Por: Guillermo Knochenhauer. 15/11/2023
Introducción
El proceso electoral mexicano que culminó en 2018, despertó esperanzas de corrección del rumbo económico del país que había profundizado las desigualdades, y de renovación de los grupos que detentaban el poder político, cada vez más alejados de la ciudadanía y más visiblemente relacionados con actos de corrupción.
La elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República alentó ambas expectativas; AMLO se declaraba portador de un proyecto de transformación económico-político orientado a establecer equilibrios más justos en la generación y distribución de la riqueza, que conlleva también modificaciones a la estructura jurídica e institucional de poder que sirve al régimen que se pretende transformar, todo con la consigna de evitar la violencia a toda costa.
La transformación ofrecida por López Obrador ha logrado establecer en cinco años, algunas tendencias congruentes con sus propósitos, que justifican su consolidación, mientras que otras acciones reclaman correcciones profundas.
Entre las tendencias positivas vale destacar que, sin caer en populismo económico ni en satanizar el mercado, se ha actuado para mejorar los equilibrios en el ámbito laboral (salarios y prestaciones), se han duplicado los presupuestos asignados a programas de apoyo social y se han destinado inversiones públicas sin precedentes al sur y sureste del territorio.
Ya se registran algunos efectos benéficos de esas acciones, muy insuficientes frente a los problemas reales, pero permiten considerar que la trayectoria iniciada para abatir la pobreza y marginación con énfasis en la mejoría de las condiciones laborales y en promover inversiones en regiones siempre marginadas, es acertada.
También hay que reconocer que las crecidas asignaciones de gasto social se han logrado manteniendo la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional inflacionario; se ha logrado mediante un manejo de las finanzas públicas con gasto en general austero y en una mejor fiscalización de los grandes contribuyentes, que ha permitido elevar la recaudación. El endeudamiento público se ha mantenido sin cambios significativos con respecto a la administración anterior.
Por otra parte, con sentido estrictamente político, se ha enfatizado el protagonismo del poder público, lo cual debe reducir la influencia excesiva de intereses particulares en la toma de decisiones y permite recuperar confianza de los sectores sociales mayoritarios en las instituciones de gobierno.
Más que de izquierda o populistas, los avances logrados durante los últimos cinco años en los dos frentes, el que busca atemperar las desigualdades fortaleciendo los ingresos familiares de los sectores pobres, y el que persigue fortalecer los márgenes de acción política del gobierno, apuntan a un desarrollo capitalista más moderno y dinámico que requiere el concurso de inversionistas emprendedores. México destaca entre las economías de mayor atracción de inversiones extranjeras directas.
Mejoramiento del ingreso familiar
El propósito declarado de la 4T fue atemperar la pobreza, que afecta a la mayor parte de los mexicanos y que es mucho más que la falta de dinero en la economía familiar; aunada a desigualdad de oportunidades, la pobreza condena a quienes la padecen a la exclusión del mercado de consumidores, a la estigmatización y a la marginación de toda participación positiva en la sociedad.
México no es un país pobre, genera un PIB por persona de 224 mil pesos anuales, pero únicamente el 12 por ciento de la población, menos de 16 millones de personas, tienen un ingreso que les permite vivir sin carencias de esparcimiento, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud y acceso a educación de calidad.
La transformación propuesta es crear un entorno de desarrollo económico con equidad, en el que haya condiciones para salir de la pobreza y no regresar a ella; hoy por hoy, salir de pobre es prácticamente imposible por más esfuerzos personales que se hagan, y los apoyos asistenciales tienen efecto mientras duran. La movilidad social está estancada desde hace cuarenta años en México, fenómeno que daña severamente la moral pública al percibirse como como el despojo de la esperanza y expectativas colectivas en un mejor futuro.
