Posición del MDT a tres años de retrocesos, fracasos y renders del gobierno burgués de Bukele

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Por: Movimiento de Trabajadores Despedidos. San Salvador. 30/05/2022

A 30 años de la firma de los “Acuerdos de Paz” el régimen burgués de Bukele, desata una narrativa de odio y venganza contra la oposición, acusó que los Acuerdos de paz eran una “farsa”, su libreto arrancó con miles de líneas plagadas de demagogia. En junio de 2019 inicia el retroceso de la incipiente democracia y, contrario a lo establecido en los Acuerdos de Paz, se inicia la carrera de ascenso del militarismo y el control militar de la Policía Nacional Civil (nacida de la firma de la Paz).

Inicia el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, cinco Secretarías de la Presidencia fueron suprimidas y con ello se lanza al desempleo a los primeros 1,000 servidores y servidoras públicas, esto sería el preámbulo para el irrespeto de la legislación salvadoreña y los derechos laborales de miles de trabajadores del sector público y privado. A tres años de instalado el régimen autoritario se contabilizan más de 10,000 personas despedidas en 45 dependencias de gobierno, han sido suprimidas instituciones como el FISDL, FONAES, ISDEM; se suprimieron importantes programas, como el de Ciudad Mujer y Transparencia Fiscal, se cerró el camino a la Transparencia y se abrió campo a la corrupción y el nepotismo.

El ascenso del oficialismo amplió el control a las Municipalidades y Asamblea Legislativa en donde aplicó el mismo libreto que en el Ejecutivo registrándose a la fecha más de 3 mil despidos ilegales e injustificados en 16 Alcaldías Municipales, más de 2 mil despidos en la Asamblea legislativa y cerca de 300 magistrados y jueces despedidos; 15,000 familias han resultado afectadas con los despidos ilegales y forzosos.

El sistema de justicia ha sido tomado por el oficialismo lo que le deja las puertas abiertas para violentar los derechos de la población de manera discrecional como las persecuciones políticas contra los adversarios, periodistas, defensoras y defensores de derechos y a los jóvenes por el único delito de ser joven.

El FODES, el ahogamiento de las Alcaldías, la desaparición de las instituciones y el cierre a la participación ciudadana

Bukele, durante la campaña electoral, ofreció incrementar al 10% la transferencia del FODES a las municipalidades, antes de que él lo solicitara la anterior Asamblea Legislativa decidió incrementarlo a ese porcentaje, pero el presidente se opuso a pesar de haberlo ofrecido en campaña e inició una campaña de ahogamiento económico a las municipalidades; de junio a diciembre de 2020 no transfirió $260 millones y en el primer trimestre de 2021 no transfirió $180 millones.

Frente al incumplimiento de las transferencias por parte del ejecutivo a las municipalidades la Sala de lo Constitucional emitió fallo ordenando el pago de lo adeudado.       

Bukele siguió violando la Ley del FODES, la ley de presupuesto y el fallo de la Sala de lo Constitucional al no hacer efectivas las transferencias de los fondos a las municipalidades que, en medio de una crisis como la pandemia por COVID-19 y con una alta dependencia del FODES para su funcionamiento, dejaron de cumplir sus obligaciones como:

1. Dejaron de pagar salarios (el 25% de las transferencias del FOES se destinaba a gasto corriente)
2. No pagaron las cuotas de los rellenos sanitarios
3. Dejaron de construir obras como puentes vecinales, reparación de calles; más de 3 mil obras se detuvieron por el ahogamiento a que sometió el gobierno a las Alcaldías.
4. Se suprimieron los programas destinados a la juventud como becas de estudios y programas de emprendimientos.

Lejos de cumplir una promesa, el gobierno:

1. Mandó reformas a la ley del FODES para que la nueva bancada, dominada por el oficialismo, lo redujera al 6% y de ese porcentaje se destinó el 4.5% a Dirección de Obras Municipales (DOM) y únicamente el 1.5% a las municipalidades.
2. Con la creación de la DOM abre las puertas a la corrupción en tanto se le exime de la aplicación de la Ley LACAP y le permite el uso discrecional de los fondos públicos.
3. Reduce el desarrollo local a la construcción de obras de infraestructura, pero deja de lado a la población para priorizar el tipo de obras a construir.
4. Suprime el rol de las municipalidades, ahora las obras que ejecuta la DOM se determinan desde CAPRES y esto trae como consecuencia que ahora los Alcaldes sean simples “pasa papeles”, ello significa un retroceso en la visión de la construcción del desarrollo local.
5. Decreta la supresión del Instituto Salvadoreño de desarrollo Municipal (ISDEM), que conllevó a la supresión forzosa de 250 plazas de servidoras y servidores públicos que fueron lanzados al ejército de desempleo y les quita a las Alcaldías el apoyo y asistencia técnica en materia de gestión municipal, compras públicas, presupuesto, planificación entre otras.
6. Decreta suprimir el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), instancia especializada en la asistencia técnica, diseño, gestión, seguimiento y monitoreo a las obras públicas municipales; el FISDL contaba 350 servidoras y servidores públicos con amplia capacidad técnica y experiencia en la construcción del desarrollo desde los territorios, pero también fueron lanzados al ejército de desempleados.
7. El FISDL además manejaba el Programa de subsidio “Nuestros Mayores Derechos”, dicho programa ha experimentado serios retrasos al grado que se puede inferir las intenciones de dejar de dar la pensión básica universal a más de 37,500 personas adultas mayores de 123 municipios de extrema pobreza a quienes se les adeuda las pensiones desde abril de 2021. El programa de la pensión básica tiene más de un año de retraso en su ejecución, cuenta con una asignación de $29 millones de dólares anuales, de los cuales a noviembre de 2021 solamente había ejecutado $15 millones de dólares, lo que refleja la ineficiencia y negligencia del Sra. Chichilco, Ministra de la tortilla, porque hay que ser sinceros el Ministerio de ella no existe hasta este día. Llevamos más de un año en el que se está vulnerando e incumpliendo la protección de los derechos de las personas adultas mayores por parte del Estado, sin que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) inste al gobierno a actuar con diligencia y prontitud. 
8. El FISDL formaba parte de un grupo de instituciones encargadas de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el programa de resarcimiento a víctimas del conflicto armando, como el de las víctimas de El Mozote. Dicho programa también manejado por la Ministra Chichilco, además de retrasos, ha llegado a revictimizarlos en su propia casa cuando el presidente les dijo que los Acuerdos de Paz eran una farsa y cuando el personal de la DOM llegó a destruirles las obras y monumentos a las víctimas.

