Por: Luis Dorado. 21/05/2024
Petro acaba de denunciar que se inició el “golpe blando”. “Tocaron la campana”, dijo. Se refiere a la investigación de los recursos utilizados por la campaña presidencial de Petro en 2022 (1ª y 2ª vuelta) que adelanta el Consejo Nacional Electoral CNE. Los magistrados ponentes (Prada, “uribista”, y Ortiz, liberal) presentaron su informe y proponen formular cargos a partidos del Pacto Histórico, al presidente Petro y al gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por ‒supuestamente‒ haber superado los topes de gastos establecidos por ley.
Los magistrados acusan directamente al presidente Petro cuando no tienen esa función. Si tienen indicios de que él intervino en alguna irregularidad deben enviar esa información a la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes para que ese órgano asuma la indagación y pesquisa. Si existen pruebas fehacientes y comprobables sus integrantes deberán formular cargos al presidente e iniciar lo que sería un “juicio político”. Ese es el procedimiento reglado.
Lo que se nota es que para armar ese “pliego de cargos” los magistrados ponentes contaron con la interesada colaboración de la Fiscalía de Barbosa, incluyendo a los medios de comunicación “prepagos”, y muy seguramente, agencias de inteligencia de los EE.UU. y otros países (UE, Israel) a los que Petro les incomoda por su posición autónoma y digna, no solo frente a la economía capitalista que nos lleva al colapso ambiental sino a los conflictos en Ucrania y Palestina.
Es un pliego de cargos construido en “vivo y en directo”. A diario aparecen noticias sobre supuestos indicios y pruebas. Esa estrategia incluyó el allanamiento ilegal de la sede de la Federación Colombiana de Educadores Fecode, la construcción de falsos testigos sobre “lavado de activos”, la denuncia de aportes de “narcos” y de empresas de criptomonedas, y toda una campaña para hacerle creer a la opinión pública que la elección de Petro fue ilegítima.
Claro, se apoyan en lo afirmado por Armando Benedetti cuando hizo un reclamo “público” y “torpe” a Petro por no haberlo nombrado en un alto cargo, y en lo descubierto en el caso de Nicolás, hijo de Petro. Desde entonces, la obsesión de los enemigos del presidente y de su gobierno ha sido construir una “narrativa corrupta” sobre la campaña electoral del progresismo, que se combina a la perfección con el bloqueo institucional a todo nivel para mostrarlo como un gobernante incapaz, que no soluciona problemas y que lleva al país al caos y al desorden.
No obstante, lo que tienen para comprobar que se violaron los topes electorales no es gran cosa. Los directivos de la campaña progresista han desmentido cargo por cargo, prueba tras prueba, demostrando que los recursos recibidos de sindicatos (Fecode y la USO) no entraron en gastos de campaña, sino que fueron manejados por Colombia Humana para financiar actividades como la de apoyo a los testigos electorales cuando la campaña ya había terminado.
De todas maneras, esa formulación de cargos coincide con el escándalo surgido alrededor de los malos y corruptos manejos realizados en la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres UNRD, que compromete a funcionarios nombrados por Petro (Olmedo López y cía.) y, supuestamente, a altos funcionarios del gobierno y del Congreso (presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes), lo que ha servido para fortalecer la ofensiva contra el gobierno y contra la imagen del presidente.
No obstante, el presidente no se deja acorralar. Continúa visitando a comunidades de diferentes regiones y ahora ha lanzado una campaña para “hacer gobierno” desde barrios populares de diversas ciudades. Continúa denunciando la existencia de un plan para “tumbarlo por las buenas” (golpe blando) usando artimañas jurídicas (“lawfare” o guerra jurídica), o “derrocarlo por las malas” (golpe duro) cuando la estrategia de bloqueo institucional y de desinformación (guerra mediática) haya logrado debilitar las fuerzas que apoyan al gobierno.
