Por: Alma Jessica Arciniega Soto, Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza. Universidad Pedagógica Nacional- Ajusco. 22/02/2025
El 4 de febrero de 2025, Fátima Mayte Zavala, una adolescente de 13 años, presuntamente cayó desde el tercer piso de la secundaria diurna 236 en Iztapalapa, Ciudad de México. Su padre, Juan Zavala, y su madre, María Fernández, han sostenido desde el primer momento que no fue un accidente, que a su hija la empujaron. El motivo: el acoso escolar (bullying) que sufría desde hace meses y que no se limitaba a las aulas ni a los pasillos de la escuela. Las burlas y amenazas se extendían a plataformas digitales, donde era víctima de ciberacoso. Su afición al K-pop[1], la cultura coreana, el dibujo, su apariencia y su carácter reservado la convirtieron en blanco de burlas, agresiones y aislamiento por parte de sus compañeros. Aunque la familia denunció la situación ante la institución, formalizando la queja el 13 de diciembre de 2024, las acciones tomadas no fueron suficientes para protegerla[2].
El subdirector de la escuela atendió la situación de manera intuitiva, sin seguir ningún tipo de protocolo: reunió a estudiantes, profesoras y profesores para hablar “del problema”, intentar sensibilizarles y canalizó a Fátima a la Clínica de la Adolescencia del Hospital Materno Infantil de Inguarán. ¡Basta con echar un vistazo a lo que está sucediendo para saber que las medidas implementadas fueron insuficientes! Nadie hizo nada para garantizar su seguridad. ¿Cuántas veces más deberá repetirse la misma historia antes de que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo?
Desde el primer momento, la escuela y las autoridades trasladaron el problema a Fátima, sin investigar a fondo a lxs agresores ni tomar medidas efectivas para detener la violencia. La enviaron a recibir atención psicológica, pero ¿qué sucedió con quienes la violentaban? ¿Por qué no se activaron protocolos de intervención? ¿Por qué se responsabiliza a la víctima mientras la impunidad protege a quienes ejercen violencia? Responsabilizar a la víctima significa centrar la atención en su conducta, su personalidad o sus supuestas vulnerabilidades como la causa del acoso, en lugar de enfocarse en quienes lo ejercen y en la falta de acciones para detenerlo. En este caso, la respuesta institucional giró en torno a “ayudar” a Fátima a afrontar la situación, pero no a transformar las condiciones que permitieron que la violencia continuara.
Las respuestas de las autoridades educativas son por demás indignantes. Dos días después del suceso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a la escuela tres talleres sobre Prevención de la violencia entre iguales y la Ley de Cultura Cívica, en un intento por mostrar un compromiso con la sensibilización. Acciones tardías, insuficientes. La prevención no puede reducirse a cursos reactivos cuando la inacción institucional permitió que la violencia escolar se enraizara hasta volverse casi letal. ¿Es realmente la solución más capacitaciones simbólicas, o es necesaria una transformación estructural en la forma en que las escuelas atienden estos casos?
El papel de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su titular, Mario Delgado, no es menos cuestionable. El 6 de febrero, Delgado declaró que la niña estaba fuera de peligro, mientras su padre informaba que su estado de salud era grave. Dos semanas después, el mismo funcionario aseguró que “no hay elementos para definir cómo sucedieron los hechos”, aunque al mismo tiempo afirmó, sin pruebas, que Fátima no fue empujada dentro de la escuela[3]. ¿Sobre qué bases hace estas afirmaciones? ¿Por qué la SEP prioriza exculpar a la institución antes que investigar a fondo lo ocurrido? ¿A quién protege realmente el sistema educativo cuando ocurren este tipo de tragedias?
