Por: Gabriela Verdezoto Landívar. 06/11/2026
- Entre 2003 y 2006, el Estado ecuatoriano concesionó el 80 % del cantón Las Naves a la empresa minera Curimining para la extracción de oro, cobre y plata.
- El proyecto minero se ubica en el cerro Piedra Negra, clasificado por el Ministerio de Ambiente como zona de “Muy Alta Importancia Hídrica”: de sus aguas depende la agricultura familiar de Las Naves.
- Casi 500 personas campesinas, junto con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), presentaron una Acción de Protección solicitando revocar las licencias y autorizaciones hídricas del proyecto minero, pero la Justicia la desecho a finales de octubre y dio vía libre a la minería.
- Desde 2021 se han abierto más de 50 procesos de investigación penal contra defensores de la naturaleza en el cantón Las Naves, mientras que en agosto de 2026 se aprobó una ley que, entre otras cosas, prohíbe a las organizaciones no gubernamentales realizar actividades que “obstaculicen proyectos mineros”.
Para llegar a su casa, Fausto Arechua debe tomar un camino largo desviándose por dos o tres pueblos. Durante el día, no puede llamar ni escribir por Whatsapp a su familia porque su teléfono está intervenido. En su mochila siempre carga ropa de cambio. Estas son algunas de las tácticas de seguridad que un campesino, y defensor de la naturaleza, pocas veces imagina que tendrá que aplicar en su vida diaria.
“Mire, yo salgo de aquí, de Las Naves, puesto mi gorrita y llevando mi maletita. Al momento que me subo al bus, saco mi otra camisa de la maleta, me la pongo y me cambio de asiento”.
Estas medidas le permiten a Fausto Arechua disminuir el riesgo de ser agredido o evitar que se cumpla una de las varias amenazas de muerte que ha recibido por estar en contra de la minería en el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, en la zona central de Ecuador.
Son las dos de la tarde del 2 de agosto de 2026. Es un domingo caluroso. Arechua y otros campesinos que también se oponen a los impactos socioambientales de la minería comparten sus experiencias en un local de la zona urbana de Las Naves. Alrededor de dos mesas se distribuyen más de 20 personas de las comunidades Jerusalén, Buenos Aires y otros pueblos cercanos que, aunque no pertenecen a Bolívar, sino a la provincia de Los Ríos, comparten las mismas fuentes hídricas y el mismo miedo. Hoy, también las une el mismo cansancio de una jornada tensa.
Horas antes transitaron por un camino vecinal construido por sus padres y sus abuelos, ahora en manos del proyecto minero Curipamba-El Domo, que se construye en la cima del cerro Piedra Negra, de donde Las Naves ―poblado de poco más de 7000 personas― se abastece de agua. Pasaron por esa vía pública, con periodistas y defensores de derechos humanos en tres camionetas para mostrar los daños que, dicen, ha causado la presencia del campamento minero en la zona.
El proyecto minero es operado por la empresa Curimining SA, filial de las canadienses Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd., con la participación del Consorcio Nobis, de la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La zona minera comprende un área total de 30 327 hectáreas, distribuidas en siete títulos mineros, de los cuales 1480 hectáreas corresponden a la concesión de Las Naves.
La adjudicación la dio el Estado a la empresa en 2003. Veintiún años más tarde, en enero de 2024, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) otorgó la Licencia Ambiental de Explotación a Curimining, después de un proceso de socialización y consulta ambiental, que se realizó entre junio y diciembre de 2023, y que ha sido puesto en duda por los campesinos. La fase de construcción arrancó a inicios de 2025.
Mientras los campesinos denuncian que el proceso de socialización previa del proyecto —bajo el Decreto 754, emitido por el entonces presidente Guillermo Lasso— fue ilegítimo, restringido y con resguardo policial, los representantes de la empresa afirman que cumplió con la normativa estatal vigente.
“El proceso de consulta ambiental se realizó bajo los estándares exigidos por el Estado ecuatoriano, alcanzando un 98 % de aprobación dentro del área de influencia directa, delimitada mediante estudios técnicos e institucionales”, aseguró en entrevista telefónica con Mongabay Latam Daniel González, vocero jurídico de la empresa Silver Corp, una de las filiales de Curimining.
El punto más sensible del conflicto gira en torno al recurso hídrico. Los pobladores de las comunidades Jerusalén y Buenos Aires denuncian que en enero de 2025, desde el inicio de la fase de construcción y el descapote de cobertura vegetal en el cerro Piedra Negra, las vertientes que alimentan el sistema de agua potable comunitaria comenzaron a bajar con altos niveles de lodo y sedimentación tras las detonaciones con dinamita.
