Por: La Redacción de Insurgencia Magisterial. 10/01/2017
El día de hoy la Diputada Daniela Griego de la bancada de MORENA, presentó la Iniciativa de Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural Veracruzana, compartimos los argumentos que respaldaron su postura en la Tribuna legislativa.
«Aprovecho esta coyuntura a escasos días de que se recordara el centésimo segundo aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, para reivindicar una de las más justas demandas que actualmente existen en México y en el mundo.
Utilizo esta tribuna, en el marco de la conmemoración de la ley que en buena medida le dio fisonomía al México moderno, para señalar la cuenta pendiente de nuestro país en materia agraria: el empoderamiento y desarrollo de la mujer rural, de la mujer campesina e indígena.
Es por eso que hoy ponemos a su consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO, EQUIDAD Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL VERACRUZANA. Para que Veracruz sea la primera entidad del país en reconocer y saldar la deuda histórica que como sociedad tenemos con la mujer rural.
Lo hacemos como un acto de elemental justicia, como reconocimiento a esos millones de mujeres que por décadas han contribuido con empeño al desarrollo de sus familias y comunidades, sin contar nunca con ningún tipo de retribución o apoyo.
Este sector de la población, la mujer rural, ha realizado un inmenso aporte, consistente en el tiempo, tanto de trabajo productivo, en la producción de alimentos, en el cuidado de los recursos naturales, así como en torno a su papel en la reproducción de la vida campesina, sin que al día de hoy sea reconocido en las acciones sociales o en política públicas dirigidas al área rural, con la consecuente inequidad de oportunidades y discriminación social, étnica y de género que esto significa.
De igual manera, existen obstáculos estructurales y coyunturales con los que se tropiezan cotidianamente las mujeres rurales, inhibiendo el pleno ejercicio de sus derechos, su participación ciudadana, así como su desarrollo humano, social y político.
Según el último Censo de 2010, la población total de México era de 112.3 millones de personas, de las cuales, las mujeres mexicanas suman 57.4 millones, lo que representa el 51.16% de la población total del país.
En las áreas rurales viven casi 26 millones de personas, que equivale a 23.18% de la población total, de la cual 50.44% son mujeres, es decir, más de 13 millones de mujeres.
Veracruz es el estado con la mayor población de mujeres rurales en el país, seguido de Chiapas y Oaxaca.
Actualmente, en nuestro estado el 38.9% de la población vive en localidades menores a 2 mil 500 habitantes, población de la cual el 50.3% son mujeres.
Es decir, en Veracruz existen alrededor de 1 millón 498 mil 491 mujeres rurales, lo que representa el 20% total de la población de la entidad. En términos de la tenencia de la tierra para las mujeres es limitada. Del total de sujetos agrarios en Veracruz, el 29.5% son mujeres pero si desagregamos este dato las mujeres mantienen una menor proporción frente a los hombres en cuanto al acceso a la tierra, 17% para las ejidatarias, 20% para las posesionarias y 41% para las avecindadas. Esto se corresponde con el porcentaje mundial, ya que en promedio solo el 20% de las propietarias de tierras son mujeres.
Compañeras y compañeros diputados, esta Iniciativa de Ley va dirigida precisamente a ese sector de la población, y si ustedes la aprueban, se tendrán impactos en la vida social, productiva, económica, cultural y ambiental del campo veracruzano.
Este instrumento legal está pensado para mejorar la calidad de vida de un 1 millón y medio de mujeres, que representan una quinta parte de la población total del estado, pretende empoderar a las mujeres en su aporte a la producción de alimentos, a la lucha contra la pobreza, al hambre y la mal nutrición de millones de veracruzanos.
La presente iniciativa de ley cuenta con ocho capítulos, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, promover y garantizar sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
Entre sus fines se contemplan, entre otros:
Garantizar a las mujeres rurales el acceso y utilización de programas sociales productivos, tecnológicos, financieros, educativos, de salud, de seguridad alimentaria y de infraestructura social y productiva brindados por los gobiernos federal y estatal;
Fortalecer la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres rurales para el desarrollo de actividades productivas;
Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas públicas para el sector rural del Estado, y;
Promover los derechos políticos y culturales de las mujeres rurales, su empoderamiento y liderazgo, mediante el fortalecimiento de su capacidad organizativa a través de la creación e implementación de mecanismos que amplíen el ejercicio democrático de su ciudadanía.
Asimismo, se define como mujer rural a toda aquella que, sin distingo de ninguna naturaleza, e independientemente del lugar donde viva, su medio de vida está relacionado directamente con el ámbito rural, incluso si su actividad productiva no se encuentra reconocida por los sistemas de información y medición, o no es remunerada.
Se busca además, con la presente Ley, que todos los fondos, planes, programas, proyectos y dependencias que favorecen la actividad rural en el estado, ajusten sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida el acceso de las mujeres rurales a ellos.
De igual manera, el Gobierno del Estado deberá incluir en las políticas de empleo y en los fondos, planes, programas y proyectos del Estado las disposiciones que garanticen a las mujeres rurales el derecho al empleo digno, así como oportunidades de acceso, contratación, promoción y capacitación.
El Gobierno deberá también implementar estrategias diferenciadas de desarrollo empresarial, agrícola, artesanal y comercial, incluyendo el crédito y la comercialización, para posicionar a las mujeres rurales en las cadenas de valor y mercados internos y orientarlas a competir en mercados regionales e internacionales.
Buscamos el empoderamiento de la mujer rural, y por eso es que la presente ley incluye mecanismos de financiamiento para este sector.
Sin independencia económica no puede realmente existir igualdad de género, por lo que, se propone crear el Fondo Estatal para el Desarrollo de la Mujer Rural, el cual tendría a su cargo la oportuna concurrencia y operación en el ámbito estatal de todos los programas sectoriales que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean responsabilidad de las diferentes dependencias y entidades federales, así como los propios del Estado, y que estén direccionados al apoyo, mejoramiento de la calidad de vida o financiamiento de la mujer en el sector rural.
En materia de participación de las mujeres rurales en los órganos de consulta y decisión, se propone la creación de Consejo Consultivo para el desarrollo de la Mujer Rural, cuyo principal objetivo será promover la formulación y seguimiento de las agendas de las mujeres rurales, además de constituirse como órgano de consulta de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz.
Para concluir, compañeras y compañeros diputados.
Resulta difícil detallar el contenido de una nueva ley en tan poco tiempo, por lo que, no puedo más que invitarlos a que avancemos juntos en este acto de legítima retribución para un sector de la población que por mucho tiempo ha sido ignorado.
Los conmino a que, en medio de un estado convulsionado, agraviado y en crisis, encontremos, como cuerpo legislativo, alternativas de atención y solución a compromisos sociales pendientes, y que construyamos un producto legislativo inédito a nivel nacional, progresista y de vanguardia.
Es tiempo de que contribuyamos a mejorar la calidad de vida de 1 millón quinientas mil mujeres veracruzanas, que hoy no encuentran respaldo en ningún ordenamiento jurídico, en ninguna política pública y mucho menos en un presupuesto etiquetado para ellas.
Es tiempo de saldar esa deuda histórica con la mujer rural veracruzana, con la mujer campesina e indígena.»
Fotografía: uv
