Por: Mauri Colón. 11/02/2023
El pasado lunes 16, los docentes de Portugal iniciaron una segunda ronda de huelga que tiene estipulado durar, al menos, 18 días. Exigen el fin de la inestabilidad profesional, contra la precariedad laboral y las horas extraordinarias no remuneradas, pidiendo más contratación y salarios más altos. También exigen jubilarse sin penalización después de 36 años de servicio.
La huelga fue convocada por ocho organizaciones sindicales. Inicialmente, algunas de ellas entendían “que no era el momento” para llamar a la medida, pero debieron recular luego de la multitudinaria marcha nacional de 100.000 personas en Lisboa, catalogada como la más grande desde la Revolución de los Claveles en 1974. Actualmente, se están produciendo dos huelgas diferentes, convocadas por dos organizaciones (STOP y Fenprof). La primera decretó, desde el 9 de diciembre, la huelga indefinida. La medida abarca tanto a los docentes como al personal no docente. Por su parte, Fenprof, a la que se sumaron siete sindicatos, inició el pasado lunes una huelga por distritos hasta el 8 de febrero. El 10 se espera una manifestación nacional.
Se calcula que desde 2009 los docentes han perdido el 20 % del poder adquisitivo de su salario, a causa de la inflación provocada por la guerra imperialista de la OTAN en Ucrania, que alcanzó el 9,6 % en 2022 –los precios de los alimentos subieron un 18,9 %-. El salario mensual medio, en la franja salarial más baja, es de aproximadamente 1.100 euros, pero los que se encuentran en la franja salarial más alta no están mucho mejor; se sitúan por debajo de los 2.000 euros. La canasta básica de alimentos, para una familia de cuatro personas, está arriba de los 3.000 euros mensuales.
Por otra parte, fruto de las políticas de austeridad acordadas con la Unión Europea, los presupuestos para la educación pública han sido brutalmente recortados y devaluados.
Apoyo popular y persecución política
Según los sindicatos, la adhesión de los maestros es cercana al 80 %. Encuestas han revelado que el 59,5 % de la población apoya la lucha docente.
El gobierno está utilizando todos los medios para cuestionar la “legalidad” de la huelga. Ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Inspección General de Educación que investiguen las cajas de financiación de huelgas. En 2018, ello le sirvió para frenar el paro de enfermeras, que fue considerado ilegal por haber recaudado fondos a través de las redes sociales.
En las horas previas a la marcha en Lisboa, el gobierno recurrió a la policía para impedir que los autobuses de profesores llegaran a la capital para manifestarse. Por otra parte, Antonio Costa y João Costa, el Presidente y el ministro de Educación respectivamente, lanzaron una campaña de difamación de los docentes en los medios de comunicación. “Huelga atípica” o “daño irreparable a los estudiantes” son los tópicos que repiten los grandes medios. Asimismo, buscan presionar a los docentes a través de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (CONFAP), un nucleamiento derechista.
El gobierno teme que esta huelga pueda inspirar al resto de la clase obrera portuguesa, precaria y con bajos salarios. En el último mes, portuarios y ferroviarios fueron a huelga. Los tripulantes de aviones serán los próximos en ese camino.
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Fotografía: Política obrera