Ese domingo de agosto, los campesinos hablan nerviosos, mientras calman el hambre con el menú del restaurante. Daniel Sisa Mancero es uno de los pocos que no tiene rastro de nervios: “Yo me sé cuidar un poco. En el habla yo no uso cosas definitivas. Uso ‘supongo’ o ‘creo’”. Con los años, el presidente de la comunidad de Jerusalén ha aprendido a utilizar con sigilo las palabras. También se cambia de ropa y modifica sus rutas antes de salir o de llegar a algún lugar.
Fausto Arechua, más conocido como “Lechuga”, es presidente de la comunidad Buenos Aires y, desde 2021, ha acumulado alrededor de seis denuncias penales. Dos han avanzado. En una se le acusa de violación de propiedad privada; lo condenaron a cuatro años de prisión en primera instancia, pero recibió suspensión condicional de la pena. Tras apelar ante la Corte Provincial de Justicia, el Tribunal anuló la sentencia y ratificó su inocencia por falta de pruebas. No obstante, la Fiscalía y la acusación particular de personas relacionadas con la minera interpusieron un recurso de casación, el cual se encuentra pendiente del fallo.
El segundo proceso fue una investigación en contra de Arechua y cuatro personas más por presunto secuestro a miembros de la Policía Nacional. Los abogados pidieron el archivo del caso debido a que el trámite judicial superó los dos años, el límite legal. La Fiscalía negó la petición y mantuvo el caso abierto. El juez decidió archivarlo.
También fue acusado por presuntamente secuestrar a dos policías en las manifestaciones de 2022, en el que una parte del pueblo rechazaba la presencia de la empresa Curimining y su proyecto de minería a cielo abierto. Este caso sigue en etapa de investigación.
Este vuelo de dron muestra el avance del proyecto minero en la parte alta de un bosque primario y de zonas agrícolas. Video: cortesía de Ecuavisa
Daniel Sisa suma dos procesos judiciales. Primero se le acusó de instigación y supuesta obra no autorizada, después de que liderara la minga (trabajo comunitario) para construir el sistema de captación de agua para su comunidad, desde el cerro Piedra Negra. Ese mismo año se le abrió otro proceso por presunto ataque y resistencia, derivado del mismo contexto de movilización del recinto Jerusalén.
En la mesa, los dos campesinos recuerdan anécdotas de sus procesos judiciales. “Imagínense ―dice Arechua con voz firme, pero en tono de burla― que cuando me presenté en la Corte, el señor que supuestamente me vio invadiendo su terreno, no me reconoció. Estando frente a frente”. Sisa le sigue: “Yo llevé a mi casa a los policías para que la gente no los siguiera golpeando. ¡Hasta me agradecieron!”.
Sisa y Arechua son apenas dos de las más de 50 personas campesinas que, a raíz de su oposición al proyecto minero en el cerro Piedra Negra y su defensa al ambiente, han enfrentado procesos judiciales. Esto hizo que 283 organizaciones ecuatorianas e internacionales condenaran la persecución a los activistas en una carta al presidente Daniel Noboa, firmada el 3 de julio de 2025.
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Pueblo minero y militarizado
“Es la segunda vez que pasa esa camioneta blanca. Y no tiene placas”, dice una señora del recinto Buenos Aires, durante el almuerzo del domingo de agosto. La mujer pide que, por su seguridad, no se publique su nombre.
Las Naves es un pueblo de 7012 habitantes asentados sobre un bosque siempreverde piemontano, en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, la que mira al Océano Pacífico. Fue un sitio tranquilo hasta 2022. Su tasa de homicidios intencionales era cero en 2015. En 2023, por primera vez, la cifra de muertes tuvo números en rojo: 86 homicidios intencionales por cada 100 000 habitantes.
En 2024, la tendencia se mantuvo al alza. Y, en 2025, Las Naves fue el segundo cantón más violento de Ecuador con una tasa de homicidios de 285 por cada 100 000 personas, por encima de Durán y Guayaquil, ciudades con altos índices de violencia. Como referencia, la tasa de Latinoamérica es, en promedio, 20 muertes violentas por cada 100 000.
En este contexto se entiende por qué un auto sin placas o con vidrios polarizados causa conmoción entre los campesinos de Las Naves.
