Por: Pedro Pozas Terrados. 15/11/2026
Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas: el reconocimiento pendiente de una profesión de riesgo
Hay situaciones que cuesta comprender cuando se examinan desde la lógica, la justicia y el reconocimiento que una sociedad debe a quienes dedican su vida a proteger a los demás.
En España existen colectivos profesionales a los que se les reconoce el derecho a adelantar su edad de jubilación debido a la peligrosidad, penosidad o dureza de su trabajo. Sin embargo, hay tres grandes colectivos cuya situación merece una reflexión profunda: la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Hablamos de hombres y mujeres que, durante décadas, han desarrollado su trabajo exponiendo su integridad física y, en numerosas ocasiones, su propia vida. Personas que se enfrentan a delincuentes armados, organizaciones criminales, terrorismo, narcotráfico, violencia, rescates, catástrofes, situaciones de emergencia y misiones de enorme riesgo.
Son profesionales que no pueden elegir siempre cuándo empieza o termina su jornada, que deben intervenir cuando otros huyen del peligro y que, en muchas ocasiones, arrastran durante años las consecuencias físicas y psicológicas de su servicio.
Pero cuando llega el momento de reconocer el desgaste acumulado durante toda una vida profesional, nos encontramos con una realidad difícil de justificar.
¿Por qué unos cuerpos policiales tienen reconocidos coeficientes reductores de jubilación y otros, desempeñando funciones igualmente peligrosas, continúan esperando ese reconocimiento?
Una diferencia difícil de explicar entre policías
Actualmente, la Seguridad Social reconoce coeficientes reductores del 0,20 a diferentes cuerpos policiales autonómicos y locales.
Es el caso de:
- La Ertzaintza, en el País Vasco.
- Los Mossos d’Esquadra, en Cataluña.
- La Policía Foral de Navarra.
- Las policías locales de los municipios españoles.
Este coeficiente permite reducir tres meses la edad ordinaria de jubilación por cada año completo de actividad efectiva, dentro de los límites y requisitos establecidos legalmente.
Así, una persona que haya desarrollado 20 años de servicio efectivo puede adelantar cinco años su jubilación.
Es un reconocimiento que responde a la naturaleza de una actividad profesional sometida a riesgos, exigencias físicas y desgaste psicológico.
Sin embargo, cuando examinamos la situación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, aparece una diferencia que merece una explicación.
Ambos cuerpos desarrollan funciones esenciales para la seguridad pública. Sus integrantes realizan intervenciones contra el crimen organizado, protegen a la ciudadanía, investigan delitos, afrontan situaciones de violencia y participan en operaciones en las que su vida puede estar en peligro.
La Guardia Civil, además, desarrolla numerosas especialidades: SEPRONA, unidades de montaña, tráfico, actividades subacuáticas, desactivación de explosivos, unidades de intervención y lucha contra el narcotráfico, entre otras.
No estamos hablando de trabajos administrativos ni de actividades exentas de riesgo.
Estamos hablando de profesionales que, en muchas ocasiones, deben enfrentarse directamente a situaciones en las que la posibilidad de sufrir lesiones graves o perder la vida forma parte de su realidad laboral.
Una desigualdad incluso dentro de los propios cuerpos
La situación resulta todavía más compleja cuando examinamos los distintos regímenes de pensiones.
Desde el 1 de enero de 2011, los nuevos funcionarios de determinados cuerpos de la Administración, entre ellos la Guardia Civil y la Policía Nacional, quedaron incorporados al Régimen General de la Seguridad Social, mientras que quienes ya pertenecían al sistema anterior permanecieron, como regla general, en Clases Pasivas.
En Clases Pasivas existe la posibilidad de solicitar el retiro voluntario a los 60 años con 30 años de servicios efectivos, aunque la cuantía de la pensión depende de los años computables y de las reglas aplicables.
Pero esto no equivale al reconocimiento de una profesión de riesgo.
Para quienes ingresaron a partir de 2011, la situación ha sido diferente.
En el caso de la Policía Nacional, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 596/2025, de 21 de mayo, obligando a la Administración a regular la jubilación anticipada de los policías encuadrados en el Régimen General en condiciones de igualdad con los cuerpos autonómicos y locales.
En 2026 se ha elaborado un proyecto de real decreto que contempla un coeficiente del 0,20 para este colectivo, con determinados requisitos y límites. Sin embargo, una propuesta normativa no equivale a un derecho ya reconocido y aplicado.
La Guardia Civil tampoco ha quedado incorporada a ese proyecto específico.
Por tanto, tenemos una situación que necesita una solución integral: no debería existir una diferencia de protección entre compañeros de un mismo cuerpo por la fecha en la que ingresaron en el servicio.
Las Fuerzas Armadas tampoco cuentan con ese reconocimiento general
La situación de los militares merece igualmente atención.
Los miembros de las Fuerzas Armadas realizan actividades que pueden implicar riesgos extremos: operaciones internacionales, misiones de paz, ejercicios militares, maniobras, explosivos, actividades de vuelo, buceo y trabajos en condiciones físicas y ambientales muy exigentes.
Sin embargo, tampoco cuentan con un reconocimiento general de su actividad como profesión con coeficientes reductores de jubilación por peligrosidad.
Es cierto que existe un régimen de retiro voluntario para determinados militares sujetos a Clases Pasivas, pero tampoco debe confundirse con un reconocimiento específico de la peligrosidad de su profesión.