La gobernanza armoniosa y pacífica, libertaria y democrática requiere la cimentación sólida de certezas entre los ciudadanos en aspectos sustanciales, como la movilidad social y medios que la propicien, destacadamente el acceso a servicios de educación y salud de calidad, seguridad social que cubra no sólo el retiro digno, sino riesgos imprevistos como el desempleo, los gastos asociados a la recuperación de la salud y al cuidado de la vejez, sustentado todo en una organización equitativa de la economía que sea, a la vez, ambientalmente sustentable.
El problema es la mala distribución de la riqueza, fenómeno de evidente carácter económico y político que tiene varias fuentes causales; la más importante es el modelo laboral, en el que los avances en productividad y los movimientos salariales llevan trayectorias distintas y hasta opuestas. En la capacidad y voluntad política de cerrar esa diferencia radican las posibilidades de mayor impacto en atemperar pobreza y desigualdades de manera permanente. Los aumentos salariales justos no sólo no inhiben las inversiones productivas, sino que está demostrado en otras experiencias que favorecen, además de la inclusión social y la reducción de la pobreza, el crecimiento del mercado interno, de la productividad y de la economía de manera sostenible en el largo plazo.
Desde 2020, se ha promovido el aumento político de los salarios mínimos. El informe Perspectivas de Empleo 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consigna que entre finales de 2020 y mayo de 2023 se había revalorizado el salario mínimo un 43.6 por ciento en términos reales, lo cual tiene importancia como reversión de una tendencia contraria. Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presenta datos según los cuales, el 38% de la población con empleo no percibe un salario que le permita cubrir el costo de la canasta alimentaria.
Para ampliar y consolidar las mejoras de condiciones laborales en remuneraciones y prestaciones son indispensables dos condiciones: el diseño jurídico e institucional que haga necesario el promover un nuevo acuerdo laboral entre empresas y trabajadores, y continuar con la liberalización del sindicalismo obrero que permita su democratización para fortalecer su capacidad de negociación.
Si la subida de los salarios mínimos -asociada a otras acciones en el ámbito laboral, como la reducción del peso de los sindicatos de protección empresarial y de la práctica del outsourcing- ha tenido bajo alcance relativo en la superación de la pobreza, aún menor es el cambio en la desigualdad de ingresos que, conforme a datos del Coneval, no se debe a que los hogares más pobres estén teniendo más ingresos, aunque de hecho así ocurre (por vía salarial y por asignaciones de los programas sociales), sino a que la pandemia hizo que el resto de los mexicanos ganen menos, particularmente los hogares del decil más alto.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, correspondiente a 2022, el 10 por ciento de los hogares más pobres vio elevar sus percepciones promedio (salarios y otras entradas) 4 por ciento, pero el ingreso total de los hogares del decil más rico habría decrecido 9 por ciento en el trienio.
Está, por otra parte, la informalidad del mercado laboral, en la que encuentran ocupación 35 millones de personas que no son beneficiarios de seguridad social, de obligaciones legales de percibir salarios referidos al mínimo ni, por supuesto, de compensaciones por aumentos de su productividad laboral. A ese inmenso universo en el que se ocupa la mayoría de la fuerza laboral del país, sus ingresos no les permiten superar el umbral de pobreza.
Los programas sociales -segunda vertiente de acción contra la pobreza- habrían sido un componente de menor impacto que el salarial en entidades como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México o Estado de México mientras que, en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el aumento de las transferencias en efectivo a campesinos, jóvenes, personas discapacitadas y de la tercera edad, ha tenido un impacto mayor.
Las remesas, que en 2018 fueron de 33 mil millones de dólares y de 58 mil 400 millones de dólares en 2022, explican otra parte de la reducción en pobreza, quizás menos importante de lo que se les atribuye.
