Por: Òscar V. Ramírez Sales. 24/06/2026
Cuando escribí la primera parte de este análisis, el problema central no era si la Conselleria dirigida por el gobierno del PP-VOX acabaría haciendo alguna concesión, sino si la negociación era capaz de resolver un conflicto cuyas causas excedían ampliamente el contenido de cualquier mesa sectorial. La tesis era sencilla: la movilización docente no surgía únicamente de reivindicaciones laborales concretas, sino de un proceso acumulado de deterioro de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, de incremento de las desigualdades educativas, de burocratización creciente del trabajo docente y de pérdida de capacidad de intervención sobre el propio proceso educativo.
La consulta realizada al profesorado valenciano entre las 20:00 horas del 9 de junio y las 20:00 horas del 10 de junio de 2026 permite comprobar hasta qué punto aquella hipótesis era correcta. Más de 30 000 docentes participaron en una votación destinada a pronunciarse sobre la última propuesta de la Conselleria y sobre el futuro inmediato de la huelga. El resultado fue inequívoco. La propuesta global fue rechazada ampliamente, aceptándose únicamente algunos elementos parciales relacionados con la simplificación burocrática. Al mismo tiempo, el profesorado optó por suspender la huelga y no por desconvocarla.
La importancia política de este resultado es difícil de exagerar. Durante semanas, el gobierno del PP-VOX había intentado construir un relato de cierre. La lógica era aparentemente razonable: se habían producido avances respecto a las posiciones iniciales, se habían incorporado algunas mejoras y se habían abierto espacios de negociación que hasta entonces permanecían cerrados. Desde esta perspectiva, la consulta debía funcionar como una ratificación del proceso negociador y como una legitimación democrática de su desenlace.
Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La consulta no confirmó el marco interpretativo construido por la Conselleria. Lo cuestionó. Y, al hacerlo, reveló algo fundamental para comprender los conflictos sociales contemporáneos: no son las instituciones las que determinan cuándo un conflicto ha concluido. Tampoco las mesas de negociación. Un conflicto termina cuando quienes lo sostienen colectivamente consideran que las condiciones que lo hicieron necesario han sido transformadas de manera suficiente. Y el profesorado valenciano ha señalado claramente que eso todavía no ha ocurrido.
La distancia entre la valoración de la Conselleria y la valoración expresada por miles de docentes resulta especialmente significativa porque pone de manifiesto los límites de una concepción tecnocrática de la gestión del conflicto. Durante buena parte del proceso, el debate público se concentró en cifras, porcentajes y medidas concretas. Cuántos millones se incorporaban. Qué reivindicaciones se aceptaban. Qué mejoras podían considerarse conseguidas. Pero la consulta ha mostrado que la cuestión decisiva no era cuantitativa. Era política.
El gobierno del PP-VOX interpretó el conflicto como un problema susceptible de resolverse mediante una combinación adecuada de recursos e incentivos. Una parte creciente del profesorado acabó interpretándolo de otra manera: como la expresión de problemas estructurales que no podían resolverse mediante la simple acumulación de medidas parciales. Por eso el rechazo de la propuesta no debe entenderse únicamente como una discrepancia sobre determinados contenidos. Expresa una diferencia mucho más profunda sobre la propia naturaleza del conflicto y sobre aquello que puede considerarse una solución legítima.
Para comprender plenamente el significado de la consulta resulta necesario situarla dentro de la secuencia completa de movilización que ha atravesado el sistema educativo valenciano durante el curso 2025-2026. La huelga indefinida iniciada el 11 de mayo no surgió de forma espontánea ni constituyó el primer episodio de conflicto. Fue el resultado de un proceso acumulativo de organización y confrontación que tuvo hitos fundamentales en las jornadas de huelga del 11 de diciembre de 2025 y del 31 de marzo de 2026. Aquellas convocatorias de un día permitieron medir fuerzas, ampliar redes de coordinación entre centros y generar una experiencia compartida de acción colectiva que posteriormente haría posible afrontar una fase de conflicto mucho más exigente.