El caso de Fátima no es excepcional. En las escuelas mexicanas, la violencia escolar, el bullying y la negligencia institucional son parte de la cotidianidad. Cuando un estudiante denuncia agresiones, la respuesta de las autoridades suele ser burocrática, superficial y, en muchos casos, revictimizante. Se minimizan los testimonios, se aísla a las víctimas con la excusa de brindarles apoyo psicológico y, cuando ocurre una tragedia como esta, se niega la responsabilidad institucional. ¿Por qué la escuela no asume su rol como espacio seguro? ¿Por qué se siguen permitiendo omisiones que terminan en desgracia?
El bullying no es un fenómeno aislado ni una cuestión de “algunxs niñxs problemáticxs”. Es un síntoma de un sistema educativo que normaliza la violencia y que, en lugar de atender sus causas estructurales, las oculta bajo discursos de convivencia y resiliencia individual. No se trata solo de agresores y víctimas, sino de una estructura institucional que no previene ni sanciona la violencia de manera integral y efectiva. ¿Qué pasa con lxs docentes que prefieren mirar hacia otro lado por miedo a represalias administrativas? ¿Por qué las direcciones escolares priorizan la imagen institucional sobre la seguridad de sus estudiantes?
Hay que reconocer que lxs agresores también son producto de un sistema que perpetúa la violencia. Son niños, niñas y adolescentes que han crecido en entornos donde la agresión es una forma aceptada de interacción y donde la autoridad, en lugar de intervenir, normaliza el abuso. ¿Cómo se espera que el problema desaparezca si la escuela y el Estado no generan espacios de prevención e intervención temprana? ¿Cómo romper el ciclo de violencia si las instituciones insisten en castigar sin comprender, en sancionar sin transformar?
Las instituciones educativas han convertido las acciones de prevención en un acto performativo. Se implementan programas contra el bullying que existen solo en papel, mientras lxs docentes carecen de herramientas y formación real para atender la violencia entre estudiantes. Se canaliza a las víctimas a servicios de salud mental sin modificar las condiciones escolares de riesgo. Y cuando ocurre un caso como el de Fátima, la estrategia de las autoridades es clara: diluir responsabilidades, esperar que el escándalo se apague y continuar con la simulación de siempre.
Este no es solo un problema de una escuela, ni de una familia, ni de un grupo de estudiantes. Es un problema estructural con múltiples aristas: la negligencia institucional, la impunidad en la gestión escolar que permite que el acoso continúe sin consecuencias, la falta de formación docente en prevención de la violencia, la ausencia de protocolos efectivos y el discurso oficial que insiste en responsabilizar a las familias antes que asumir su propia incapacidad. ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo que la omisión cueste vidas? ¿Qué medidas se necesitan para que la prevención no sea solo un eslogan vacío, sino un compromiso real con la seguridad de las infancias y adolescencias?
Hablamos de impunidad porque, una y otra vez, quienes ejercen violencia dentro de las escuelas no enfrentan ninguna consecuencia real. No se investiga a fondo a lxs agresores, no se sancionan sus acciones ni se implementan medidas que garanticen que no volverán a violentar. La falta de protocolos efectivos y la negligencia de las autoridades generan un ambiente en el que el acoso escolar es permitido, normalizado y, en muchos casos, protegido por el silencio institucional.
Hoy, el caso de Fátima exige respuestas, pero también justicia. No basta con que las autoridades declaren su preocupación ni con que organicen talleres después de los hechos. Se requiere un cambio profundo en la forma en que se concibe la responsabilidad educativa frente a la violencia. Porque cada día que pasa sin acciones contundentes, la escuela sigue siendo un espacio de impunidad. ¿Cuántas Fátimas más serán necesarias para que eso cambie?
Este caso es el reflejo de un sistema que, a pesar de los discursos oficiales sobre seguridad y bienestar estudiantil, sigue sin garantizar condiciones mínimas de protección para la infancia. ¿Cómo es posible que, en un entorno que debería ser seguro, se permita la violencia hasta consecuencias irreparables? ¿Qué papel juegan las instituciones cuando su respuesta es evasiva y tardía?
