Por: Carmen Valeria Escobar. 07/07/2025
Organizaciones LGBTIQ+ en El Salvador han encontrado en la tecnología una herramienta para protegerse y hacer memoria de la escalada autoritaria que vive el país.
Steven Rodríguez viajó 66 kilómetros desde su casa en Santa Ana, al occidente de El Salvador, para asistir el 28 de junio a la marcha del orgullo en la capital. Es la segunda vez que asiste. Ahí, unas 20,000 personas se reúnen en una mezcla de fiesta y protesta por los derechos de la diversidad sexual. Pero este año, la felicidad fue sustituida por temor.
“Tal vez no escale, pero sí hay un miedo de que pase lo mismo que a la cooperativa El Bosque. Pero, desde lo profundo creo que, como personas, tenemos derecho a una vida digna. Si no soy yo, ¿quién más va a defender mis vivencias?”, dice Steven sobre su decisión de asistir en medio de la escalada autoritaria que vive el país.
Cuando Nayib Bukele asumió el poder en 2019, una de sus primeras acciones fue eliminar la Dirección de Diversidad Sexual. En febrero de 2024, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, dejó clara su postura: “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, que la currícula no lleve ideología de género y esas cosas”.
El principal temor de Steven es que la marcha sirva como excusa para criminalizar a sus asistentes. El 12 de mayo, un centenar de miembros de la cooperativa El Bosque realizaron una protesta pacífica para evitar ser desalojados. Esta fue reprimida por la policía militar y terminó con el arresto del líder comunitario José Ángel Pérez y del abogado Alejandro Henríquez, por desórdenes públicos. Ambos se encuentran cumpliendo detención provisional en un centro penal. En los últimos cuatro meses, en el país han sido detenidos al menos seis defensores de derechos humanos por motivos políticos.
Por la tarde, la marcha finaliza de manera pacífica y, al menos sobre el terreno, no se registran detenciones.
Protección digital contra la discriminación y la vigilancia
Steven integra un colectivo llamado Pedrina, enfocado en la articulación comunitaria por los derechos LGBTIQ+ en occidente. Su acercamiento a la seguridad digital comenzó cuando miembros de la organización empezaron a recibir insultos, amenazas y mensajes de odio en redes sociales.
Steven y su colectivo recibieron formación en seguridad digital impartida por Amate, otra oenegé LGBTIQ+ con incidencia a nivel nacional. Desde mayo, Amate ha capacitado a 60 personas en derechos digitales, análisis de riesgo, extorsión, suplantación de identidad, outing, vigilancia y pornovenganza. También incluye la implementación de herramientas como el uso de VPN y plataformas de mensajería cifrada, como Signal y Proton.
“Algo que activistas nos decían que es muy común es que personas toman sus fotos de Facebook y se hacen pasar por ellos en redes sociales, ya sea para atacar a otros colectivos o para menoscabar aspectos personales. Por eso es una experiencia muy interesante. Las personas no somos conscientes de la exposición que tenemos en el mundo digital”, explica Fernando Paz, quien está a cargo de impartir estos cursos.
Para Steven, estas herramientas son una forma de enfrentar un país que, con respaldo gubernamental, se vuelve cada vez más violento con quienes representan la diversidad.
“En la universidad hemos tenido experiencias de discursos de odio en clases. Profesores han dicho que comparten el pensamiento de Bukele sobre la ideología de género y que esta tiene que desaparecer por envenenar a la juventud”.
Una vía que el gobierno ha usado para invisibilizar la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ es la falta de contabilización de los crímenes de odio cometidos en el país. En los últimos años, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) ha usado las categorías “asesinato por intolerancia social” y “asesinato por intolerancia familiar” para contabilizar los homicidios que no puede atribuir a lo que denomina “delincuencia general” (en su mayoría, según la narrativa del gobierno, ejercida por pandillas). No hay claridad sobre qué se agrupa en estas categorías, que no son oficiales, no están definidas y no se usan al interior de los reportes administrativos, sino solo de cara al público. Entre 2023 y 2024, según la FGR, se contabilizaron 182 de estos casos.
