Por: Ana Cristina Alvarado. 20/06/2026
- La Justicia ecuatoriana reconoció en primera instancia que la minería causó la vulneración de los derechos de la naturaleza del río Ortega, en el sur de la Amazonía ecuatoriana.
- La sentencia ordenó revocar 17 concesiones mineras porque sostiene que además no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada.
- El río Ortega está en la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, un punto estratégico donde nacen afluentes del Amazonas y se concentra la biodiversidad.
- La comunidad intercultural Ortega Alto fue declarada guardiana del río, que ahora debe ser reparado tras haber sido contaminado.
La Comunidad Intercultural Ortega Alto, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, ganó una sentencia para proteger al río Ortega de la minería, actividad que contaminó sus aguas, según un informe pericial. La Justicia reconoció en primera instancia que hubo vulneración a los derechos de la naturaleza, pero también al derecho al agua, a un ambiente sano y a la consulta previa, libre e informada.
En la sentencia del pasado 27 de mayo, el juez ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) revocar las 17 concesiones y anular los títulos mineros en la cuenca del río Ortega en un plazo de 10 días; desalojar y decomisar la maquinaria minera en un plazo de 72 horas con la participación de la Policía Nacional; y reparar los daños ambientales. Además, reconoció a la comunidad Ortega Alto como guardiana del río Ortega.
“Es novedoso que declaren a una comunidad indígena como guardiana de un río”, celebra Carlos Sarango, abogado del caso y de la Federación Saraguro de Zamora Chinchipe. “El río va a ser protegido para que no exista más minería”, asegura Patricio Puglla, expresidente de Ortega Alto.
La comunidad está asentada en el cantón Yacuambi, en la provincia de Zamora Chinchipe. Sus habitantes, kichwa del pueblo Saraguro y mestizos, supieron que el territorio estaba concesionado en 2023, cuando mineros entraron con maquinaria y se ubicaron en el sector de Lavaderos, cuenta Puglla. “Nunca nos consultaron”, afirma el líder sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas en Ecuador a que la consulta preceda el otorgamiento de concesiones mineras.
Una noche de 2024, otro operador minero entró con volquetas y excavadoras a minar directamente en las orillas del río Ortega, asegura el presidente de la comunidad. Bajo el gobierno propio y la autodeterminación, resolvieron desalojar a los mineros.
Esto desató un conflicto: los operadores pusieron demandas en contra de siete comuneros y dos acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional por la presunta vulneración a una serie de derechos, entre estos, al debido proceso y formas de trabajo y retribución. Estos casos todavía no han sido resueltos por la Corte.
Con miras a solucionar los conflictos de una vez por todas, Sarango propuso a la comunidad plantear una acción de protección, una medida para la protección de derechos constitucionales. La asamblea comunitaria aceptó la propuesta y en abril de 2025 presentaron la demanda ante la Corte Provincial de Zamora Chinchipe, a cargo del juez Lenin Riofrío.
Un punto estratégico entre los Andes y la Amazonía
Desde los últimos páramos del lado de los Andes tropicales, el agua escurre gota a gota montaña abajo y va f7ormando decenas de vertientes hasta unirse en un estero que luego se convierte en el río Ortega, describe Puglla. Este cuerpo de agua pasa por el centro de la comunidad Ortega Alto. Muchos kilómetros serpenteantes más adelante, sus aguas desembocan en el río Marañón y, finalmente, en el Amazonas.
Para Puglla, el río es inseparable de la vida de la comunidad. “De él vivimos, nos alimentamos, hacemos las actividades cotidianas; en sus orillas se encuentran plantas medicinales”, dice. La comunidad celebra en sus riberas el Taita Carnaval y el Inti Raymi.
El biólogo Patricio Meza alerta que los impactos en la zona alta tienen el potencial de afectar río abajo a los afluentes subsecuentes del Amazonas. Meza presentó ante el juez Riofrío un amicus curiae sobre la importancia ecológica de la cuenca del río Ortega y los impactos de la actividad minera.
La cuenca del río Ortega conecta diversos afluentes y quebradas dentro de un territorio caracterizado por la presencia de bosques montanos y amazónicos, explicó en el amicus curiae. Estos ecosistemas son conocidos como ecotonos por estar en la transición entre los Andes y la Amazonía.
Los ecotonos, dice en conversación con Mongabay Latam, se caracterizan por tener gran biodiversidad, ya que albergan especies de ambos hábitats y concentran altos niveles de endemismo.
Esta cuenca, de aproximadamente 7400 hectáreas, está dentro de la Reserva de Biósfera Podocarpus-El Cóndor y del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus. “Son espacios de gran importancia para la conservación de la biodiversidad en el sur de Ecuador”, escribió Meza en el amicus curiae.
Los corredores ecológicos cumplen un papel fundamental en la conservación de especies y en la conectividad de las áreas naturales protegidas. La degradación ambiental puede comprometer los objetivos de conservación y los procesos ecológicos a escala regional, añadió.
Para Meza, la sentencia en primera instancia “es una victoria importante” y la declaratoria de la comunidad como guardiana del río “es la única alternativa para la verdadera conservación de los ecosistemas”.
Presunta actividad ilegal en las concesiones
La falta de consulta previa, libre e informada ya convierte en ilegal la actividad aunque fuera realizada por empresas formales dentro de las concesiones, de acuerdo con Sarango. Pero incluso esto tampoco se estaba cumpliendo, asegura.
El informe pericial al que accedió Mongabay Latam reveló que los operadores mineros en la zona de Lavaderos no tienen permisos vigentes y no han cesado sus actividades aunque el entonces Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Energía) y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) los han notificado previamente al respecto.
