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El intelectual frente a la ultraderecha: el deber de incomodar al poder

por RedaccionA noviembre 19, 2026
noviembre 19, 2026
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Por: Patricio Luco Torres. 19/11/2026

A propósito de Umberto Eco, la democracia y el avance de los nuevos autoritarismos en América Latina y Europa

En octubre de 2002, el escritor y semiólogo italiano Umberto Eco publicó una reflexión que, más de dos décadas después, adquiere una extraordinaria vigencia: ¿deben los intelectuales meterse en política?

Su respuesta estaba lejos de ser una invitación a convertirse en asesores de los gobiernos, dirigentes de partidos o consejeros de quienes aspiran a conquistar el poder. Eco desconfiaba profundamente de los intelectuales transformados en oráculos políticos, de aquellos que abandonan su independencia para poner su prestigio, sus conocimientos y su capacidad de interpretación al servicio de una determinada organización. Sin embargo, su reflexión contenía una afirmación todavía más importante: el intelectual tiene la obligación de convertirse en la conciencia crítica de su propio grupo, incluso cuando ese grupo llega al poder.

Esta última idea merece ser recuperada hoy, cuando América Latina y Europa atraviesan una transformación política que no puede ser observada con indiferencia. El crecimiento de las derechas radicales, los nacionalismos excluyentes y los liderazgos autoritarios está modificando el lenguaje de la democracia, las relaciones sociales y la manera en que las sociedades entienden la libertad, la igualdad y los derechos humanos.

No estamos frente a un fenómeno aislado ni exclusivamente latinoamericano. Se trata de una corriente internacional que encuentra expresiones diferentes según la historia, la economía y las particularidades de cada país, pero que comparte ciertos rasgos: la exaltación del orden por encima de las libertades, la construcción de enemigos internos, la desconfianza hacia las instituciones, el cuestionamiento de los derechos sociales y la utilización del miedo como herramienta de movilización política.

En América Latina, el fenómeno tiene nombres y experiencias concretas. Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador y José Antonio Kast en Chile representan distintas expresiones de una derecha que ha conseguido convertir el malestar social, la inseguridad, la frustración económica y el desencanto con los partidos tradicionales en una oportunidad para conquistar el poder. A ellos se suman nuevos gobiernos y movimientos conservadores que han ampliado su influencia en la región.

Sería un error, sin embargo, considerar que todos estos gobiernos son idénticos o que sus proyectos responden exactamente a las mismas circunstancias. Sus diferencias existen y deben analizarse. Pero también es necesario reconocer las coincidencias discursivas y políticas: la promesa de recuperar una autoridad supuestamente perdida, la identificación de determinados sectores sociales como responsables de la crisis y la presentación de un liderazgo fuerte como solución a problemas que tienen profundas raíces económicas, culturales e institucionales.

Argentina constituye uno de los ejemplos más visibles. Javier Milei llegó al gobierno prometiendo dinamitar las estructuras de la política tradicional, reducir drásticamente el Estado y terminar con lo que considera privilegios de la clase dirigente. Su discurso contra la llamada casta política encontró adhesión en una sociedad golpeada por la inflación, el deterioro de los ingresos y décadas de frustración económica. Sin embargo, una pregunta fundamental permanece: ¿puede una sociedad recuperar su bienestar sacrificando derechos sociales, debilitando las instituciones públicas y convirtiendo la desigualdad en una consecuencia inevitable del funcionamiento económico?

En El Salvador, Nayib Bukele ha construido una imagen de eficacia política alrededor de su estrategia de seguridad y del combate contra las pandillas. Sus resultados en materia de reducción de la violencia han generado respaldo popular, pero también han abierto una discusión internacional sobre las detenciones masivas, las garantías judiciales, el debido proceso y la concentración del poder. La seguridad es un derecho fundamental, pero no puede transformarse en una autorización ilimitada para suspender otros derechos.

Chile tampoco está fuera de esta discusión. La llegada de José Antonio Kast a La Moneda, en marzo de 2026, representa un cambio político de enorme significado para el país. Su proyecto de gobierno ha situado en el centro la seguridad, el control migratorio, la reducción del aparato estatal y la reactivación económica. Son asuntos legítimos de discusión pública y preocupaciones reales de la ciudadanía. Nadie puede desconocer el temor que produce la delincuencia, la necesidad de recuperar espacios públicos o la urgencia de mejorar las condiciones económicas de las familias.

