Por: pressenza. 13/10/2020
Una juez de la República ha ordenado la libertad para el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ahora continuará su proceso de defensa en libertad, en medio del caso que lo involucra a él y a su abogado Diego Cadena por presuntos sobornos en actuación penal y fraude procesal en contra del senador Iván Cepeda. El senador Cepeda, habría demostrado en 2012 con testimonios de ex paramilitares presos, las relaciones de Uribe con esos grupos de autodefensa. Sin embargo, Uribe terminó denunciando a Cepeda por ofrecer supuestos beneficios jurídicos a los miembros de esas organizaciones, a cambio de declarar en contra de Uribe.
En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia, después del proceso de investigación, determinó la inocencia de Iván Cepeda y, por el contrario, abrió investigación en contra de Álvaro Uribe por la manipulación de los testigos, después de encontrar pruebas suficientes, entre ellas interceptaciones telefónicas, que implicarían al expresidente en la manipulación de los testigos claves del caso a través del abogado Diego Cadena. Por lo tanto, Uribe pasó de acusador a acusado.
El pasado 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, ordenó la medida de aseguramiento de detención preventiva contra Álvaro Uribe, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal; una decisión sin antecedentes en la justicia colombiana contra un expresidente de la República. Ante la decisión, Uribe decidió renunciar al Senado, buscando que el caso pasara de la Corte Suprema de Justicia, como su juez natural por el fuero de senador, a la Fiscalía. Según sus declaraciones reiteradas contra la Corte a través de los medios de comunicación y la red social Twitter, todo se trata de una persecución política. La estrategia del expresidente y su defensa resultó acertada y lograron que el caso pasara a la Fiscalía.
La decisión tomada por la Corte Suprema, se hizo con la ley 600 del año 2000, pero con el paso a la Fiscalía debía ser un juez de control de garantías quien definiría ahora la situación jurídica de Uribe y, por lo tanto, según los argumentos usados por la defensa del expresidente para pedir su libertad, debería ser con la Ley 906 de 2004, es decir con el Sistema Penal Acusatorio, donde la detención está supeditada a la imputación de cargos. El caso, por lo tanto, ya no tiene relación con su cargo de senador de la República, debido a su renuncia y, además, los hechos por los que se le acusa sucedieron entre 2017 y 2018 cuando la Ley 906 ya estaba en vigencia. Así es que la juez 30 de control de garantías de Bogotá remitió de nuevo el caso ante la Corte Suprema, para resolver el conflicto de competencia legal, sobre el que el alto tribunal, en ponencia del pasado 5 de octubre decidió que el proceso debería seguir por la Ley 906. De esta manera, la juez ordenó la libertad inmediata de Uribe Vélez.
Mientras tanto, el senador Iván Cepeda y su defensa apelarán la decisión ante un juez penal del circuito que, en jerarquía, es superior a la juez que ha ordenado la libertad del expresidente.
¿Qué sigue?
Por lo pronto, con el expediente remitido por parte de la Corte Suprema a la juez de control de garantías, deberá citar a una nueva audiencia. Sin embargo, el alto tribunal no se pronunció sobre la etapa en la que queda el proceso, pues consideran que es competencia ahora de la juez y porque existe jurisprudencia que ayudaría a aclararlo. Por su parte, la defensa de Uribe Vélez buscará desestimar el acervo probatorio recopilado por la Corte, por considerar que fue violatorio del debido proceso, sobre todo las interceptaciones donde se escucha a Uribe y a su abogado Diego Cadena, intercambiando información con respecto a los testigos del caso, donde se probaría que Uribe sí conocía de las actuaciones de su abogado.
Mientras la delegada de la Procuraduría considera que se debe adaptar lo hecho por la Corte al Sistema Penal Acusatorio, la Fiscalía aún no determina si se tendrá en cuenta lo recopilado por la Corte como pruebas dentro del proceso o si comenzará de ceros.
Otros casos
Otras investigaciones en curso afronta el expresidente Uribe Vélez, una con relación a su actuación como Gobernador de Antioquia con las masacres de El Aro, San Roque y La Granja, además del asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle en 1998, declarados delitos de lesa humanidad. Esta investigación preliminar también ha pasado a manos de la Fiscalía, porque ante la renuncia de Uribe al Senado, también ha perdido la Corte su fuero para continuar.
Ver: Álvaro Uribe, detenido por los delitos menos graves que lo rodean
Otra de las investigaciones vigentes es por cuenta de la posible compra de votos para la campaña presidencial de 2018, donde María Claudia Daza, parte del equipo de trabajo del entonces senador Uribe Vélez, habría participado activamente de las operaciones de compra de votos, caso al que la prensa en Colombia ha denominado la «Ñeñepolítica», debido a que se habría realizado junto a un testaferro de narcotraficantes llamado José Hernández Aponte, apodado «el Ñeñe», asesinado en Brasil el 2 de mayo de 2019, en medio de un atraco.
Esta misma semana, mientras se conocía la confesión de ex miembros de la antigua guerrilla de las FARC frente al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco personas, se supo por denuncias del portal La Nueva Prensa sobre una presunta consecución de testigos falsos en EEUU por parte de Uribe y el abogado Diego Cadena (quien sigue detenido por el caso de falsos testigos por el que está acusado Uribe), para declarar en contra del expresidente Ernesto Samper y su entonces ministro Horacio Serpa, por el asesinato de Gómez Hurtado (quien había pedido en su momento la renuncia a Samper en medio del escándalo por los dineros del cártel de Cali en su campaña).
Ver: Las obsesiones de las FARC por los muertos que se atribuyó ante la JEP
A través de esos testigos y esas declaraciones, según la investigación de la Nueva Prensa, buscaban hacer creíbles unas declaraciones frente al caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, hoy en otro proceso, acusado de ser creador de una estructura paramilitar denominada «Los Doce Apóstoles», a quien se le atribuyen asesinatos selectivos de supuestos auxiliadores de la guerrilla de las FARC en el departamento de Antioquia. Seguramente, con la reciente confesión de los ex miembros de las FARC ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), podría quedar en evidencia otro intento de Uribe por manipulación de testigos y posiblemente su caso siga tomando nuevos rumbos con resultados que busquen retrasar los procesos judiciales en su contra.
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Fotografía: pressenza.