Por: Elena Reina. El País. 26/11/2018
29 casos de mujeres detenidas, violadas y golpeadas por el Ejército y la Policía avivan el debate sobre la decisión de López Obrador de crear un cuerpo militar que se encargue de la seguridad del país.
Magdalena Saavedra podría haber estado dormida, pero estaba despierta. La noche del 10 de mayo de 2013, en la que alrededor de nueve marinos irrumpieron en su casa de San Luis Potosí y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, se repitió a sí misma varias veces que aquello solo podía ser una pesadilla. Pero estaba muy consciente, tanto, que dio gracias a Dios de que su hija, que vivía con ella, no estuviera ahí. Esa noche del Día de la Madre la detuvieron, la golpearon, la electrocutaron varias veces y la violaron en grupo, hasta que después de más de 11 horas de soportar lo insoportable accedió a firmar una confesión por la que ha pagado el precio de cinco años y medio de cárcel. Hace unas semanas un juez determinó que no había pruebas suficientes para inculparla de todos los cargos: posesión de armas, tráfico de drogas y operación con recursos de procedencia ilícita. Hoy está libre y recuerda en una entrevista a este diario su caso que, junto al de otras 28 mujeres, aviva el debate sobre las violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, poco después de que López Obrador anunciara la creación de un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional, que garantice la seguridad del país.
Todos llevaban la cara cubierta. Mientras registraban su casa y saqueaban sus armarios pensó que aquel grupo de hombres eran criminales a los que la ley les había garantizado un fusil. Y la capacidad de someterla sin mostrarle una orden judicial ni explicarle los motivos, respaldados en la estrategia política de ganar la guerra al narcotráfico —un conflicto que todavía perdura y que ha dejado más de 200.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos desde 2006—. Supo más tarde que eran marinos de la Armada, parte del Ejército mexicano.
La calavera estampada en el pasamontañas de uno de ellos fue el primer aviso. «La llevaba ahí, sobre la boca», cuenta y, como si lo estuviera viendo, indica con sus manos el lugar exacto donde la traía. Después de que por tercera vez le colocaran aquel plástico en la cabeza, Magda se desmayó. No entendía por qué le estaba ocurriendo algo así a ella. Madre soltera de tres hijos, que como muchas otras se había buscado la vida vendiendo uñas de acrílico para sacar adelante a su familia. Tenía guardada una agenda con las direcciones de sus clientes. Quiso con ello demostrar su inocencia, que no era una peligrosa operadora del cartel del Pacífico o de los Zetas —la involucraron con los dos—. Pero, aunque lo supo más tarde, aquella libreta les pondría en bandeja la esperada confesión. En una de sus páginas estaba señalada la nueva dirección de su hija.
La sacaron de su casa con los ojos vendados y descalza. Sus pies fueron los únicos capaces de identificar los lugares por los que iba pasando: un vehículo, grava, asfalto, frío. La retuvieron en lo que en la jerga militar se conoce como casa de seguridad y ahí comenzó el calvario que lleva marcado en el puño derecho, en el ombligo, en su frente, en la vagina y en el útero. También en su mirada, nublada por el terror que le produce que un hombre, aunque sea su padre, la toque. En aquella habitación, según su testimonio certificado por exámenes médicos posteriores, la obligaron a desnudarse de cintura para abajo sobre una silla y le propinaron descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo —en las manos, en las orejas, en los pies, en la boca y en la vagina—, le destrozaron la rótula y no dejaron de golpearla con los codos en la cabeza. Cuando pensó que se iba a morir, la giraron. Y aquel grupo de soldados la violó. «La sangre me corría por las piernas», recuerda.
El caso de Magdalena Saavedra, de 51 años, no ha sido el único que ha denunciado el Centro Prodh, de referencia nacional en la defensa de los derechos humanos. Otras 28 denuncias similares han puesto de manifiesto las terribles prácticas perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado, militares y policías, al detener a sospechosas de colaborar con el crimen organizado entre 2006 y 2015. Según sus cifras, en 16 de los casos hubo violación, en 12 fue tumultuaria. En casi todos, 28, las detenidas fueron abusadas sexualmente, mediante tocamientos y obligadas a desnudarse frente a sus agresores, muchas de ellas señalan en sus demandas que fueron fotografiadas o grabadas en vídeo. Además, han registrado una decena de víctimas de tortura dirigida a los genitales, especialmente mediante descargas eléctricas.
El informe elaborado por el organismo señala la existencia de un patrón común en estos actos: la detención ilegal de las mujeres, sin que se les informe de los motivos; su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde son torturadas sexualmente, en la mitad de los casos entre 12 horas y tres días; su presentación ante el Ministerio Público (Fiscalía), «que en la totalidad de los casos omite su deber de certificar e investigar las lesiones» —las pruebas médicas que las corroboraban se realizaron ya en prisión—; y un proceso judicial basado en las confesiones obtenidas bajo tortura. El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, ha apuntado que los testimonios «no son aislados» y que dan cuenta de la extensión de esta práctica durante los años de la llamada guerra contra el narcotráfico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido desde 2014 cinco recomendaciones al Ejército por casos de tortura, violencia sexual, detención arbitraria, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. La última, de agosto de este año, dirigida a la Marina por 17 casos documentados de tortura y 11 de violencia sexual.
En el caso de Saavedra, los militares que la retuvieron durante más de 11 horas alegaron que su traslado a una sede clandestina y la tardanza en la puesta a disposición judicial estaban justificados, pues temían un ataque del cartel para recuperar los objetos asegurados y las personas retenidas. Una explicación que coincide en otros casos registrados y que responde a las prioridades militares de la lucha contra el crimen organizado. Poco antes de salir de la cárcel, la comisión de derechos humanos de la Secretaría de la Marina quiso atraer su caso y ofrecerle una indemnización de más de 100.000 pesos (unos 5.000 dólares), cuenta Saavedra, aunque los rechazó.
Junto a Magda, en habitaciones contiguas, esa noche estaban sufriendo algo similar un hombre y otra mujer. Ella los escuchaba. Recuerda también que una mujer que se identificó como médico de la Marina la observó en un descanso de aquella tortura. Después de tomarle la tensión, le recomendó a sus agresores que esperaran un poco antes de continuar. Y continuaron. Entre golpe y descarga, le mostraron la dirección de su agenda donde señalaba el lugar en el que se había ido su hija a vivir y la amenazaron con hacerle lo mismo a ella y al resto de su familia. «Yo, por estúpida, les di todo», cuenta llena de coraje.
—Firmo lo que quieran.
Aquella confesión señalaba que había trabajado como operadora del crimen organizado y a aquel hombre y aquella mujer como sus cómplices. Ese documento fue la prueba fundamental en su proceso y pese a las lesiones registradas por la Fiscalía —según documenta la denuncia— ningún juez lo desestimó hasta cinco años y medio más tarde. Este miércoles recuerda fuera de prisión esas más de 11 horas de terror: «El dolor era insoportable. La humillación… Yo toqué la muerte. Pero sobreviví».
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Fotografía: TERESA DE MIGUEL