Por: Tlachinollan. 28/03/2026
Beatriz nunca imaginó que sufriría violencia vicaria. En el 2016 inició su relación con Aureliano Salazar Cano, ingeniero en arquitectura. Pasaron unos meses con escasa tranquilidad, pero poco a poco los gritos de su esposo rebotaban en las paredes de la casa. Después de las discusiones le dejaba de hablar por días y semanas. La esperanza de que cambiaría permanecía, pero cuando tenía 5 meses de embarazo por primera vez se le fue a golpes.
Beatriz estudiaba odontología en Puebla. La familia de su esposo quería que dejara sus estudios y se dedicara al hogar, pero no cedió. Fue una pesadilla porque todo lo que realizaba tenía que ser aprobado por la madre y hermanos de Aureliano. Le generaron una serie de inseguridades que la terminaba golpeando.
En agosto de 2019 su esposo se trasladó al estado poblano después de que nació Uri. Sin embargo, “había ocasiones que me golpeaba sólo por no servirle la comida a su mamá o porque a su hermana le molestaba el trato que me daba. Cuando yo me defendía de las ofensas empezaban los golpes. En ese entonces quería separarme, pero siempre me amenazó con que me iba a quitar a mi hijo y por miedo yo me quedé más tiempo”.
En agosto de 2024 Beatriz se separó de su violento esposo. Las agresiones eran insoportables y lo que “derramó el vaso fue una infidelidad porque mantenía una relación con dos muchachas de su trabajo”. Antes ya le había tolerado. Se fue a vivir con su mamá a Metlatónoc. Al poco tiempo consiguió trabajo y se quedó a vivir. Su esposo quería volver, pero nunca dejó a su actual pareja. Al contrario, “varias veces terminó golpeándome y me amenazó con quitarme a mi hijo porque tenía el apoyo del ayuntamiento de Tlapa; que no iba a poder contra él”.
“El 28 de septiembre del 2025 me golpeó, pero al día siguiente interpuse la denuncia por violencia familiar en el ministerio público de delitos sexuales. En esos días pedí la custodia de mi hijo al juzgado, pero lamentablemente por las influencias de Aureliano me la negaron varias veces. En el proceso fui presionada por una secretaria de acuerdos para firmar un convenio de convivencia en el juzgado a finales de noviembre”, relata con impotencia Beatriz.
En lugar de proteger los derechos de Beatriz y principalmente de su hijo, las autoridades se inclinaron por Aureliano a pesar de que sabían de los ciclos de violencia. Al agresor no le bastó porque la demandó con el argumento de que le negaba ver a su hijo. “Fue mentira. En la carpeta agregué todas las pruebas donde cada fin de semana iba a ver a mi hijo, incluso se quedaba a dormir en casa de mi mamá”.
En noviembre de 2025 el juez fue parcial, favoreciendo al agresor. El acuerdo de guarda y custodia de noviembre de 2025 textualmente dice lo siguiente: “los días sábados los entregará a las cinco de la tarde en el domicilio de la demandada y el domingo el papá recogerá el niño a las 9 de la mañana a cinco de la tarde en el municipio de Metlatónoc, Guerrero y lo entregará en el domicilio de la demandada, entregando el papá del niño en el domicilio de la mamá, siempre y cuando no saque el niño del municipio de Metlatónoc, Guerrero. El siguiente fin de semana el niño viajará con su papá cada quince días a la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero y la mamá lo entregará el día viernes a las cuatro de la tarde en Metlatónoc, Guerrero y el papá regresará al niño en día domingo a las cuatro de la tarde”.
La obligaron a firmar bajo engaño. “Yo no quería firmar porque primero quería la custodia, pero la secretaria me dijo que eso no se podía porque era otra carpeta. Se aprovecharon porque desconocía. Me dijeron que firmara porque estaba violentando los derechos de mi hijo”.
El 29 de enero de 2026 Aureliano se lleva a su hijo como estaba en el acuerdo de convivencia, pero no lo entrega el domingo 1 de febrero. Al siguiente día le avisan a Beatriz que su hijo no volvería y “lo obligan a decirme que no iba a regresar. El 3 de febrero me presenté ante el juzgado a poner la queja del incumplimiento del convenio, pero la actuaria y la del ministerio público fueron déspotas, groseras y prepotentes conmigo. Le dieron el favor al señor e hicieron una escucha no programada al niño, violando mis derechos y sin atender adecuadamente los derechos de mi pequeño hijo”, relató Beatriz.
El 10 de febrero fue a Chilpancingo a pedir una cita con un magistrado para interponer una queja; sólo así cambiaron la carpeta a otro secretario. En tiempos de mujeres, los jueces siguen con los vicios del régimen priista. El 18 de febrero en un audiencia tenían que presentar a su hijo y no lo hicieron. Presentó una copia certificada de la carpeta de violencia y un oficio de la escuela de su hijo donde pedían reportarlo para las clases. Sus esfuerzos no han resultado porque el juzgado prefiere al agresor.
Han pasado 42 días desde que a Beatriz le han negado el derecho de convivir con su pequeño hijo. Había un acuerdo de convivencia, pero Aureliano incumplió. “Aclaro que yo tengo la custodia provisional legal de mi hijo emitida ante un juzgado (cuento con el documento, aclaro esto porque el señor anda engañando a la gente que tiene la custodia del niño, primero que les muestre el documento antes de que le crean). A la fecha no me ha permitido ninguna comunicación con mi hijo y temo por su integridad física, psicológica y emocional”, reclama con honda preocupación doña Beatriz.
Ante la cerrazón de Aureliano de no querer entregar al niño, la mamá interpuso una denuncia en la Fiscalía por sustracción del menor. La familia del agresor se ha confabulado con las autoridades para criminalizar a Beatriz, denigrarla y humillarla. La están castigando sólo por poner fin a una relación inundada por olas de violencia. Desde su corazón destrozado exige a las autoridades le ayuden a proteger sus derechos para que su hijo vuelva a sus brazos.
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Fotografía: Tlachinollan