Por: Jesús Vázquez. 04/06/2026
El turismo comunitario y la compensación de emisiones de carbono son actividades que permiten a estas comunidades de Baja California Sur, Campeche y Querétaro generar ingresos y desarrollo económico para sus habitantes sin amenazar sus ecosistemas.
Comprar, usar, tirar, repetir. Viajar, visitar, instagramear, repetir. El consumo agota al planeta. Sin un volantazo, para 2050 se requerirán tres Tierras para satisfacer la demanda, acorde con la ONU.
Y no solo es la producción. Luego de la pandemia covid-19, el turismo repuntó. En 2025, 1,523 millones de personas viajaron por el globo. En contraste, en 2016, los viajeros fueron 1,246 millones, según datos de ONU Turismo.
Hablar de modelos económicos alternativos se vuelve urgente a solo cuatro años del 2030, momento fijado por la ONU para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar la prosperidad global. Ante una sociedad paralizada y Estados inoperantes, comunidades en México dejaron de hablar y pasaron a la acción.
RED de Turismo Sustentable y Desarrollo Social A.C.
En una granja acuícola (sitio destinado al cultivo de diversas especies marinas) de Baja California Sur la jornada no concluye cuando se extrae el marisco del agua. El productor recibe a visitantes y al tiempo que los atiende, los educa. Les muestra cómo el pez o el molusco crecen gracias a la conservación de los ecosistemas.
Al final de la experiencia, el visitante se sienta a la mesa para probar una receta regional, cocinada con ingredientes extraídos de una zona de refugio pesquero que genera especies que solo habitan allí. El turista paga, disfruta, y a su vez financia una trinchera ecológica.
Esta viñeta es el resultado de una meticulosa gestión comunitaria. La RED de Turismo Sustentable y Desarrollo Social A.C. lleva más de 14 años edificando, junto con habitantes de La Paz, Sierra La Laguna y Loreto, modelos de negocio que les signifique ingresos, sin comprometer su entorno.
Diego Correa, coordinador de economía sustentable de RED, explica que la asociación acompaña y asesora a grupos que están desarrollando proyectos, especialmente de turismo comunitario.
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RED colabora en un diagnóstico participativo enfocado en identificar atractivos y recursos territoriales, ambientales y sociales; luego de esto, propone temas y capacitaciones que se dialogan con los grupos, quienes deciden cómo se trabajará según interés y necesidad.
Danielle Barriga Guijarro, coordinadora de turismo para la conservación de RED, explica que trabajan junto con los microemprendimientos para garantizar buenas prácticas turísticas. Estas incluyen normativas, como el principio de no dejar rastros, dirigido tanto al público general como a los productores (como las granjas acuícolas).
Han acompañado procesos de planificación, a menudo en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), utilizando metodologías como el límite de cambio aceptable y la capacidad de carga turística, conceptos que sirven para determinar qué actividades turísticas se pueden hacer, cuáles no y en dónde.
«El problema que veo en quien visita es que justo llega al destino más por querer tomarse la foto», señaló Danielle Barriga.
Entiende que no se debe a una actuación con dolo. Las personas, antes de viajar, son bombardeadas con la imagen de postales paradisíacas, en ocasiones de áreas protegidas, lo que les incita a hacer un turismo de colección fotográfica, sin considerar que hay zonas inaccesibles por el bien de los ecosistemas.
Este es justo uno de los complementos del negocio turístico. En paralelo, algunos grupos de las comunidades de la península de Baja California, dedicados a la restauración y conservación, obtienen ingresos mediante donaciones y subvenciones, o presentan cursos y talleres de educación respecto a los tipos de manglares y su importante función dentro de ciertas áreas.
Alianza Peninsular Comunitaria
A bordo de un kayak, un visitante navega por los laberintos de la Laguna de Términos, en Campeche, mientras su guía le explica cómo las raíces zancudas del mangle rojo actúan como un riñón natural que filtra hasta 60 puntos de salinidad.
En el desembarco, el prestador de servicios educa al foráneo sobre las aves migratorias que dependen de esa misma frontera líquida. ¿Les suena familiar la escena? Con sus variaciones, la Alianza Peninsular Comunitaria promueve un estilo de turismo comunitario similar al de RED, solo que en los estados peninsulares del sureste como Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En lugares como Isla Aguada, en Campeche, conviven cooperativas de la Alianza, como La Fragata o Isla de Pájaros.
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Isla de Pájaros es liderada por Lorena Benítez, una mujer con tesón y voz firme. Arrancó en 2003, aunque no como un negocio, más bien como una iniciativa de limpieza de playas y calles. La protección ambiental se convirtió pronto en su bandera y las cosas en casa cambiaron. Inició con el cambio de hábitos de los pescadores locales, quienes solían utilizar plásticos y nylons que terminaban contaminando el mar.
