Por: MIGUEL FADRIQUE, VÍCTOR DE LA FUENTE. 21/07/2022
En los últimos meses, el aumento de la inflación ha atacado con dureza las condiciones de vida de la clase trabajadora, mientras los beneficios de la clase empresarial no cesaban de aumentar. Esta tendencia ha ido acompañada de un aumento de luchas obreras, muchas veces invisibilizadas por al prensa oficial. De Cádiz a Santander, pasando por Sevilla, Valencia, Lugo, A Coruña y Bizkaia se suceden los conflictos en el sector industrial. No es casualidad: si bien el conjunto de la clase trabajadora sufre el ataque a los salarios, en un periodo de reflujo político es normal que la resistencia comience en los sectores con mayor recorrido histórico de organización sindical, como sucede en el sector industrial. Para nada, es este uno de los sectores donde más intenso se hace el dominio del capital y por lo tanto más profunda se hace la posibilidad de respuesta obrera ante una inflación que supera por primera vez el 10% desde 1985. Estos conflictos forman la avanzadilla del profundo conflicto que se esconde tras la inflación, que no es otro que el reparto de rentas entre el capital y trabajo.
El aumento de la inflación es sin duda un acontecimiento global, que atraviesa al conjunto de las sociedades, batiendo los récords de las últimas décadas. Una situación que, como apuntan todos los análisis serios, viene determinada por una acumulación desmedida por parte de las rentas del capital, a causa principalmente del ascenso del coste de la energía, de determinadas materias primas y la especulación. Por lo tanto, lejos de tratarse de un fenómeno natural como “la lluvia”, deberíamos reconocerlo como un mecanismo del capital para exprimir al máximo potenciales beneficios. Los empresarios no dudan en trasladar a los precios en el mercado para recuperar beneficios, es decir, la inflación no es un accidente sino parte esencial del desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, para combatir la inflación debemosponer sobre la mesa el punto de vista de la clase trabajadora.
Y es precisamente en ese punto de vista donde la clase trabajadora debe dar un golpe encima de la mesa, al igual que se está haciendo en el sector industrial de diferentes provincias, y no dejarse encauzar por donde el Gobierno y las direcciones de los sindicatos mayoritarios nos quieren llevar, que no es otra que una subida mínima de los salarios, muy alejada del aumento de la inflación, algo que tanto Calviño como sus antecesores llevar amasando desde hace años, llegando a construir un escenario en el que el mero hecho de que sectores o plantillas que pidan algo tan simple, lógico y básico como es la subida de su salario en base al aumento del IPC, hace ver, gracias a la complicidad de ciertos medios de comunicación, a estas plantillas y sectores como desfasados o hasta alejados de la realidad.
¿De dónde venimos?
El capitalismo hispano arrastra un declive claro de la tasa de rentabilidad. Los empresarios han respondido a esta situación aumentado la explotación del trabajo y el aumento de sus ganancias mediante la devaluación salarial. Los datos son claros. El pasado año el incremento salarial pactado apenas alcanzó el 1,47% y afectó únicamente a 8,3 millones de trabajadoras y trabajadores. El problema es de fondo: si en 2008 el 70% de los asalariados formaba parte de un convenio colectivo que contaba con cláusula de garantía salarial, revisando anualmente el salario el función del IPC, a día de hoy los convenios sectoriales apenas cubren a 3,5 millones de personas asalariadas, de los cuales solamente 1,2 millones cuentan con estas clausulas de actualización salarial. Esto es resultado directo de las reformas laborales aprobadas por el PP y el PSOE. Un aspecto que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha mantenido intacto, con su “no derogación” de la reforma laboral.
Un ejemplo claro de lo que puede llegar a afectar la clase trabajado esta “no derogación” de la reforma laboral, es la situación del sector del auto, en la que empresas como Renault, eje fundamental de la economía de ciudades como Valladolid y Palencia, ejecuto a sus plantillas una congelación salarial durante 2021 y 2022, afectando, solo en 2022 en un 700 euros anuales de media a cada trabajador. Permitir este tipo de medida afecta a la economía circular de cientos de pequeños negocios de esas localidades, cuyo futuro, entre el aumento de precios de las materias primas y el menos consumo de la ciudadanía al tener esta menos poder adquisitivo, está abocado el cierre.
