Por: REMA. 03/10/2025
El lunes 24 de octubre, el Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en
México (CanCham) comunicó la adopción del estándar Hacia una Minería Sustentable por parte
de sus socios, anunciándolo como si esto fuera un gran avance para la industria en México y para
la relación entre Canadá y México. Pero ¿qué es este estándar?, ¿cómo funciona? ¿qué papel
tiene en su promoción el gobierno canadiense?
Dado el gran velo que cubren estos mecanismos de auto regulación empresarial de la que este
estándar forma parte, queremos en este comunicado dar algunos elementos para mostrar por
qué este estándar es un mecanismo más de simulación, que permite que, mientras las empresas
canadienses destruyen con impunidad vidas y territorios en diferentes partes de la República
mexicana, sean reconocidas por los gobiernos como “una fuerza positiva para las comunidades,
para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”, como dijo el
embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, al anunciar este estándar.
El estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado
por la Asociación Minera de Canadá que consiste en nueve protocolos para la autoevaluación de
las operaciones mineras y que, desde hace años, ha sido promovido por dicha Asociación, tanto
dentro de Canadá como a nivel global. Sin embargo, el sector minero no es el único impulsor de
este estándar; las embajadas canadienses alrededor del mundo también asumieron el papel de
promotoras de dicho estándar voluntario, como parte de su política exterior servil a los intereses
mineros. Así, la embajada actúa con omisión y negligencia ante la exigencia que gobiernos,
organizaciones y comunidades le han hecho durante décadas para llevar a rendir cuentas a las
empresas mineras con domicilio en Canadá por las violaciones a derechos humanos, medio
ambiente y a la salud en diversos países.
Contrario a lo que dijo el Embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, en el boletín
emitido por CanCham, este estándar no va a “garantizar que la inversión canadiense en el sector
minero mexicano siga siendo, más que nunca, una fuerza positiva: para las comunidades, para el
medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México». Más bien, este estándar
promueve la opacidad y el conflicto de interés al promover procesos de auto-regulación de las
empresas sobre sus propias operaciones. Es además un mecanismo que no conlleva
penalizaciones para las empresas que no cumplen los protocolos, al tiempo que evita que las
comunidades y trabajadores mineros afectados busquen justicia y reparación del daño cuando
pierden fuentes de agua, se destruyen sus tierras cultivables, empiezan a enfermarse, o
enfrentan la criminalización y la violencia por haberse organizado y denunciado violaciones de
sus derechos.
Organizaciones ambientales y pueblos indígenas de Canadá también han señalado la peligrosidad
de este estándar, por la misma forma en que la Asociación Minera de Canadá y el gobierno de la
provincia de Columbia Británica, en este caso, lo han utilizado para disfrazar la minería como una
actividad “responsable”, evitando así responder a las constantes exigencias sobre los riesgos que
implican los diques de cola, sobre la debilidad de la legislación y los controles para manejar la
contaminación del agua generada por la minería, y la falta de respeto y desdén que
constantemente muestran las corporaciones mineras hacia la autodeterminación de los pueblos
indígenas.
En una publicación de 2021, este grupo de organizaciones canadienses observaron que este
estándar voluntario no asegura que las empresas cumplan ni con sus protocolos, ni con las leyes
locales de aquel país y, aún más, lo señalaron por ser un estándar incluso más débil que otros,
por no tomar en consideración temas relevantes como la reclamación y cierre de minas, la
seguridad en torno a la operación minera, o los derechos humanos, entre otros.
Además, lo que se anunció esta semana como el compromiso de las empresas mineras
canadienses vinculadas al comité de CanCham para “implementar de manera gradual los
protocolos del estándar”, es como decir que lo podrían aplicar ahora o nunca, dado que todo es
gradual y voluntario.
Para dimensionar lo inútil que este estándar es para la justicia y la rendición de cuentas, basta
con voltear a ver la mina Los Filos de la empresa Equinox Gold en Guerrero, una empresa
canadiense con sede en Vancouver y cuyo vicepresidente para México, Armando Ortega, forma
parte del Consejo Ejecutivo actual de CanCham. Este empresa ya tiene un compromiso con el
estándar mencionado, al ser miembro de la Asociación Minera de Canadá, y demuestra la farsa
que es este estándar. Al mismo tiempo su mina Los Filos está poniendo en riesgo la vida de la
comunidad de Carrizalillo al haber destruido casi la totalidad de sus tierras mientras la empresa
mantiene su pretensión de imponer condiciones absolutamente inviables sobre su convenio de
uso de tierras, con la auto-suspensión ilegal de su mina y al mismo tiempo haciendo amenazas y
demandas en contra de la comunidad.
Esto conjunto de violaciones no sólo lo dice la comunidad de Carrizalillo, si no ahora la clausura
reciente por PROFEPA a las operaciones de la empresa, respalda lo que ha estado diciendo la
comunidad desde hace meses en torno a los incumplimientos de la empresa de la normatividad
ambiental mexicana y respecto al señalamiento de que este cierre debería conllevar un proceso
de remediación, rehabilitación y compensación justa y consensuado con la comunidad.
Finalmente, en su boletín, el Comité Ejecutivo de Minería de CanCham, dice que la adopción de
este estándar “responde a la exigencia consensuada por la presidenta de México y el primer
ministro de Canadá para que la industria minera siga llevando a cabo protocolos de protección
comunitaria y ambiental acordes con las aspiraciones comunes de construir un marco de
desarrollo sostenible”. Como REMA, no dudamos que este anuncio sea parte de un montaje
mediático organizado por la industria en colaboración con la diplomacia canadiense para
maquillar su Plan de Acción Canadá-México y su acercamiento con México en el contexto de la
revisión del T-MEC para tratar de persuadir al gobierno mexicano que las empresas mineras
canadienses ahora van a comportarse bien.
Si las autoridades mexicanas responden a este gesto con complacencia y confianza, sería caer
nuevamente en la trampa de la simulación, en la política colonial extractivista de Canadá y
aceptar la continuidad del despojo, desplazamiento e impunidad en torno a la minería que ya
conocemos demasiado bien.
Para mayor información:
- Desmintiendo los mitos sobre la minería «sostenible» en la Columbia Británica:
Información general, MiningWatch Canadá.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA
Fotografía: REMA