Las municipalidades gobernadas por el oficialismo, lejos de poder cumplir las promesas de campaña, al inicio de su gestión empezaron con una campaña de cacería contra sus servidoras y servidores públicos, a través de los medios de comunicación se ha podido documentar que en 16 Alcaldías gobernadas por el oficialismo han ocurrido más de 3 mil despidos ilegales e injustificados, sin respetar la ley de la Carrera Administrativa Municipal, el debido proceso ni los derechos a audiencia y defensa.

Entre las personas despedidas de las municipalidades encontramos madres solteras, personas con enfermedades crónicas, discapacitadas a quienes se les ha revictimizado por su condición de formar parte de los grupos vulnerables.

Sin duda, el ahogamiento al que han sido sometidas las alcaldías traerá como consecuencia más despidos de servidoras y servidores públicos y un desmejoramiento de la calidad de vida de las familias en esos municipios como consecuencia de la nula inversión en proyectos económicos y sociales.

La pandemia, las violaciones a los derechos humanos y la “ayuda de emergencia”

La pandemia por COVID-19 trajo como consecuencia las más diversas violaciones de los derechos humanos como el derecho al libre tránsito, cerca de 40,000 personas fueron detenidas arbitrariamente y mandadas a los Centros de Contagio.

Miles de compatriotas quedaron varados en el extranjero sin que las autoridades de Relaciones Exteriores mostraran su solidaridad, empatía y ayuda, esto provocó que la Sala de lo Constitucional ordenara a la Ministra Hill establecer un cronograma de ayuda y apoyo al retorno de nuestros compatriotas varados.

La pandemia obligó al encierro de millones de familias quienes al no poder salir se veían en la imposibilidad de trabajar para llevar el sustento diario, esta es la fórmula perfecta para que un régimen autoritario salga aparentando sensibilidad ante una crisis alimentaria a “regalar” (con fondo públicos) una canasta de alimentos, pero esa acción lejos de ser humanitaria se convirtió en una oportunidad para desatar el mayor saqueo de las arcas del Estado.

Los buitres inmediatamente crearon el FOPROMID, un fondo para hacer compras de emergencia sin tener que recurrir a la Ley LACAP la cual procura procedimientos y transparencia en las compras públicas.

1. El MAG compró una canasta básica de alimentos y dijeron que cada dotación tenía un costo de $90, cuando en realidad su coste real era de $30. La canasta de alimentos resultó sobrevaluada y sobrefacturada por un monto de $208 millones de dólares, lo que representa un indicio de corrupción por un monto de $140 millones de dólares que el Ministro Anliker no pudo justificar ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) y luego de lactar al gobierno el ministro Anliker fue destituido de la cartera de Estado sin realizarle ninguna investigación.
2. Además de las compras sobrevaluadas, el ministro Anliker lejos de comprar la cosecha local de maíz y frijol a nuestros productores, la compraron a empresas relacionadas con los cárteles de la droga en México.           

Habrá que revisar la fortuna amasada por la familia Anliker en su tránsito por la gestión pública, una investigación que debe partir de su declaración patrimonial a Probidad de la CSJ y que como ciudadanía debemos exigir a los funcionarios públicos empezando por el presidente de la república a que entreguen sus declaraciones patrimoniales a tres años de su gestión.

1. La Corte de Cuentas cuestionó $30 millones de dólares de la entrega del bono de $300 dólares entregados a las familias durante el régimen de excepción por la pandemia. De seguro el Secretario Handal de Innovación y Tecnología tendrá el detalle de ese dinero perdido al igual que el Ministro de Trabajo con el dinero entregado a las pandillas que controlan el centro histórico de San Salvador.

            La pandemia se convirtió en el arca de las oportunidades para delinquir, para robar y malversar los fondos públicos como los casos de:

• La venta de caretas de por parte del entonces presidente del FONAES (Jorge Aguilar) al Ministerio de salud.
• El desvío de los fondos para la construcción de los hospitales Rosales y Nejapa.
• Las compras amañadas a familiares por parte de la ministra de Turismo y del Ministro de salud.