Bajo una escuela de la apropiación del territorio y el aprendizaje empírico, Lorena habla de un modelo que identifica el valor de los recursos de Isla Aguada como las anidaciones de tortugas para ofrecer experiencias turísticas sin afectar los recursos de las siguientes generaciones.
«Al turismo tradicional no le importa devastar manglares, meter maquinaria en la orilla de la playa», espetó Lorena.
La cooperativa ofrece recorridos de observación de delfines en lanchas con diseños propios. Antes de partir, advierten a los visitantes que están en un área natural protegida (ANP) y les exigen llevarse su basura.
Además, realizan brigadas de limpieza en arenales y manglares, e impusieron el uso de motores de cuatro tiempos en sus embarcaciones, mitigando la contaminación acústica y los derrames de aceite.
Por su parte, la cooperativa La Fragata, liderada por Santiago Felipe Puch, se integró a la Alianza buscando fortalecer su modelo mediante redes regionales. Su filosofía es que el turismo debe organizarse desde las necesidades de la comunidad y no centrarse únicamente en el negocio individual.
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Su enfoque busca devolver al territorio la oportunidad de recuperarse de la intervención humana. La Fragata ofrece servicios de observación de delfines nariz de botella y tours en kayak por las zonas de manglares amenizados con charlas sobre los cuatro tipos de mangle de la región: rojo, negro, blanco y botoncillo.
Desde 2022, han intervenido zonas de mangle abriendo arroyos para recuperar los flujos hídricos, esfuerzo que propició un retorno significativo de flamencos a la comunidad, un bioindicador del éxito de sus acciones de restauración.
Junto con la actividad turística, gestionan una zona de refugio pesquero, vital para la reproducción de especies marinas. Ante los escasos apoyos económicos, la cooperativa encontró en la siembra de 40,000 semillas de ostión y su posterior venta una manera de financiar la investigación científica que ayuda a proteger su ecosistema.
Grupo Ecológico Sierra Gorda
En la Sierra Gorda queretana, Martha Isabel “Pati” Corzo atestiguó la pérdida de la mitad de su reserva forestal. Durante 25 años, el Grupo Ecológico Sierra Gorda, el cual preside, plantó 6 millones de árboles bajo la directriz de personas que priorizaron el monocultivo de pino.
La homogeneidad biológica facilitó la propagación del gusano barrenador y secó la madera desde su interior. La lección fue que el ecosistema necesita diversidad, no plantaciones uniformes, para resistir plagas.
Tras la pérdida, la organización buscó financiamiento en los protocolos climáticos internacionales, todo un lío, pues las reglas resultaron inoperantes en el territorio. Para ejemplificar, algunas normativas exigían a campesinos de la tercera edad firmar contratos de mitigación a 100 años y establecer 300 sitios de monitoreo topográfico por predio en montañas agrestes de medidas inconmensurables.
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Ante estas barreras, el grupo presentó el carbono biodiverso, un protocolo de captura de emisiones diseñado por la organización, atendiendo necesidades específicas de las localidades. El mecanismo se registró en la ONU bajo la categoría de Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés).
A nivel estatal, el protocolo opera mediante el Sello Querétaro, una política pública de recaudación. Las empresas pagan un impuesto por emisión de gases y tienen la opción de canalizar el 20% de ese gravamen a los propietarios de predios en la Sierra Gorda. El producto de este pago es la aplicación del carbono biodiverso.
El mecanismo funciona mediante el pago de compensaciones a los dueños de los terrenos a cambio de retirar el ganado. Al sacar a las vacas, se detiene el consumo del sotobosque y se inicia la regeneración forestal mediante el crecimiento de múltiples especies botánicas, al tiempo que un software registra y cuantifica la captura de carbono de esta vegetación.
De los fondos obtenidos, el 80% se transfiere directamente a los dueños de los bosques; por ello, estos son los principales interesados en la conservación de su entorno. El 20% restante se reinvierte para el manejo de la reserva y financiar proyectos de infraestructura comunitaria.
En el rubro de manejo de residuos, los fondos impulsan 155 centros de acopio, coordinados por 11 módulos principales ubicados en el municipio de Jalpan. Esta red acopia, clasifica y compacta 10,000 toneladas anuales de vidrio, cartón y plástico para su envío a recicladoras. Incluye una torre compactadora de automóviles para el retiro de chatarra vial.
En el área hídrica y de saneamiento se instalaron 97 tanques de captación de agua de lluvia, cada uno con capacidad de almacenamiento de 75,000 litros y 24 cámaras biológicas que procesan los desechos de las carnicerías locales, como sangre y vísceras, transformados en biofertilizante en un periodo de tres meses para su posterior comercialización.
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Fotografía: Wired. La comunidad como pilar de modelos económicos alternativos en México