Por: La Izquierda Diario. 11/03/2018
Las mujeres trabajadoras con las más expuestas al fenómeno aberrante del feminicidio.
El feminicidio en México es un fenómeno brutal, en América Latina más del 58% de los asesinatos de mujeres ocurren aquí, esto de acuerdo al Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Lo anterior en el marco de la creciente precarización laboral en los últimos años, al tiempo que la presencia de militares y marinos se ha propagado en el país.
Precarización y feminicidio
El caso emblemático de feminicidio, pero también de precarización es Ciudad Juárez. Desde 1965 se apostó por hacer de esta ciudad un gran parque industrial con el “Programa de Industrialización Fronteriza”.
Para 1989 este proceso se consolidó con la entrada de grandes filiales norteamericanas, japonesas y alemanas, cada vez más grandes, con mayor tecnología, y claro, mayor número de trabajadoras y trabajadores. Desde entonces Ciudad Juárez era un paraíso para el capital por su mano de obra barata. Una gran sucursal del trabajo precario. Paralelo a este desarrollo, el horror del feminicidio explotó.
Mujeres jóvenes y pobres son el perfil de las mujeres víctimas de feminicidio. Trabajadora no se menciona nunca, ni en los análisis institucionales ni en las cifras oficiales. Jamás se dice que son aquellas que abandonan la educación secundaria para ir a trabajar, las que salen de madrugada para llegar a las 6 am a la maquila o terminan su turno en la noche y vuelven a casa transitando por calles con poco o nulo alumbrado público; las asesinadas son ellas, las que su vida en la fábrica vale menos de 88 pesos al día y al momento de investigar su asesinato las autoridades demuestran que para el Estado valen nada.
Y la historia se repite allí donde las grandes trasnacionales llegaron con el trabajo más precario: Ecatepec y el Estado de México, Baja California, Guanajuato, Puebla, etcétera.
Militarización y feminicidio
Desde que inició la “Guerra contra el narco” en el 2006 a la fecha el número de muertos es de más de 200 mil, sin que haya certeza del número real, considerando que existen más de 33 mil casos de personas desaparecidas.
La barbarie mexicana tiene su peor cara para las mujeres, pues en este mismo periodo mientras las calles se militarizaron, el feminicidio se duplicó, pasó de 4 casos a 8 por día.
Tan sólo en 2017 fueron desplegados 4 mil militares más en Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Durango, sumándose a los elementos que ya tenían presencia ahí.
De los estados mencionados, Sinaloa tuvo un mayor despliegue militar en ese año con 1300 soldados; fue este mismo estado el que presentó la mayor cantidad de feminicidios en el mismo periodo con 82 casos. En Michoacán se sumaron 500 efectivos a los 2380 que ya había; en ese mismo periodo el número de homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios sumó 138 casos, colocándolo como uno de los estados más peligrosos para las mujeres.
El caso es similar en el Estado de México, donde el número de homicidios dolos contra mujeres llegó a 131 casos y el de feminicidios a 57.
El número de feminicidios podría ser mucho mayor, considerando que hay miles de mujeres desaparecidas. Sólo en el Estado de México, de 2005 a 2014 se reportaron cuatro mil 281, de las cuales 95 fueron localizadas asesinadas y aún más de mil siguen en calidad de desaparecidas.
Con la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el Congreso, que legitima y da mayores atribuciones a la milicia, la barbarie desatada por el ejército en los últimos años se agudizará.
Qué salida para hacerle frente al feminicidio
Ante el reclamo sensible y democrático de miles en el país, el Estado ha impulsado como salida la Alerta de Violencia de Género (AVG). Además de servirle como una lavada de cara, a través de ésta sigue legitimando la salida del ejército a las calles.
Con el panorama antes expuesto, podemos afirmar que los feminicidios son crímenes de Estado, no sólo por sus omisiones al investigar, sino porque genera las condiciones materiales para que se reproduzca.
Para enfrentar el feminicidio, la precarización laboral y la militarización es urgente poner en pie un potente movimiento de mujeres en las calles que pelee codo a codo junto a sus aliados por excelencia: la juventud y los trabajadores.
Será nuestra fuerza organizada la que logre arrancar al Estado un presupuesto suficiente para ampliar y mejorar la red de refugios transitorios en el país, así como créditos y planes de vivienda; medidas mínimas para garantizar la vida de las mujeres víctimas de violencia. Dicho presupuesto tendría que ser administrado por Comisiones Independientes de mujeres y organizaciones. El dinero que hoy se asigna para armamento, entrenamiento y operaciones militares, tendría que estar puesto al servicio de proteger la vida de las mujeres.
La conquista de mejores condiciones de trabajo y de vida nos dejaría en mejor posición para enfrentar el feminicidio y la violencia del Estado, por esto exigimos un aumento salarial de emergencia, así como licencias laborales para mujeres que viven violencia, entre otras medidas que tiendan a socializar el trabajo doméstico, como guarderías y estancias infantiles.
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Fotografía: La Izquierda Diario