Economía: Empleo, salario mínimo pobreza y migración

En diciembre de 2019 se vencía el plazo de tres años para que el Consejo del Salario Mínimo volviera a revisar el salario mínimo, hasta la fecha no se ha revisado técnicamente sin que los sindicatos se pronuncien contra tal retraso, este silencio de la aristocracia sindical de seguro tiene un buen precio pagado por el oficialismo para mantenerlos alineados.

Van tres años sin la revisión técnica y adecuada del salario mínimo y a cambio el presidente Bukele ordena el 1 de julio de 2021 un incremento del 20% de forma general, sin estudio previo, sin análisis por sector y que entró en vigencia desde el 1 de agosto del mismo año, esto con la intención de desviar la atención pública  la publicación de la “Lista Engel por el Departamento de Estado de Estados Unidos”; sin embargo, en estos tres años hemos tenido un incremento descontrolado de los alimentos de la canasta básica; por ejemplo, el cartón de huevos medianos ha pasado de valer $2.50 a $5.00, el quintal de maíz pasó de $13.00 a $33.00 cada vez las tortillas son más pequeñas y dan menos por una Cora y el subsidio a la energía eléctrica se focalizó aún más por el gobierno, este año, le recortó $11 millones de dólares. Vemos que ese pírrico 20% de incremento al salario mínimo lejos de significar un desahogo para la castigada economía popular ha significado fuente de encarecimiento de todos los productos de la canasta básica de entre 35% y 200%, la población más vulnerable continúa desmejorando sus condiciones de vida.

En estos dos últimos dos años la pobreza pasó del 26% al 40%. Al finalizar el año 2020, 336,000 personas perdieron su empleo en el sector privado y 135,000 microempresario perdieron sus negocios y la economía cayó a (-7%). Este año, de enero a febrero se perdieron 11,600 de acuerdo con los reportes de las AFP y del ISSS.

La inversión extranjera se ha estancado debido a la inseguridad jurídica, política y económica del país; de acuerdo con datos de FUSADES el 28.4% de los inversionistas consideran que el clima para la inversión en el país es desfavorable.

Durante los meses de enero a abril de 2022, las autoridades de migración de los Estados Unidos reportaron un total de 29,681 salvadoreños detenidos en su frontera sur; 29,681 personas detenidas en cuatro meses, 29,681 personas que nuestro país expulsó por falta de oportunidades, 29mil salvadoreños expuestos a perder sus vidas, el dato se puede extrapolar y podemos asegurar que cada día más 300 salvadoreños abandonan el país debido a la falta de empleo y a la inseguridad. Precisamente, por primera vez el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales) exigirá visa a nuestros connacionales debido a que miles están solicitando asilo político; nuestros compatriotas no encuentran futuro en esta isla de la fantasía.

Sin duda, hace falta el dialogo y un clima de estabilidad política y económica que permita enfrentar los retrocesos de la economía y establecer un clima jurídico favorable que permita atraer nuevas inversiones.

Educación, cierre de programas y el silencio del Alma Mater

En materia de cobertura educativa en los últimos dos años las estadísticas reflejan la deserción de miles de estudiantes, así por ejemplo la matricula inicial de 2021 ascendió a 1,205,669 lo que refleja una reducción de 99,302 estudiantes menos que el año 2020 y para el año 2022 la matricula inicial es de 1.1 millones de estudiantes, es decir 100,000 estudiantes menos que el año 2021.

El presupuesto 2022 del MINED experimentó un incremento significativo que asciende a $1,470 millones de dólares, a pesar de las deserciones, el recorte y en otros casos el cierre de programas como:

1. Alfabetización: Desde el inicio de la administración uno de los primeros programas en ser eliminado fue el de Alfabetización, en este programa fueron despedidas 160 personas que trabajaban para el MINED al tiempo que se rescindieron o finalizaron los contratos con las organizaciones y Universidades implementadoras del programa. El Salvador perdió la oportunidad de declararse como “País Libre de Analfabetismo” y de ser visto como un país democrático que salda las brechas educativas, sin duda al régimen autoritario no le interesaba contar con un pueblo que pueda leer, analizar y critica.
2. La Primera Infancia: Todo el personal destinado para este programa fue despedido
3. Huertos Escolares: se suprimió el Programa de Huertos Escolares, despidieron a 60 agrónomos del MINED y se rescindieron o finalizaron los convenios con otras implementadoras.
4. Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno: Programa eliminado.
5. Maestros interinos: durante dos años la Ministra Karla de Varela, manipuló a los maestros interinos hasta llegar al grado de dejarlos fuera del concurso para optar a plaza permanente en el MINED, forzó a los Consejos directivos Escolares a escoger las ternas de sus militantes inobservado la Ley de la carrera Docente.
6. Cierre del programa de becas universitarias: a través de INJUVE se apoyaba a 1000 jóvenes con becas de estudio universitarias por año, el programa fue suprimido sin que las autoridades universitarias ni los jóvenes protestaran contra tal medida. El año 2021 la UES anunció que continuaría con el programa, a pesar de contar con igual presupuesto asignado como el que manejó el INJUVE ($1 MILLÓN DE DÓLARES) su cobertura apenas llegó a 350 estudiantes becas de acuerdo con información publicada por la misma Universidad, es decir que beneficia solamente a un 35% de estudiantes respecto a los 1000 que se beneficiaban a través de INJUVE.
7. CIERRE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN GRATUITA PARA LA UES: Para garantizar la gratuidad de la educación el gobierno anterior destinó $5 millones de dólares para exonerar del pago de la cuota estudiantil 2018-2019. Bukele se volvió a burlar de la juventud al eliminar este programa.
8. Cierre de sedes educativas: 12 sedes de la modalidadde educación en línea-Educación a distancia de convenio MINED-UES fueron cerradas en julio de 2021, afectando a un total de 4,646 estudiantes.
9. Recinto Universitario “Anastacio Aquino” de San Vicente: el MINED ha intentado dejar sin efecto la donación del Recinto Universitario que alberga a 1,800 estudiantes.
10. Retraso en el presupuesto para la UES: del ejercicio fiscal 2021 el Ministerio de Hacienda adeuda $22 millones de dólares, para el ejercicio de año fiscal 2022 lleva un retraso de transferencia por $14 millones de dólares sin que las autoridades y estudiantes demanden la entrega del presupuesto.
11. Una nueva ley orgánica para la UES: De manera inconsulta y con el contubernio de sectores oportunistas, misóginos y gangueros desde la Asamblea legislativa se prepara una nueva Ley orgánica de la Universidades del El Salvador que violenta su autonomía, su democracia interna. El retroceso al que está siendo sometida la UES vuelve a recordar los tiempos en que la dictadura de Molina la Intervino a través del Comité de Administración Provisional de la UES (CAPUES).

