Por: Enoch Adames M. 02/06/2021
Manifestaba Immanuel Wallerstein, que en esta etapa caótica de transformación
del “sistema-mundo” presenciamos el desplome a este sistema, “debido a que se
han agotado sus posibilidades de ajustes estructurales, quienes detentan el
poder y los privilegios no se van a quedad sin hacer nada. Se organizarán para
sustituir el actual sistema-mundo con otro igual de jerárquico y desigual, si bien
basado en principios diferentes”.
Podríamos agregar, que la pandemia global ha acelerado este caótico proceso,
empujados a nivel global hacia un período sin precedentes de grandes
turbulencias sociales, políticas y militares. Entre ellas, también, la
transnacionalización del crimen organizado, de las mafias financieras y las
pandillas delictivas.
Los nuevos y viejos actores
La criminalidad de hoy, trasnacionalizada, exige ser analizada en el contexto de
lo que conceptualmente hemos denominado “globalización”. Mundialización de
procesos que se despliega al impulso de nuevos y viejos actores: el sistema
estatal internacional (integrado y jerarquizado), las instituciones financieras
internacionales (IFI´s), las empresas transnacionales, los movimientos
ecologistas y medioambientales, los movimientos socioculturales, los centros de
inteligencia científico–técnica (Silicon Valley, por ejemplo), los medios globales
de la comunicación, las redes sociales, las organizaciones criminales
trasnacionales (carteles de narcotráfico, mafias financieras, traficantes de
armas, organizaciones mercenarias, etc.), entre otros.
Todos ellos aportan ingredientes propios, pero en su conjunto impactan en un
proceso que se materializa – en el decir de Saskia Sassen— en una “nueva geografía mundial de lugares estratégicos”. Entre ellos se abre un espacio
paralelo de poder de la criminalidad internacional, que se nutre de las
desarticulaciones sociales e institucionales propias de cada país.
La ruptura material del tejido social
La globalización neoliberal, que impuso transformaciones profundas a la
institucionalidad estatal, la producción, el trabajo y en los mercados, generó en
los países de América Latina informalidad y desigualdades sin precedentes. En
nuestro país, la histórica tradicional exportación de servicios—transitismo— en
el contexto de políticas neoliberales y de desregulación de los mercados,
profundizó viejas y creó nuevas desigualdades sociales y regionales, forjando
con ello fuertes y permanentes exclusiones.
Un rápido repaso de algunos indicadores, en el país, nos dará una
aproximación:
El 61% del total de la población asalariada tiene como “techo” (umbral
superior) B/.800.00.
En el segmento de los B/.600.00- B/.799.00, está el 28% aprox. de la
población asalariada.
Más abajo, en el segmento de los B/.400.00- B/.599.00 se concentra el
17.2% de esta población.
Niveles salariales que adquieren sentido, cuando se les coloca frente al
costo promedio de la canasta familiar de alimentos –sin considerar vivienda,
servicios básicos, vestimenta, etc. — que a enero del 2021 es de B/. 267.40 en
los distritos de Panamá y San Miguelito.
La fábrica de pobreza
Un hecho estilizado de la economía de comercio y servicios panameña, es la
informalidad predominante de su “mercado laboral”. En el 2019 (fecha ex ante
pandemia), la informalidad era del 45%; post pandemia, ésta se elevó al 53%
aprox. Hecho estilizado es también, la concentración del 86.6% de todo el PIB
nacional en las dos provincias del transitismo histórico (Panamá: 68.8% y
Colón: 17.8%).
Dos provincias que, a su vez, aglomeran el 60% aprox. de la población total del
país. Todas estas asimetrías que distorsionan la vida de nuestra
población, son la expresión de un modelo de acumulación que concentra
riqueza, hunde los ingresos laborales y excluye socialmente.