A nivel político, la falta de transparencia y acción efectiva por parte de la Secretaría de Educación Pública y otras instancias gubernamentales refuerza la crisis de credibilidad institucional. Las respuestas suelen llegar tarde y en forma de medidas reactivas que, lejos de resolver el problema de fondo, buscan disipar la indignación pública. Es evidente que las políticas de protección infantil y juvenil siguen siendo insuficientes y que la prevención de la violencia en las escuelas se ha convertido en un tema secundario para las autoridades. Si bien existen programas de convivencia escolar y cultura de paz, su implementación es deficiente y carece de mecanismos reales de seguimiento y sanción.
En el ámbito social, este caso ha generado una legítima indignación que se traduce en exigencias de justicia y en una creciente desconfianza hacia el sistema educativo. Las madres y padres de familia se enfrentan a un dilema preocupante: ¿cómo confiar en una escuela donde el bullying puede ser ignorado o minimizado? Por un lado, saben que la educación es un derecho fundamental de sus hijas e hijos, pero por otro, temen que la falta de acciones efectivas para prevenir la violencia los deje expuestos a riesgos similares. En este contexto, la revictimización se vuelve un problema latente: la familia de Fátima y la comunidad escolar no solo enfrentan el dolor de la pérdida, sino también el silencio institucional, la falta de respuestas claras y la carga de tener que demostrar, una y otra vez, que la violencia existió y que pudo haberse evitado.
Es importante reconocer que existen docentes y directivos comprometidos con la seguridad y el bienestar de sus estudiantes, pero sin el respaldo de una política educativa firme, sus esfuerzos terminan siendo acciones aisladas dentro de un sistema que no responde con la urgencia necesaria.
Desde la perspectiva educativa, el caso de Fátima revela un fracaso en la implementación de protocolos para la atención y prevención de la violencia escolar. Aunque en el papel existen lineamientos claros, la realidad es que muchas escuelas no los aplican o lo hacen de manera deficiente. Además, la formación docente en esta materia sigue siendo limitada, dejando a lxs profesores con pocas herramientas para intervenir eficazmente ante casos de acoso y agresión. Es momento de reconocer que el bullying y la violencia escolar no son problemas individuales, sino síntomas de una estructura que permite y reproduce dinámicas de exclusión y agresión.
Para evitar que casos como este se repitan, no basta con discursos de condolencias ni con medidas temporales que solo buscan contener la crisis mediática. Es urgente que las autoridades educativas implementen un sistema de prevención real, con protocolos eficaces y sanciones claras para quienes incumplan su responsabilidad. Esto implica garantizar la capacitación continua del personal docente y administrativo, fortalecer los mecanismos de denuncia y seguimiento de casos, y crear espacios seguros donde las niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus experiencias sin miedo a represalias. La protección de la infancia no puede seguir siendo un tema secundario ni una promesa incumplida.
La pregunta no es cuántos casos más se necesitarán para que el Estado actúe, sino qué estamos dispuestos a hacer, hoy, para exigir justicia y garantizar que ninguna otra niña o niño tenga que vivir la misma historia. Si no hay una respuesta contundente, el mensaje implícito es que la violencia escolar puede seguir ocurriendo sin consecuencias reales para las instituciones responsables.
[1] Género musical originado en Corea del Sur que combina pop, hip-hop, R&B y música electrónica, se caracteriza por tener coreografías elaboradas, producciones visuales llamativas y grupos de idols (artistas) con entrenamientos rigurosos.
[2] Información de: https://www.infobae.com/mexico/2025/02/18/revelan-pruebas-del-bullying-del-que-era-victima-estudiante-de-iztapalapa-por-ser-fan-del-k-pop/?
[3] Información de: https://animalpolitico.com/sociedad/caso-fatima-bulliyng-caida-tercer-piso-secundaria-iztapalapa
Fotografía: proyectopuente
