Por: Mario Villar. 20/04/2021
En buena parte del planeta, en 57 países en vías de desarrollo, casi la mitad de las mujeres (45 %) siguen sin poder ejercer su derecho a la autonomía corporal y se ven privadas de tomar decisiones sobre negarse a mantener relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos o solicitar atención médica, según concluye un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
“En todo el mundo hay mujeres y niñas a las que no se permite asumir el control de sus cuerpos y de sus vidas”, señala la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem, con motivo de la publicación del informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, que este año tiene el lema “Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación”.
El derecho a la autonomía corporal se ve violado cuando se practica a una niña la mutilación genital, cuando se fuerza a una mujer a abortar, cuando un hombre la deja embarazada en contra de su voluntad, cuando es violada o cuando se le hace una llamada prueba de virginidad, explica Kanem como parte de una larga lista de abusos que son habituales.
Solo el 55 % de las mujeres en 57 países tienen autonomía corporal plena
El estudio del UNFPA, sin embargo, analiza principalmente tres cuestiones: si la mujer puede decir que no a relaciones sexuales, si puede decidir sobre anticonceptivos y si puede decidir sobre atención médica, aunque también incluye otros, como el matrimonio infantil o la esterilización forzada.
Según el informe, que se basa en datos de 57 países en vías de desarrollo (que representan una cuarta parte de la población mundial), únicamente el 55 % de las mujeres están plenamente empoderadas para tomar sus propias decisiones en esos tres ámbitos.
Esos porcentajes, sin embargo, varían de forma importante entre regiones, en África Central y Occidental menos de un 40 % de mujeres ven respetado su derecho a la autonomía corporal. Y en tres países del África Subsahariana -Mali, Níger y Senegal- menos de un 10 % de las mujeres pueden tomar todo tipo de decisiones autónomas sobre su cuerpo, según el estudio.
En algunos países, como Mali, el informe muestra que una clara mayoría de mujeres decide sobre anticonceptivos, pero apenas un 22 % puede hacerlo a la hora de buscar cuidados médicos y una de cada tres puede rechazar relaciones sexuales, lo que hace que quienes ven respetados sus derechos en las tres áreas sean muy pocas.
En Latinoamérica y el Caribe una de cada 4 mujeres no tiene autonomía corporal
Los países de América Latina y el Caribe aprueban en los tres primeros factores con una media del 90 % de mujeres con acceso a salud, anticonceptivos y relaciones sexuales libres. En la contra está la tasa de embarazos adolescentes, el matrimonio infantil o la falta de educación sexual, que los hace caer hasta el 74 %.
Eso significa que el 26 % de las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo en los 7 países estudiados para este indicador: República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Panamá.
Harold Robinson, director regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, afirma en una entrevista con Efe que “Latinoamérica aparece en los datos que existen con un rezago significativo”, con niveles altos de embarazo adolescente: 61 niñas embarazadas de 15 a 19 años por cada 1.000.
Para Robinson la raíz del problema es la inequidad “frente a sus parejas, frente a sus propias familias y a la sociedad” y asevera que en la región “hay carencias legales y carencias en las prácticas culturales”.
Además, según el estudio, que toma datos entre 2007 y 2018, el porcentaje de matrimonios infantiles en la región es del 25 %, lo que afecta a una de cada cuatro niñas. “Significa que el 25 % de la población de la región está exponiendo su salud y comprometiendo sus opciones futuras”, afirma por su parte Neus Bernabeu, asesora de Género y Juventud de UNFPA en América Latina y el Caribe, durante la presentación regional del informe.
El UNFPA, en todo caso, reconoce que los datos son muy básicos y tienen carencias, por lo que pueden no reflejar con total exactitud la realidad, aunque sí ofrecen una aproximación.
Un informe “histórico” y “revolucionario” sobre autonomía corporal
Para la doctora sudanesa Nahid Toubia, activista contra la mutilación genital femenina, se trata, en todo caso, de un informe “histórico” y “revolucionario” que pone una nueva mirada sobre problemas que la mujer sufre desde siempre.
“La pregunta es, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, año 2021, ¿cómo podemos aceptar que un ser humano pueda ser propiedad de otro ser humano? Creíamos que esa idea se había quedado en el siglo XIX (…), sin embargo cuando se trata de mujeres (…) pueden ser de otros”, denuncia Toubia.
La situación, según el UNFPA, ha empeorado además durante la pandemia de la COVID-19 debido a los confinamientos y a las dificultades para acceder a servicios de salud y de planificación familiar.
Problemas legislativos
El informe analiza además las políticas en vigor en estos países y destaca que un 25 % de ellos no asegura legalmente acceso igualitario a anticonceptivos o que un 20 % no tiene normas para apoyar la salud sexual.
Además, pone sobre la mesa legislaciones que siguen infringiendo los derechos de la mujer, entre ellas las llamadas leyes conocidas como “casarse con su violador”, en vigor en veinte países o territorios y que establecen que un hombre puede evitar que le persigan por una violación si se casa con la víctima.
Como en Bolivia, República Dominicana o Venezuela, donde, según el estudio, existen leyes que permiten a los hombres condenados por violación eludir la condena si se casan con las mujeres.
También recuerda que hay 43 países que no tienen legislación contra las violaciones dentro del matrimonio y que hay más de treinta estados que restringen la libertad de las mujeres de moverse fuera del hogar.
“Todas las sociedades tienen que hacer más para lograr la igualdad de género. Ningún país está ahí todavía. Los gobiernos tienen que tener un papel de liderazgo cumpliendo con sus obligaciones bajo los tratados de derechos humanos. Los gobiernos pueden alterar las estructuras sociales, políticas, institucionales y económicas que refuerzan normas desiguales por género”, defiende Kanem.
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Fotografía: Efeminista