La clase empresarial busca una devaluación salarial que le permita lograr, aunque sea parcialmente, restaurar la tasa de beneficio. En ese sentido, las soluciones propuestas por el establishment progresista no se diferencian en absoluto de las propuestas por la patronal.
Periodistas afines al gobierno como Enric Juliana apelan a momentos históricos donde las contradicciones entre el capital y el trabajo fueron resueltas a base de someter a la clase trabajadora para garantizar el sostenimiento del orden económico y político. Como recuerda Juliana, los Pactos de la Moncloa constituyen los cimientos sobre los que se erige la Transición y el Régimen del 78. Su explicación viene a justificar que si hace más de 40 años la clase trabajadora se sacrificó renunciando a subidas salariales y mejores condiciones laborales cuando la inflación caminaba al 30%, hoy debe volver a sacrificarse para salvaguardar el actual sistema político.
Como hemos explicado, el objetivo de la clase política y empresarial es evitar por todos los medios que sean los beneficios empresariales quienes carguen con el precio de la inflación. Frenar cualquier posibilidad del incremento de los salarios es entonces un requisito para cumplir con este objetivo. Esto es lo que esconde la propuesta de un “pacto de rentas”.
Es, cuanto menos, llamativo que quienes se dicen de izquierdas hayan renunciado a dar la pelea por garantizar que no pierda la clase trabajadora. El precio del combustible no deja de crecer, mientras la cesta de la compra no deja de encarecerse y los alquileres no frenan su ascenso: la única propuesta del gobierno es decirnos que “todo va bien”.
¿Cómo respondemos a la situación?
La pelea central es quien paga la inflación: si la pagan los trabajadores y trabajadoras o si la pagan los empresarios. En función de la fuerza social de cada parte, el del incremento de precios se deslizará hacia uno u otro agente. Las huelgas que estamos viendo estos meses, y que continuarán, en todo el Estado son una respuesta incipiente ante esta lucha abierta.
Es sobre esta punta de lanza que representan las trabajadoras y trabajadores del sector industrial sobre la cual podemos plantear seriamente una orientación global de lucha social y sindical, que recupere la reclamación por la actualización automática de todos los salarios y pensiones en función del IPC y que permita ir integrando al conjunto de la clase trabajadora a este conflicto que va a ser decisivo durante los próximos meses. Una medida que conecta a la perfección con el encarecimiento objetivo de la vida y, especialmente, con la percepción subjetiva de millones de trabajadoras y trabajadores que ya lo sentimos en nuestros bolsillos. Enarbolar una hoja de ruta en torno a este objetivo plantearía un serio problema para la clase empresarial y nos permitiría dar un paso adelante, recuperando la confianza en nuestras propias fuerzas, incorporando al conjunto de la población trabajadora a una respuesta social ante la degradación de las condiciones de vida. Unificar la lucha por la subida de las pensiones y los salarios hoy, nos permitirá afrontar la evidente batalla que se va a dar en los próximos meses y va a redefinir los años venideros. En ese sentido, es la obligación de todas las organizaciones sociales y políticas comenzar a unirse en ese terreno. Por nuestra parte, nos pondremos a ello, luchando por imponer la socialización de los beneficios empresariales, el control social de los precios y aumentos salariales y en las pensiones en función del IPC, algo tan básico y tan sencillo de entender hace unos años, pero que como ya hemos explicado antes, es tan difícil de exponer y de exigir en la actualidad, que seguramente nuestra primera tarea sea esa, la de convencer a una gran parte de la clase trabajadora de que las medidas del gobierno y las medidas empresariales, nos hacen perder dinero y empobrecernos año tras año.Sabemos que el gobierno y los empresarios no nos regalarán nada: la mejor manera de defender nuestros salarios es pasar a la ofensiva.
Miguel Fadrique es Secretario General del sindicato CGT (Confederación General del Trabajo)
Vícto de la Fuente es Militante de Anticapitalistas
10/07/2022
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Fotografía: Viento sur