Resulta especialmente llamativo que determinadas actividades civiles de vuelo, buceo o extinción de incendios tengan reconocidos coeficientes reductores, mientras que actividades militares de naturaleza comparable no disfruten automáticamente de esos mismos mecanismos por el hecho de desarrollarse bajo condición militar.
La naturaleza del riesgo no desaparece por llevar un uniforme diferente.
¿Y los profesionales taurinos?
Existe otro elemento que invita a la reflexión.
La legislación española contempla edades especiales de jubilación para determinados profesionales taurinos. El Real Decreto 2621/1986 establece, bajo requisitos específicos de actividad, una edad mínima de 55 años para determinados profesionales, 60 años para los puntilleros y 65 años para los mozos de estoque y de rejones, con posibilidad de anticipación en este último caso bajo determinadas condiciones.
Conviene aclarar que se trata de un régimen especial histórico y no del mismo sistema de coeficientes reductores aplicado a las policías autonómicas.
No se trata de cuestionar los derechos laborales de los profesionales taurinos ni de negar las particularidades de su actividad.
Se trata de formular una pregunta que considero legítima:
¿Cómo es posible que el ordenamiento jurídico contemple edades especiales de jubilación para determinadas actividades profesionales y que todavía no haya culminado un reconocimiento equivalente para quienes durante décadas han asumido riesgos diarios protegiendo a la sociedad y dando su vida en la lucha contra el terrorismo y las organizaciones criminales?
No están reclamando privilegios. Están reclamando que se estudien y reconozcan unas condiciones laborales que tienen consecuencias demostrables sobre la salud, la integridad física y la esperanza de mantener una vida activa en condiciones dignas.
Terrorismo
Aún está en la mente de muchas personas de bien, los asesinatos realizados por las banda terrorista ETA que se cobró casi mil muertos y miles de heridos, muchos de ellos de la guardia civil, la policía y Fuerzas Armadas. ¿A caso esto no es una profesión de riesgo? Otros han caído intentando salvar la vida en accidentes o desastres naturales.
La mayoría de ellos entran por vocación de servicio a la sociedad y esta debe responder al menos de la misma forma de cómo se trata a otros colectivos de las policías locales y autonómicas o profesiones taurinas.
El Gobierno no puede abandonar a los funcionarios que defienden con su vida el estado democrático de nuestro país, ni tampoco pasar hoja del sacrificio que estos cuerpos dieron en la época llamada del plomo en España.
El ciudadano debe de estar orgulloso de las Fuerzas del Orden que les protegen de cualquier calamidad, tanto natural, accidental o criminal. Pero ¿quién les protege a ellos? ¿Así se lo pagamos? ¿Con sueldos irrisorios que les queda a la hora de su jubilación? ¿Con sueldos mucho más bajos que las policías autonómicas o locales?
El Gobierno debe ofrecer una respuesta ¡ya!
El 29 de abril de 2026, el Ministerio del Interior constituyó una mesa técnica con representantes de sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para estudiar la aplicación de coeficientes reductores a ambos cuerpos, sin distinción del régimen de cotización.
Es un paso que merece atención, pero una mesa de trabajo no puede convertirse en una nueva espera indefinida.
Además, en septiembre de 2026 se produjo un nuevo episodio parlamentario: el Gobierno expresó su disconformidad con la tramitación de una proposición de ley que pretendía incluir a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en el reconocimiento de coeficientes reductores. También se registró otra iniciativa parlamentaria sobre esta materia.
Recientemente la reunión que tuvieron los sindicatos con el Ministerio del Interior acabó con un encierro de sus dirigentes ante la negación nuevamente de ser considerados una profesión de riesgo por acabar la legislatura y haber convocado elecciones generales.
Por eso, es necesario que las administraciones competentes afronten esta cuestión con voluntad de resolverla y con criterios objetivos, transparentes y equitativos.
La solución debe contemplar:
- El reconocimiento de coeficientes reductores para la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin discriminación por la fecha de ingreso o el régimen de cotización.
- El reconocimiento de la actividad militar como merecedora de una evaluación específica de su peligrosidad y desgaste profesional.
- Estudios independientes sobre accidentes, mortalidad, enfermedades profesionales, lesiones y consecuencias psicológicas derivadas del servicio.
- Un calendario normativo concreto que permita pasar de las declaraciones y reuniones a derechos efectivos.
No se trata de privilegios, sino de justicia
Una sociedad democrática tiene la obligación de proteger a quienes garantizan la seguridad de sus ciudadanos.
La Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no pueden ser recordadas únicamente cuando ocurre una tragedia, cuando hay que afrontar una emergencia o cuando sus integrantes ponen en peligro su vida.
También deben ser reconocidas cuando se examinan sus derechos laborales, sus condiciones de retiro y las consecuencias que décadas de servicio dejan en sus cuerpos y en sus vidas.
Quienes han dedicado buena parte de su existencia a proteger a los demás merecen que el Estado también proteja su futuro.
No podemos construir una sociedad que reclame sacrificios permanentes a sus servidores públicos y, al mismo tiempo, demore el reconocimiento de las consecuencias que esos sacrificios tienen.
El riesgo no entiende de uniformes, de comunidades autónomas ni de fechas de ingreso. Tampoco debería entender de diferencias administrativas cuando hablamos de derechos y dignidad profesional.
La pregunta sigue en pie:
¿Quién protege a quienes nos protegen?
Fotografía: Pedro Pozas Terrados