Por: Nelson Rentería. 06/01/2025
Las presiones de grupos conservadores y los discursos de odio generaron este año un retroceso de derechos para la población LGBTI. En particular en materia de salud y cultura, denunciaron organizaciones.
SAN SALVADOR – Las presiones de grupos conservadores y los discursos de odio generaron este año un retroceso de derechos para la población LGBTI. En particular en materia de salud y cultura, denunciaron organizaciones.
Fuentes consultadas por Presentes sostuvieron que las autoridades impulsaron una serie de medidas contrarias a los derechos de las poblaciones diversas. Entre ellas, el acceso a salud sin discriminación, la censura y cierres de espacios cívicos y hasta la exclusión de preguntas específicas LGBTI en el censo de población y vivienda.
Estas acciones se suman a otras que ya enfrentaban, como la falta de legislación de una ley de identidad, detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, la eliminación de la Dirección de Diversidad de la Secretaría de Inclusión Social y la ofensiva en contra de la llamada “ideología de género” en plan escolar.
“Este año 2024 ha sido uno de los años peores para la comunidad LGBTI+ en El Salvador, porque hemos experimentado una serie de nuevos retrocesos que se acumulan a otros que ya se habían dado en años anteriores, que han sido promovidos principalmente desde el gobierno inconstitucional de Nayib Bukele”, dijo a Presentes, Roberto Zapata de la organización Amate.
Invisibles
A inicios de año, las autoridades de salud retiraron de un formulario oficial preguntas específicas sobre identidad sexual e identidad de género que permitían llevar un registro más adecuado sobre atenciones a la población LGBTI en pruebas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El fin de estos detalles era hacer análisis epidemiológicos más correctos.
“Estos retrocesos han tenido que ver, incluso, en sectores que creo yo que la gran mayoría de la población LGBTI consideraba que eran ya espacios conquistados y que no podía haber como vuelta atrás”, agregó Zapata.
La ofensiva antiderechos de Bukele inició luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) organizada por la ultraderecha en Estados Unidos, a la que también acudieron el presidente argentino Javier Milei y presidente electo estadounidense, Donald Trump.
Después de 17 años, en El Salvador se realizó un censo de población y vivienda. Desde 2022, las organizaciones buscaron acercamientos con las instituciones involucradas para incluir preguntas sobre orientación sexual e identidad de género en el censo, con el objetivo de obtener datos oficiales, a fin de recopilar datos clave para diseñar políticas públicas inclusivas, sin embargo, el diálogo quedó interrumpido.
“Ha sido un año de retrocesos y de planteamientos de cómo proteger a la población LGBTI, buscar espacios para seguir reuniéndose”, expresó Gabriel Escobar a Presentes, codirector de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS).
Régimen de Excepción y violencia
El Salvador permanece desde hace más de 30 meses bajo un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas que asolaban a la población. Según las estadísticas oficiales, las autoridades registran unas 83.000 detenciones de supuestos pandilleros y colaboradores, mientras que otras 8.000 permanecen en libertad con medidas cautelares.
El Estado de emergencia ha permitido una reducción en el número de homicidios y otros delitos como la extorsión y la venta de droga. Las autoridades contabilizan 113 asesinatos en lo que va del año, frente a los 154 muertos del año previo.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amate, registraban hasta el 30 de junio, un total de 6.426 víctimas de violaciones durante el régimen, de los cuales 137 fueron cometidas contra personas de la diversidad: 49 bisexuales, 36 gay, 24 lesbianas, 22 mujer trans, 4 hombres trans, entre otros.
Los casos más reportados son detenciones arbitrarias o ilegal, falta al debido proceso, allanamientos de moradas, tratos crueles, inhumanos o degradante, amenazas, desaparición forzada, donde los perpetradores más denunciados son agentes policiales y soldados. La organización Cristosal reporta al menos 265 muertes de personas bajo custodia del Estado, entre ellos, cuatro niños.
COMCAVIS TRANS informó a Presentes que hasta junio registró tres homicidios y dos desaparecidos de la población LGBTI, sin embargo, no pueden obtener datos más exactos debido a la falta de acceso a la información impuesta por el gobierno.
Cierre de espacios
Alojado en el sótano de un edificio del Centro Histórico de San Salvador, El Hoyo Bar se convirtió en un punto de referencia para la comunidad LGBTI desde hace más de tres décadas. Pero en los últimos meses, soldados y policías comenzaron a llegar habitualmente al lugar para revisar los documentos de identidad y registrar a los usuarios, relataron a Presentes testigos y un extrabajador.
Los clientes eran llevados al exterior y los efectivos procedían a revisarlos durante unos minutos, luego se marchaban. Las acciones tenían lugar en medio de un proyecto de ordenamiento de la capital, liderado por el oficialismo, en el que buscan rescatar los espacios y promover inversiones en el lugar, que hasta la fecha ronda los 134 millones de dólares.
Finalmente, el 27 de noviembre, una dependencia sanitaria de la alcaldía de San Salvador clausuró El Hoyo bar, desatando protestas de la comunidad. Otros lugares aledaños también fueron cerrados, mientras crecen las denuncias del avance de la gentrificación en la zona, donde han sido desplazados vendedores informales y comercios.
El proyecto de reordenamiento en la zona ha afectado a varias personas de la diversidad, ya que, ante la falta de oportunidades laborales, muchos de ellos se dedican al comercio informal. “Ahora con esto de la gentrificación, que ha afectado a toda la población, las personas trans están en condiciones mucho más vulnerables a nivel de economía y sostén”, mencionó Escobar de COMCAVIS TRANS.
Además, en el occidental departamento de Santa Ana, espacio público donde un grupo de la comunidad se reunía en un para procesos formativos, fue cerrado como resultado de la legitimación del discurso de odio de los funcionarios, bajo el supuesto de que “difundían la ideología de género”.
Así mismo, luego de recibir quejas en redes sociales, principalmente de grupos religiosos, el gobierno canceló a mediados de junio una función de la obra de teatro “Inmoral” en el escenario más importante del país centroamericano, impulsado por el Proyecto de Innovación Natural de Artistas Revolucionarios (INARI), considerada la primera compañía de artes queer.
El 27 de junio, el propio presidente Nayib Bukele informó en su cuenta de X que 300 empleados del ministerio de Cultura fueron despedidos de la cartera de Estado porque “promueven agendas que no son compatibles con la visión de este Gobierno”.
“Los grupos anti derechos están cada vez más ganando terreno”, manifestó Zapata de Amate.
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Fotografía: Agencia presentes