Otro indicio de la supuesta ilegalidad es que la actividad se está expandiendo fuera de las concesiones mineras. El Frente Nacional Antiminero (organización no gubernamental que participó también como amicus curiae) colaboró en la elaboración de un análisis satelital en el que se encontró que, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, la minería se tomó 5.69 hectáreas de seis concesiones y 3.05 hectáreas fuera del catastro.
Además, el informe pericial encontró que 12 de las 17 concesiones están caducadas. En dos de las concesiones vencidas se observó actividad.
De la asamblea al juzgado
En 2024, los habitantes de Ortega Alto presentaron una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y la ARCOM por la presencia de mineros informales que se resistían a salir del territorio comunitario, pero no hubo acciones institucionales, afirma Sarango.
Entonces, en una asamblea comunitaria se resolvió presentar la acción de protección. La comunidad no tiene acceso a agua potable y depende de las fuentes naturales de agua para su supervivencia, relata Sarango.
Como parte de la acción de protección, la comunidad demandó al entonces Ministerio de Energía y Minas por entregar concesiones sin consulta previa, libre e informada; al Ministerio del Ambiente y la ARCOM por no haber controlado la expansión minera informal; y al Municipio por no haber cumplido con su deber de proteger la naturaleza.
Mongabay Latam pidió descargos al Ministerio de Ambiente y Energía y a la ARCOM, pero ninguna de las instituciones respondió hasta la publicación del artículo. El juez Riofrío excluyó al Municipio como sujeto demandado.
Tras una primera audiencia realizada en mayo de 2025, el juez ordenó a la Defensoría del Pueblo que conforme una mesa técnica para elaborar un informe pericial que permitiera a la comunidad probar que había una presunta violación a los derechos de la naturaleza y a sus derechos constitucionales. La entidad no consiguió comprometer a especialistas para esta tarea, de acuerdo con Sarango, por lo que tras meses de espera, el juez designó a un perito por sorteo.
El agua tiene metales pesados
Mongabay Latam accedió al informe pericial de la inspección judicial realizada el 8 de enero de 2026. La perito Catherine Jumbo constató excavaciones profundas, huellas frescas de maquinaria pesada, inadecuado almacenamiento de combustibles y relaveras asociadas al procesamiento de minerales en la parte alta de la cuenca del río Ortega.
La experta tomó dos muestras de agua y una de suelo en diferentes sectores del río Ortega. En el sector Lavaderos encontró que el agua no cumplía con los criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces debido al exceso de aluminio y cobre.
En otro punto, identificado como La Cascada, el agua tenía un exceso de cobre, aluminio, hierro y plomo, también incumpliendo los criterios de calidad. Mientras tanto, el suelo tenía un pH de 5.8, lo cual no alcanzaba los criterios de calidad de este recurso.
“Se recomienda mantener en estudio estos recursos, pues en la parte alta debemos conocer el motivo por el que presenta metales”, precisó.
Jumbo identificó que las actividades mineras “son un peligro latente” pues las excavaciones y los taludes no cumplen con las normas de estabilidad y advirtió que esto incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones para las familias asentadas en la planicie. También observó que existe una laguna de color verde azulado, característico de la presencia de mercurio y cianuro, metales pesados y contaminantes usados en la extracción minera.
El documento concluye que existe un alto impacto social y ambiental. Finalmente, el hecho de que el Ministerio de Ambiente y la ARCOM hayan tenido conocimiento de la actividad ilegal y no hayan actuado “es un acto doloso”, según calificó la especialista en su informe. Aseguró que “hay poco compromiso por parte de las autoridades” al no exigir la suspensión inmediata de los frentes de trabajo ni la remediación de los impactos ambientales.
Una victoria para Ortega Alto
La información pericial se presentó en la audiencia de prueba, realizada el 20 y 21 de mayo pasados. Luego, miembros de la comunidad describieron su relación cotidiana con el río. El 27 de mayo, el juez Riofrío deliberó y aceptó la demanda en su totalidad, reconociendo que cuatro derechos constitucionales fueron vulnerados.
El Municipio de Yacuambi fue excluido como sujeto demandado “por haber demostrado que protegió la naturaleza”, asegura Sarango. La entidad dio a conocer que el río Ortega está dentro del Área Ecológica de Conservación Municipal Yacuambi, por lo que cualquier actividad en esa zona debe ser sostenible. El Municipio también ofreció comparecencias técnicas que certificaron que el suelo del área no es apto para la minería por ser propenso a deslaves.
Ya se cumplieron los plazos para revocar las concesiones, anular los títulos mineros y decomisar la maquinaria. En caso de que la Defensoría del Pueblo, la entidad encargada de seguir el cumplimiento de la sentencia, verifique inobservancia, el juez puede ordenar la destitución de los funcionarios responsables o enviar el expediente a la Fiscalía para investigar el incumplimiento de disposiciones judiciales.
Por ahora, la comunidad está a la espera de que el juez Riofrío notifique con la sentencia escrita. Una vez que eso suceda, las instituciones demandadas podrán presentar formalmente su apelación.
El caso no termina hasta que haya una sentencia firme. No obstante, los tres entrevistados consideran que este resultado en primera instancia ya es una victoria. “No vamos a descansar hasta que se dé el cumplimiento y se reviertan todas las concesiones. Estaremos atentos, vigilantes, organizados”, asegura Puglla.
Mientras tanto, como agradecimiento, la comunidad de Ortega Alto celebrará el Inti Raymi junto a las personas, organizaciones y pueblos que han mostrado su apoyo y se han sumado al proceso.
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Fotografía: Mongabay. abogados y representantes de la comunidad durante una rueda de prensa. Cortesía Comunidad Intercultural Ortega Alto