Por: Desinformémonos. 05/01/2018
Organizaciones civiles en Chiapas exigieron que los grupos armados “de corte paramilitar” sean desarticulados, desarmados y castigados por ser responsables de la violencia en las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, de donde más de 5 mil indígenas fueron desplazados por el conflicto agrario de limitación de tierras.
Señalaron además que urge garantizar el libre tránsito por las comunidades para permitir la entrada de alimentos y medicamentos en la zona, pues desde que se militarizó el área el abasto ha sido escaso.
El colectivo de organismos de la sociedad civil y la Misión Civil de Observación de la Zona Altos demandaron a los gobiernos federal y estatal que reconozcan “el estatus legal de desplazamiento forzado interno de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar”, para que se aplique la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
Por otra parte, calificaron de “imposición unilateral” la presencia del comisionado especial designado por el Ejecutivo estatal Fortino Vázquez Pérez, a quien rechazaron no sólo por “su nefasta trayectoria política”, sino también por violar con su llegada los derechos de las comunidades involucradas a la consulta libre previa e informada.
Las organizaciones pidieron que el conflicto agrario que inició hace 40 años sea resuelto a través de un diálogo político realizado desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos bienes comunales, “recuperando su memoria histórica como pueblos, con observación de organizaciones de la sociedad civil”.
De acuerdo con los organismos, las autoridades deben analizar “dos delicados hechos: la decisión de solicitar la creación urgente de una base de operaciones mixta dentro del territorio comunal, lo que conllevaría la militarización de toda la zona de Los Altos, en el grave contexto de la reciente aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, cuyo contenido se ha considerado tan lesivo para los derechos humanos”, y la división interna en el contexto electoral del 2018 por la intervención de los partidos políticos y candidatos que “buscan únicamente el beneficio personal”.
Por ello, hicieron un llamado a las autoridades comunales, comisionados, autoridades municipales y a la asamblea general de San Pablo Chalchihuitán “a que reflexionen y analicen a profundidad y con la mayor seriedad” los hechos para atender a los afectados.
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Fotografía: Cuartoscuro