Pero precisamente allí comienza el trabajo del intelectual: preguntar qué se entiende por seguridad, quién paga los costos de las políticas económicas, qué ocurre con los derechos de los migrantes, cuáles son los límites de la autoridad y qué mecanismos garantizan que las decisiones del Ejecutivo no terminen debilitando las instituciones democráticas.

No basta con celebrar que un gobierno prometa orden. También hay que preguntarse qué clase de orden pretende construir, a quién protege, a quién excluye y qué libertades está dispuesto a sacrificar para conseguirlo.

La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. También exige respetar a quienes piensan distinto, garantizar la independencia de los poderes del Estado, proteger a las minorías y reconocer que ningún gobierno posee un mandato ilimitado sobre la sociedad. La mayoría electoral entrega una responsabilidad para gobernar, no un cheque en blanco para transformar las instituciones en instrumentos de obediencia.

Europa, por su parte, tampoco permanece ajena a este desplazamiento político. Giorgia Meloni en Italia encabeza un gobierno en el que participa una derecha de raíces posfascistas; en Eslovaquia, Robert Fico gobierna con fuerzas nacionalistas; y en la República Checa, las fuerzas radicales de derecha forman parte de la coalición gubernamental. En otros países, como Francia y Alemania, los partidos de ultraderecha han adquirido una influencia electoral y cultural que obliga a revisar el futuro político del continente.

Los resultados de las elecciones húngaras de abril de 2026, que pusieron fin al largo gobierno de Viktor Orbán, demuestran, sin embargo, que este avance no es inevitable ni irreversible. Las sociedades también pueden reaccionar frente a la concentración del poder y exigir cambios. El problema europeo no se limita a quién ocupa los gobiernos, sino también a la capacidad de estas fuerzas para instalar sus ideas en el debate público, incluso cuando no consiguen gobernar.

Lo verdaderamente preocupante es que algunas ideas que hace pocos años parecían incompatibles con la tradición democrática europea hoy forman parte de conversaciones políticas habituales: la estigmatización de los inmigrantes, el cuestionamiento de las políticas de igualdad, la desconfianza hacia los organismos internacionales, la hostilidad frente a la diversidad cultural y la reivindicación de una autoridad política que no siempre parece dispuesta a aceptar límites.

En este escenario, la pregunta de Umberto Eco adquiere una dimensión distinta. ¿Qué deben hacer los intelectuales cuando la política comienza a normalizar discursos que ponen en tensión los principios fundamentales de la democracia?

¿Deben guardar silencio para no ser considerados militantes? ¿Deben mantenerse al margen para conservar una supuesta neutralidad? ¿O deben intervenir, aun cuando sus palabras incomoden a los gobiernos, a los partidos y a sus propios compañeros de ideas?

Eco ofrece una respuesta particularmente lúcida cuando recupera la figura de Sócrates. El filósofo griego no dedicó su existencia a justificar las decisiones de quienes gobernaban Atenas ni a complacer a los ciudadanos que compartían sus convicciones. Su función consistía en preguntar, discutir, poner en duda las certezas y obligar a la sociedad a examinar sus propias contradicciones. Por eso resultaba incómodo. Porque el pensamiento crítico no está destinado a tranquilizar al poder, sino a examinarlo.

Y aquí aparece una cuestión que también interpela a la izquierda latinoamericana y europea. No sería intelectualmente honesto atribuir todos los problemas de nuestras democracias al crecimiento de la ultraderecha. Su expansión también encuentra explicaciones en los errores de los gobiernos progresistas, en las promesas incumplidas, en la corrupción, en la burocratización de los partidos y en la incapacidad de responder a las necesidades cotidianas de la población.

La izquierda no puede limitarse a denunciar el avance de la derecha sin revisar sus propias responsabilidades. Tampoco puede pretender que los ciudadanos continúen respaldando proyectos políticos únicamente por el recuerdo de las luchas históricas o por el temor a un adversario que consideran más peligroso.

Cuando los gobiernos progresistas decepcionan, cuando abandonan las demandas populares o cuando sus dirigentes terminan reproduciendo los privilegios que prometieron combatir, dejan un espacio político que otros están dispuestos a ocupar. La ultraderecha ha sabido interpretar ese descontento y convertirlo en una narrativa sencilla: los problemas tienen culpables identificables y la solución consiste en entregar autoridad a un líder que promete terminar con todo lo anterior.