En sentido contrario al abatimiento de la pobreza y de las desigualdades ha operado el sistema de salud; conforme a los datos del Coneval, 50.4 millones de personas no tienen actualmente acceso a esos servicios. Podrían ser 30 millones más que en el 2018, al haberse cancelado el Seguro Popular, un mecanismo de protección económica -mediante afiliación y el pago de cuotas- a quienes carecen de la seguridad social con que cuentan quienes tienen empleo formal; la segmentación y el condicionamiento siguen siendo dos características no resueltas del sistema mexicano de salud.
El seguro Popular fue remplazado en 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sería gratuito y universal en cobertura de padecimientos y entrega de medicamentos a la misma población que por carecer de empleo formal, no es derechohabiente de las instituciones existentes. Apenas en abril de este 2023, el Insabi transfirió sus funciones al organismo público IMSS-Bienestar, que perseguirá los mismos propósitos.
El sistema educativo público es otro factor de desigualdad por diferencias de calidad de la enseñanza y su incapacidad para evitar el creciente abandono de jóvenes; un millón y medio de estudiantes han dejado la escuela desde la ocurrencia de la pandemia.
Otras áreas socialmente sensibles, como las estancias infantiles y el programa de escuelas de tiempo completo que le facilitaban la vida a madres trabajadoras, fueron cancelados sin la creación de servicios alternativos; también las deficiencias de los servicios de infraestructura como los que llevan agua a casas, afectan, sobre todo, a los más pobres.
Las desigualdades en nuestro país también se manifiestan regionalmente; el territorio sureño ha sufrido abandono sempiterno que, además de ámbito de la mayor marginación y pobreza social entre los mexicanos, es un desperdicio de recursos naturales. Las inversiones públicas dirigidas por la actual administración a esa región, que deberían detonar inversiones privadas, no tienen precedentes.
Gracias a la canalización de tales inversiones, entre el cierre del 2019 y el inicio del 2023, los estados de Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo tuvieron los mayores aumentos de actividad económica de todo el país. Según los datos desestacionalizados del INEGI, Tabasco registró el mayor incremento de su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) entre el cierre del 2019, previo a la pandemia, y los primeros tres meses del 2023, con una tasa de 24.3 por ciento atribuible al empleo en la construcción, vinculada a la refinería Dos Bocas. Los empleos generados y la derrama económica en la entidad representan demanda agregada de bienes y servicios que deberían atraer inversiones de empresas privadas y desencadenar una dinámica que evite que una vez que la refinería esté funcionando, se pierda el impulso de desarrollo del estado.
Detrás del ritmo de crecimiento de Tabasco siguieron Oaxaca, que creció 12.6% en el periodo de referencia beneficiado por el Corredor Interoceánico, y Quintana Roo, con 7.8% de crecimiento atribuible al Tren Maya y las inversiones hoteleras. Chiapas está 6.7% arriba del nivel que tenía a fines de 2019, aunque en ese caso tienen mayor impacto las remesas, que pasaron de 500 millones de dólares en el primer semestre del 2019 a 2,000 millones en el mismo periodo del 2023.
Como referencia de la importancia de estas cifras, la segunda economía más importante del país, que es la del Estado de México, ha crecido apenas 1.8% entre fines del 2019 y principios del 2023.
Un factor clave de una política orientada a la distribución del ingreso es la estructura fiscal. En México, las empresas deben pagar, en términos generales, un 30% por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 16% de IVA por adquisiciones de bienes o servicios y otro 10% en Participación de los trabajadores en las Utilidades (PTU).
Durante su campaña presidencial, López Obrador reiteró que al menos durante los primeros tres años de su gobierno no crearía nuevos impuestos ni elevaría la tasa de los existentes. Pasados esos tres primeros años, tampoco se emprendió la considerada por muchos, indispensable reforma fiscal en México.
