la-seguridad-publica-generara-mas-violaciones-de-derechos-humanos-y-perpetuara-la-impunidad/)
[8] Citado en: https://avispa.org/institucionalizacion-de-la-militarizacion-sigue-marcha-acelerada-en-mexico/
[9] El informe puede consultarse en: https://www.mucd.org.mx/2022/09/informe-el-negocio-de-la-militarizacion-en-mexico-revela-un-exponencial-empoderamiento-economico-y-politico-de-las-fuerzas-armadas-en-mexico/
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Fotografía: Academicxsmty43
