Por: Cristina Bazán. 19/04/2024
Fausia, una indígena del pueblo Nahua y defensora de derechos humanos en Honduras, fue violada por dos hombres en represalia por su trabajo en defensa de su territorio y quedó embarazada, lo que le causó un grave sufrimiento físico y psicológico. Sin embargo, no pudo acceder a la anticoncepción de emergencia, que en ese momento estaba prohibida en Honduras, ni mucho menos a un aborto.
Ahora busca justicia en el Comité de Derechos Humanos de la ONU hasta donde dos organizaciones llevaron su caso con el objetivo de que se ordene al Estado de Honduras modificar el marco legal que prohíbe y penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
«Fausia emprendió esta lucha en el 2015 y hasta ahora no ha habido justicia ni una sentencia firme en contra de los agresores. Además, ha sido revictimizada en el marco del proceso penal en múltiples ocasiones y no hay posibilidades en Honduras de agotar recursos en relación con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o en relación con el acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia», explica a Efeminista Carmen Martínez, directora de Estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos.
«No existen todavía recursos efectivos en Honduras que permitan a las mujeres, a las niñas y a las personas gestantes acceder al servicio de salud del aborto en condiciones de igualdad y que les impida ser criminalizadas o amenazadas por buscar servicios seguros de aborto», agrega.
El aborto en Honduras
Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, explica a Efeminista que las mujeres han vivido procesos de regresión en materia de reconocimiento y garantía de derechos humanos en los últimos años y que, debido al panorama «altamente restrictivo y de impunidad» que se vive en su país, Fausia decidió llevar adelante una lucha internacional para que Honduras tome medidas y que nadie más sufra o lo que ella sufrió.
«No solamente tenemos la penalización absoluta del aborto en cualquier circunstancia, sino que tenemos una prohibición constitucional. O sea, hay un blindaje dentro de la Constitución que impide que cualquier mujer, incluso para salvar su vida, pueda acceder a un aborto. Pero aunque hay esa penalización, las mujeres igual buscan la manera de hacerlo y las que corren más riesgo en su salud y su vida son las más pobres, las de las zonas rurales y las más jóvenes que no tienen recursos para pagar un servicio clandestino que sea seguro», señala.
En 2023, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, autorizó el libre uso y comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que se había penalizado hace más de 10 años. Sin embargo, Fonseca dice que solo se vende en farmacias privadas.
«No hay implementación del protocolo para atender sobrevivientes de violencia sexual y en los servicios públicos, que es donde acuden la gran mayoría de la población que es pobre en Honduras, no tienen ese acceso a la anticoncepción de emergencia», explica.
Honduras es uno de los 10 países que en el mundo tiene las penas más severas sobre el aborto, uno de los cuatro de Centroamérica y el Caribe junto con El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Debido a la penalización, cada día se fuerza a tres niñas menores de 14 años a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres, según datos de la Secretaría de Salud (2022).
La lucha de Fausia por encontrar justicia
Lo que Fausia y las organizaciones que la acompañan piden al Comité de Derechos Humanos de la ONU es que haya justicia y reparación integral para ella y su familia. Además, que exija al Estado hondureño que termine con la penalización absoluta del aborto y que lo regule como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es a través del sistema de salud, dice Carmen Martínez.
«Es decir, que no solo se hagan modificaciones normativas, sino que se garantice el servicio de aborto en condiciones seguras, de igualdad, que se eliminen todas las barreras y que también se respete, por ejemplo, el secreto profesional médico para acabar con ese efecto miedo que ha producido por tanto tiempo y por tantos años la penalización absoluta de un servicio esencial de salud», afirma.
La abogada señala que si la ONU condena a Honduras su decisión marcaría un importante precedente en la región y el mundo. «La jurisprudencia que desarrolla el Comité de Derechos Humanos es vinculante para los Estados que ratificaron el pacto internacional de derechos civiles y políticos, pero además es interpretación que los países que no ratificaron el pacto deben aplicar. Es profundamente importante lo que se espera y estas decisiones ya han tenido un impacto muy importante dentro y fuera de Latinoamérica para cambiar los marcos reguladores de aborto», menciona.
«Fausia sintetiza las múltiples opresiones que viven las mujeres y las niñas en Honduras. Además del olvido, la falta de protección y la garantía de derechos por parte del Estado y eso hay que visibilizarlo», confluye Regina Fonseca.
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Fotografía: Efeminista