• Balance de la situación de salud

A continuación, se enlista algunas de las principales problemáticas que enfrenta el sistema de salud pública:

1. Paralización en la ejecución del convenio de préstamo BID 3608 OC/ES PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, $170 millones estaban destinados para la construcción del Hospital Nacional Rosales, el Hospital de la Zona Norte y de las 50 Establecimientos del primer nivel de atención, a la fecha ninguna de las obras está ejecutada, por tanto, podemos afirmar que hay una malversación de fondos.
2. Lejos de construir nuevos establecimientos de salud, la actual administración ha desmontado 17 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF)
3. Recorte del presupuesto asignado al primer nivel de atención, lo que afecta a los EcosF y debilita establecimientos de salud más cercanos a la población vulnerable, como las Unidades de Salud y los Hogares de Espera Materna.
4. El programa operación “Milagro”, que beneficiaba a 6,000 personas de escasos recursos económicos, cada año, fue cerrado con la falsa promesa de una reapertura con personal médico salvadoreño. Hasta la fecha esto no ha ocurrido y las personas tienen que ir hasta Guatemala en busca del tratamiento.
5. Debido a la Pandemia actual, el ministerio se ha enfocado en la misma, en detrimento de otros importantísimos programas que contemplan el control, tratamiento y seguimiento de patologías enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, tuberculosis, diabetes entre otras.
6. Se ha abandonado el modelo de salud con enfoque en el abordaje integral a la persona, familia y comunidad, fundamentado en la atención primaria de salud (APS).
7. Se han cerrado todos los espacios de información a los trabajadores de la salud, organizaciones sociales, académicos, medios de comunicación y a la población en general sobre la información epidemiológica del país. Incluso se suspendió el envío de los boletines epidemiológicos que semanalmente informaba al público en general sobre los principales problemas de salud de El Salvador y que estaba disponible en la página web del MINSAL.
8. Desabastecimiento crónico de medicamentos en hospitales y en el primer nivel de atención especialmente para las enfermedades crónicas.

A medida que avanzó la pandemia se hizo evidente la falta de acciones estratégicas para su abordaje, entre las que se pueden mencionar:

