Por: Joan Benach. La Circular. 22/08/2018
“Precariedad” es un término cada vez más utilizado tanto en el espacio público y mediático, como en el político y el académico pero que tiene significados parecidos, pero no siempre coincidentes. ¿De qué estamos hablando exactamente? La precariedad laboral significa vivir bajo una amplia gama de situaciones: estar desempleado, tener un empleo intermitente alternando el empleo y el paro, estar subempleado con un contrato temporal o a tiempo parcial involuntario o realizando tareas muy inferiores a la educación adquirida, ser un falso autónomo o un autónomo dependiente, trabajar en situación de informalidad y trabajo sumergido, o bien ser un trabajador pobre con un salario por debajo del umbral de la pobreza. En otras palabras, vivir bajo la precariedad laboral quiere decir trabajar bajo un sustrato de dominación y explotación que nos hace vulnerables. Los trabajadores precarizados carecen de seguridad contractual, tienen un salario escaso, una gran inseguridad sobre sus posibles prestaciones o pensiones futuras, así como un menor control sobre el tiempo y los horarios de trabajo. De hecho, a menudo simplemente esperan una llamada que les permita trabajar unas pocas horas con una baja retribución.
Sin embargo, contrariamente a una visión ampliamente extendida, la precariedad laboral no sólo afecta a grupos concretos de trabajadores jóvenes, a los nimileuristas, los ni-nis y freeters, a la generación perdida o a los precarios ilustrados. Y tampoco parece del todo pertinente utilizar la expresión precariado, en el sentido usado por Guy Standing, es decir, una nueva clase social emergente, peligrosa y sin identidad, compuesta por una amplia amalgama de jóvenes educados y frustrados, inmigrantes y minorías sometidos y resignados, y trabajadores descolgados de la antigua clase obrera.
Deberíamos entender la “precariedad laboral” como un proceso de dominación en el que las trabajadoras y los trabajadores se ven obligados a aceptar la explotación o incluso la autoexplotación
Y es que ninguna de esas etiquetas permite captar adecuadamente qué es la precariedad ni cuáles son sus causas y sus efectos. En realidad, deberíamos entender la “precariedad laboral” como un proceso de dominación que podemos llamar “precarización”, donde las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a aceptar la explotación o incluso la autoexplotación. La precarización es un proceso socio-laboral que hace referencia al desigual poder y al secular conflicto existente entre capital y trabajo (léase empresarios y trabajadores), donde millones de personas sólo poseen su fuerza de trabajo para vender o “buscarse la vida”, y trabajan (o son relegados al paro) con el consentimiento, directo o indirecto, de quienes controlan el mercado laboral y las condiciones de trabajo.
El proceso de precarización es, por tanto, un fenómeno estructural, endémico, que existe en todos los trabajos y todos los sectores y que, en mayor o menor medida, afecta a la inmensa mayoría de trabajadores, ya sea en el ámbito privado y público, en la industria, agricultura y servicios, o bajo distintos tipos de contrato. De hecho, además del empleo asalariado, la precarización se hace omnipresente en gran número de trabajos no asalariados y sin relaciones contractuales, muchos de los cuales quedan ocultos. Es el caso de quienes trabajan por un alojamiento y manutención sin ningún sueldo, en diversas situaciones de servidumbre y esclavitud, con múltiples tipos de empleo informal, o el enorme número de mujeres que realizan el trabajo doméstico, incluido el trabajo de cuidados y de atención a las personas dependientes. La crucial importancia del trabajo reproductivo femenino, invisible y no remunerado, precarizado, radica en que constituye un factor clave en la organización de la producción y en el proceso de acumulación capitalista.
¿Sabemos medir la precarización laboral?
Entender qué significa la precarización laboral no es lo mismo que saber medirla en forma cuantitativa. Veamos un ejemplo concreto. Cuando apenas si se hablaba de este fenómeno, en 1987 la EPA (Encuesta de Población Activa) realizó una aproximación a la precariedad española al estimar el porcentaje de contratos temporales. A partir de ese momento, la temporalidad se convirtió erróneamente en la aproximación más común para poder medir la precariedad, pasando del 15% ese año a más del 30% (el doble del promedio europeo) entre 1991 y 2007. Aunque es útil, ¿por qué esa medida no es muy adecuada?
La masiva destrucción de puestos de trabajo (casi 4 millones) en apenas 6 años y el incremento del desempleo (desde el 8,3% en 2007 a un brutal 25,7% en 2013), se vio acompañada de un descenso del porcentaje de contratos temporales (menos del 25%). ¿Significa eso que en ese periodo se redujo la precariedad? Todo indica lo contrario.
