Por: Luis Hallazi. Rebelión. 16/10/2018
Walter Aduviri Calizaya, líder indígena aymara es el flamante gobernador regional de Puno con el 43,5% de votos válidos emitidos en la región[1], donde su más cercano competidor obtuvo el 12.9 %. Tras el triunfo de Jorge Muñoz en la alcaldía de Lima, es lo más incomodo que han tenido que informar los medios de comunicación capitalinos. Información cargada de una coletilla de alarma y zozobra que trata de irradiar en la población. Una perversa estrategia de desinformación que hace tanto daño a la democracia.
En lugar de analizar las propuestas del plan de gobierno[2], se prefiere la descalificación, que incluso rozan contenidos discriminatorios y racistas[3], pero lo que más preocupa a dichos medios es que Aduviri tenga una “visión crítica ante la gran minería transnacional” como lo ha señalado él mismo, en su primera entrevista[4], tener una visión crítica ante la minería en el Perú, al parecer puede ser una herejía ante el dogma del modelo económico minero, el derecho a disentir, suele ser castigado en el Perú de hoy.
Esta historia de conflictos, donde líderes de movimientos sociales llegan a la toma del poder político institucional, es algo que también incomoda a los grupos de poder económico, sin entender que este es un fenómeno constitutivo de la propia esencia de la política, pero además sin ser conscientes que en gran medida son sus intereses económicos los que generan las condiciones para dichos conflictos y posteriores liderazgos.
Esta es la historia del aymarazo, dos años después del Baguazo que se suponía marcaría un antes y después sobre la manera de relacionarse entre el Estado y los pueblos indígenas; y que en mayo del 2011 estallaría en la región de Puno ante la falta de respuesta del gobierno nacional por atender demandas que fueron creciendo y donde el movimiento indígena aymara interpeló al Estado sobre las decisiones inconsultas que afectaban a su territorio[5]; recordemos que mediante el Decreto Supremo 083-2007-EM, el gobierno de Alan Garcia, declaró de necesidad pública e interés nacional la explotación del proyecto minero Santa Ana, autorizándose la explotación a menos de 50 km de la frontera a la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, cuando la Constitución prohíbe que una empresa extrajera posea concesiones en dicha área de frontera.
A partir de esos hechos mucha agua paso bajo el puente, el conflicto estalló y dejo daños a la propiedad pública, saqueos y sobre todo cobro la vida de 6 pobladores; el gobierno de turno en vez de ir a las causas del conflicto, buscó la vía rápida de la represión y procesó penalmente a los principales líderes, absolviéndolos a todos menos a Walter Aduviri, a quien lo condenaron a 7 años de prisión efectiva con una sentencia cuestionada en sus fundamentos jurídicos, después de cinco años de un proceso judicial, sin observación de medias mínimas que asegure la aplicación de una justicia intercultural.
Pero peor aún, la sentencia absuelve a la mayoría de líderes en su condición de comuneros, sin embargo, la sala decide no aplicar esos mismos argumentos para el caso de Aduviri; pero además aplica la figura de autoría mediata con la que A. Fujimori fue sentenciado, entendiendo que su gobierno de facto constituía una organización vertical y jerarquizada, algo imposible de probar en una manifestación popular que ocasiona disturbios[6]. Son estos excesos de la justicia penal los que nos llevan a percibir que el caso de Aduviri constituye un caso de criminalización del derecho a la protesta.
Siete años después del aymarazo casi nada ha cambiado, se siguen aprobando normas que debilitan la protección de derechos de los pueblos indígenas (DL 1333, ley 30723), estas normas se aprueban en el centro y se aplican en la periferia, no se realiza consulta previa sobre las concesiones mineras, donde el 35% de las tierras de comunidades campesinas están concesiones a la minería[7] y tampoco hay beneficios directos que respeten la diversidad cultural de dichos pueblos; en suma el reto que tendrá el electo gobernador aymara Walter Aduviri es titánico pero también esperanzador, las condiciones son casi las mismas a la movilización social que lo visibilizo, pero ahora tendrá que afrontar esos mismos retos como autoridad institucional del gobierno regional de Puno.
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Fotografía: Servindi