1. No socialización ni difusión en todos los niveles del Plan de Contingencia del Sistema Nacional de Salud;
2. Predominio de las acciones curativas, sin incluir la perspectiva de la salud pública ni el enfoque epidemiológico;
3. Priorización en el control y manejo de la pandemia a niveles hospitalario, no aprovechando la experiencia acumulada en el primer nivel de atención y consecuente afectación de la respuesta comunitaria e intersectorial;
4. En lugar de aprovechar el amplio recurso hospitalario disponible, asignado en hospitales nacionales especializados de referencia ante esta pandemia, se privilegió el financiamiento y construcción apresurada del Hospital El Salvador, sin análisis costo efectivo que demuestren impacto real en la morbimortalidad por COVID y sobre todo sin un exhaustivo estudio de funcionamiento en dicha zona.
5. Descuido de otras morbilidades que aquejan a la población, (especialmente las enfermedades no transmisibles) y de grupos vulnerables como la mujer embarazada, Enfermedades Crónicas, el Cáncer, abordaje del adulto mayor, enfermedades prevenibles por vacuna, enfermedades transmitidas por vectores, entre otros.
6. La pandemia ha sido la excusa para abolir todos los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que existían para evitar la corrupción y lo más grave aún es que se han generado leyes que la fomentan como es el caso de la Ley Alabi.
7. Actividades de tamizaje sin análisis epidemiológico lo que genera gastos innecesarios del presupuesto público de salud y no ayudan a la toma de decisiones para las estrategias que se deben definir en el manejo de la pandemia.
8. Manipulación consciente de las estadísticas sobre esta pandemia como: centralización por parte del Presidente y Ministro de Salud de toda la información.  Falta de transparencia de las cifras de la pandemia, hay ocultamiento y manipulación de los datos con el fin de ser utilizado por el ejecutivo con fines políticos partidarios.
9. Ocultamiento de los datos epidemiológicos de los principales indicadores de salud de la población salvadoreña, tal como puede comprobarse en los sitios de transparencia donde toda actualización se cerró a octubre de 2021, Ej.: mortalidad materna, mortalidad infantil, embarazos en niñas y adolescentes. Extraoficialmente se reconoce que la mortalidad materna ha sido impactada en los últimos 2 años por los casos COVID en mujeres embarazadas y que generalmente no cuentan con la aplicación de la vacuna.
10. El 5 mayo 2022 la OMS publicó los nuevos estimados de exceso de muertes asociadas a COVID-19 entre los años 2020-2021. Se estima que El Salvador ha presentado un promedio de 17,048 muertes en exceso asociadas a COVID entre los años 2020-2022, muertes de salvadoreños que no han sido reportados en el sitio web del MINSAL. A esta fecha se han reportado oficialmente 4,128 muertes por COVID en El Salvador, eso significa que en promedio ha habido 4.13 muertes en exceso asociadas a COVID por cada muerte reconocida oficialmente por MINSAL durante el periodo 2020-2021. En otras palabras, para esa fecha había 12,920 personas muertas por COVID que no han sido contabilizadas oficialmente en su sitio Web, por lo tanto, el impacto real en la mortalidad no se refleja en los datos oficiales. Guatemala y El Salvador tienen las tasas promedio de exceso de muertes asociadas a COVID más altas de la región durante 2020-21; el resto de los países de Centroamérica tienen las tasas más bajas.
11. La vacunación contra COVID se encuentra en franco estancamiento, alcanzando un 66% de la población con 2 dosis, 4.6% con una dosis, dejando un 29% de población sujeta a vacunación sin ninguna dosis, este estancamiento se registra desde finales del año 2021. Hasta el 23 de abril se calcula que 1,243,030 salvadoreños no han recibido ninguna dosis y que pueden ser afectados o morir si presentan la enfermedad; lo que además incrementa el riesgo de transmisibilidad de la enfermedad para el resto de la población, incluyendo a los no elegibles a la vacuna por razones de edad. Hasta el momento no se ha desarrollado ninguna estrategia para incentivar la vacunación en este segmento de la población no vacunada.
12. Insistencia del MINSAL en el uso de medicamentos que no han demostrado efectividad como la Ivermectina, el cual ha sido denunciado tanto por la academia como por el gremio médico ya que le genera más riesgo a la población por sus efectos secundarios y no hay evidencia científica que respalde su efectividad para esta enfermedad.
13. Decisiones populistas que afectan el financiamiento de salud como es el caso de la compra y distribución indiscriminadas del medicamento molnupiravir, sobre el cual OPS reconoce que se dispone de pocos datos sobre su seguridad y recomienda que debiese ser administrado solo a pacientes con COVID 19 no grave que corran el máximo riesgo de hospitalización, personas mayores, personas inmunodeprimidas y personas con enfermedades crónicas. A pesar de esta recomendación en El Salvador se está indicando indiscriminadamente lo que incrementa la carga financiera al presupuesto y expone a la población a presentar efectos secundarios aún desconocidos.
14. El presupuesto invertido en el Hospital El Salvador no ha cumplido con los objetivos de su propósito inicial y no ha contado con una planificación estratégica para su funcionamiento. En los últimos meses ha dejado de funcionar debido a las fallas en áreas estratégicas como Unidades de Cuidados Intensivos, no cuenta con área de lavandería, falta de sistema de drenajes de aguas negras y contaminadas de acuerdo con este tipo de nosocomios, entre otras. La tercera etapa que debió ser para uso hospitalario actualmente está subutilizada y se ha convertido en un vacunatorio gigante, función que puede ser realizada en hospitales y unidades de salud, así como en las comunidades. La inversión en esta fase se puede considerar hasta un derroche de recursos ya que tanto su construcción como su funcionamiento no ha generado ningún impacto ni en el manejo clínico como estaba supuesto, ni tampoco en el incremento de las coberturas de vacunación que ya se analizó anteriormente.
15. No vamos a opinar sobre las casetas de vacunación porque al parecer no se construyeron y ello es otro despilfarro de los recursos públicos.

• Seguridad y Estado democrático de derecho en crisis

Hace un año y teniendo el control oficialista de la Asamblea Legislativa, la incipiente democracia de nuestro país sufrió un duro golpe de Estado, la primera medida de los diputados oficialistas fue destituir a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, para lo cual ocuparon todo el cuerpo represivo del gobierno para intimidarlos y perseguirlos como delincuentes.

La Asamblea Legislativa saltándose los procedimientos constitucionales impuso a los magistrados en la Sala de lo Constitucional violando incluso el propio reglamento de la Asamblea, a esta fecha ha impuesto a un total de 10 magistrados a pesar de que la legislación salvadoreña establece que cada nueva Asamblea Legislativa solo podrá nombrar a 5 de los 15 magistrados.

Los magistrados en la Sala de lo Constitucional autorizaron al presidente a postularse a una segunda elección contraviniendo a la misma Constitución de la República que juraron defender.

Los magistrados impuestos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) obligaron a un “retiro forzoso” a 263 magistrados y jueces mayores de 60 años y que les resultaban incomodos y obstaculizaban sus fines antijurídicos, no les respetaron el debido proceso, les violaron los derechos de audiencia y defensa por lo que al menos 75 jueces han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a demandar sus derechos laborales.