La huelga indefinida iniciada el 11 de mayo y suspendida el 11 de junio debe entenderse, por tanto, como la culminación provisional de un ciclo de movilización de seis meses en el que el profesorado valenciano fue construyendo progresivamente capacidades organizativas que inicialmente no existían con la intensidad alcanzada al final del proceso.
Esta perspectiva resulta importante porque permite comprender que la fuerza acumulada durante junio no apareció de repente. Fue el producto de una secuencia de experiencias organizativas sucesivas en las que cada movilización amplió el repertorio de acción colectiva disponible y reforzó los vínculos construidos en los centros educativos. El conflicto no avanzó únicamente mediante la confrontación con la Conselleria. Avanzó también mediante la producción de nuevas capacidades organizativas en el interior del propio movimiento.
Esta cuestión conecta con un problema clásico: la diferencia entre ocupar una posición común dentro de la estructura social y constituirse efectivamente en un sujeto político capaz de actuar colectivamente.
El profesorado valenciano compartía antes de la huelga condiciones laborales similares, problemas organizativos semejantes y una experiencia ampliamente extendida de sobrecarga burocrática, deterioro de las condiciones de trabajo e infravaloración creciente de la educación pública. Compartía, en definitiva, una posición relativamente homogénea dentro del trabajo asalariado público. Sin embargo, esta situación compartida no producía automáticamente organización colectiva.
La historia de los conflictos laborales demuestra precisamente que entre las condiciones objetivas y la acción política existe siempre una mediación compleja. Las personas pueden experimentar durante años los mismos problemas sin desarrollar respuestas colectivas. Pueden sufrir las consecuencias de las mismas políticas sin construir organizaciones capaces de afrontarlas. Pueden ocupar posiciones semejantes dentro de la estructura social sin reconocerse mutuamente como parte de una misma realidad política.
Lo que ha ocurrido durante estos meses es precisamente un proceso de reducción de esa distancia. El conflicto no ha creado los problemas del profesorado. Lo que ha hecho es contribuir a transformar una suma de experiencias individuales dispersas en una interpretación colectiva de esos problemas. Y esta transformación constituye uno de los procesos políticos más importantes que pueden producirse en cualquier conflicto social.
Desde esta perspectiva, la principal conquista obtenida durante estos meses probablemente no sean las medidas arrancadas a la Conselleria ni las modificaciones introducidas en las sucesivas propuestas negociadoras. La conquista fundamental ha sido la construcción de una infraestructura organizativa capaz de sostener deliberación colectiva, coordinación territorial y acción política relativamente autónoma.
Esta infraestructura no surgió espontáneamente. Se construyó mediante un esfuerzo organizativo extraordinario que combinó estructuras sindicales, redes informales, coordinación entre centros, circulación intensiva de información y, sobre todo, asambleas.
Las asambleas de centro constituyen probablemente el elemento más relevante e innovador de todo el ciclo de movilización. Durante demasiado tiempo, una parte importante del sindicalismo educativo había funcionado principalmente mediante mecanismos representativos. Los sindicatos negociaban, informaban y convocaban. El profesorado apoyaba o rechazaba posteriormente las decisiones adoptadas.
La huelga de 2026 empezó a alterar esta dinámica. Las asambleas dejaron de ser simples espacios informativos para convertirse en auténticos órganos de producción política. En ellas no solo se comunicaban decisiones. Se discutían. No solo se explicaban estrategias. Se elaboraban colectivamente. No solo se evaluaban propuestas. Se construían criterios compartidos para valorarlas. La consulta del 10 de junio constituye probablemente la expresión más acabada de esta transformación.
