Por: Committee to Protect Journalists: 01/08/2025
El Gobierno usa polígrafos para interrogar a los funcionarios sobre si han tenido contacto con El Faro.
Los periodistas del destacado medio de investigación centroamericano El Faro conocían los riesgos cuando publicaron una serie de entrevistas con miembros de pandillas que sostenían que el presidente salvadoreño Nayib Bukele y con diversos grupos delincuenciales tienen vínculos desde hace tiempo. Lo que no sabían era lo rápido que escalaría la represión.
Solo unos pocos días después de la publicación, fuentes cercanas a la Fiscalía General de El Salvador advirtieron sobre las inminentes órdenes de arresto para siete periodistas del medio. Los presuntos cargos, que incluyen “asociación ilícita”, son típicamente usados contra presuntos pandilleros. Como medida de precaución, diez reporteros de El Faro ya han salido del país y muchos más seguirían el mismo camino en junio.
Tras la publicación de las entrevistas, el Gobierno intensificó su ofensiva contra periodistas y organizaciones de derechos humanos. Ruth López, destacada abogada del grupo de derechos humanos Cristosal, fue arrestada abruptamente y acusada de malversación de fondos. Otros dos activistas siguen detenidos acusados de alterar el orden público.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado años de acoso contra la redacción de El Faro, desde vigilancia con el software Pegasus y acusaciones infundadas de lavado de dinero hasta campañas de desprestigio lideradas por funcionarios del gobierno. En una conversación con el CPJ, editada aquí por razones de espacio, el editor en jefe de El Faro, Óscar Martínez, ganador del Premio Internacional CPJ a la Libertad de Prensa en 2016 , reflexiona sobre el impacto de esta nueva ola de persecución.
Dánae Vílchez (DV): ¿Puede explicar los cargos que se han presentado contra usted y contra su redacción?
Óscar Martínez (OM): Un día después de que publicamos las entrevistas, el jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado nos acusó en redes sociales de cinco delitos, que incluían trata de personas y violencia sexual. Dijo: “No hay que tirar morteros a los que tienen bombas”, lo que sonó como una amenaza. Poco después, confirmamos mediante dos fuentes confiables distintas que se habían redactado siete órdenes de captura contra nosotros. Las fuentes no se conocían entre sí, pero dieron la misma información: nos acusan de “apología del delito” y de asociación ilícita, delitos que se usan contra grupos criminales. Ahí fue cuando decidimos sacar del país a todos los involucrados en el video.
DV: ¿Cómo ha hecho que el estado de excepción en El Salvador, que el Gobierno dice haber impuesto para combatir la violencia de pandillas, sea especialmente peligroso para periodistas acusados de tener vínculos con las pandillas?
OM: El regimen de excepción comenzó en marzo de 2022 e introdujo una serie de cambios legales. Durante los primeros 15 días, las autoridades no tienen que presentarte ante un juez; pueden arrestarte solo por la intuición de un policía o de un militar. También eliminaron el límite de dos años de detención preventiva; ahora puedes estar en prisión cinco, diez o incluso quince años sin condena. Hay un total hermetismo en los procesos y lo que llaman “juicios masivos”, donde cientos de personas son procesadas sin pruebas individualizadas.
En la práctica es aún peor: allanamientos sin orden judicial, jueces anónimos, órdenes de liberación ignoradas y prohibición de visitas a prisión. Es un estado policial donde el Ejecutivo decide a quién se arresta y por cuánto tiempo. Y todo ocurre sin contrapesos, porque en El Salvador hoy solo hay un poder: el presidente.
DV: ¿Qué cree que busca el Gobierno al acusarlos de ser miembros o simpatizantes de pandillas?
OM: Es una táctica usada en otras dictaduras, como Cuba o Nicaragua, para convertir a los críticos en “no ciudadanos”. Bukele sabe cómo manipular el miedo. Ha impulsado la idea de que defendemos a las pandillas, aunque hemos informado sobre la violencia de pandillas mucho antes de que él entrara en política, cuando todavía administraba una discoteca.
Lo que hacemos es cuestionar a los delincuentes que se aliaron con el Gobierno, eso es periodismo. Su persecución a nosotros y el arresto de Ruth López son un mensaje para toda la oposición visible: la prensa, la sociedad civil, líderes comunitarios, ambientalistas y partidos políticos. Su mensaje es claro: va a aplastarnos. Hemos recibido el mensaje. Algunos seremos arrestados, otros nos exiliaremos. Ese es el plan de Bukele: destruirnos volviendo al pueblo en nuestra contra.
DV: ¿Existe alguna vía legal o institucional que puedan seguir para impugnar las acusaciones o buscar protección?