Los magistrados impuestos, a su vez, han impuesto a 300 nuevos jueces y magistrados sin seguir de debido proceso de selección, sin tomar en cuenta al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) encargado de proponer las ternas.

El sistema de justicia se encuentra cooptado por más de 300 abogados impuestos en juzgados, cámaras y salas sin los respaldos de idoneidad para los puestos y sin haber cumplido los procesos de selección institucionales y de ellos la población no puede esperar que actúen con objetividad e imparcialidad al momento de aplicar la justicia.

El oficialismo controla el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial y desde el Órgano Ejecutivo utiliza los cuerpos represivos para mantener en el poder a funcionarios que son una pandilla de delincuentes, prepotentes, ignorantes, incapaces y corruptos.

Para este año (2022) Seguridad Pública y Justicia cuenta con $190.5 millones de dólares solamente para ejecutar el tan sonado e inexistente Plan de Control Territorial, este plan que solo existe en el ideario de sus funcionarios no puede medirse porque no hay un indicador verificable, es más bien un medio para desatar la carrera armamentista del régimen de turno.

Pero el supuesto Plan de Control Territorial ha resultado ser un fracaso al grado que los mismos funcionarios encargados de implementarlo lo han abandonado y han tenido que recurrir a tres regímenes de excepción de derechos constitucionales para perseguir y encarcelar a cerca de 40,000 personas sin respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso ni garantías a la vida una vez detenidas las personas.

Simultáneamente, al establecimiento del régimen de excepción el Ministro Villatoro lanza el decreto de “Retiro Forzoso” para el personal en edad de jubilación de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), este proceso de depuración deja fuera a más de 3,000 servidores y servidoras públicas fundadoras de la Corporación Policial.

En estos tres años el sector justicia se ha visto empañado por la corrupción; la administración anterior fundó ASOCAMBIO, con el propósito de disponer de un instrumento que transparentara los fondos de las personas privadas de libertad, en el traspaso de gobierno el exministro Rivas y el viceministro y director de Centros penales recibieron una cuenta bancaria de $14 millones de dólares provenientes de las tiendas de los centros penales.

El gobierno suprimió a ASOCAMBIO, despidió a más de 400 personas que laboraban en las tiendas penitenciarias sin respetarles el debido proceso, y emprendió la persecución política de los funcionarios vinculados a ASOCAMBIO.

¿Dónde está el dinero de las tiendas de los centros penales?, la chequera le quedó a Osiris Luna que a su vez era el refrendario de la cuenta y hasta la fecha no ha dado cuentas de dichos fondos.

En septiembre de 2019 el Ejecutivo emitió un nuevo decreto para el control y administración de las tiendas de los centros penales, los fondos que los familiares depositan para los privados de libertad deben ser trasladados al Ministerio de Hacienda para su resguardo o custodia hasta que los privados de libertad los consuman en las tiendas, sin embargo de esa fecha hasta junio de 2020, el director de centros penales (Osiris Luna) hizo un uso discrecional de dichos fondos y que de acuerdo a una investigación periodística ascendía a $8,953,508.33; más de ocho millones de dólares malversados de los cuales el director tampoco rinde cuentas.

Osiris Luna está implicado en otros posibles actos de cometimiento delitos de corrupción como la venta por más de $1 millón de dólares de los paquetes alimenticios; acto el que se involucra a la ministra Chichilco, el ex viceministro de Gobernación Ventura y la madre del mismo Luna.

A Osiris Luna también se le asocia (junto con Carlos Marroquín, director del tejido social) con la negociación de la tregua con los grupos terroristas pandilleriles, al grado que al verse expuesto ante el cuestionamiento de los medios de comunicación y ante la imposibilidad de retractarse optó por despedir de manera ilegal a 500 custodios de los centros penales.

A pesar del control de todo el aparato de justicia y de investigación del delito, y de la celebración de más de 100 días con cero homicidios, según la propaganda oficialista, lo cierto es que la población no goza de seguridad en sus lugares de residencia, prueba de ello son las cifras al alza de personas desaparecidas y el macabro hallazgo de múltiples osamentas en fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, donde solo para el año 2021 el Instituto de Medicina Legal reporto el hallazgo de 64 osamentas en 14 municipios del país, lamentablemente después del hallazgo en Chalchuapa se procedió a no reportar más datos.

En relación a personas desaparecidas en 2019 se registró un total de 1,420 denuncias, en 2020 fueron 1,534 denuncias, en 2021 fueron 1,828 denuncias, mientras que de enero a abril de 2022 según diversas publicaciones se estima un total de 225 denuncias, sin tomar en cuenta la enorme cantidad de personas buscadas en los centros penales del país supuestamente “detenidas por las autoridades policiales y militares” en el marco del inconstitucional régimen de excepción y sobre cuyo paradero sus familiares reportan no tener mayor información. Finalmente, ahora es el propio oficialismo el que se encarga de provocar la desaparición forzada de personas en El Salvador.

• Retrocesos democráticos, opacidad y fraude electoral

El régimen de Bukele tiene el control de los tres Órganos del Estado y del Ministerio Público; logró comprar el silencio del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (Apolonio Tobar), el defensor del pueblo guarda silencio ante las múltiples violaciones a los derechos humanos,  la asamblea Legislativa premió con la reelección a Néstor Castaneda ante un Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) que ha exonerado a funcionario como el Ministro de salud (Francisco Alabí) y le permite seguir ocultando el nepotismo. El gobierno quitó a comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP) y nombro a militantes de su partido en dichos puestos.

