Jorge Salazar García
En las llamadas democracias modernas es frecuente que, en aras de la GANANCIA mutua, los políticos con ideologías opuestas renuncien a ellas. En el México neoliberal, esa manera de obrar es común; todos los partidos son verdaderos profesionales al momento de firmar pactos y acuerdos, en lo oscurito. No hay dirigencia que no se coluda con las de otros partidos y/o el poder económico, a espaldas de sus militantes y con propósitos ajenos a su esencia ideológica. El caso más reciente ocurrió en abril pasado al emitirse el decreto que modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promovido por MORENA, aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo 180 Ter (F-VI) de esa Ley se establece que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) deberá contener los “datos BIOMÉTRICOS (DB) del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral”. Los datos a los que se refiere, además de ser medibles (DIGITALIZABLES ) son considerados únicos, universales y permanentes en las personas, tales como los rasgos faciales, iris, voz, huellas dactilares, ADN, orejas, retina, estructura vascular, etcétera. Aunque en dicha ley, sólo contempla los primeros 4, se supone que el ADN será incluido más adelante, cuando sea costeable. Desde luego, el ciudadano esta OBLIGADO a entregar esos datos al instante de comprar un celular o en un término de dos años si lo adquirió antes de la expedición del decreto. De no hacerlo, la concesionaria telefónica podrá negar el servicio y la venta del teléfono. En el caso de quienes ya lo poseen, si no registran sus DB en la prórroga señalada se les cancelará la línea sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna (articulo cuarto transitorio). ¡Liiiindo y macanudo! Como dicen los argentinos.
La razones principales aducidas son garantizar la SEGURIDAD y prevenir los delitos. ¿Por qué alguien cuestionaría esta medida? O mejor ¿Por qué tan pocos países realizan tal clase de registros? ¿Al menos en alguno de los 17 países del mundo que han registrado esos datos biométricos los delitos de extorsión, robo de identidad y secuestro han disminuido? El gobierno de la 4ª T no ignora lo anterior, pues muchos de sus seguidores criticaron a Calderón cuando creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAUT) en 2008. La inseguridad, de por si grave, aumentó después de ser vendidos en el mercado negro ese registro y el padrón electoral con nuestros datos. Conociendo la corrupción del aparato judicial y sus nexos con el crimen organizado, la garantía de que no vuelva ocurrir lo mismo con nuestros datos biométricos es NULA.
Las poderosas concesionarias de telefonía fácilmente podrán hacer uso indebido de nuestros DB ya que la MÁXIMA sanción que les impone el articulo 307 por ello es de 15 mil UMAS (15 000 x 90 pesos); es decir, serían un millón 300 mil pesos. El asunto se torna peor cuando la misma ley en su artículo 180 septimus permite a cualquier persona física o moral “consultar eso datos …
Derivado de lo anterior, se plantean dos posibles consecuencias.
- Los rasgos biométricos de un delincuente pueden ser cambiados digitalmente por los rasgos de otra persona (a quien se desea culpar), desde los aparatos de justicia o el crimen organizado pues, prácticamente se pierde la presunción de inocencia.
- Se facilita la extorsión y el secuestro reproduciendo la voz de un secuestrado o alterando un video para pedir rescate o pago por el silencio.
Por lo ocurrido con el RENAUT, la preocupación de que suceda lo mismo con los DB esta plenamente justificada. Varias organizaciones relacionadas con los derechos humanos han manifestado su inconformidad. Una de ellas, la Red de Defensa para los Derechos Digitales afirmó que la extorsión aumento un 40% y el secuestro 8% durante la vigencia (2008-2011) del RENAUT. Su director Luis Fernando García señaló que no había evidencia de que esa clase de registros contribuyera a reducir delitos. Por su lado Human Rights Watch, más específica, expresó que “obligar a quienes contraten una línea telefónica a registrar sus datos biométricos es una grave violación a su privacidad”. Refiriéndose al decreto, el presidente de La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), Gabriel Székely, comentó que “con esta ley se promueve que se roben más celulares pues los criminales no usarán los suyos para cometer delitos.
¿Qué hacer?
Individualmente poco, en virtud de que el término para promover un amparo indirecto negándose a entregar esos datos, venció a los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto. Sin embargo, aún es posible EXIGIRLES al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que promuevan un recurso de INCONSTITUCIONALIDAD ante la Suprema Corte de Justicia contra esa Ley que viola los Art. 6 y 16 Constitucionales. El INAI ya lo hizo, falta la CNDH. Se entiende que la DIGITALIZACIÓN, como parte de la 4ª revolución industrial sea imparable, lo inaceptable es que sus beneficios sigan concentrándose en los mismo de siempre. Con ella las grandes corporaciones automatizan y modernizan sus procesos de explotación, y el Estado, por su lado, consigue reforzar sus mecanismos de control y vigilancia sobre la población. Todos somos potenciales delincuentes, excepto los políticos y los machuchones del país, pues ellos podrán evadir esos registros. Gracias a MORENA, pueden mandar a otra persona física o moral a que adquiera un móvil en su nombre. Es otra puñalada que la dirigencia y grupo parlamentario de MORENA dan a quienes votaron por ellos. Al menos en este asunto tan delicado, antes de proceder, hubieran evaluado seriamente las posibles afectaciones que la entrega de los datos biométrico causarán a la privacidad y seguridad de las personas en este México lleno de corrupción.