Si bien en 2003 se dio la concesión minera sobre la zona de recarga hídrica del pueblo, no fue sino hasta 2021 que la presencia de los técnicos de la mina se sintió en el territorio. Desde la instalación del proyecto minero, la violencia en el cantón se ha disparado de acuerdo con las estadísticas.
El 8 de agosto de 2024, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró el conflicto interno armado a nivel nacional, debido a la presencia de 22 grupos del crimen organizado. Esto vino acompañado de una serie de estados de excepción en diferentes provincias.
El cantón Las Naves fue incluido, por primera vez en un estado de excepción, el 20 de agosto de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo No. 109. La acción incluyó la militarización de la zona y repetidos toques de queda.
Hasta ahora, Las Naves ha sido incluido en siete decretos presidenciales más. El último, en septiembre de 2026, con una vigencia de 60 días. Es decir, Las Naves se ha mantenido militarizada más de 12 meses.
Uno de los pueblos más tranquilos de Ecuador ―86 % de la población se dedica a la agricultura, de acuerdo con la asociación internacional Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF)― pasó, en los últimos tres años a ser de los más violentos.
En septiembre de 2026, una Misión Internacional de Observación y Solidaridad publicó el informe titulado Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador, en el que se resalta la transformación de un cantón agrícola próspero, pacífico y autosuficiente en un territorio convulsionado con indicadores récord de violencia criminal, militarización y división de la población.
La presencia militar en concesiones mineras podría ser más frecuente, sobre todo después de que el 2 de marzo de 2026 se publicaron las reformas a la Ley Minera. Entre los cambios propuestos por el presidente Daniel Noboa, y aprobados por la Asamblea Nacional, consta la declaratoria de Áreas Mineras con Protección Estratégica que permite a las Fuerzas Armadas brindar protección a concesiones enfocadas en la actividad extractiva.
De Canadá a China
En este contexto, un grupo de campesinos de Las Naves decidió subir al cerro Piedra Negra, acompañados de periodistas y activistas que llegaron desde la ciudad de Quito.
El recorrido se realizó en tres camionetas. La bruma sumó tensión al momento. Los habitantes insistieron en que el camino de piedras y tierra fue hecho por la propia comunidad, para comunicar Selva Alegre con Las Naves. Lamentaron que policías y militares hayan quemado, en 2025, la caseta de madera —también levantada en minga— donde había una soga que cruzaba de un lado al otro del camino, para no dejar pasar las volquetas y la maquinaria pesada que comenzó a subir a la punta del cerro.
Unos metros arriba del retén comunitario quemado, tres hombres armados frenaron el paso de las camionetas.
—¿A dónde van?
—¡Esta vía es comunitaria, es pública! —dijo uno de los comuneros.
—Les recomiendo no seguir o aténgase a las consecuencias —respondió el hombre encapuchado con un arma larga pegada a su pecho.
—¡Vamos a seguir! ¡Esta es una vía pública!
Pasaron las tres camionetas. Dos kilómetros arriba, la vegetación desapareció. El camino de piedras se transformó en una vía enorme, llena de lodo, por la que pasaban pitando volquetas enormes.
Lo que se vio luego fue más de lo mismo: camiones y camiones; lodo y lodo. La bruma comenzó a retirarse justo al pie de la Piedra Negra.
—Aquí está nuestra agüita —lamentó una de las mujeres de Las Naves.
—¡Está todo en chino! —gritó uno de los fotógrafos.
En la cima del cerro, se abrió una planicie de lodo rodeada de rejas. Sobre estas ondeaban banderas de China y telas con letras en chino. Luego aparecieron otros símbolos que hacían referencia a la corporación Tongling Nonferrous Metals Group Construction & Installation Co. Ltd., gigante industrial estatal chino fundado en 1949 en la provincia de Anhui, especializado en la extracción, fundición y procesamiento de cobre.
En Ecuador esta empresa fue la encargada de levantar la estructura civil de carreteras y las relaveras del proyecto minero Cóndor Mirador, obras que causaron conflictos ambientales en la provincia de Zamora Chinchipe, por denuncias de filtración de metales pesados en los suelos.
Durante el recorrido por el cerro Piedra Negra, luego de pasar la planicie, se vislumbró la construcción del hoyo grande y profundo, la mina a cielo abierto.
Un hombre en motocicleta, al que solo se le veían los ojos entre el pasamontaña y el casco, comenzó a seguir a las tres camionetas y a tomar fotos de sus pasajeros. El chofer del segundo vehículo, donde estaba Fausto Arechua, sacó el cuerpo de la ventana y dijo a sus compañeros: “¡Aquí demos la media vuelta, se está poniendo fea la cosa!”