Ese es el pulso que hoy está en desarrollo. Petro ha iniciado lo que ha denominado un “Proceso Constituyente” que incluye sus concentraciones y discursos para mostrar algunas realizaciones concretas de su gobierno y, así, tratar de contrarrestar la ofensiva de las castas dominantes que claramente está dirigida por sectores golpistas de la oligarquía, aunque algunos sectores de “centro” desconocen y niegan el bloqueo institucional sistemático, y colocan el eje de sus propuestas en la “defensa de las instituciones democráticas”.
Petro ha llamado a que el pueblo se prepare para enfrentar el golpe de Estado que está en desarrollo. Desde hace más de dos (2) meses ha propuesto a las fuerzas políticas y al movimiento social, la tarea de organizar en veredas, barrios, comunas, municipios y departamentos de lo que denomina “Asambleas Populares. Se trata de organizar al “constituyente primario” (pueblo) no sólo para defender la precaria democracia existente sino para avanzar hacia lo que ha denominado “Democracia Real”.
Esa propuesta todavía no está totalmente clara y construida. Los liberales y la socialdemocracia clásica plantean que el constituyente primario debe ser convocado cuando existan “condiciones excepcionales en la sociedad” para cambiar o reformar la Constitución, y que ese proceso constituyente se transforma en “instituyente” una vez sea convocada y elegida la Asamblea Constituyente. En ese momento, según ellos, el pueblo debe ser desmovilizado dado que delega su poder en sus representantes y en las “nuevas instituciones”.
Otros sectores que podrían llamarse como “progresismo revolucionario” plantean que hay que ir más allá. Que el “proceso constituyente” debe hacerse convocando al debate al común de la gente, pero en forma organizada y masiva. Los principales problemas no pueden ser determinados por especialistas que desde la academia o el mundo de la política le imponen al pueblo la agenda constitucional. Y las bases sociales deben tener la seguridad de que sus ideas y propuestas tengan concreción, no tanto en un escrito o papel, sino en la realidad de sus vidas.
Por ello, el “proceso constituyente” debe concebirse a mediano plazo, como una construcción de organización popular de nuevo tipo. No se trata de una suma de las organizaciones sociales existentes sino de sacudir a nuestra sociedad, haciéndole ver que, si no cambiamos el “sistema político” que está organizado para “robar”, como ocurrió en 1991, no va a pasar nada. Se requiere dar un salto cualitativo en la organización popular derrotando el sectoralismo y la dispersión, superando la reivindicación estrecha y avanzando hacia prácticas integrales y transformadoras.
Una de las falencias del gobierno de Petro es que sólo cuando comprobó que las alianzas con los partidos tradicionales no lo llevaban a ninguna parte y, que, por el contrario, lo que han servido es para enlodar y contaminar a su administración con corrupción y politiquería, es que se decide a apoyarse en el pueblo. Pero hasta ahora ese llamado y esa intención no pasa del discurso. En realidad, la lucha contra la corrupción y el burocratismo implica ‒necesariamente‒ el empoderamiento de las gentes alrededor de una “nueva forma de gobernar”.
El otro problema que se observa es que la dirigencia del Pacto Histórico terminó muy dividida en casi todas partes con ocasión de las elecciones locales y regionales. Por ello, mientras Petro llama con urgencia a organizar la “resistencia” al golpe (blando y duro) y a crear las asambleas populares, los dirigentes no saben cómo actuar. La gente más consciente y avanzada demostró el pasado 1° de mayo que apoya a Petro, pero también, en voz baja (“sotto voce”), se expresa inconformidad con el desempeño de nuestro gobierno. Mucha burocracia y pobres resultados.
Es importante que la ilusión reformista basada en acuerdos y alianzas con políticos tradicionales esté en proceso de desmonte. La crisis profunda del Partido Verde refleja lo que ocurre en todas las organizaciones políticas, incluyendo amplios sectores de los partidos que hacen parte del Pacto Histórico. La dirigencia política y social de tipo popular debe sacudirse y salir de ese letargo “institucional” que nos ha llevado a este momento crítico. Si no lo hacemos, Petro podría quedarse solo. Y eso no lo podemos permitir.
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Fotografía: Proceso