Aquí también, archivar es resistir
Ante la oscuridad estadística, el ejercicio de documentar y archivar crímenes de odio ha sido asumido por las organizaciones. El Servicio Social Pasionista documenta que 154 personas LGBTIQ+ han sido detenidas durante el régimen de excepción, el cual inició en marzo de 2022 y ha sido prorrogado 39 veces hasta la fecha. Tras su implementación, Nicola Chávez y sus compañeros vieron la necesidad de registrar casos de violencia en contra de miembros de la población LGBTIQ+.
“Siempre habíamos tenido la intención de empezar un observatorio, pero con el inicio del régimen de excepción todo el mundo sabe que la violencia policial y el acoso militar tienen un impacto desproporcionado sobre la comunidad LGBT. Obviamente eso nos perjudica, y no sé con quién más cuentan para poder denunciar”, explica.
Hasta la fecha, la organización donde trabaja ha registrado 68 hechos de violencia contra personas LGBTIQ+, aunque consideran que podrían ser más. Uno de los principales retos ha sido centralizar y sincronizar la información que cada integrante había guardado por su cuenta.
“Una de las grandes frustraciones siempre ha sido que no tenemos consistencia al momento de almacenar información. Para hacer esta base tuve que ir de computadora en computadora, recolectando información en correos y expedientes sueltos”.
Chávez es estudiante de doctorado en Estudios Americanos y archivista, aplicó sus conocimientos para recopilar y organizar la información. Para ella, es crucial mantener seguras las bases de datos que contienen información sensible relacionada con denuncias de víctimas en el marco del régimen de excepción. Una de las claves es proteger los datos con múltiples capas de seguridad y utilizar plataformas encriptadas con funciones de autodestrucción automática, como CryptPad.
La escalada autoritaria en El Salvador ha obligado a las organizaciones a ser más cautelosas con su trabajo público. Por ello, Chávez solicitó que su organización no sea mencionada por temor a represalias tras la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a quienes reciben fondos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”. De ser autorizadas, estarán sujetas a un impuesto del 30% sobre toda financiación externa, una medida que, según los opositores, busca asfixiar económicamente a las voces disidentes.
“El registro está diseñado como un ente todopoderoso. Hay requisitos mínimos para poder inscribirse, pero tienen el poder de exigir lo que quieran. No hay límites en los reglamentos sobre lo que pueden solicitar. Lo que nos preocupa es que, como parte de un proceso rutinario, quieran incautar computadoras, discos duros, etcétera”, advierte Chávez.
La situación política del país los ha obligado a contemplar varios escenarios sobre cómo resguardar la información. El más crítico implica que el gobierno considere la marcha del orgullo o las actividades de su organización como una contravención directa a la ley y allane sus oficinas. Otra preocupación es que, al momento de registrarse, se les exija entregar el contenido de los dispositivos.
Pero la aprobación de esta ley para controlar el discurso y la información no es un caso aislado. En noviembre de 2024, el Congreso aprobó leyes que establecen la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, cuyas atribuciones incluyen gestionar amenazas cibernéticas y supervisar el cumplimiento de la protección de datos.
“El gobierno de El Salvador ha creado toda una infraestructura para tener un control no solo social, sino también digital de la ciudadanía. Con la creación de esta agencia, se habilita una herramienta de fiscalización para temas relacionados con la información, el uso de la tecnología y nuestra identidad digital”, explica Joshi Leban, especialista en incidencia y alfabetización digital.
Los registros que con tanto ahínco resguarda Chávez también tienen una visión en la que persiste su esperanza por la justicia.
“En algún momento, quizás esto se convierta en un litigio internacional, o puede ser que termine este gobierno y se inicie un proceso de fiscalización sobre lo que ha pasado. En ese escenario, servirá que las organizaciones hayan dejado constancia de estos hechos como documentación”.
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Fotografía: Wired
