Por: Tlachinollan. 29/03/2018
Ante experta de la ONU, Tlachinollan expuso medidas de protección propias de comunidades indígenas ante criminalización y violencia por defender sus derechos
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, convocó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y otros actores de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta “Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección” los días 19 y 20 de marzo.
En septiembre de este año, la relatora presentará su próximo informe temático ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde reportará también sobre su visita a México, incluyendo al estado de Guerrero, en noviembre de 2017. Los informes de las y los relatores de la ONU desde hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos. La participación del CDHM Tlachinollan abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección.
En concreto, el director del CDHM Tlachinollan, Abel Barrera, expuso la formación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) para brindar seguridad a las comunidades indígenas en ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y a sus sistemas normativos. En las diversas mesas de trabajo, habló sobre cómo la CRAC-PC ha resultado un elemento fundamental en varios procesos de lucha indígena, como en San Miguel del Progreso y los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por parte de autoridades estatales y federales es un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos.
En este sentido, el caso de Arturo Campos Herrera, defensor comunitario del pueblo na savi, es paradigmático de la criminalización en el estado, por lo que Abel Barrera planteó: “Su permanencia por más de 4 años en prisión preventiva por un delito que no cometió mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”. Además, resaltó los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en un operativo de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de La Concepción, por los que actualmente hay 25 procesados, de los cuales 13 son policías comunitarios, por la muerte de 6 personas armadas en un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria promovida por los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Otras formas de prevención y protección desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero son la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas. Asimismo, se mostró la necesidad de que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, las cuales no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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Fotografía: Tlachinollan