Esta transformación también puso de manifiesto una limitación que debería ser objeto de reflexión por parte de las organizaciones sindicales con mayor representación. Durante diferentes momentos del conflicto, una parte significativa del profesorado percibió dificultades importantes para comprender con precisión qué estaba ocurriendo en las mesas de negociación, cuáles eran los avances reales producidos, qué obstáculos persistían y qué implicaciones concretas tenían las distintas propuestas presentadas por la Conselleria. Las comunicaciones emitidas antes, durante y después de las reuniones negociadoras no siempre contribuyeron a reducir esta incertidumbre. En ocasiones, la multiplicidad de comunicados, los matices divergentes entre organizaciones o el uso de un lenguaje excesivamente técnico acabaron generando más confusión que claridad.
Esta situación adquirió una relevancia especial en el momento de la consulta. Una parte del profesorado expresó dificultades para comprender exactamente qué se estaba votando, qué medidas formaban parte del paquete global sometido a consideración y qué consecuencias tendría cada una de las opciones disponibles. No se trata de un problema menor. La calidad democrática de un proceso de consulta depende también de la capacidad colectiva para garantizar que todas las personas participantes dispongan de información clara, accesible y compartida. Precisamente por ello las asambleas adquirieron tanta importancia: porque actuaron como espacios capaces de traducir, discutir y reinterpretar una información que con frecuencia llegaba de manera fragmentaria o insuficiente.
Lo verdaderamente relevante no es únicamente que una mayoría del profesorado rechazara la propuesta global de la Conselleria. Lo más importante es que esta decisión se produjo después de semanas de discusión colectiva, deliberación distribuida y construcción compartida de diagnósticos. Por eso la consulta no puede interpretarse simplemente como un mecanismo de ratificación. Ha sido un ejercicio de producción democrática de voluntad colectiva.
Este resultado adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el proceso se desarrolló en medio de tensiones internas, intentos de desestabilización y lecturas divergentes sobre la orientación que debía tomar el conflicto. En algunos momentos, determinados sectores más esencialistas presentes en diferentes organizaciones, junto con iniciativas fuertemente vinculadas a proyectos personales, parecieron actuar objetivamente en una dirección convergente con los intereses de la reacción y con la voluntad del gobierno del PP-VOX de fragmentar el movimiento. Más allá de las intenciones concretas de cada uno de estos actores, el resultado final de la consulta muestra que el profesorado fue capaz de superar estas dinámicas y de construir una lectura propia del momento político.
Lejos de dejarse arrastrar por las presiones inmediatas, por las disputas organizativas o por los intentos de convertir el conflicto en una suma de posicionamientos irreconciliables, miles de docentes optaron por una solución que combinaba firmeza en el rechazo de la propuesta de la Conselleria con realismo respecto a los límites materiales de una huelga indefinida sostenida durante un mes. Esta capacidad para distinguir entre objetivos estratégicos y necesidades tácticas constituye probablemente una de las muestras de madurez colectiva más importantes que ha producido el movimiento docente valenciano en las últimas décadas.
No obstante, la existencia en el horizonte inmediato de un nuevo proceso electoral sindical, previsto para noviembre-diciembre de 2026, obliga también a realizar una lectura más cuidadosa de las tensiones que han atravesado este ciclo de movilización. La relación entre la construcción de un amplio movimiento social docente y las dinámicas propias de la competencia sindical merece una reflexión específica que abordaremos más adelante, porque una parte de los retos estratégicos de la próxima etapa dependerán precisamente de la capacidad de gestionar esta contradicción sin debilitar las estructuras unitarias construidas durante el conflicto.
Y precisamente por ello su resultado posee una relevancia política extraordinaria. La Conselleria había construido durante semanas una narrativa orientada al cierre del conflicto. La consulta rompió este marco interpretativo. El profesorado respondió que la cuestión ya no era únicamente cuánto se había conseguido, sino cuánto quedaba todavía por transformar. Y con ello introdujo una pregunta que trasciende completamente el ámbito de la negociación: ¿quién tiene autoridad para determinar cuándo un conflicto está realmente resuelto?