La motocicleta escoltó el desfile de campesinos, periodistas y activistas hasta el área custodiada por los dos hombres con armas y vestimenta con el logo de una empresa de seguridad privada.
En entrevista, el asesor jurídico de Silver Corp., Daniel González, dijo que la seguridad privada en la zona es necesaria porque los trabajadores corren riesgo de ser violentados:
―Hay temas ideológicos y políticos detrás de la oposición, sumados a un gran desconocimiento de la actividad minera formal en el país. Respetamos las preocupaciones legítimas, pero nada justifica la agresión ni las amenazas contra personas de la comunidad que sí están de acuerdo con el proyecto. La oposición responde muchas veces a un manual histórico y estructurado contra proyectos extractivos —insistió González.
―Pero los hombres armados que estaban en el lugar dijeron: “Aténgase a las consecuencias” —se le aclaró al representante de la empresa.
―Es que trabajamos bajo estándares de calidad y seguridad industrial. Es propiedad privada, sin embargo, si entran, lo que se advierte es que tengan cuidado con la construcción ―dijo el vocero jurídico de Silver Corp.
González aseguró que el camino no es comunitario ni privado: “Son vías públicas existentes desde antes del año 2000. Son de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entidad con la cual tenemos convenios de mantenimiento”.
Cuando se subía por ese camino, uno de los habitantes de Las Naves resaltó que los criminalizan, “por denunciar que se toman nuestras vías y que nadie nos explica qué pasa ahí adentro”.
Al terminar el recorrido, los campesinos se preguntaron con sorpresa: “¿no que la empresa minera era canadiense?”
—Silvercorp es una compañía canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y Nueva York. Para nuestros paquetes de construcción abrimos concursos internacionales. La experiencia en minería en el país es casi nula, por lo que son licitaciones abiertas con componentes económicos y técnicos. En este caso, contratistas de nacionalidad china, que tienen experiencia, ganaron la licitación y desarrollan el trabajo civil —dijo por teléfono el vocero jurídico de Silver Corp.
Fausto Arechua explica por qué no están de acuerdo con la construcción de la mina en el cerro Piedra Negra. Video: Gabriela Verdezoto Landívar
Más de 50 investigaciones penales
Desde 2021, la Fiscalía y el sistema judicial ecuatoriano han abierto más de 50 procesos de investigación penal contra comuneros y líderes sociales, campesinos y pobladores indígenas de las provincias de Bolívar y Los Ríos por su oposición a la minería en Piedra Negra.
Las denuncias se dan alrededor de, al menos, ocho figuras delictivas: violación a la propiedad privada (la más recurrente), asociación ilícita, daño a bien ajeno, secuestro, robo, ataque y resistencia, lesiones e intimidación. La mayoría de las imputaciones conllevan penas privativas de libertad que oscilan entre dos meses y cinco años, a excepción del robo y el secuestro, cuyas condenas pueden ser mayores en función de los agravantes aplicados. Estos dos últimos delitos fueron los que se usaron contra Fausto Arechua y Daniel Sisa. Como ellos, hay otras personas que enfrentan causas judiciales.
“Me sentenciaron a cuatro años de prisión y 5000 dólares de multa por invasión a propiedad privada. Dijeron que había entrado a la casa de un comunero y que le había pegado. Imagínese que es un señor altote y que yo le he mandado cinco días a cama porque le he pegado. ¿Puede creer? Hasta risa da. De esa manera me acusaron”, cuenta María Ortega.https://www.youtube.com/embed/x4d0TeRYA-s?si=J0JVCJ5mC29meImF
María Ortega enfrenta un juicio penal y ahora sus dos hijos. Video: Gabriela Verdezoto Landívar
Así como Ortega, hay otros casos:
Deysi Yolanda Coles Toapanta, presidenta de la comunidad La Unión, está querellada por la empresa por no dejar pasar camiones por las vías comunitarias construidas en minga.
Miguel Arechúa Silva y Carlos Roberto Castro están denunciados por un presunto secuestro de miembros de la Policía Nacional durante protestas comunitarias.
Wilson Labitriano Riera Gavilánez es acusado por Curimining SA por supuesto daño a bien ajeno y querellado por lesiones por parte de empleados de contratistas mineras.
Oscar Mecías Gavilánez Rodríguez, habitante de Pasaje, fue procesado por el delito de violación a la propiedad privada.