El derecho de acceso a la información pública ha sido violentado; la mayoría de “Oficiales de Información Pública” fueron despedidos ilegalmente, toda la información oficiosa ha sido declarada en reserva, ningún funcionario rinde cuentas de su gestión, ocultan y manipulan las estadísticas económicas y de salud a conveniencia.

La Asamblea Legislativa ha promulgado leyes que atentan contra derechos como el de la libertad de expresión; leyes “Mordaza” para perseguir y encarcelar a periodistas, en su afán de callar las voces disidentes también van tras las ONG desprestigiándolas, descalificando su trabajo e intentar ahogarlas económicamente.

El oficialismo controló, centralizó y anuló a sus adversarios en las últimas elecciones de 2021; tiene poder absoluto en la Asamblea Legislativa, ganó la mayoría de las municipalidades, dicho triunfo está marcado por el uso discrecional y de manera partidaria de todo el poder estatal y además:

1. No entregó el anticipo de la deuda política (50%) a los partidos en contienda
2. De acuerdo con análisis de una ONG especializada en temas electorales, el oficialismo se gastó $14 millones de dólares solo en el pago de spot televisivos.
3. Si el partido Nuevas ideas no contaban con dinero de la deuda política porque era la primera vez que participaban en las elecciones, ¿de dónde obtuvieron los fondos?, ¿cómo pagaron la campaña radial?… Es probable que en el caso de la campaña radial abusaron del control a través del FONAT de las radios intervenidas al grupo SAMIX del expresidente Saca.
4. Con el mayor de los descaros ocuparon para su campaña el periódico de CEL que se paga con fondos públicos, desde el cual atacaron a la oposición, por cierto, dijeron que iba a ser autosostenible, pero le representa $2 millones anuales de perdidas al gobierno.
5. Han utilizado las redes sociales para desatar una campaña de odio, desprestigio y calumnias como lo hicieron en el inicio de la gestión despidiendo servidores y servidoras públicas.

Finalizado el proceso electoral, los magistrados alineados al oficialismo iniciaron una purga del personal del Tribunal Supremo Electoral que culminó con 150 servidoras y servidores públicos despedidos de marea “forzosa” en diciembre de 2021.

Al oficialismo le queda el camino libre para manipular el sistema electoral a su antojo, despojarlo de voces críticas, controlar el Registro de Personas Naturales (RNPN) e implementar el voto electrónico en el exterior que podrán manipular a su favor teniendo el control del software y abriendo el camino al fraude electoral.

• Sin apuestas para enfrentar el cambio climático

Aunque en campaña Bukele se comprometió con más de 2 mil viveristas para comprarles los plantines de café, lo primero que hizo fue ignorarlos y dejarlos con deudas por las inversiones realizadas para cultivar los plantines. Una vez en el gobierno:

1. Le quitó los fondos al programa CENTA-CAFÉ y despidió a más de 60 agrónomos que apoyaban este rubro.
2. Cerró el programa de reforestación de aguas continentales del CEL con lo cual dejó sin el sustento a más de 2,000 personas que trabajaban para el programa.
3. Quiere destruir un sitio RANSAR con el render del aeropuerto
4. No hay una apuesta para la recuperación del parque cafetalero.
5. Decreta suprimir el Fondo Nacional Ambiental de El Salvador (FONAES), despide de manera forzosa a 50 técnicos comprometidos con la gestión ambiental.

La deuda externa, el impago y la calidad de vida de las familias salvadoreñas

Una familia obrera que logre obtener un ingreso de $350.00 mensuales y que tengan en promedio tres hijos; con dicho ingreso deben pagar la cuota de la casa, la canasta básica, los servicios básicos de luz, agua, teléfono, comprar el vestuario, cubrir los gastos de salud y educación, pagar el transporte público. Sin duda un solo salario mínimo no alcanza a esta familia que para poder sobrevivir necesita de al menos dos salarios mínimos. La situación es más grave para las familias que ni siquiera cuentan con la posibilidad de un ingreso estable, y que dependen del empleo informal.

De igual forma el gobierno debe contar con ingreso suficiente para asegurar la plenitud de los derechos de sus ciudadanos, para ello el gobierno aplica una serie de impuestos, siendo el de mayor recaudación el IVA, ese que los pobres pagamos al comprar un churro, una gaseosa, un huevo.

Cada año, el gobierno elabora el presupuesto sustentado en las proyecciones de recaudación y en los programas y proyectos que va a ejecutar (de acuerdo a su plan de gobierno, por cierto este gobierno no cuenta con un plan quinquenal, únicamente anunció que contrataría al Banco Mundial para que se lo hicieran y seguimos esperando), para cubrir los “vacíos” el gobierno proyecta la cantidad o el monto que requiere para ejecutar su plan, es decir el crédito que necesita para funcionar cada año y lo remite a la  Asamblea Legislativa para su aprobación.

Durante tres años este gobierno no ha enfrentado obstáculos para que la Asamblea Legislativa le apruebe el presupuesto, es decir cada año lo ha autorizado a adquirir un promedio de $2 mil millones de dólares de deuda, lo que ha llevado a que el país tenga un mayor endeudamiento, es decir que el gobierno ha topado la tarjeta de crédito y ahora ya nadie le quiere prestar hasta que demuestre que puede pagar; con este gobierno la deuda ha crecido el 25% pasó de $19,800 millones de dólares en diciembre 2019 a $24,600 millones a diciembre de 2021.