La respuesta ofrecida por la consulta es clara. No son las administraciones. No son los equipos negociadores. No son los medios de comunicación. Son quienes sostienen colectivamente la movilización. La consecuencia inmediata de este resultado fue la decisión de suspender la huelga sin desconvocarla.
Esta distinción, aparentemente técnica, posee una enorme importancia estratégica. La desconvocatoria habría significado aceptar que el conflicto había concluido. La suspensión implica exactamente lo contrario: reconocer la necesidad de preservar fuerzas organizativas sin renunciar a la principal herramienta de presión colectiva.
Desde una perspectiva histórica, las organizaciones capaces de sostener procesos transformadores duraderos no son aquellas que permanecen permanentemente movilizadas, sino aquellas que saben alternar momentos de confrontación abierta con fases de acumulación organizativa. Toda organización posee límites materiales. Las personas se cansan. Los recursos se agotan. La intensidad movilizadora no puede mantenerse indefinidamente. Ignorar estos límites suele conducir a derrotas mucho más profundas que una retirada ordenada.
Por eso la suspensión no debe interpretarse como un retroceso. Debe interpretarse como la apertura de una nueva fase del conflicto. Y es precisamente en este punto donde aparece la cuestión estratégica más importante de todas. ¿Qué hacer con la capacidad colectiva construida durante estos meses? ¿Qué hacer con las asambleas que han surgido en los centros? ¿Qué hacer con las redes de coordinación creadas entre comarcas? ¿Qué hacer con una experiencia de deliberación colectiva que ha implicado a decenas de miles de docentes y que probablemente no tiene precedentes recientes en la historia educativa valenciana?
La respuesta no puede consistir simplemente en esperar la próxima negociación. Tampoco en mantener artificialmente una movilización permanente. Las organizaciones que sobreviven y acumulan fuerza no son aquellas que permanecen siempre en el punto máximo de tensión, sino aquellas que saben transformar los momentos de confrontación en fases de acumulación política. Desde esta perspectiva, la suspensión de la huelga no cierra nada. Abre una nueva etapa.
La comparecencia institucional del presidente Pérez Llorca el 12 de junio de 2026 constituye, precisamente, una de las primeras evidencias de este nuevo escenario. Al día siguiente de conocerse el resultado de la consulta docente, y después de que más de 30 000 profesores y profesoras rechazaran la propuesta global de la Conselleria del gobierno del PP-VOX, el presidente anunció que diversas medidas seguirían adelante y quedarían incorporadas a los presupuestos de 2026. La climatización de los centros, el Plan Recole, la ampliación de los recursos de educación especial, el incremento de profesionales de educación social o los compromisos futuros de reducción de ratios pasaban a presentarse como decisiones que el gobierno impulsaría independientemente del acuerdo sindical. Formalmente, la declaración pretendía transmitir una imagen de responsabilidad institucional. Pero políticamente admite una lectura diferente.
Si el gobierno hubiera interpretado la consulta como una derrota del movimiento docente, no habría tenido ninguna necesidad de salir inmediatamente a anunciar medidas. La propia necesidad de hacerlo constituye un indicador de que la movilización ha alterado parcialmente la correlación de fuerzas.
En realidad, la situación es paradójica. El profesorado rechaza la propuesta global. La huelga queda suspendida pero no desconvocada. El conflicto continúa abierto. Y es justamente en este contexto cuando el gobierno del PP-VOX siente la necesidad de reafirmar públicamente compromisos que meses antes ni siquiera formaban parte de su agenda política. Esto no significa que las reivindicaciones hayan sido satisfechas. Significa otra cosa. Significa que la movilización ha obligado al gobierno a moverse. Y cuando un gobierno se ve obligado a moverse, aunque sea parcialmente, es porque la correlación de fuerzas ha empezado a modificarse. Pero precisamente porque el conflicto continúa abierto, la cuestión central ya no es tanto qué hará la Conselleria como qué hará el movimiento docente con la fuerza acumulada durante estos meses.