La acción fiscal emprendida ha sido el cobro de adeudos en impuestos a grandes contribuyentes y la prohibición, por ley, de su condonación; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboró el Plan Maestro 2022 de Grandes Contribuyentes, considerados como tales aquellos que declaran ingresos por más de 1,500 millones de pesos al año; en ese padrón figuran 11 mil 028 empresas. El objetivo del plan es, por supuesto, incrementar la recaudación de ese padrón de causantes mediante una mejor fiscalización, que ya se venía practicando; durante el trienio 2019, 2020 y 2021 se recaudó un total de 541 mil 682 millones de pesos, mientras que en todo el sexenio anterior se cobraron 630 mil 784 millones de pesos.
No obstante la importancia de estas medidas fiscales y contra lo que harían pensar las puntuales alusiones presidenciales a abusos de grupos empresariales, el Panorama Social 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostiene que los milmillonarios mexicanos -los grandes contribuyentes- incrementaron su patrimonio 11 por ciento entre 2019 y 2021, mientras la pobreza y la pobreza extrema también crecieron.
Protagonismo del Estado
Alcanzar la justicia social fue el gran reto de la Revolución Mexicana hecha gobierno y lo sigue siendo en este Siglo XXI; hoy más que nunca, en la pobreza y las desigualdades interactúan algunos de los mayores problemas de México, desde la violencia en sus diversas manifestaciones -intrafamiliar y social-, el estancamiento desde hace cuarenta años de la movilidad ascendente de las clases sociales y el descrédito del gobierno y sus instituciones.
La democracia formal, sin adjetivos, despojada de sustancia social, ha perdido seguidores interesados ante la manifiesta incapacidad del Estado para ofrecerle a la sociedad certezas básicas frente a la proliferación de la violencia, de la corrupción, de los bajos ingresos familiares y de abusos reconocibles por todos.
Hay que recordar que desde el sexenio de Miguel de la Madrid el PRI, el PAN y el PRD perdían votos en cada elección que transcurría, un indicador claro de que habían dejado de representar e inspirar confianza a millones de personas y de que la política tenía poco que ver con los intereses sociales mayoritarios.
A fin de restablecer capacidades perdidas del gobierno, dividido en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la actual administración estableció, entre otras medidas, tres a destacar: un nuevo modelo de comunicación, un distanciamiento más formal que real con el poder económico, y promovió reformas legales e institucionales, algunas controversiales.
Empecemos con el modelo de comunicación social instaurado personalmente por el presidente López Obrador para establecer una identificación discursiva con los sectores tradicionalmente carentes de influencia política, para quienes el gobierno era cosa ajena; entre esos sectores, la aceptación o popularidad del presidente es muy alta y al parecer corresponde al sentimiento de representación de sectores populares que lo experimentan por primera vez, y encuentran en el presidente a quien encarna una serie de anhelos, propuestas y características morales que lo hacen creíble.
La aceptación popular del presidente eleva el promedio general por encima del 60 por ciento. El contrapunto de esa representación es que depende sustancialmente de la personalidad de López Obrador, no de un sistema institucional, lo que la hace frágil y que, para la continuidad del proyecto, en caso de que llegue Claudia Sheinbaum a ocupar la presidencia de la República, las bases de apoyo a AMLO no serán transferibles y ella tendrá que construir sus propios vínculos de representación, o quedar como rehén de grupos que las tengan.
Acentúa la condición de fragilidad del poder político del régimen, el vilipendio reiterado por López Obrador desde las “mañaneras” a sectores sociales clave para la gobernanza política, como lo son el empresariado (que en su inmensa mayoría pertenece a las clases medias del país) y aquellos trabajadores y empleados que en su mayoría se perciben como integrantes de esas clases medias y que, con todo derecho, reclaman no estar representadas en el discurso y las acciones del poder público.
Además de su propia experiencia de clases vilipendiadas como “escaladoras, arribistas y oportunistas”, y castigadas con la caída de sus ingresos desde la pandemia, los sectores medios tienen como fuente de información y opinión crítica a los medios de comunicación masiva, impresos, radiofónicos y televisivos cuyos intereses también fueron afectados en los presupuestos dedicados a publicidad y propaganda del gobierno; con muy pocas excepciones, la mayoría de esos medios se ha convertido en una pertinaz oposición -sin aportar elementos de reflexión útiles- a todo lo que propone y hace el gobierno.
