Por: Ane Amondarain. 28/11/2024
En Ecuador, el 85 % de las mujeres rurales sufre o ha sufrido violencia política de género en los últimos años, y pese a que algunas de ellas son legisladoras o lideresas en sus comunidades, el 70 % desconoce cuáles son sus derechos en materia de participación política y discriminación por razón de género, lo que implica que no dispongan de las herramientas suficientes para hacer frente a este tipo de situaciones.
Estos son datos que se desprenden del estudio regional Fortalecimiento del liderazgo político de mujeres rurales, elaborado por la Fundación Contra la Violencia de Mujeres, Niños y Adolescentes (Fucvi), financiado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Red de Mujeres por la Democracia (WDN). El estudio también se ha llevado a cabo en Bolivia y Colombia.
“El proyecto nace de una preocupación ambiental de regresar la mirada al campo. Ya sabíamos que teníamos problemas de violencia de género, así que lo que hicimos fue volver a ver qué es lo que está pasando en el origen”, ha explicado a Efeminista Ana Luna, directora del proyecto en Ecuador.
Tras realizar unas 300 encuestas a mujeres rurales e impartir talleres de liderazgo político en todas las provincias del país andino, entre junio y octubre de este año, desde Fucvi han constatado la alta incidencia de la violencia política de género en el área rural.
Violencia política de género en el sector rural
Luna ha matizado que la violencia política de género no se materializa de la misma manera en todas las mujeres rurales y ha hecho una diferenciación entre aquellas que son políticas y ostentan algún cargo público, y quienes son lideresas en las comunidades.
Respecto a las primeras, la directora del proyecto ha señalado que éstas sufren este tipo de violencia “por parte de sus pares o sus binomios, de estar en una candidatura o en un puesto legislativo”.
Las discriminaciones más comunes que ha detectado son que las políticas no dispongan de un espacio propio donde trabajar, que se les asignen funciones menores, se les apaguen los micrófonos en sus intervenciones o que directamente no se las invite a intervenir.
Asimismo, ha agregado que a menudo se las crítica, tanto en redes sociales como fuera de ellas, no por sus capacidades, sino que “por cómo se ven, cómo visten o si se maquillan o no”.
45 % de mujeres rurales sufre violencia de género
Por su parte, Luna ha especificado que las lideresas rurales “atraviesan un problema más grave que son sus leyes internas, donde las mujeres tienen que sobreponerse a ellas, a la dependencia económica de sus parejas y a la cultura de la comunidad”. En algunas de ellas el líder sólo puede ser varón, ha puntualizado.
Además, ha expresado que la violencia de género está “muy normalizada” en estos entornos “por la estructura machista y patriarcal que siempre ha habido en las comunidades andinas”.
“Más allá de que una mujer quiera estar al frente de la comunidad, tiene que asumir su rol de mujer cuidadora y no necesariamente está bien visto que ella asuma puestos de decisión. Además, a menudo, es violentada por su pareja de diferentes formas, lo que se convierte en un problema agravante y por lo que muchas han tomado la decisión de salir de sus comunidades”, ha asegurado.
En ese sentido, esta investigación concluye que las mujeres rurales sufren violencia machista en un 45 % de los casos.
Brecha urbano rural en la violencia política de género
Preguntada por las diferencias que existen entre enfrentar violencia política en las zonas urbanas y en la ruralidad, Luna ha declarado que esta realidad está más invisibilizada en el campo, donde hay “una ausencia del Estado”, no se garantiza el acceso a la justicia y las mujeres apenas están informadas de sus derechos.
«En el sector rural esta realidad esta invisibilizada porque hay una falta de presencia del Estado en estas zonas rurales y no se puede denunciar. En Galápagos, hay una sola isla que tiene la estructura del Estado con apenas dos o cuatro profesionales. Así es imposible que puedan dar atención a todos los casos que tienen. Y hay mujeres que tienen que viajar en lancha de dos a seis horas en la Amazonía para poder hacer una denuncia», ha asegurado.
Luna ha expresado que en los sectores urbanos estas violencias se dan «a la vista de todos, del Gobierno, de los medios de comunicación, de la sociedad». Aunque ha reconocido que, en las grandes ciudades, también ha habido muchas víctimas que se han sentido solas y dejadas de lado por la justicia.
«La única ventaja que hay en la zonas urbanas es que hay más profesionales, las mismas legisladoras ya son abogadas y han podido defenderse y presentar sus casos… La normativa existe, el problema es que en la ruralidad no se conoce la normativa y si se conoce, tampoco se aplica», ha afirmado.
A este punto, Luna ha expresado que «es necesario que exista más presión mediática para que se tome una decisión real de política pública que quiera aplicar lo que ya está en blanco y negro en la ley y tener así resultados reales».
Un escenario similar en otros países de la región andina
Desde una visión regional, Luna ha dicho que los niveles de violencia política de género y de violencia de género en los países de la comunidad andina son igual de alarmantes, sin embargo ha destacado algunas diferencias.
«En el caso de Bolivia tienen también una incidencia importante de violencia y hay menos representación pública de mujeres. Otra cosa fundamental es que ni Bolivia ni Colombia tienen un Ministerio de la Mujer, aunque aquí hace poco le disminuyeron el presupuesto y le aumentaron funciones que no tienen que ver con el trabajo que se debe hacer para la protección de la mujer», ha lamentado.
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Fotografía: Efeminista. Una mujer trabaja el campo en Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE