Por: Desinformémonos. 25/08/2017
En Chiapas, en tres años, del 2012 al 2015, 4 mil niñas de 10 a 14 años de edad fueron madres. Sobre esta situación, el gobierno estatal no tiene un registro acerca de cuántas niñas han dado a luz como producto de la violencia sexual contra ellas ni tampoco tiene un programa de prevención que las atienda, denunció Jennifer Haza, defensora de los derechos humanos de la infancia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca que en este periodo se registraron 4,166 nacimientos de embarazos de niñas entre los 10 y 14 años de edad, de las cuáles, 107 de ellas tenían 10 y 11 años, 1022 oscilaban entre 12 y 13 años y 3 mil 37 casos, tenían 14 años.
“No existe un trabajo gubernamental que permita prevenir, atender y sancionar. A pesar de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretó la alerta de violencia de género (AVG) desde 2016 para siete municipios chiapanecos” señaló Jennifer Haza Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias “el gobierno estatal no mira a las niñas, pues no existen medidas de prevención y atención a los casos de abuso o violaciones sexuales” añade.
A ello se suma que instancias gubernamentales locales como la Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e incluso la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no trabajan de forma coordinada para contabilizar y atender los casos”, labor que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) establece como obligatorio, mencionó la también directora de la organización Melel Xojobal.
El trabajo de Melel Xojobal, A.C. se enfoca principalmente en niñas, niños y adolescentes indígenas trabajadores en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que también atiende la violencia y explotación asociada a los procesos migratorios, en especial a la que están expuestos niñas, niños y adolescentes, situación que en múltiples ocasiones y espacios han denunciando junto a otras instancias que trabajan en la defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos de la infancia y adolescencia que vive y transita por el estado.
Esta falta de transparencia en la información, afirmó Haza Gutiérrez, se extiende en el registro de todas las formas de violencia contra las niñas. “En las fuentes de información oficiales que nosotras consultamos no hemos encontrado registro de niñas menores de 15 años, ni siquiera la Conavim incluyó datos de ellas en el informe que hizo para declarar la AVG”, señaló.
En el periodo de 2010 a 2013, la Secretaría de Salud registró 234 atenciones a mujeres por violación sexual en un contexto familiar, pero se desconoce cuántos de esos casos fueron cometidos contra niñas. Además, las instancias de salud no cumplen con los criterios para la prevención y atención (NOM-046), que las obliga a dar aviso a los ministerios públicos sobre los delitos cometidos contra las mujeres. La información no llega a los ministerios públicos en 52.8 por ciento de los casos.
La defensora de los derechos de la infancia explicó que entre los principales factores que obstaculizan las denuncias está que los agresores suelen ser familiares, conocidos o personas de la comunidad; además, cuando las o los tutores de las menores de edad deciden denunciar se enfrentan a la negligencia y dilación de las autoridades “las niñas se sienten agredidas en las dependencias de salud y en los ministerios, no hay una atención cálida ni ambientes adecuados para ellas y son constantemente revictimizadas”, añadió Haza “además de que mucha de la información se da en castellano y no en sus lenguas indígenas”.
Sucede también que es común que las autoridades estén coludidas con los agresores. “En muchos casos, las autoridades los conocen y lo ponen sobre aviso, por lo que no lo investigan ni sancionan. Todo esto constituye un doble peligro para la niña y su familia”.
El proceso para las niñas y familias que denuncian “muchas veces se vive como una amenaza adicional a sus vidas”, agregó.
Jennifer Haza, en la entrevista con Cimacnoticias, destacó que urge también que la SEP también se involucre para impulsar la prevención de la violencia sexual hacia las niñas. No hay ninguna estrategia, sanción o procedimiento que las escuelas deban seguir en caso de que su personal cometa abusos sexuales contra las y los menores de edad. “La educación pública no puede desentenderse de estos procesos y tendría que verse como un actor coadyuvante para atenderlos”, señaló.
La defensora de los derechos de la infancia, urgió a las autoridades locales a atender estos factores ante la constancia con la que se presentan estos casos. Tan solo en 2016 Melel Xojobal atendió y canalizó seis casos de niñas víctimas de abuso sexual y dos casos de violación en los que las menores tenían 11 y 5 años de edad.
En lo que va de 2017 la cifra aumentó pues se han atendido siete casos de violación sexual donde las niñas tenían entre 5 y 6 años; además registraron y acompañaron a tres niñas de 5, 7 y 13 años víctimas de abuso sexual.
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Fotografía: desinformemonos