OM: No. Ninguna.
DV: ¿Cómo compararía el entorno para la prensa ahora con el que existía antes de que Bukele asumiera el poder? ¿Qué ha cambiado política y legalmente?
OM: Antes existía una ley de acceso a la información pública; funcionaba mal, pero funcionaba. Había conferencias de prensa. El Ministerio de Trabajo no se usaba para atacar medios. No había estado de excepción. Si te acusaban de un delito, tenías derecho a un juicio público y abierto, y a apelar. Todavía había jueces independientes y la Sala Constitucional tenía cierta diversidad. La Fiscalía tenía un grado de autonomía.
Todo eso ya no existe. El Salvador nunca fue un país fácil para el periodismo, pero nunca había estado tan mal como ahora.
DV: ¿Cómo ha afectado todo esto su capacidad de informar y construir fuentes?
OM: De forma drástica. Hemos perdido muchas fuentes, especialmente después de que se reveló que Pegasus había infiltrado nuestros teléfonos durante 17 meses. Nadie quiere hablar con periodistas a quienes están vigilando. El Gobierno usa polígrafos para interrogar a funcionarios sobre si han hablado o no con El Faro. Sabemos que los ministerios y la presidencia preguntan específicamente sobre eso. Algunas fuentes que hablaron con nosotros están ahora en prisión; una murió allí, con signos de tortura.
Hacer periodismo también es mucho más caro. Para reunirte con una fuente, tal vez necesites alquilar un Airbnb con cochera subterránea o viajar al extranjero. Lo que antes implicaba solo tiempo de un reportero, ahora puede costar 10 000 dólares. Publicar puede llevar a órdenes de arresto. Hemos perdido periodistas talentosos que se fueron por miedo justificado y eso es una gran pérdida para el periodismo.
DV: ¿Cómo está afrontando todo esto, en lo personal y en lo profesional, bajo tanta presión y riesgo?
OM: Estamos tratando de mantener la calma, de no perder perspectiva ni comprometer nuestro rigor periodístico. Es difícil, pero nos apoyamos en nuestro consejo editorial y en los años de experiencia. Hemos tenido que adaptarnos rápido, redistribuir recursos y hacer todo lo posible para ajustar el presupuesto.
Planificas tus finanzas para un año, y de pronto tienes que sacar a 10 periodistas del país. Luego llegan cinco auditorías que intentan multarte con miles de dólares por cosas que ya has demostrado que no hiciste. Tienes que escanear regularmente todos los teléfonos por Pegasus. También necesitas un fondo de emergencia por si hay que evacuar a periodistas y sus familias.
Estamos enfocados en mantenernos firmes, nos apoyamos en nuestros aliados internacionales, les mostramos lo que está ocurriendo y les pedimos una sola cosa: tiempo. Sabemos lo que viene: exilio o prisión. No pedimos que detengan lo inevitable, solo que nos ayuden a retrasarlo. Mientras tengamos tiempo, seguiremos informando.
DV: ¿Cómo cree que lo que les está pasando a ustedes, a El Faro y a los medios independientes en El Salvador, puede servir de advertencia o lección para periodistas en otros países, incluso en Estados Unidos?
OM: Es muy aleccionador; va al corazón de lo que es el periodismo. La gente puede hacer lo que quiera con la información que damos, pero mucho de lo que se sabe simplemente no se sabría si no existiéramos.
La gente no sabría que Bukele negoció con las pandillas, o que víctimas de pandillas están ahora en prisión, o que el director de prisiones vendió 41 000 sacos de ayuda alimentaria de la pandemia para obtener ganancias. No sabrían que Bukele está ampliando su residencia privada con fondos públicos. Nosotros informamos; lo que hagan con eso es decisión de cada uno. Respondemos a nuestros lectores y a nuestros principios, pero sobre todo, informamos para ellos.
También pienso en periodistas como Alma Guillermoprieto y Susan Meiselas. Si no hubieran documentado la masacre de El Mozote en 1981, y que debieron enfrentar una campaña coordinada para negarla, hoy no habría juicio. Es terrible que esos juicios ocurran recién ahora, para los viejos y los muertos, pero es algo. Si ellas no lo hubieran hecho, el mundo sería peor. Y si nosotros no hacemos nuestra parte ahora, será mucho peor aún.
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Fotografía: Global voices. Óscar Martínez, editor en jefe del medio salvadoreño El Faro, y otros nueve periodistas abandonaron El Salvador tras publicar un reportaje que afirmaba los vínculos entre el presidente Nayib Bukele y grupos delincuenciales. Óscar Martínez