Por: Fernanda González. 19/07/2026
Próspera es considerada una charter city, una urbe que opera bajo sus propias leyes, sistema de justicia y normas fiscales, respaldada por Silicon Valley.
La isla de Roatán, en Honduras, no solo es reconocida por sus playas paradisíacas y sus parques naturales, los cuales ofrecen excepcionales experiencias ecoturísticas y culturales; la región también alberga Próspera ZEDE, una iniciativa político-económica experimental impulsada por inversionistas tecnológicos, como Peter Thiel (cofundador de Palantir), que hoy protagoniza uno de los litigios sobre soberanía más costosos de América Latina.
Próspera es considerada una charter city, un modelo de desarrollo económico y urbano basado en el establecimiento de una ciudad que opera bajo sus propias leyes, sistema de justicia y normas fiscales, sin necesariamente ajustarse al marco jurídico del territorio donde se ubica. Según sus promotores, este diseño facilita la atracción de inversiones y acelera el desarrollo económico. Se estima que actualmente existen alrededor de 30 proyectos de este tipo en distintas partes del mundo.
En el caso de Honduras, las iniciativas de esta naturaleza fueron autorizadas legalmente tras una reforma constitucional aprobada en 2009. Esta permitió la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) con el argumento de incrementar la inversión extranjera en el país.
En términos generales, la reforma autorizaba el establecimiento de estas zonas como áreas con personalidad jurídica propia y facultades para crear sus propios órganos de administración, tribunales (con sistemas jurídicos extranjeros) y políticas de seguridad. Además de contar con regímenes fiscales preferenciales, estas áreas podían contraer obligaciones financieras internacionales sin el aval del Estado hondureño y no podían solicitar recursos del gobierno nacional.
Asimismo, estaban facultadas para establecer “sus propios sistemas de educación, salud y seguridad social”, así como “su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario”.
La formalización de estas singulares entidades económicas ocurrió en 2013, cuando el gobierno conservador de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, aprobó una ley integral que les dio sustento jurídico.
Con ese respaldo legal, Próspera se fundó oficialmente en 2017. Tres años después comenzó a recibir a sus primeros residentes e inversionistas y, posteriormente, experimentó un crecimiento notable con la llegada de nuevas empresas, habitantes, desarrollos inmobiliarios y la organización de eventos que le dieron proyección internacional.

¿Desarrollo económico y tecnológico a cambio de soberanía?
De acuerdo con una nota publicada por The New York Times, hasta 2024 Honduras Próspera Inc., la principal empresa detrás de la charter city ubicada en Roatán y con sede en Estados Unidos, habría recaudado alrededor de 120 millones de dólares en inversiones, incluidas aportaciones de fondos de capital de riesgo respaldados por Peter Thiel, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Marc Andreessen, cofundador de Netscape Communications Corporation.
Recientemente, Jorge Constantino Colindres, secretario técnico de Próspera, recordó que el proyecto fue la primera ZEDE establecida en Honduras y afirmó que “su visión es construir en Honduras el mejor lugar del mundo para hacer negocios, vivir y trabajar, con estabilidad jurídica, seguridad física y libertad individual. No recibe fondos del Gobierno Central, no emite pasaportes, no tiene ejército y transfiere el 12% de su recaudación fiscal al Gobierno Nacional y a las municipalidades. Lo que sí tiene Próspera es lo que Honduras ha necesitado durante décadas: un entorno regulatorio de clase mundial”.
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Estas declaraciones contrastan con las manifestaciones multitudinarias en las que participaron millones de hondureños entre 2020 y 2021 para expresar su rechazo a las ZEDE y, en particular, a Próspera.
La expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsó una reforma en 2022 para eliminar las ZEDE. En respuesta, los inversionistas estadounidenses de Honduras Próspera Inc. demandaron al Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde reclamaron una indemnización de 10,775 millones de dólares por presuntos daños a sus inversiones.
Pese a la presión de los inversionistas, en 2024 la Corte Suprema de Honduras declaró la inconstitucionalidad de las ZEDE. El máximo tribunal argumentó que la legislación vigente otorgaba a esos territorios un grado de autonomía que vulneraba los «artículos pétreos» de la Constitución, los cuales protegen aspectos esenciales del Estado, entre ellos la organización del territorio nacional, el sistema de impartición de justicia y la planificación del sistema económico.
Poco después, Colindres sostuvo que Próspera podía reanudar sus operaciones con base en tratados comerciales internacionales como el CAFTA-DR. Así, a finales de ese mismo año se reactivaron las solicitudes de residencia y Próspera alcanzó las 250 empresas incorporadas. Además, el proyecto sumó inversionistas como Coinbase, North Island Ventures y BoostVC.
La disputa entre los propietarios de Próspera y el gobierno hondureño continúa, aunque con algunos cambios. El monto de la compensación reclamada por la empresa privada se redujo a 1,630 millones de dólares. Aún así, lo que está en juego es la posible expansión del modelo de negocio promovido por Próspera hacia otras regiones del mundo.
Thiel en Argentina y más de una decena de inversionistas mexicanos interesados
En su página web, el proyecto asegura: “Ya hemos implementado nuestro marco de gobernanza en Roatán, Honduras, y lo escalaremos globalmente”. La afirmación adquiere mayor relevancia al considerar que entre sus inversionistas figuran algunos de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, como Sam Altman y Peter Thiel.
La información disponible indica que Honduras ha sido el único país que ha aprobado, al menos de forma temporal, una reforma constitucional que favorece el desarrollo de este tipo de ciudades. Sin embargo, se estima que existen alrededor de 10,000 Zonas Económicas Especiales (ZEE) distribuidas en cerca de 70 países que, aunque ofrecen incentivos fiscales y aduaneros, no sustituyen al gobierno ni establecen sistemas judiciales o legislativos completamente independientes.
Más allá de este caso, no puede perderse de vista la creciente influencia que las grandes empresas tecnológicas ejercen sobre la economía mundial. Desde distintos sectores, compañías como OpenAI y Palantir están transformando la gobernanza económica, social e incluso regulatoria.
En este contexto tampoco pasa inadvertida la reciente visita de Peter Thiel a Argentina, donde se especuló sobre posibles acuerdos relacionados con tecnologías de vigilancia y seguridad, además de futuras inversiones en el país, principalmente en el sector energético.
De igual forma, en abril de este año una delegación integrada por 11 inversionistas y empresarios mexicanos de alto nivel de los sectores inmobiliario, arquitectura y capital privado visitó Próspera para explorar oportunidades de negocio y establecer alianzas estratégicas orientadas a futuros proyectos de infraestructura.
Aunque actualmente la mayoría de los países de América Latina no cuenta con legislaciones que promuevan espacios de desarrollo económico y tecnológico con un grado de autonomía como el planteado por Próspera, tampoco puede descartarse que iniciativas similares comiencen a expandirse por la región y otras partes del mundo, en un contexto en el que el desarrollo de nuevas tecnologías, concentrado en manos de un reducido grupo de empresarios, parece influir cada vez más en el rumbo del crecimiento económico y de los modelos de gobernanza del futuro.
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Fotografía: Wired. Vista aérea de la ciudad Próspera en Honduras.Cortesía Próspera
