Por: Ana Cristina Alvarado. 10/11/2026
- Pueblos originarios de Colombia, Ecuador y Perú, en colaboración con organizaciones regionales y de derechos humanos, elaboraron un informe sobre la situación de los pueblos originarios transfronterizos.
- Presentaron el informe durante el 197° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Mongabay Latam conversó con María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines y una de las compiladoras del informe, sobre los hallazgos y recomendaciones del documento.
- El objetivo, dice, es que los Estados cumplan con sus obligaciones constitucionales y convencionales, y que el Sistema Interamericano avance en el desarrollo de estándares sobre pueblos transfronterizos.
Representantes de pueblos originarios transfronterizos de Colombia, Ecuador y Perú lanzaron el informe Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los pueblos y naciones originarias transfronterizas, durante el 197° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en Panamá.
La elaboración del documento fue liderada por la organización no gubernamental Amazon Frontlines, pero la autoría es colectiva e incluye a los pueblos awá, a’i cofán, andwa, siona, siekopai, achuar, shuar y wampis, junto con organizaciones regionales y de derechos humanos.
El documento revela que en la región fronteriza andino-amazónica existen al menos 18 pueblos originarios divididos por las fronteras estatales. Estos pueblos, que viven en los territorios desde antes de la creación de los Estados, enfrentan restricciones que amenazan su pervivencia física y cultural, de acuerdo con el informe.
A lo anterior se suma el abandono estatal en cuanto a la atención de derechos, mientras que avanza el control y militarización de zonas de interés extractivo minero o petrolero y el crimen organizado transnacional, explica María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines y una de las compiladoras del informe. El informe denuncia que las respuestas estatales permanecen fragmentadas.
Mongabay Latam conversó con Espinosa sobre el origen, los hallazgos y el objetivo del informe. “No hay ninguna posibilidad de que estos pueblos garanticen su existencia física y cultural si no hay una corresponsabilidad, un compromiso, una respuesta estatal clara, decidida y transparente, y si no se prima los derechos indígenas por sobre los derechos de las corporaciones y los intereses económicos”, advirtió la defensora de derechos.
Presentaron el informe en el marco de las sesiones de la CIDH con el objetivo de que el tema sea elevado al tribunal interamericano Corte IDH y la entidad continúe con el desarrollo de estándares sobre pueblos transfronterizos. Espinosa adelanta que ya hay importantes compromisos.
—¿Qué implicó y cómo se elaboró el informe?
—Es un informe que hemos construido a lo largo de estos cinco años a varias manos. La pandemia fue un detonante porque evidenció cómo las comunidades quedaban aisladas, rezagadas y sin atención, mientras los Estados usaban las fronteras como barreras.
Por ejemplo, en las comunidades siona no había atención en salud, ni del lado colombiano ni del lado ecuatoriano. Los sabedores fueron a la selva a buscar plantas con las cuales atenderse. Cuando finalmente desarrollaron medicina propia, fueron impedidos de cruzar al lado ecuatoriano para llevar esta medicina a sus familiares. Pasó algo similar con los siekopai de Ecuador, que no pudieron trasladar sus medicinas a sus familiares del lado peruano.
Mientras había estos impedimentos, el petróleo no dejó ni un solo día de transportarse entre la frontera de Colombia y Ecuador.
Eso hizo que empezáramos diálogos con las autoridades territoriales sobre los desafíos de vivir en las fronteras. Luego se fueron vinculando otros actores comunitarios, incluyendo las guardias indígenas, que desde su ejercicio de control territorial tienen mucha evidencia de restricciones.
A lo largo de este tiempo también hemos hecho varias pesquisas, tanto de prensa como de expedientes. Lo fuimos sistematizando, analizando y compilando.
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—¿Qué restricciones documentaron?
—Si ya los pueblos originarios dentro de las jurisdicciones estatales tienen desafíos, para los transfronterizos, los desafíos se multiplican. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la militarización de sus territorios, a la presencia cada vez más creciente del crimen organizado, a dificultades incluso para la libre movilidad por requisitos exacerbados de documentación o la falta de garantías para acceso a derechos fundamentales como salud o educación.
Vimos cómo los Estados utilizaban la justificación de lo fronterizo para evadir obligaciones y entendimos que para muchos pueblos esa frontera era una imposición porque realmente su movilidad, sus relaciones de parentesco y culturales estaban allí antes que el propio Estado.
Entonces, mientras los Estados son muy hábiles en cooperar para temas extractivos y militares, no son tan hábiles para cooperar en temas de derechos.
—Este informe sitúa en el centro a pueblos cuya existencia es anterior a la conformación de los Estados-Nación. ¿Qué significa eso en la práctica?
—Antes de que Colombia se llamara Colombia, Ecuador se llamara Ecuador, etcétera, estaban los pueblos originarios. Cuando se impusieron las demarcaciones estatales, sus territorios quedaron fragmentados. En su vida cotidiana, ellos siguen manteniendo relaciones más allá de esas fronteras.
Eso es lo que reivindica el informe. No pretende negar las soberanías o las jurisdicciones estatales, sino que los Estados tienen unas obligaciones de protección reforzada y diferenciada de los pueblos originarios transfronterizos, tienen obligaciones de cooperación eficaz y no pueden usar argumentos jurisdiccionales para evitar responsabilidades.
Los Estados tienen que cooperar respecto de proteger, remediar, reparar, prevenir, porque de esa cooperación depende en gran medida que esos pueblos transfronterizos puedan seguir viviendo y existiendo en esos territorios.
—Además de las restricciones, ¿qué han significado las fronteras para los pueblos originarios?
—El informe hace un acercamiento breve a lo que han significado los impactos de la colonia, de las evangelizaciones, de la explotación del caucho y de la quina.
Luego hace un abordaje un poco más contemporáneo de las presiones actuales. Dentro de las principales están los extractivismos, como el petróleo, la minería concesionada y la minería ilegal. Otra presión es el despojo territorial y la deforestación, mayoritariamente vinculada al agronegocio o al narcotráfico, ya sea para la siembra o el procesamiento de cocaína.
También hay un desmantelamiento del Estado de derechos, una ausencia casi que estructural de los Estados para que las comunidades puedan acceder a derechos fundamentales como salud, educación, servicios básicos, etc.
Y en los dos últimos años ha sido especialmente importante el incremento, la presencia y la presión de redes criminales transnacionales. Esas redes traen reclutamiento forzado, desplazamiento de comunidades, amenaza a los liderazgos, confinamiento, constreñimiento, imposición de una serie de prácticas y o violencias sobre los territorios.
En el caso de los pueblos originarios en aislamiento voluntario hay un riesgo más acelerado de contacto, ya sea porque las comunidades se ven obligadas a desplazarse o porque en algún momento resulten contactadas forzosamente por estas mismas estructuras.
—El informe señala que los pueblos transfronterizos enfrentan un riesgo de exterminio. ¿Por qué?
—Valoramos dos categorías de exterminio: física y cultural. En algunos casos están asociadas y en otros no, pero son interdependientes.
Por ejemplo, en pueblos como el siona hay una pérdida acumulada de su idioma. A eso se suma que el confinamiento y el constreñimiento de las fronteras les impide, por ejemplo, la celebración de prácticas culturales. Entonces hay riesgo de que los conocimientos, el arraigo identitario, los saberes tradicionales sigan perdiéndose de manera acelerada mientras ellos siguen viviendo en el territorio, pero con una identidad colectiva cada vez más diezmada.
También está la situación de los siekopai, que están en la lucha de volver a reconectar sus lazos familiares e históricos, pero eso depende de contar con seguridad territorial, tanto del lado ecuatoriano como del lado peruano. Si eso no pasa, va a haber mayores brechas entre el entendimiento y la identidad cultural de los niños que están creciendo lejos del territorio de origen y los mayores que tuvieron otra relación con el territorio de origen.
El resultado es que son pueblos impedidos del ejercicio de su conocimiento cultural, de su identidad cultural y, entonces, en riesgo de desaparición o extinción cultural. Todos los pueblos citados en el informe corren ese riesgo, los awá, los achuar, los cofán…
—Los territorios transfronterizos suelen ser objeto de conservación ambiental. ¿Qué sucede ahí?
—No me parece que sea la conservación por la conservación, me parece que también es un mecanismo de control territorial y muchas veces de despojo. Lo que ocurre es que en los territorios de pueblos originarios hay petróleo, minería, minerales críticos y tierras raras, y hay cobertura forestal. Eso implica para los Estados unas obligaciones reforzadas de consulta previa y de protección, que molestan a la institucionalidad y a las corporaciones.
