Por: Guillermo Valdés Castellanos. Milenio. 24/11/2018
Las críticas al plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador han sido precisas y contundentes por la militarización de la seguridad. Y tienen la razón. Frente al lamentable estado de la mayoría de las policías se opta por institucionalizar —constitucional, política y temporalmente— la participación de las fuerzas armadas en tareas para las cuales no fueron creadas ni entrenadas.
Además de los argumentos en términos de seguridad —mayor riesgo tanto de violaciones a los derechos humanos, como de fracaso en reducir la inseguridad por el esquema centralizado de mando militar— se han criticado sus implicaciones políticas: darle al Ejército tal poder y preeminencia frente a las autoridades civiles, en contra del artículo 21 de la Constitución. ¿Ignorancia? Tampoco es menor el tema de una incongruencia más de López Obrador entre lo que dice y lo que hace.
Sin embargo, la militarización no es la única falla del plan de seguridad. Hay otras omisiones y errores demasiado preocupantes, comenzando por negar la pertinencia y necesidad de contar con policías civiles en los tres órdenes de gobierno.
La eficacia para desmantelar a las organizaciones criminales y frenar su expansión depende, en buena medida, de la inteligencia policial (lo que reduce el uso de la fuerza) y ésta se alimenta de información generada por la relación de confianza entre policía de proximidad y las comunidades. Por eso, desaparecer o minimizar a las policías locales atenta contra la eficacia en la lucha para reducir la violencia y la inseguridad.
Acabar con la Policía Federal, el ejercicio más serio y profesional hecho por México en el ámbito policial en toda su historia, es el equivalente, en materia de seguridad, a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Lamentable y gravísimo. Guardia Nacional pequeña, militarizada y centralizada igual a menos información, menos inteligencia, más fuerza y menos resultados.
La segunda y no menos preocupante omisión del plan de seguridad es la referente a la procuración e impartición de justicia. Se ha dicho hasta la saciedad que uno de los mayores incentivos a delinquir es la impunidad, fenómeno cercano al 100 por ciento en nuestro país.
Si asesinar, extorsionar, robar, secuestrar, apropiarse del dinero público no tiene consecuencias, ¿por qué no hacerlo? Y una razón de esos niveles de impunidad es el sistema de justicia ineficaz e insuficiente: ministerios públicos rebasados, sin la capacitación requerida ni los recursos de investigación necesarios y adecuados; juzgados lentos y atascados de casos; Nuevo Sistema de Justicia Penal con grandes carencias de capacitación; nepotismo en el Poder Judicial; defensores públicos insuficientes y mal preparados; miles de reos sin sentencia; corrupción por todas partes. Y frente a toda esa realidad, prácticamente ninguna palabra en el plan de seguridad.
Tercera omisión: presupuesto inercial. Una prioridad política no traducida en mayores recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales es demagogia.
Cancelar la posibilidad de tener en el futuro instituciones de seguridad y justicia civiles, confiables y eficaces es un gran error que pagaremos los ciudadanos durante muchos años: seguiremos siendo la materia prima de tasas de victimización crecientes.
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Fotografía: tribuna