Las políticas austericidas y las reformas laborales han ido degradando y mercantilizando las condiciones de empleo y trabajo. Sabemos que el desempleo es una verdadera epidemia social (casi 3,8 millones de parados, 1,2 millones de larga duración sin prestaciones y 1.210.300 millones de hogares con todos sus miembros en paro, según los datos de la EPA del último trimestre de 2017), y además un factor social tóxico que impide llegar a fin de mes, que genera personas pobres que no pueden calentarse en invierno o llenar la nevera, individuos desesperados cuando no alcohólicos. El desempleo genera violencia y suicidios. De ese modo, aumenta el riesgo de enfermar, empeorar la salud y morir prematuramente, no sólo para quienes trabajan en esas condiciones, sino también para sus familias, todo lo cual genera desigualdades de salud. Por ejemplo, el impacto sobre la salud mental es mucho mayor (2,5 veces más riesgo) en los trabajadores más precarios. La peor situación se observa en las mujeres, inmigrantes, obreras, y jóvenes, cuya precariedad es elevadísima (alrededor del 90%). Junto al paro, coexiste una palpable pero más oculta “precarización laboral”, igualmente tóxica, pero mucho más compleja, dinámica y difícil de entender y medir.
El impacto sobre la salud mental es mucho mayor en los trabajadores más precarios. La peor situación se observa en las mujeres, inmigrantes, obreras y jóvenes, cuya precariedad es elevadísima (alrededor del 90%)
Dado que, como decíamos, la precariedad es mucho más que la temporalidad, han ido apareciendo nuevos indicadores para su medición como es por ejemplo el porcentaje de contratos a tiempo parcial (4% en indefinidos y 32% en temporales, el 57,3% de los cuales es involuntario, son datos de la EPA del último trimestre de 2017) o el porcentaje de trabajadores pobres (13,1%, sólo superado en Europa por Grecia con 14,1%, y Rumania con 18,9%, datos de Eurostat para 2016). Sin embargo, esa es sólo la punta visible del iceberg de la precarización. Cuando a la temporalidad y bajos salarios añadimos la vulnerabilidad e indefensión, y el tener menos prestaciones y derechos, la realidad que emerge es mucho peor.
La precarización debe entenderse como unas relaciones laborales donde al mismo tiempo se conjugan la mala calidad de contratos y salarios, la vulnerabilidad e indefensión, la ausencia de derechos y de poder para ejercerlos, abraza hoy, en mayor o menor medida, a casi toda la población. Y es que la precarización lo salpica prácticamente casi todo. Un ejemplo. Según el análisis de una encuesta representativa en 2010 (ISTAS Barcelona), el 51,4% de la población española está precarizada (83,1% en trabajadores temporales, y 40,3% en estables), con una situación peor en mujeres, jóvenes, inmigrantes y obreros, y un fuerte impacto en la salud mental (2,5 más riesgo en los más precarios). Así pues, la repetida idea de que es mejor tener algún empleo, por precario que éste sea, que ninguno debe cuestionarse. Primero, por justicia social y equidad, ya que todas las personas deben tener el derecho a trabajar con condiciones laborales y salariales dignas; segundo, por eficiencia productiva, ya que la precariedad dificultad adquirir experiencia laboral y comporta insatisfacción; y tercero, por la salud y calidad de vida, ya que la investigación científica muestra como la precariedad (sobre todo extrema) daña la salud mental casi como el desempleo.
Políticas imprescindibles: protección social y democracia en la empresa
La precarización del trabajo no es un destino o una fatalidad con la que se nos quiere culpabilizar, sino el resultado de un régimen político y un modelo económico impuestos a conciencia. Por ello, es necesario pensar un modelo alternativo de sociedad y economía que asegure la vida material de las personas; un modelo donde se trabaje menos pero quizás en diversas actividades y de modo diferente, mucho más respetuoso con el medio ambiente y con las capacidades de las personas (mujeres y hombres de orígenes y etnias diferentes) para trabajar y vivir mejor. Aunque no es este el lugar para desarrollo, basta aquí mencionar dos vectores claves en torno a los cuales es urgente desarrollar propuestas políticas que cambien la realidad actual.
Por un lado, habrá que aumentar la protección social y la seguridad material al margen de tener empleo o trabajo. Sea mediante una reedición de un contrato social de bienestar que asegure el pleno empleo como mecanismo básico de redistribución, pero que también consolide los servicios sociales indispensables (salud, educación, vivienda, energía, transporte, etc.), o sea mediante algún mecanismo de garantía de rentas a la ciudadanía, se han de poner en marcha mecanismos que alejen la miseria económica del trabajador pobre, así como la incertidumbre y la arbitrariedad en la que vive. Muy probablemente necesitamos ambas cosas a la vez.
Por otro lado, habrá que respetar y desarrollar los derechos de los trabajadores y democratizar radicalmente la organización y las condiciones de empleo y trabajo de todas las personas. Habrá que avanzar en una economía que incentive la solidaridad y la cooperación con proyectos nuevos, alternativos, que creen ilusión y esperanza, y que sean creativos, ecológicos y socialmente útiles. En esta encrucijada histórica, hay que repensar, plantear y concretar nuevas propuestas que conformen una alternativa para emanciparnos a las cadenas con que nos ata el neoliberalismo capitalista. Ante la progresiva destrucción de los derechos laborales y de la negociación colectiva, y la extensión global de la precarización, hay que reivindicar la importancia decisiva de luchar por la democracia laboral y evitar que el trabajo sea una mercancía.
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Fotografía: La Circular