Jorge Salazar García.
Refiriéndonos a las reformas electorales, ninguna de las siete anteriores fue objeto de ataques tan irracionales como los que hoy enfrenta la iniciativa presidencial. ¿Por qué?, ¿Realmente debilita la democracia?
Para contestar las preguntas anteriores es necesario hacer un breve análisis comparativo de las reformas neoliberales con la que hoy propone AMLO, partiendo del hecho de que todas son producto de presiones que demandan democratizar el poder público.
–La primera reforma, (1977), fue implementada por José López Portillo, (1976-1982). Tuvo como directriz reducir la creciente simpatía que el ciudadano tenía por los grupos guerrilleros. El desprestigio de las elecciones era tan profundo que ningún partido de oposición postuló candidato presidencial en 1976. El autollamado “defensor perruno del peso” fue el único. Su ilegitimidad y la deteriorada imagen de las instituciones le llevaron a promover una democratización gradual, paulatina pero absolutamente controlada por el Estado. No le fue bien: su sexenio provocó una enorme crisis económica y endeudó irresponsablemente al país, al grado que le impusieron un banquero como sucesor.
-En la segunda reforma, (1986), Miguel de la Madrid Hurtado, (1982-1988), pretendiendo “renovar moralmente” las instituciones electorales aumentó el número de diputados de representación proporcional, pasó de 100 a 200, formalizó la alianza con el PAN, partido que aceptó que el PRI obtuviera más diputaciones “plurinominales a cambio de incluir una cláusula de gobernabilidad para impedir la sobrerrepresentación en el Congreso. Es creado el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOL) para dirimir las controversias electorales, aunque las elecciones eran calificadas por los Colegios Electorales de las cámaras de diputados y senadores. La reforma quedó corta, el mañoso PRI mantuvo el control de la Comisión Federal Electoral (CFE) haciéndola dependiente de la secretaría de gobernación. Fue esa instancia, a cargo de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, la encargada de organizar la fraudulenta elección presidencial de 1988.
-Tercera reforma, (1991). Carlos Salinas, (1988-1994), intentando legitimar su usurpación, sustituye la Comisión Federal Electoral por el Instituto Federal Electoral (IFE). Inicia la ciudadanización de este Instituto, estableciendo se eligieran consejeros no vinculados a los partidos. Es el génesis del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), de la fiscalización de los gastos de campaña y del financiamiento privado de los partidos, obligándolos a rendir cuentas anualmente. Fue un fracaso: la ley sólo sirvió para extorsionar pues no tenían contemplados auditores. La reforma Salinista, con todo y TRIFE y la permisividad de aceptar observadores electorales, no logró la deseada transparencia.
-Cuarta reforma, (1993). El mismo Salinas parchó su malograda reforma agregando dos cosas más: perfeccionó el control sobre la ciudadanía creando la credencia de elector y aumentó las curules senatoriales de 64 a 128. La insurrección zapatista y el asesinato de Colosio y de otros destacados políticos, probaron el fiasco de esta reforma.
-Quinta reforma, (1996). Correspondió a Ernesto Zedillo (1994-2000), beneficiario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, realizar una reforma política más. Gracias a esta Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección en la ciudad de México; el PRI perdió, por primera vez, la mayoría absoluta en la cámara de diputados y fue expulsado de palacio nacional en el 2000. Hubo señales de apertura en la CFE permitiendo a los partidos tener una representación (sin voz ni voto) en el Consejo General. Los consejeros magistrados pasan a ser consejeros ciudadanos, lamentablemente la CFE continúa siendo presidida por el secretario de gobernación.
Vicente Fox, simplemente, obedeciendo a los empresarios, anuló de facto los pocos avances democráticos alcanzados anteriormente. Sometió a partidos, autoridades, magistrados y tribunales para imponer a Felipe Calderón en la presidencia, consumándose el fraude de 2006.
–Sexta reforma, (2007). Calderón, (2006-2012), al igual que Salinas, para legitimar su espuriato, emitió su propio mamotreto. Buscó racionalizar el financiamiento público de los partidos, reducir gastos y tiempo de campaña (de 160 a 90 días) y hacer predominar la aportación pública sobre la privada. También se crearon normas para regular el acceso de los partidos a los medios electrónicos. Por supuesto falló. Todo fue teñido de rojo por su falsa guerra contra el narcotráfico.
–Séptima reforma, (2014). Peña Nieto, títere de Salinas, consolidó los cacicazgos partidistas legalizando la REELECCIÓN legislativa en el ámbito federal hasta por dos y cuatro periodos. Aumentó de dos a tres por ciento la votación mínima requerida a nivel nacional para que los partidos conservaran su registro. Creó el Instituto Nacional Electoral, (INE) en sustitución de la CFE y engendró los onerosos Organismos Públicos Locales Electorales, (Oples), encargados de la materia a nivel local.
El enorme desprestigio actual de los llamados pilares de la democracia, (partidos, tribunales e INE), su abrumador consumo de presupuesto y su ineficacia para parir condiciones de certeza, confiabilidad y transparencia en las elecciones justifican la urgente necesidad de la nueva reforma que propone, entre otras modificaciones, los siguientes cambios:
-Transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
-Disminuir el presupuesto al INE reduciendo salarios y el número de consejeros de 11 a 7.
-Elegir consejeros y magistrados electorales por el voto popular.
-Desaparecer los Organismos Públicos Locales (Oples) y tribunales electorales estatales, federalizando la organización de las elecciones.
-Reducir el número de senadores a 96 (de 128) y, de diputados a 300, de 500.
-Dar financiamiento público a los partidos únicamente durante las elecciones.
-Disminuir en la radio y tv los tiempos oficiales de propaganda del INE y gubernamental.
-Ahorrar 24 mil millones de pesos promoviendo la participación directa de los ciudadanos.
Salvo su mejor juicio, estimado lector, con lo expuesto en las líneas anteriores, pueden contestarse la preguntas planteadas al inicio.
Como la iniciativa presidencial afecta ingresos y espacios de poder, no sólo tendrá detractores sino, como ya se sabe, la sabotearán por todos los medios posibles.
Probablemente esta iniciativa presidencial sea, entre las pendientes (hacendaria, fiscal, guardia nacional), la más necesaria, dado que con ella se reducirían parásitos y elefantes blancos. Y aunque, sin excepción, todas las reformas anteriores han argumentado perseguir el bien común sin ser cierto, la actual parece ir en serio debido a que propone modificar variados artículos constitucionales, (35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 115, etc.), relativos a la materia. Aprobarla como está, no será posible. El presidente carece de un partido unido y de un pueblo empoderado organizado. Su partido, MORENA, al sustituir la movilización social por el pragmatismo electoral perdió ímpetu y legitimidad social, todavía refrendada en 2018. La fuerza real de su militancia, ha sido convenientemente fraccionada y desarticula desde esas cúpulas que sabotean todo intento por democratizar sus órganos de gobierno.
Los otros partidos se unirán para impedir la disminución de prerrogativas económicas, curules y privilegios. Mucho menos aceptarán, sin presión popular, mecanismos de participación ciudadana como la constitución de Consejos Ciudadanos o tribunales populares facultados para cancelar y otorgar el registro a los partidos, enjuiciar políticos corruptos, etc. Es justo decir que la sola voluntad presidencial no basta para democratizar y dignificar la vida política del país. Es una tarea que corresponde a los ciudadanos.
El panorama presenta un gran dilema al Presidente: si no hace la reforma todo quedaría igual y si la hace al gusto de la mafia del poder, también.