Por: Aldo Santiago. 04/03/2026
El pasado 14 de enero, el movimiento campesino del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, se congratuló al recibir una noticia esperada durante décadas en su lucha para la recuperación de tierras campesinas: 14 cooperativas agropecuarias concretaron la reinscripción de su personalidad jurídica por parte del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).
Aglutinadas en la Plataforma Agraria del Aguán, con esta acción, dichas cooperativas reciben reconocimiento legal de las instituciones del gobierno hondureño, lo que, en palabras de Yoni Rivas, vocero de la Plataforma, significa una victoria tras un largo proceso de 20 años de lucha por “derechos que se nos había negado, el derecho a la libertad y organización campesina”.
En entrevista para Avispa Mídia, Rivas detalla que el proceso de reinscripción se concretó en el marco del cumplimiento de los 14 años de la fundación de la Plataforma Agraria del Aguán, lo que significa un paso clave para continuar con la recuperación de tierras destinadas, durante la década de los setentas, para la reforma agraria y que, durante años, fueron usurpadas por empresas agroindustriales productoras de aceite de palma.
Rivas señala que las cooperativas campesinas iniciaron su vigencia durante la década de los setentas, pero que, durante los años noventa, con el proceso de despojo de tierras mediante amenazas y violencia por parte de agroindustriales, ocurrieron irregularidades con su registro por parte de la Federación de Cooperativas Agropecuarias y Empresas de la Reforma Agraria de Honduras Limitada (FECORAH).
Según el miembro de la Plataforma, sólo los campesinos miembros de las cooperativas tenían la facultad de solicitar la liquidación de sus respectivas asociaciones. No obstante que ninguna organización campesina realizó dicha solicitud, entre los años de 1997 y 1998, funcionarios de la FECORAH inciaron el proceso sin consultar a los miembros de las cooperativas.
Por ello, afirma Rivas, tras meses de trabajo con instituciones hondureñas para el análisis jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, dichas instituciones concluyeron que existen condiciones para la reinscripción de las cooperativas.
Para el vocero de la Plataforma, además de recibir el reconocimiento legal y con ello la facultad de realizar trámites frente a cualquier institución del Estado hondureño, este hecho reafirma la existencia de las cooperativas y su legítima lucha por la recuperación de tierras “En el pasado nos acusaban de asociación ilícita. Hoy que tenemos personalidad jurídica, eso ya no va a ser posible. Eso nos afianza un paso más firme en el proceso de la conquista jurídica de la tierra que ha sido arrebatada”, comparte Rivas.
Agresiones, la respuesta
Acorde a Wendy Castro, integrante de la coordinación de la Plataforma y campesina socia de la Cooperativa El Chile, después de la noticia del 14 de enero, los grupos criminales que asedian al movimiento agrario reactivaron las amenazas de muerte contra la organización que reivindica la reuperación de tierras.
Sólo tres días después, las amenazas se materializaron tras una nueva agresión violenta contra el movimiento campesino del Aguán. Esta vez, un grupo criminal conocido como “Los Pechugas” atacó violentamente a las familias de la Cooperativa Nueve de Agosto -incluída entre las asociaciones con reconocimiento legal por parte de CONSUCOOP-, dejando como saldo el asesinato del campesino Marvin Ramirez Ramos.
Testimonios en medios locales aseveran que el ataque con armas de fuego ocurrió por la noche, cuando el grupo armado ingresó violentamente a la finca posesionada por 48 familias que integran la cooperativa campesina. Durante el ataque, mujeres, niños y adultos fueron amenazados de muerte y desplazados forzadamente.
La agresión culminó con el arribo de fuerzas militares tras el llamado de socorro emitido por la Plataforma Agraria, lo que permitió el retorno de las familias que habían huído para asegurar su integridad física. Sin embargo, luego de la búsqueda de Marvin Ramírez, quien fuera reportado como desparecido durante los ataques, fue encontrado su cadáver.
Sólo entre los años 2024 y 2026, el movimiento campesino del Bajo Aguán ha denunciado 19 campesinos asesinados por grupos criminales, entre ellos, destacan las agresiones por parte de “Los Cachos”, quienes son responsables por el desplazamiento de familias completas de las cooperativas Camarones, El Chile y Tranvío.
Vinculación con agroindustria
Frente a los retiterados ataques criminales, tanto la Plataforma Agraria como la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) han denunciado la vinculación de los grupos armados con la Corporación Dinant, empresa productora de aceite de palma, la cual es señalada como responsable por los asesinatos y desplazamientos de las familias campesinas en el Bajo Aguán.
Según el testimonio de Wendy Castro, quien fuera agredida durante el ataque violento que desplazó a las familias campesinas de la Cooperativa Camarones en diciembre del 2024, los distintos grupos criminales que operan en la región contra el movimiento campesino son liderados por Corporación Dinant
En entrevista para Avispa Mídia, Castro asevera que la agroindustria financia a las células criminales para con ello mantener la usurpación de tierras campesinas. “En todo el proceso de investigación que tuvimos durante tres años que estuvimos con el proceso de la comisión jurídica, nos dio la razón, pues nunca existió una ‘compraventa’, nunca existieran los argumentos para que Corporación Dinant estuviera ahí usurpando la tierra. Muchos años que (la empresa) tuvo de beneficio para poderse enriquecer más y seguir pagando estos grupos criminales”, denuncia.
Diferentes integrantes de la Plataforma suman su testimonio a dicha acusación. Es el caso de Jaime Cabrera quien, tal como ha reportado el medio Contracorriente, existen voceros vinculados a los grupos criminales quienes han declarado que aceptaran abandonar las tierras campesinas, destinadas originalmente al reparto agrario, pero sólo si éstas son entregadas a manos de la Corporación Dinant.
Lo más grave, de acuerdo a miembros del movimiento campesino, es que tanto autoridades como el Ministerio Público, así como las fuerzas de seguridad, tienen conocimiento de las ubicaciones y actividades de las personas indicadas como líderes de las estructuras criminales que operan en la región, no obstante, no actúan para desarticularlas.
A finales del 2024, y en todo el año 2025, el grupo criminal Los Cachos realizó ataques que resultaron en el desplazamiento de cientos de familias de la cooperativa Camarones. Además, atacaron a las cooperativas vecinas de El Chile y Tranvío, quienes dan refugio a las familias que huyeron tras las agresiones armadas en la región.
Durante los primeros días de diciembre del 2025, y tras la denuncia penal por los ataques armados, un operativo de fuerzas de seguridad intentó desalojar al grupo criminal que ocupa las tierras de la Cooperativa Camarones. Sin embargo, denuncias del movimiento agrario señalan que existen indicios de que, pese al despliegue de miles de efectivos de seguridad, funcionarios policiales y judiciales acordaron con el grupo criminal no efectuar el operativo que habría permitido el retorno de 160 familias campesinas.
Frente a este escenario de renovadas agresiones al movimiento campesino tras los resultados obtenidos, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), exigen garantías de seguridad para las familias que integran la organización campesina, así como justicia ante los asesinatos de sus miembros que reivindican la recuperación de tierras.
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Fotografía: Avispa. Cooperativas campesinas hondureñas obtienen reconocimiento legal en medio de ataques armados – Avispa Midia