La primera respuesta debería ser organizar. Organizar los centros. Organizar las comarcas. Organizar las redes de comunicación. Organizar los espacios de deliberación colectiva que han aparecido durante la huelga. Organizar, en definitiva, una infraestructura estable capaz de sobrevivir a los ciclos de movilización y a los calendarios negociadores. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que las asambleas no son únicamente instrumentos para convocar huelgas. Son espacios de producción política. Son lugares donde los problemas individuales se convierten en diagnósticos compartidos. Son mecanismos de construcción de confianza. Son escuelas de democracia colectiva.
Por ello, el principal objetivo del próximo curso debería ser extraordinariamente sencillo de formular: conseguir que cada centro educativo del País Valenciano disponga de una asamblea activa y regular. No como una estructura excepcional vinculada a una huelga concreta. No como un mecanismo auxiliar de ninguna organización determinada. Sino como un espacio permanente de deliberación colectiva.
Ahora bien, las asambleas por sí solas tampoco son suficientes. La huelga ha mostrado que el verdadero salto cualitativo se produce cuando estas estructuras locales comienzan a coordinarse entre sí. Cuando los centros dejan de pensarse como realidades aisladas y comienzan a actuar como partes de un mismo sujeto colectivo. Por ello, el reto de los próximos meses pasa por construir una arquitectura multinivel. Coordinaciones fuertes a escala local y comarcal, capaces de responder a los problemas concretos de cada territorio. Y una coordinación más flexible para el conjunto del País Valenciano, orientada a compartir información, sincronizar campañas y construir objetivos comunes.
La suspensión de la huelga ofrece el tiempo necesario para avanzar en esta dirección. Y eso obliga también a repensar el significado político del verano. Durante demasiado tiempo, los movimientos educativos han interpretado los meses estivales como un período muerto. Una interrupción inevitable impuesta por el calendario escolar. Pero esta mirada resulta profundamente equivocada. El verano es una oportunidad. El País Valenciano recibe millones de visitantes. Las ciudades costeras multiplican su población. Las fiestas populares llenan pueblos y barrios. Los espacios públicos se convierten en lugares de encuentro masivo. Y precisamente por ello la camiseta verde y el chaleco amarillo no deberían desaparecer.
Al contrario. Deberían estar presentes en las playas, en las fiestas mayores, en los conciertos, en los encuentros culturales, en los actos populares y en los principales enclaves turísticos del país. No como una prolongación artificial de la huelga. No como una teatralización permanente del conflicto. Sino como una forma de mantener viva su presencia social.
Porque la construcción de poder colectivo no consiste únicamente en organizar a quienes ya están movilizados. Consiste también en convertir las propias reivindicaciones en elementos reconocibles dentro del paisaje cotidiano de la sociedad. El verano, por tanto, no debería ser un período de retirada. Debería ser una fase de acumulación.
Pero esta acumulación tampoco puede terminar en septiembre. Del mismo modo que el verano debería servir para ampliar redes, reforzar coordinaciones y mantener la visibilidad pública del conflicto, el primer trimestre del curso 2026-2027 debería concebirse como una segunda fase de acumulación organizada. No se trata de encadenar movilizaciones permanentes que acaben agotando la base social. Ni tampoco de permanecer pasivos a la espera de una nueva negociación. Se trata de planificar meses enteros de actividad política y organizativa. Las asambleas deben consolidarse. Las coordinaciones territoriales deben fortalecerse. Las redes de comunicación construidas durante la huelga deben ampliarse. Las campañas descentralizadas deben multiplicarse.