Frente a ello, los intelectuales de izquierda tienen una responsabilidad adicional: no transformarse en defensores automáticos de sus propios gobiernos. Si justifican sus errores, minimizan sus contradicciones o silencian sus abusos porque consideran que criticarlos favorece al adversario, dejan de ejercer el pensamiento crítico y comienzan a cumplir una función propagandística.

La advertencia de Eco es especialmente pertinente: el intelectual que recibe demasiadas felicitaciones de su propio grupo corre el riesgo de convertirse en un intelectual del régimen.

Esto no significa renunciar a las convicciones políticas ni abandonar la participación ciudadana. Significa comprender que la independencia intelectual es incompatible con la obediencia ciega. Un escritor, un periodista, un historiador, un académico, un artista o un investigador pueden tener posiciones políticas definidas, participar en debates públicos e incluso apoyar determinadas candidaturas. Lo que no deberían hacer es renunciar a su capacidad de cuestionamiento a cambio de reconocimiento, influencia o cercanía con quienes gobiernan.

Porque el problema no es que los intelectuales participen en política. El problema aparece cuando dejan de pensar para comenzar a obedecer.

En Chile, esta discusión adquiere una urgencia particular. La memoria de la dictadura, el exilio, la persecución política y las violaciones de los derechos humanos no puede convertirse en una pieza de museo ni en un argumento reservado para las conmemoraciones oficiales. Es una experiencia histórica que debe servir para examinar el presente y advertir sobre cualquier intento de debilitar las libertades democráticas.

Quienes conocieron la censura, la persecución y el miedo saben que las democracias no desaparecen necesariamente de un día para otro. A veces comienzan a deteriorarse mediante decisiones aparentemente administrativas, discursos que deshumanizan a determinados grupos, restricciones justificadas por una emergencia y pequeñas renuncias colectivas que terminan convirtiéndose en costumbre.

Por eso, la memoria también es una forma de resistencia intelectual.

El intelectual no tiene que convertirse en un profeta, como advertía Eco, ni debe pretender que posee las respuestas para todos los problemas de la sociedad. Su tarea es otra: investigar, interpretar, denunciar, cuestionar y mantener abierta la posibilidad de pensar de manera diferente. Su responsabilidad consiste en impedir que el lenguaje del poder se transforme en la única manera de explicar la realidad.

En tiempos de polarización, esa función es todavía más necesaria. Cuando la política divide a la sociedad entre patriotas y enemigos, entre ciudadanos legítimos y ciudadanos sospechosos, entre quienes merecen derechos y quienes supuestamente deben perderlos, el intelectual tiene que recordar que la dignidad humana no depende de una identidad política ni de la simpatía que un gobierno tenga por determinados sectores.

No se trata de defender a una izquierda incapaz de reconocer sus errores ni de combatir a una derecha por el solo hecho de ser derecha. Se trata de defender los principios que hacen posible una convivencia democrática: la libertad, la justicia, la igualdad ante la ley, la pluralidad, la memoria y el respeto por los derechos humanos.

Umberto Eco comprendió que el mayor peligro para un intelectual no era enfrentarse al poder, sino terminar sintiéndose cómodo dentro de él. Por eso recuperó la figura de Sócrates: alguien que prefirió mantener viva la pregunta antes que ofrecer una respuesta complaciente.

Quizás esa sea hoy la principal obligación de quienes escriben, investigan, enseñan, fotografían, crean y participan en la vida cultural de nuestras sociedades.

No convertirse en los intelectuales de Kast, Milei, Bukele, Meloni ni de ningún otro gobernante. Pero tampoco convertirse en los intelectuales incondicionales de una izquierda que, cuando llega al poder, puede olvidar las razones por las cuales alguna vez luchó.

La democracia necesita ciudadanos comprometidos, pero también necesita intelectuales incómodos. Necesita voces capaces de decir lo que otros prefieren callar, incluso cuando esa verdad incomoda a quienes comparten sus mismas convicciones.

Porque cuando el pensamiento crítico se arrodilla frente al poder, deja de ser pensamiento y se convierte en propaganda.

Y cuando los intelectuales renuncian a incomodar a sus propios grupos, la sociedad pierde una de sus últimas defensas frente al autoritarismo.

La verdadera lealtad del intelectual no debe ser hacia un gobierno, un partido o un líder. Debe ser hacia la verdad, la libertad y la conciencia crítica. Lo demás, como habría podido advertir Umberto Eco, es apenas otra forma de obediencia.

LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fotografía: Pressenza

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