El presidente ha confiado en las “benditas” -así les llama- redes sociales, pero es cada vez más claro que su creciente protagonismo es totalmente independiente de lo que convenga o perjudique al gobierno.
***
Una segunda línea de acción de AMLO para recuperar márgenes de acción política del poder público ha perseguido un mejor equilibrio del balance de poder entre el gobierno (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales), y los grandes intereses económicos que desde el mercado han ejercido una influencia excesiva en las políticas públicas durante décadas.
Con el propósito -independiente de otros- de dejar establecido el alcance del poder del gobierno, se han realizado acciones puntuales en el ámbito de poder de los grandes capitales; la primera con la que el nuevo gobierno quiso dejar establecido “quien manda”, fue la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de una consulta popular orientada a rechazar el proyecto como un plan de negocios abusivo; también es verdad que era técnicamente desaconsejable construirlo en el vaso de Texcoco.
Además, se confrontó al oligopolio que participaba en la compra de medicamentos para el sector público para centralizar las compras, lo que ocasionó desorden administrativo durante un año y desabasto de diversos medicamentos; también se forzó la renegociación de contratos que se consideraron leoninos para el país, y que muy probablemente lo eran, como los gasoductos y la administración privada de reclusorios.
Aunque es muy pronto para hacer una evaluación sobre el impacto que esas medidas haya tenido en el poder económico y retracción política de los grupos afectados, hay que decir que los mayores capitales de México tienen sus mayores intereses en áreas como banca, telecomunicaciones y medios masivos de comunicación.
***
La tercera línea seguida para ampliar márgenes de acción del sector público ha consistido en promover reformas legales, así como la modificación de la dinámica y funciones de diversas instituciones, entre las que destaca el caso de las fuerzas armadas del país.
En el apogeo del poder presidencial al contar con mayoría calificada en el Congreso, el presidente promovió la reforma de más de 55 artículos de la Constitución en diversas materias, entre las que figuran las relativas a la consulta popular, a la revocación de mandato, la eliminación del fuero presidencial y la de las partidas secretas, las cuales generaron polémica en torno al argumento de que hacen vulnerable al poder ejecutivo.
Lo más inquietante, sin embargo, es lo tocante al orden institucional en el que se les han transferido al Ejército y a la Armada responsabilidades y recursos que están fuera de su naturaleza y misión. Se les ha encargado la seguridad pública y patrullajes militares en las calles, tareas con lo que esas instituciones han manifestado incomodidad y, en compensación, al Ejército se le han asignado proyectos de ingeniería civil con inmensos presupuestos, mientras que la Secretaría de Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, sino que también hace las funciones administrativas.
Es cada vez más evidente que al fortalecimiento económico de las fuerzas armadas va correspondiendo un acrecentamiento de su peso político; el Ejército va adquiriendo un poder que no tenía, mientras que el de las autoridades civiles se ha fragmentado por la corrupción vinculada a la delincuencia organizada.
Reflexión final
El problema socioeconómico de México es la pobreza y las desigualdades y, aunque la dirección de las acciones en favor de mejorar las condiciones laborales, asistir con programas de apoyo a la población de muy bajos ingresos y promover el desarrollo regional ha sido acertada, de lo que se ha logrado importan las tendencias establecidas y considerar que su consolidación significaría una profunda actualización del pacto social, un nuevo orden de institucionalización de los conflictos para que tengan solución.
El propósito de mejorar la distribución del ingreso para abatir pobreza y desigualdades requiere nada menos que un nuevo consenso social, mayores márgenes de acción del poder público y consecuentemente, un nuevo orden de libertades democráticas más amplias con nuevos equilibrios de fuerzas económico-políticas.
analista político y financiero mexicano.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Sin permiso
