Por: Wendy Rayón Garay. 12/01/2025
Ciudad de México.- La ausencia de una perspectiva de género e interseccionalidad en espacios de decisión y en las estructuras de poder, reflejan sistemas que históricamente han excluido a las mujeres. Esto se observó en la asignación presupuestaria 2025 para las comunidades indígenas donde las mujeres quedarán fuera gracias a la repartición directa por medio de asambleas que están dominadas por hombres. Esta problemática fue discutida en el programa Análisis Feminista de CIMAC Radio de la mano de Lucia Lagunes Huerta.
De acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del INEGI, en 2023 se encontró que en México había 7.4 millones de personas hablantes de una lengua indígena, que equivale al 5.9% de la población mexicana. De este grupo, el 52.4% eran mujeres, mientras que el 47.6% fueron hombres. Por otro lado, la Encuesta de la dinámica demográfica (ENADID) 2023, señaló que hubo 31.1 millones de personas afromexicanas que representan al 2.4% de la población total, conformado por el 51% de mujeres y 49% de los hombres.
El pasado 2 de enero de 2025, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, anunció durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno Mexicano implementó una estrategia para asignar presupuesto directo a los pueblos y comunidades a través de dos formas: en la revisión y modificación del Anexo Transversal 10, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 y en la inclusión de un apartado de Pueblos Indígenas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Ariadna Montiel Reyes, secretaría de Bienestar dio a conocer que en la primera estrategia se destinarán 55 programas presupuestales con un monto de aproximadamente 222 millones de pesos. El segundo tendrá una inversión de 12 mil 743 millones de pesos, representando el 10% de los recursos del Fondo para beneficiar a 11 mil 742 comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta medida da continuidad al decreto publicado en septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación por el que se reformó el artículo 2° de la Constitución Mexicana, en el que se reconocieron a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público que les da la capacidad de tener propias formas de gobierno, así como preservar sus lenguas.
Claudia Sheinbaum Pardo declaró que, por primera vez en la historia de México, se destinarán casi 13 mil millones de pesos para infraestructura social en beneficio de los pueblos indígena y afromexicanos que crecerá cada año para cumplir con la Reforma Constitucional al artículo 2º de la Constitución. Sin embargo, la repartición directa se hará a través de asambleas comunitarias donde la voz y voto de las mujeres es invisibilizada.
Exclusión de la participación de las mujeres ante la repartición del presupuesto, una barrera estructural
Ante esta forma de repartición y dadas las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, la invitada Nadia Maciel Paulino, mujer indígena y defensora de los derechos humanos, señaló que ellas la probabilidad de que dicho recurso no llegue a las mujeres debido a su exclusión de las decisiones comunitarias y a las prácticas patriarcales que limitan su participación en la vida pública.
Gracias a esta situación, los hombres de los pueblos indígenas deciden priorizar proyectos de infraestructura como las carreteras y alumbrado público; mientras que, necesidades específicas que se relacionan directamente con la vida de las mujeres como el acceso al agua potable, salud, educación y prevención de violencia contra ellas, son invisibilizados lo que demuestra la falta de una perspectiva de género en la asignación presupuestaria.
“Las políticas públicas que no consideran a las mujeres también es demagogia porque no estamos mirando a más de la mitad de la población en nuestro país. Si bien las mujeres, en los últimos procesos electorales, hemos marcado una diferencia en quien gobierna en nuestro país, yo creo que también es una justicia social, que las mujeres podamos ejercer ese recurso dentro de nuestros pueblos y que haya una estrategia desde el Estado para que las mujeres podamos estar en esa toma de decisiones”
-Nadia Maciel Paulino, mujer indígena y defensora de los derechos humanos,
Específicamente, entre las problemáticas estructurales que las mujeres indígenas se enfrentan se encuentran el incremento de las tasas de violencia sexual, particularmente cuando realizan actividades básicas como recolectar agua en zonas remotas; la carencia de servicios de salud que puede provocar la mortalidad materna; el incremento de las mujeres analfabetas, ya que deben dedicarse a tareas de cuidado; la dependencia de empleos informales como la artesanía o el comercio que son mal remunerados; y los matrimonios forzados y embarazos infantiles.
Si bien etiquetar el presupuesto fue presentado como un avance significativo hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas y afro mexicanos, el no incluir una mención específica sobre cómo beneficiara a las mujeres evidencia la falta de perspectiva interseccional en las polìticas públicas que continúa relegando las necesidades y derechos de las mujeres en estos contextos.
De esta forma, Nadia Maciel Paulino sugirió incluir estrategias específicas que consideren las condiciones que afrontan las mujeres indígenas y afromexicanas, así como garantizar su participación en las decisiones sobre los recursos asignados como integrar comités con representación femenina. Asimismo, se planteó la necesidad de diseñar políticas públicas con enfoque de género para atender sus problemáticas específicas.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Cimacnoticias