Carlos Napoleón Yunapanta Tocta, poblador del recinto Selva Alegre, fue procesado y sentenciado en primera instancia a tres años de prisión privativa de libertad, bajo la acusación de asociación ilícita. El caso está en apelación.
Wilfrido Escobar, dirigente y agricultor de la zona, está querellado en las causas penales promovidas por la minera Curimining S.A.
En el informe “Criminalización de personas defensoras en el contexto ecuatoriano: Caso Las Naves”, publicado en mayo de 2026, el Observatorio de la Conflictividad Territorial del Ecuador (OCTE) plantea que, el extractivismo minero choca con las demandas campesinas, empeorando la situación al derivar en juicios y querellas para quienes se oponen a la actividad.
Frente a estas acusaciones de persecución y criminalización sistemática, los voceros de la empresa Silvercorp Metals Inc. sostienen una postura distinta. En la entrevista con Mongabay Latam, David González rechazó que exista una política de uso del derecho penal para la “criminalización de la protesta”.
“No se trata de persecución a defensores ni de buscar chivos expiatorios, sino de procesar hechos delictivos concretos de gravedad que han afectado la integridad de trabajadores y comuneros», dijo el representante de la compañía. «En 2021, enfrentamos situaciones de violencia radical en el proyecto, promovidas por grupos adversos. Tuvimos el caso de nuestro supervisor de seguridad que recibió disparos de perdigones —lo que motivó una causa por tentativa de asesinato— y la invasión violenta del campamento, por parte de más de 30 personas armadas que sometieron a guardias de seguridad privada usados como escudos humanos”, agregó.
Preocupación por las fuentes de agua
El día anterior a la visita al cerro Piedra Negra, los campesinos de Las Naves bajaron a la comunidad de Pasaje, en el cantón Ventanas. Allí una cooperativa de agricultores secan y empacan cacao para exportarlo a Japón y a Europa.
En la asamblea improvisada, una mujer susurraba: “Imagínese, si se encuentra una mínima traza de metales pesados en el agua de riego, ¡perdemos la certificación y nos vamos al carajo con nuestra producción!”.
En la entrevista con Mongabay Latam, el representante jurídico de la empresa Silver Corp, reiteró varias veces que no usan las fuentes de agua de los ríos que llegan a Pasaje, que en la zona donde están instalados los campamentos mineros “no nacen ríos” y que todo es parte de un discurso antiprogresista.
“Es más —dijo el abogado de la minera— no existe la Piedra Negra, ese cerro no tiene nombre”.
Los habitantes de Las Naves aseguran que la Piedra Negra era un pedazo de roca, incrustada en el cerro, que cada año se quemaba en época seca y se volvía negra.
Dentro del expediente de la Acción de Protección, presentada por 490 campesinos, consta el Informe Técnico No. MAATE-DZG-URH-ELSR-054-2023 de noviembre de 2023, emitido por la Dirección Zonal 5 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATTE). En ese documento se advirtió que el tajo de la mina afectaría la captación municipal de agua, de la que se abastecerían más de 1200 personas de Las Naves, y se recomendó no autorizar obras sobre el dominio hídrico público.
Este es uno de los documentos oficiales a los que se aferran los habitantes de Las Naves. “En el estudio está clarito que el proyecto sería dañino para la Piedra Negra”, dice Daniel Sisa. Él es uno de los 490 campesinos que firmaron la denuncia contra el Estado ecuatoriano, en donde solicitan revocar las licencias y autorizaciones hídricas del proyecto minero y declarar al ecosistema Piedra Negra como sujeto de derechos.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) brinda el acompañamiento jurídico a los cerca de 500 campesinos que firmaron la denuncia, pero en la organización hay preocupación.
Uno de los voceros de la CEDHU, advierte que la Ley de Transparencia Social, que entró en vigencia el 28 de agosto de 2026, puede volverse un instrumento de persecución para quienes apoyan las causas de los defensores ambientales. El artículo 4 del reglamento de dicha Ley dice que la sanción fijada para organizaciones de la sociedad civil, cuyas actividades puedan “obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”, es la suspensión jurídica por un periodo de cuatro años.
Pese al informe técnico de noviembre de 2023, el MAATE autorizó el proyecto minero. Mongabay Latam envió un correo al ministerio para solicitar una entrevista. Hasta el momento de la publicación no se tuvo respuesta.