Esta gran desigualdad social y regional del país, dice de un modelo económico
agotado, que produce informalidad funcional —es decir, que sirve a la
“acumulación del sistema transitista”—, a través de la creación una gran masa
marginal que impacta en la desvalorización de la fuerza de trabajo (su precio de
mercado). Esta fábrica de pobreza trae de manera inevitable, la fractura del
tejido social y la emergencia de diversas formas de violencia; acarrea además, la
ruptura o desvinculación de importantes segmentos sociales de población con desdibujadas referencias culturales institucionales de integración social y
convivencia.
Los jóvenes de nuestro país (15 a24 años) registraron una tasa de desempleo del
18.1% en 2019 (OIT). Son ellos, sin duda, quienes se ven mayormente expuestos
a la violencia social e institucional que se genera desde el poder concentrador y
excluyente, y que llega a las calles atravesando toda la estructura sociocultural
del país.
Como manifiesta la OIT, “las personas jóvenes deben afrontar un elevado índice
de desempleo y subempleo y son los más vulnerables frente a una disminución
de la demanda de mano obra”. Vulnerables también frente al flagelo de la
violencia: entre los años 2002 al 2015 se produjeron 2487 homicidios entre el
rango de edad de 20 a 29 años. Sólo el año 2011 concentró en este rango, 288
homicidios (SIEC. 2016).
Criminalidad y anomia
Unos de los padres fundadores de la sociología, Emile Durkheim, elaboró el
concepto de “anomia” en su obra “La División del Trabajo Social” (1893)
—categoría posteriormente estratégica en su obra el “Suicidio” (1897) —, para
explicar los conflictos y desajustes que emergían de manera degradante del
mundo económico social. Sin embargo, esto no significa que no existan en la
sociedad marcos regulatorios de índole cultural, que por su naturaleza
normativa estén en capacidad de institucionalizar los comportamientos sociales.
Sólo significa que han dejado de funcionar en ciertos ámbitos sociales, como
producto de procesos de “desclasamiento” o cambios de posiciones en la
estructura social de determinadas personas y grupos. También alcanza aquellos
procesos que son el resultado de la marginación y el empobrecimiento masivo
de la población. Por supuesto, que la pérdida de cohesión o integración social,
como producto de una pauperización creciente, conlleva la pérdida también,
de referentes normativos y abre la realidad social al conflicto.
De manera reciente el sociólogo Zygmunt Bauman, sociólogo polaco-británico
(1925-2017), empleó el concepto de “anomia” en su visión de disolución
de diversos ámbitos de la vida social, como resultado del desorden que produce
la globalización. Bauman acuña en concepto de “sociedad líquida” para referirse
a “una época de des-compromiso, elusividad, huida fácil y persecución sin
esperanzas”. Un tema de naturaleza afectiva a interpretar en aquellos a los que
se les ha negado toda oportunidad de realización social.
La Anomia Institucional
El sociólogo argentino Ricardo Sidicaro ha llevado el concepto de anomia a nivel
institucional, para referirse al incumplimiento sistemático de normas y
regulaciones por instituciones y funcionarios públicos.
En Panamá, la paulatina disolución del papel interventor y cohesionador de las
instituciones, su creciente debilitamiento, la entronización de la corrupción
como práctica obligada e institucionalmente permisiva, el incremento de los
personalismos, nepotismos, las opacidades en las contrataciones públicas, han generado—de manera preocupante— modelos de comportamientos de
criminalidad y corrupción en nuestra sociedad.
Con todo, si queremos poseer país tenemos que asumir políticamente un doble
reto: desafiar la “geografía de la desigualdad y del delito”. Esto significa,
enfrentar desde un enfoque estructural la desigualdad social y regional; con
igual fuerza, erradicar de raíz la existencia de actores públicos y privados que
ejercen control en un espacio de poder paralelo, donde se han instalado carteles
del narcotráfico, mafias financieras y organizaciones delictivas (pandillas),
configurando una “geografía de espacios estratégicos para delinquir”. El tiempo
se nos acaba.
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Fotografía: Nodal