Sin embargo, en muchos sitios, pese a ser áreas protegidas o parques naturales, la conservación depende de la actividad que hacen los pueblos originarios para proteger esos territorios.
Me parece es que es bastante conveniente para los Estados y para las corporaciones tener esos territorios a su libre disposición porque de esa manera es mucho más fácil imponer y adelantar sus agendas extractivas, agroindustriales y de ocupación territorial.
Eso va a depender del nivel de cooperación entre los Estados. Durante los últimos años vimos que la agenda política de los gobiernos no necesariamente coincidía entre Colombia, Perú y Ecuador. Hoy la agenda, respecto de la Amazonía, de Abelardo De la Espriella, Keiko Fujimori y Daniel Noboa es totalmente coincidente.
Durante los últimos meses, los tres gobiernos por cuenta separada han firmado acuerdos de cooperación con Estados Unidos, tanto en tema minero-energético, de exploración de tierras raras y minerales críticos, como de la respuesta militar presuntamente vinculada al control del crimen organizado.
—¿Cómo sería un reconocimiento efectivo de los derechos territoriales?
—Trajimos esta discusión a la CIDH porque esperamos que el Sistema Interamericano avance en el desarrollo de los estándares sobre pueblos transfronterizos. Eso significa que la CIDH analice de mejor manera las obligaciones de cooperación y de integración de los Estados para dar respuestas efectivas a la protección y que esos estándares ayuden al mismo tiempo a los Estados a orientar sus políticas públicas y sus actuaciones, pero que sobre todo se convierta en una herramienta para que los pueblos originarios y las organizaciones que los acompañamos tengamos elementos para exigir derechos.
Esperamos que la CIDH eleve a la Corte Interamericana este tema para que desarrolle una opinión consultiva. La opinión consultiva no tiene una fuerza vinculante, pero es un desarrollo muy importante del contenido del derecho.
—¿Qué recomendaciones hacen a los Estados?
—Los Estados deben concertar con los pueblos la toma de decisiones de cualquier plan, política o proyecto. Lo segundo que decimos a los Estados es que entendemos que tienen unas agendas propias, pero que esas prioridades riñen con la forma de vida, con los intereses y con los planes de vida de los pueblos a los que hay que garantizarles la vida y los territorios.
Finalmente, decimos a los Estados que cumplan lo que dicen sus propios marcos constitucionales y sus obligaciones convencionales. Además, ya hay sentencias de la Corte Interamericana que tocan de alguna manera los derechos de los pueblos transfronterizos, de los pueblos en aislamiento voluntario y de las obligaciones que tienen los Estados cuando hay impactos ambientales que trascienden lo fronterizo.
Tienen que cumplirse las normas, los convenios, los acuerdos y las obligaciones establecidas y tienen que seguirse perfeccionando y desarrollando, porque si bien existen, pueden ser mucho más robustas y reforzadas.
—¿Qué reacciones ha habido al lanzamiento del informe?
—Durante estos días hemos logrado reunirnos con los relatores de Pueblos Indígenas, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Contra la Discriminación de la CIDH, además de la relatora de Personas Defensoras de la ONU, ante quienes hemos expuesto el informe con bastante detalle.
Justamente, la Comisión Interamericana sacó a consulta un formulario sobre derechos de pueblos transfronterizos. Para nosotros ese ya es un logro bastante importante, porque ya trajimos este tema a la Comisión Interamericana en 2022. La respuesta de la CIDH es que se hará un informe temático especializado sobre el tema transfronterizo. Esperamos que salga a lo largo de este o del siguiente año.
El tiempo apremia, la vida de estos pueblos originarios, de sus territorios, interconexiones y relaciones que trascienden las fronteras está en gravísimo riesgo. Se requiere la real voluntad política de los Estados, la real implementación de garantías inmediatas para que esos pueblos puedan seguir perviviendo, cuidando, conservando y protegiendo sus territorios ancestrales, que son indispensables para ellos y la humanidad.
El ritmo al que crecen los impactos y se imponen los intereses extractivos y de los actores de crimen organizado es acelerado y es voraz. Acelerada debe ser la concertación de los Estados con los pueblos originarios para buscar soluciones, acelerado debe ser el reconocimiento y la garantía de la autodeterminación.
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Fotografía: mongabay. un líder shiwiar habla durante una asamblea de su pueblo. Foto: cortesía Manuel Solórzano/Amazon Frontlines