«Nuestra área de implantación actualmente es de 290 hectáreas; la concesión es de 1452 hectáreas», dijo en entrevista el abogado de Silver Corp, quien agregó que no toda la concesión está ni va a ser intervenida. «Esto tiene un asidero no sólo legal sino técnico. ¿Cuál era el error del informe técnico? Asumir que toda el área de la concesión era el área de implantación del proyecto. Lastimosamente el criterio de la persona que estuvo a cargo del informe tuvo falta de información».
El abogado afirmó que «en la coordinación zonal de Guayaquil era la primera vez que se topaban con un proyecto de esta naturaleza y eso generaba desafíos técnicos. En la zona donde se ubica el proyecto no hay ninguna zona de recarga hídrica».
―En fotos y videos incluidos en la Acción de Protección contra el proyecto, se mira al río Nave Chico de color marrón intenso. Los habitantes aseguran que, de arriba, de la parte del campamento minero, viene todo ese sedimento— mencionó Mongabay Latam en la entrevista con el representante de la empresa.
―En una zona de alta pluviosidad como Las Naves, los deslizamientos en masa por causas climáticas naturales son frecuentes y generan sedimentación en los ríos, de forma totalmente independiente de la mina ―argumentó el abogado González.
Cuando el abogado dio su respuesta, no llegaban aún las lluvias torrenciales en la costa ecuatoriana que, en octubre de 2026, fueron las más fuertes de los últimos 30 años. El 15 de octubre, esas lluvias hicieron que el río Nave Chico pasara con fuerza e inundara casas y cultivos.
―Mire, así lodoso está bajando el río Nave Chico. Claro que ha habido crecidas en otros años, pero nunca así con esta cantidad de lodo ―dirá Arechua.
Doce días después de la visita a Las Naves, Fausto Arechua está en la ciudad de Quito, en un barrio residencial en las afueras de la capital de Ecuador. Allí se encuentra el Complejo Judicial de Tumbaco, donde se lleva el caso de Acción de Protección impuesta por casi 500 habitantes de Las Naves contra el Estado ecuatoriano y la empresa minera (como tercera interesada), por violación a los derechos de la naturaleza al construir una mina en zona de recarga hídrica y bosque primario de ceja de montaña.
Son las nueve de la mañana. Alrededor de ocho personas están en el parterre frente al Complejo Judicial. Salieron a las 11 de la noche del día anterior de Las Naves, para acompañar a quienes comparecen ante el juez en esta demanda.
Fausto Arechua estira con prolijidad una soga entre dos árboles para colgar los carteles que acompañan su lucha: “El Cantón Las Naves no se vende. Se cuida y se defiende”, “NO a la minería”, “Defendemos nuestra agua y nuestras tierras”.
Debajo de los carteles hay cacao, al menos 10 manos de verde (racimos del plátano), unas 300 naranjas y decenas de pitahayas. “Y eso que no trajimos todo lo que se da”, dice una de las mujeres de Las Naves que viene a Quito a todas las audiencias.
Los habitantes de Las Naves están sentados, conversando entre la bulla de los autos que pasan a toda velocidad. “Nos preocupa el agua, ¿qué van a decir nuestros hijos y nietos si hoy no estamos aquí? ¿Nos reclamarán que no hicimos nada ni defendimos nuestra tierra?”, dice otra mujer.
Han pasado varias horas y el grupo de Las Naves que rechaza los impactos de la minería sigue afuera del edificio de Justicia. Algunos conductores hacen sonar sus claxons como forma de apoyo.
“Si el campo no produce, la ciudad se muere”, dice otro de los manifestantes, mientras se mantiene arrimado a un árbol raquítico, en busca de sombra. “Hasta ellos, los mineros, comen de lo que produce la tierra”, se oye decir a otra persona.
Fausto Arechua se acerca al grupo, saca su teléfono celular y con el mismo interés con el que los padres enseñan las fotos de los hijos, muestra videos del río Nave Chico. Menciona que eso ya no es río sino “tierra lodo”.
El 28 de octubre de 2026, la Justicia ecuatoriana decidió no aceptar la Acción de Protección presentada por los 490 campesinos porque no halló vulneraciones a los derechos de la naturaleza.
Horas después de esta decisión que, en palabras de los agricultores de Las Naves, “fue una triste y dolorosa noticia”, medios de comunicación nacionales anunciaron la apertura, en julio de 2027, de la tercera mina industrial del Ecuador, justamente a la que se opone la gente en Las Naves. Se calcula que procesarán 1850 toneladas de material por día.
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Fotografía: Mongabay. la población Las Naves, en Ecuador, denuncia la posible destrucción de sus fuentes hídricas por una minera a cielo abierto. Foto: Sebastián Ocaña