Por: Ili Covi y Marie. 02/09/2024.
¡Exigimos justicia para Paola Buenrostro, para las trabajadoras sexuales y para las mujeres trans víctimas de transfeminicidio!
Recientemente, Arturo «N» fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y no por transfeminicidio, mostrando nuevamente la cara violenta y patriarcal del aparato judicial.
Paola Buenrostro fue asesinada en septiembre de 2016 en la Ciudad de México, mientras ejercía su trabajo como trabajadora sexual en el Puente de Alvarado. Arturo Felipe «N», exmilitar y guardia de seguridad pública, contrató sus servicios; ella era una mujer trans y Arturo le disparó a quemarropa. Aunque fue detenido en flagrancia con el arma en las manos, fue liberado 48 horas después bajo el argumento procedimental de “falta de elementos”, lo que le permitió mantenerse prófugo por casi diez años.
En 2016, nuestro aparato judicial carecía de instrumentos, herramientas y mecanismos para investigar y juzgar con perspectiva de género. La Fiscalía de la Ciudad de México ejerció una abierta violencia institucional al desestimar los testimonios, entre ellos el de la activista Kenya Cuevas —quien presenció el hecho—, así como el de otras compañeras trabajadoras sexuales.
¿Por qué si el trabajo sexual está moralizado, es más juzgado y recriminado cuando lo ejerce una mujer trans? La Fiscalía entorpeció la entrega del cuerpo y fue borrando sistemáticamente el crimen, así como la identidad de género de Paola.
Tras el asesinato de Paola, se impulsaron hitos normativos ante el Congreso de la Ciudad de México y, tras el litigio y las protestas de la organización Casa de las Muñecas Tiresias, se reformó el Código Penal y se tipificó el delito de transfeminicidio como autónomo, estableciendo agravantes específicas y reconociendo a la “familia social” en la reparación del daño.
A la par de este hito legislativo, existen marcos procesales de cumplimiento obligatorio como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN y el protocolo de actuación para la investigación de delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual y genérica. Ambos instrumentos imponen a las autoridades ministeriales y judiciales el deber de garantizar la autodeterminación de la identidad, desmantelar estereotipos discriminatorios y aplicar una metodología diferenciada desde la integración de la carpeta de investigación.
Burocracia en México
Tras las manifestaciones de colectivos y defensoras, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa defendiendo su actuación bajo el argumento de que la imputación se realizó por «homicidio» debido a que la orden de aprehensión fue librada en 2016 con el marco normativo vigente en ese momento. La institución afirmó que el delito «podría reclasificarse en etapas posteriores» y sostuvo que juzgar por homicidio genérico no implica negar la identidad de Paola.
Esta postura evidencia cómo la burocracia opera como una tecnología de dominación. La figura del «homicidio calificado» ofrece al sistema una vía de menor resistencia técnica, priorizando la comodidad del código rígido y el pretexto de la fecha del expediente sobre el rigor analítico y las obligaciones en derechos humanos que exigen los protocolos de perspectiva de género. La institución pretende reducir un crimen de odio a una disputa de tecnicismos procesales.
Comunicación hegemónica
A la par del borrado institucional, los medios de comunicación hegemónicos despliegan su propia tecnología de distracción. La cobertura mediática dominante ha desplazado el foco de la discusión: en lugar de cuestionar las graves omisiones de la Fiscalía y la violación a los protocolos de perspectiva de género, centra su narrativa en la iconoclasia y las protestas de las activistas trans a las afueras de las instalaciones ministeriales.
Esta fijación en la indignación gráfica y los muros rayados funciona como un mecanismo para lavarle la cara a una institución cuya trayectoria la ratifica como un aparato violentador y transmisógino. Al estigmatizar la rabia legítima y enfocar la cámara en los daños materiales, la prensa hegemónica opera en Alianza con el poder judicial: encubre la negligencia, invisibiliza la invalidación de los protocolos y de la propia Ley Paola Buenrostro, y desvía la atención pública del hecho de que la Fiscalía acaba de perpetrar un borrado institucional en los tribunales.
La paradoja del borrado burocrático
Al vincular a proceso al presunto responsable bajo la figura del homicidio genérico, la Fiscalía desestima su propio catálogo normativo y desacata los protocolos vigentes. Este hecho expone la paradoja del Estado liberal: la ley se promulga como una fachada de progreso en derechos humanos para pacificar el conflicto social, pero se deshabilita en la práctica concreta cuando exige desmantelar los sesgos del aparato procesal.
Clasificar el crimen como homicidio común no es una imprecisión técnica; es un acto de violencia simbólica y transmisoginia judicial:
- Despolitiza la violencia: Niega que la agresión estuvo motivada por la identidad de género y la condición de trabajadora sexual de Paola, despojando al delito de su dimensión estructural y de odio.
- Impone la norma cisgénero: Al sustituir el transfeminicidio por una categoría jurídica abstracta y «universal», el Estado invalida la especificidad de la vivencia trans y reinstala una lógica cisnormativa.
- Usurpa la soberanía de la memoria: La institución le quita a la víctima y a su comunidad la capacidad de nombrar la violencia sufrida, despojándolas de las herramientas conceptuales, políticas y penales conquistadas históricamente.
La reclasificación del delito en el proceso contra Arturo «N» confirma que las reformas legislativas y los protocolos sobre el papel no alteran por sí solos la arquitectura de un Estado intrínsecamente patriarcal. La exigencia de las colectivas trans no se reduce a la imposición de una pena de prisión: es la denuncia directa contra una burocracia que utiliza el nombre de las víctimas para redactar leyes y protocolos, pero recurre a la negligencia institucional para borrar su identidad en los tribunales.
Nuestra consigna es y seguirá siendo ¡justicia!: una que no se agota en los tribunales ni en el fetiche de una ley desarticulada, sino que se construye nombrando las violencias por su nombre, restituyendo el derecho a la verdad y garantizando la existencia plena de quienes desafían el mandato cisnormativo.