Por: Aldo Santiago. 26/07/2026
Cuatro días después de que el pasado 6 de marzo la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca absolviera al ex preso político Miguel Peralta Betanzos, acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, la diputada Elisa Zepeda Lagunas presentó un nuevo recurso legal para revisar la sentencia del también defensor mazateco tras un proceso legal que ya suma más de 11 años.
Acorde a un comunicado difundido por familiares, colectivos y organizaciones que acompañan la defensa de Peralta, la impugnación contra su absolución fue presentada el 10 de marzo y registrada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Amparo Directo en Revisión 2705/2026.
Dicho recurso fue evaluado por la Presidencia de la Corte, ocupada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien aprobó su admisión el 17 de abril pasado. Para el 12 de junio, la SCJN notificó que el caso será revisado por la ministra Loretta Ortíz y solicitó los expedientes previos para integrar el análisis judicial.
“Hoy, una vez más, estamos a punto de regresar a la Suprema Corte por el capricho político de la diputada Elisa Zepeda y por su cercanía con el presidente de esa institución. No se trata de justicia, sino del uso de las instituciones para perseguir y desgastar a quienes resisten”, compartió Peralta al conocer la nueva impugnación. La causa legal deriva de los hechos ocurridos en diciembre del 2014 y, desde entonces, ha transitado por juzgados estatales, tribunales colegiados y la misma SCJN.
Miguel Peralta, originario de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca, fue detenido en abril del 2015 en la Ciudad de México y trasladado a Oaxaca, donde permaneció encarcelado durante cuatro años y medio, acusado por la muerte de una persona y la supuesta tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda, en el contexto de agresiones del grupo caciquil al que pertenece Zepeda contra la Asamblea Comunitaria.
En octubre del 2019, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla lo absolvió al considerar que las pruebas presentadas en el juicio no acreditaban su responsabilidad en los delitos, por lo que Peralta dejó la prisión pese a que la parte acusadora apeló la resolución. Para marzo del 2022, la Tercera Sala Penal de Oaxaca revocó la sentencia absolutoria y emitió una condena de 50 años de cárcel. Permaneció en persecución política, mientras continuaba su defensa legal, ya que al girarse una orden de aprehensión, la resolución mantuvo abierta la posibilidad de que fuera encarcelado en cualquier momento.
En el mes de agosto del 2023, un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Peralta. Sin resolver el caso de fondo, la sentencia se limitó a ordenar la reposición de parte del procedimiento judicial, por lo que la defensa del mazateco recurrió a la SCJN. En noviembre del 2024, la Primera Sala revocó la resolución y concluyó que el tribunal oaxaqueño había vulnerado el derecho de Peralta a acceder a la justicia al no considerar la pertenencia del acusado a un pueblo originario y no analizar el caso con perspectiva intercultural.
La Corte devolvió el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca para que emitiera una nueva sentencia considerando el contexto social, cultural y político de Eloxochitlán. En esta etapa se incorporaron peritajes antropológicos que documentaron la existencia de un cacicazgo en la comunidad por el que han existido violaciones a los derechos humanos de los pobladores y una asimetría de poder que ha colocado a miembros de la población dentro de una persecución penal durante más de una década.
Dilación de la justicia
El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Colegiado catalogó como insuficientes las pruebas contra Peralta. También señaló contradicciones entre los testimonios presentados en su contra, dejando ver que los delitos fueron fabricados, razones por las que determinó que no se configuró el delito de tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda. Con esa determinación, la absolución fue parcial al descartar uno de los delitos al defensor mazateco. La sentencia completa fue publicada el 25 de febrero y, para el 6 de marzo, la Tercera Sala Penal absolvió completamente a Peralta, desechando también el cargo por el delito de homicidio.
La nueva impugnación presentada por Elisa Zepeda, quien actualmente ocupa una diputación local por el partido MORENA, y preside la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Congreso de Oaxaca, encendió la alerta debido al nuevo intento por mantener la dilación del proceso tras más de 11 años y la emisión de diversas sentencias absolutorias.
En su comunicado, Peralta y los colectivos que acompañan el caso denuncian que Elisa Zepeda ha ido ascendiendo en la jerarquía del poder estatal, ya que en menos de 10 años pasó, de ser presidenta municipal de Eloxochitlán a ocupar una diputación local por MORENA desde donde fungió como presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia; fue titular de la Secretaria de la Mujer en el gobierno estatal presidido por Salomón Jara y, actualmente de nuevo ocupando una curul en el Congreso local.
Para las y los pobladores de Eloxochitlán perseguidos por Zepeda, “su escalada en los diversos niveles de poder deja entrever una serie de conexiones y vínculos en el ámbito judicial a nivel estatal y federal a partir de sus relaciones con jueces, magistradxs, ministrxs, burócratas, secretarixs y políticxs que la colocan de forma enteramente desigual frente a los pobladores de Eloxochitlán de Flores Magón a quienes acusa y persigue”, sostiene el comunicado difundido el pasado viernes (10).
El comunicado también señala que ningún poblador de Eloxochitlán está en condiciones de igualdad frente a Elisa Zepeda, “quien representa el poder dentro del estado”. Por ello, denuncian que existe una relación documentada entre la organización de abogados que le representa, Litigio Estratégico Indígena, en específico del abogado Carlos Morales Sánchez, y el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortíz. “La Corte tiene sus puertas abiertas al abogado, relación públicamente expuesta en diversas conversaciones, foros y reuniones”, acusan.
No solo han transcurrido más de once años desde el momento de la detención de Peralta, sino que varias resoluciones han hecho avanzar y retroceder el caso: ha pasado por prisión sin sentencia, sentencia absolutoria, condena de 50 años, la reposición del procedimiento legal, así como la intervención de la SCJN, una absolución federal y una sentencia estatal que reiteró su inocencia.
Su caso forma parte de un conflicto mayor en el que otros habitantes de Eloxochitlán, miembros de la Asamblea Comunitaria, han enfrentado procesos penales, desplazamiento forzado y hasta 200 órdenes de aprehensión contra 56 habitantes. Además, las denuncias señalan que el control político municipal, ejercido por la familia Zepeda, alcanza incluso al río Xangá Ndá Ge, afectado por actividades extractivas.
La sentencia de febrero había sido presentada por la defensa de Peralta como una posibilidad de concluir el proceso y como un antecedente para otras personas de Eloxochitlán acusadas con testimonios similares. El nuevo recurso devuelve el caso a la Suprema Corte, la misma institución que en 2024 ordenó corregir el análisis por no incorporar los derechos y el contexto indígena de Miguel Peralta.
El comunicado sostiene que, mientras continúen los procesos judiciales, la comunidad de Eloxochitlán seguirá “desarticulada, dividida, amenazada y desplazada”, lo que auguran, permitirá que la familia Zepeda continúe saqueando los recursos naturales de la comunidad e imponiendo su poder político, por lo que exigen a la SCJN que deseche el recurso presentado por Elisa Zepeda. “La Corte debe poner fin a este ciclo interminable de hostigamiento judicial contra él, su familia y su comunidad”, exigen.
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Fotografía: Avispa. Elizabeth Díaz / Sueña Dignidad