Y simultáneamente deben prepararse acciones de gran impacto público. El 9 de Octubre aparece, en este sentido, como una fecha especialmente relevante. No únicamente por su importancia simbólica. También porque ofrece una oportunidad privilegiada para conectar la defensa de la educación pública con debates más amplios sobre el modelo de país, la lengua, la cohesión social y el futuro de los servicios públicos valencianos. La cuestión no es convocar movilizaciones por rutina. La cuestión es construir acontecimientos políticos capaces de ampliar la base social del movimiento.
Y eso implica mantener abierta una posibilidad que a menudo desaparece de los debates una vez concluida una huelga indefinida. La huelga está suspendida. No desconvocada. Esta diferencia sigue siendo fundamental. Porque significa que el movimiento conserva una herramienta de presión extraordinariamente poderosa. Y significa también que, si las circunstancias lo exigieran, podrían plantearse nuevas jornadas de huelga de uno, dos o tres días convocadas con la suficiente rapidez para dificultar la capacidad de respuesta del gobierno del PP-VOX. No como una estrategia basada en la improvisación. Sino como una expresión de la iniciativa política acumulada durante los meses previos.
Desde esta perspectiva, el primer trimestre no debería ser una fase de espera. Debería ser una fase de preparación. Y diciembre podría convertirse en un momento especialmente adecuado para realizar una valoración colectiva de la situación creada después de meses de acumulación organizativa. Una valoración no destinada únicamente a examinar lo que se ha hecho. También a planificar la fase siguiente.
Porque el horizonte estratégico ya no es solo la próxima reunión negociadora. El horizonte es mayo de 2027. No porque exista una confianza especial en los calendarios electorales. Precisamente por lo contrario. Porque toda experiencia histórica muestra que los gobiernos tienden a mostrar una mayor sensibilidad ante los conflictos sociales cuando se aproximan las elecciones.
Los cinco primeros meses de 2027 deberían concebirse, por tanto, como una fase de concentración progresiva de fuerzas. Un período capaz de combinar grandes movilizaciones de país, campañas descentralizadas, acciones coordinadas y, si fuera necesario, nuevas convocatorias de huelga limitadas temporalmente pero de alto impacto político. Ahora bien, para que esta estrategia sea viable existe una condición imprescindible: preservar la unidad construida durante el conflicto. Y es precisamente aquí donde aparece una de las cuestiones más delicadas de los próximos meses.
Las elecciones sindicales de noviembre y diciembre de 2026. Es evidente que este proceso existirá. Pero sería extraordinariamente poco inteligente convertirlo en el eje central de la vida colectiva del movimiento a partir de septiembre. Abrir prematuramente debates sobre representación, cuotas, siglas o equilibrios internos podría introducir dinámicas de fragmentación justo en el momento en que resulta más necesario consolidar las estructuras creadas durante la huelga. La principal lección de los últimos meses es que la fuerza del movimiento no se ha construido alrededor de unas siglas concretas. Se ha construido alrededor de una experiencia compartida de lucha. Por ello, la cuestión principal no debería ser qué organización obtiene más delegados, sino cómo traducir institucionalmente aquello que el profesorado ha expresado reiteradamente en las consultas y las asambleas.
Desde esta perspectiva, las organizaciones con mayor representación deberían demostrar una considerable generosidad política. Y las organizaciones más pequeñas deberían mostrar una comprensión equivalente respecto al momento histórico que atraviesa el movimiento docente. La construcción de espacios amplios de entendimiento, cooperación y coordinación estable —e incluso de fórmulas comunes de representación allí donde sea posible— podría convertirse en una herramienta útil para reforzar el conjunto del campo sindical que ha sostenido la movilización. No se trataría de borrar diferencias. Se trataría de entender que el principal adversario no se encuentra dentro del movimiento.