¿Cómo sabemos que el país ya no puede pagar?, volvamos al caso de la familia obrera si solo contaba con un salario, pero pedía fiado en la tienda más de lo que podía pagar, va a llegar el momento en que la dueña de la tienda ya no le dé fiado porque su deuda es superior a sus ingresos y le reactivará el crédito solo si es “buena paga”.

Para saber si el país puede hacer honor a sus compromisos de pagar la deuda hay empresas calificadoras como EMBI que mide el riesgo país en el que se incluye el estado de la deuda, el déficit fiscal (que es la diferencia de los ingresos y gasto), la tendencia de las finanzas públicas y las tendencias económicas del país.

La deuda es tan grande al grado que el pago anual consume mucho del presupuesto y eso significa desatender los compromisos con la población para poder pagar la deuda.

Para este año 2022 el gobierno debe reunir cerca de $2,000 millones de dólares para pagar deuda a los bancos, a las AFP y al no tener más financiamiento de deuda para pagar deuda como la negativa del FMI del crédito de los $1,300 millones de dólares lo pone en una situación de impago.

Entonces, el gobierno continúa haciendo una serie de recortes, por ejemplo, este año le quitaron $11 millones de dólares al subsidio de la energía eléctrica, la inversión en obra pública se ha limitado a la finalización de obras de la administración anterior y aún esas obras que quedaron con fondos comprometidos no las ha podido finalizar, tal es el caso de la presa El Chaparral, el viaducto de los Chorros, los hospitales Rosales y Nejapa.

Más de la mitad de la deuda del gobierno es interna, si el gobierno no la paga la banca incrementa los intereses, la gente que tiene sus créditos se ve afectada porque se reduce la capacidad de consumo y viene la caída de afectaciones porque entonces bajan las ventas, la producción y el empleo y el país entra en crisis.

El actual gobierno ha tenido disponibilidad financiera en estos tres años de gestión, pero a la vista de la ciudadanía no hay obras en las que refleje la inversión, sus obras son proyectos virtuales (render) que vende y deja en el imaginario de ciegos como obras tangibles tal es el caso del Tren del pacífico, el aeropuerto de la Unión (por cierto, es mejor que no lo haga porque dañaría los ecosistemas de un sitio RAMSAR que requiere protección especial que el MARN no brinda).

La ineficiente administración del gobierno está a la vista y la Corte de Cuentas lo ha señalado como:

1. La contratación de empresas que sobrevaluaron las obras de la galera del hospital El Salvador.
2. Los $140 millones por la compra sobrevaluada de la canasta de alimentos.
3. El informe de la Corte de Cuentas de 2020 plantea que del presupuesto de los $8,900 millones de dólares hay $1,000 millones de dólares que no cuentan con respaldo contable y a esta fecha el Ministerio de Hacienda no ha podido justificarlo, es decir no pueden rendir cuentas y es ahí donde están los indicios de corrupción que la Fiscalía General de la Republica debería investigar “de oficio”.

El país se encamina a una crisis financiera pero el gobierno aprobó la Ley Bitcoin, creó un fideicomiso por $150 millones de dólares y autorizó al Presidente para invertirlos en bitcoin, además destinaron $90 millones de dólares para darle $30 dólares a 3 millones de salvadoreños; debido a la volatilidad de la criptomoneda al mes de mayo 2022, el presidente ha perdido $31 millones de los impuestos de los salvadoreños; la malversación de esos fondos públicos es otro indicio de corrupción que la Fiscalía General de la República debería investigar de oficio.

• Un llamado a la reflexión y a la resistencia popular organizada

Los hechos descritos demuestran, de forma contundente, que El Salvador está viviendo una profunda crisis en lo social, lo socioeconómico y lo político institucional. La administración Bukele tiene una responsabilidad directa en ello. El país marcha a la deriva, sometido a los caprichos, fantasías e ignorancia de Bukele, su equipo de gobierno y los diputados de su partido. Sus ambiciones de riqueza y de poder son desmedidas; usan el patrimonio nacional como si fuera propio, lo cual ha dado lugar a abusos sin límites y a una corrupción sin precedentes.  El bienestar, tranquilidad y felicidad de la sociedad salvadoreña no tienen cabida en la gestión de Bukele.  Una cosa son las ilusiones que promueve el gobierno y otra la realidad: es evidente el deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, es evidente el fracaso de los planes de seguridad pública, es evidente el fracaso de la educación, es evidente el fracaso en el manejo de la economía. Todo lo anterior no debería ser tomado a la ligera, sino que debería ser motivo de una profunda reflexión.  Una reflexión que se traduzca en un compromiso firme por la beligerancia organizada en defensa del bien común, los derechos humanos y la democracia. La resistencia popular organizada –articulada con el compromiso beligerante de gremios profesionales, universidades, intelectuales y demás sectores progresistas del país– es la que pondrá un alto a tanto abuso, corrupción y locura.  Ha llegado el momento de tomar conciencia de la gravedad de la situación y del laberinto en el que se encuentra nuestra patria. Ha llegado la hora de decir “NO” a las arremetidas autoritarias. Ha llegado la hora de decir “NO” a las ilegalidades de Bukele y sus funcionarios. Ha llegado la hora de decir “NO” al manejo arbitrario y turbio de los escasos recursos financieros del Estado.