Esta reflexión obliga también a las organizaciones sindicales mayoritarias a revisar algunas de las prácticas comunicativas desarrolladas durante el conflicto. La representación institucional y la capacidad negociadora continúan siendo imprescindibles, pero no pueden sustituir una pedagogía política permanente dirigida al conjunto del profesorado. Negociar no consiste únicamente en obtener acuerdos o rechazar propuestas. Consiste también en explicar con transparencia los límites de cada reunión, las correlaciones de fuerza existentes, las contradicciones presentes en cada oferta y las razones que justifican cada decisión adoptada. Cuando esta tarea no se realiza adecuadamente, el resultado suele ser la aparición de rumores, interpretaciones contradictorias y desconfianza.
Una de las lecciones más valiosas de este ciclo de movilización es precisamente que la información no puede circular exclusivamente de arriba abajo. Las asambleas han demostrado que la comunicación democrática es más eficaz cuando se produce en doble dirección: desde las mesas hacia los centros, pero también desde los centros hacia las mesas. Cualquier proyecto que aspire a consolidar la fuerza acumulada durante estos meses tendrá que incorporar esta lección.
Si algo ha expresado el profesorado durante este ciclo de conflicto es una clara voluntad de reforzar aquellas organizaciones que han contribuido a construirlo y, simultáneamente, de debilitar las expresiones más evidentes del sindicalismo amarillo. Reducir significativamente su representación, o incluso expulsarlo de determinados espacios institucionales, constituiría una victoria política adicional del movimiento docente.
Pero esta operación solo tendría sentido si sirve para reforzar la capacidad colectiva del profesorado. Porque la principal lección de los últimos meses es otra. Las mesas de negociación son necesarias. Los sindicatos son imprescindibles. La representación institucional es importante. Pero la fuerza transformadora que ha emergido durante este conflicto no reside fundamentalmente en ningún aparato.
Reside en las asambleas. Reside en las plataformas. Reside en las redes construidas entre centros. Reside en la capacidad del profesorado para deliberar colectivamente, producir diagnósticos compartidos y actuar de manera coordinada. Por ello sería un error que las plataformas docentes acabaran absorbidas por los sindicatos. Pero también lo sería que el movimiento acabara subordinado a cualquier proyecto partidista, incluso a aquellos que se reclaman de la izquierda política.
Los gobiernos cambian. Las mayorías parlamentarias cambian. Los partidos cambian. Pero las necesidades estructurales de la educación pública siguen existiendo. La función del movimiento docente no es actuar como fuerza auxiliar de ningún proyecto institucional, sindical o partidista. Es mantener la autonomía suficiente para obligar a cualquier gobierno, sea del color que sea, a responder ante las demandas construidas colectivamente desde abajo.
Porque lo que ha empezado a emerger durante este ciclo de movilización es mucho más que una estructura destinada a gestionar conflictos laborales. Es, potencialmente, un movimiento social docente. Y esta diferencia es decisiva.
Un sindicato negocia. Un movimiento social transforma correlaciones de fuerza. Un sindicato corrige injusticias concretas. Un movimiento social aspira a intervenir sobre las estructuras que producen esas injusticias.
Este es, probablemente, el verdadero reto de la fase abierta después del 10 de junio. No simplemente ganar la próxima negociación. No simplemente preparar la próxima huelga. Sino convertir la experiencia extraordinaria de los últimos meses en una capacidad colectiva permanente. Porque las huelgas terminan. Las negociaciones concluyen. Los gobiernos cambian.
Lo que determina si un conflicto deja una huella duradera no son únicamente las concesiones obtenidas. Es la capacidad de transformar la experiencia acumulada en organización estable.
Y esta es, probablemente, la conquista más importante que ha dejado tras de sí el ciclo abierto entre las huelgas del 11 de diciembre de 2025, del 31 de marzo de 2026, la huelga indefinida iniciada el 11 de mayo y su suspensión el 11 de junio de 2026.
Afirmación final que podría haber realizado el extinto Espai Alternatiu del País Valencià
Òscar V. Ramírez Sales, Miembro de la asamblea del IES Historiador Chabàs de Dénia.
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Fotografía: Viento sur