Por: Celene Aviles Carranza. Laboratorio de Coyuntura y Crítica Educativa. UPN-Ajusco. 17/11/2026
La violencia contra los docentes constituye un problema público que demanda atención del Estado. En la búsqueda de esa atención, han surgido propuestas de iniciativas o reformas de ley que pretenden resolver esta problemática desde distintos enfoques. Tal es el caso de la iniciativa de protección docente presentada en junio de 2024, en el Congreso de Tamaulipas que definía como acoso escolar a las agresiones físicas, psicológicas, verbales, sexuales o digitales dirigidas al personal docente y en mayo de 2025, en la misma entidad, otra propuesta reunió esas mismas conductas bajo una definición expresa de violencia; a diferencia de otras propuestas que trataban estos hechos como parte de los conflictos escolares, entonces qué se modifica para quienes enseñan cuando el Estado nombra las agresiones que enfrentan.
La pregunta surge en un contexto en el que la violencia hacia docentes en México se documenta de manera fragmentaria, atribuida a la falta de criterios que nombren y delimiten el fenómeno. Un dictamen del Congreso de la Ciudad de México recoge 1,184 casos de agresiones diferenciadas hacia los docentes, reportados entre 2015 y 2025 y atribuye la cifra a registros de la Autoridad Educativa Federal. En Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública estatal reconoció más de 90 agresiones directas contra personal de educación básica durante el ciclo 2024–2025 (Congreso de la Ciudad de México, 2026, p. 8; Vázquez, 2025). Los datos corresponden a poblaciones, periodos y criterios distintos, lo que dificulta establecer la magnitud nacional del problema. Datos, aunque difusos y escasos, hablan de la urgencia de su tratamiento jurídico.
Las iniciativas presentadas por Juan Vital Román Martínez y Yuriria Iturbe Vázquez permiten seguir ese cambio, examinar qué medidas propone el Congreso ante las agresiones y a quién corresponde ponerlas en práctica.
Del problema público a la agenda legislativa
La incorporación de la violencia hacia docentes a la agenda legislativa no solo ocurre por la existencia de agresiones, sino por la manera en que se reconocen y formulan como un asunto que requiere intervención estatal. Como plantea Aguilar Villanueva (1993), la incorporación de un problema a la agenda pública implica seleccionar e interpretar los hechos y formularlos de una manera que orienta las respuestas. En las iniciativas, esa formulación puede leerse en dos lugares: la exposición de motivos, donde se justifica la intervención, y el articulado, donde se precisan las conductas y las medidas propuestas.
El ciclo de las políticas públicas sitúa distintos momentos: identificación del problema, incorporación a la agenda, formulación de alternativas, toma de decisiones, implementación y evaluación. En este análisis, la atención se concentra en los primeros momentos, particularmente en la traducción de una situación problemática en propuestas normativas. La presentación de una iniciativa no significa necesariamente que las medidas propuestas hayan sido implementadas.
Las exposiciones de motivos constituyen un punto de partida para reconstruir el proceso. En ellas se presentan los acontecimientos que justifican la intervención, se identifican los sujetos afectados, se atribuyen causas y consecuencias y se argumenta la necesidad de modificar el marco jurídico. Su análisis reconoce cómo se racionaliza el problema, es decir, cómo se construye una explicación que justifica determinadas respuestas.
En el caso de la violencia hacia docentes, esta construcción resulta relevante porque distintas agresiones han sido abordadas mediante categorías relacionadas con la convivencia, los conflictos o el acoso escolar. Aunque estas denominaciones reconocen ciertas conductas, también delimitan el alcance de la intervención. Las propuestas que definen expresamente la violencia hacia docentes permiten examinar las consecuencias de esta diferenciación.
De la protección al reconocimiento de la violencia
El 26 de junio de 2024, el diputado Juan Vital Román Martínez presentó ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa para adicionar a la Ley de Educación estatal un capítulo denominado «De la protección integral para las y los maestros», integrado por los artículos 80 Bis a 80 Nonies. La propuesta contemplaba medidas de prevención, atención y sanción frente a las agresiones al profesorado. Fue turnada a la Comisión de Educación y posteriormente quedó dada de baja.
En su exposición de motivos reconocía la escasa documentación sobre la violencia escolar que enfrentan las y los docentes, así como la insuficiencia de garantías jurídicas y las dificultades para intervenir en situaciones de conflicto. En el artículo 80 Ter, definía el acoso a partir de actos de violencia que menoscabaran la integridad, la dignidad, la salud o el desempeño laboral de quienes enseñan. A partir de esa definición, la iniciativa proponía protocolos, comités de convivencia, medidas correctivas y acompañamiento psicológico (Congreso de Tamaulipas, 2024).
El 13 de mayo de 2025, Yuriria Iturbe Vázquez presentó otra iniciativa de protección integral docente. Su artículo 80 Ter conservó las formas de agresión y los ámbitos de afectación de la propuesta anterior. Al definir expresamente la violencia hacia docentes, la convirtió en el punto de partida de las medidas de prevención, atención y sanción (Congreso de Tamaulipas, 2025). El cuadro 1 reúne las medidas que acompañan a cada definición y muestra qué ocurrió con las propuestas en el Congreso.
Cuadro 1. Comparación de las iniciativas de protección docente en Tamaulipas
| Elemento de análisis | Iniciativa 2024: Juan Vital Román Martínez | Iniciativa 2025: Yuriria Iturbe Vázquez |
| Explicación del problema | Insuficiencia de protección jurídica y dificultades de convivencia | Falta de garantías y agresiones en la comunidad educativa |
| Categoría central | Acoso escolar definido a partir de actos de violencia | Violencia hacia docentes definida de manera expresa |
| Formas de agresión | Física, psicológica, verbal, sexual y digital | Conserva las mismas formas de agresión |
| Sujetos afectados | Maestras y maestros | Personal docente, su integridad, dignidad y ejercicio profesional |
| Medidas propuestas | Protocolos, comités de convivencia, medidas correctivas, capacitación y acompañamiento psicológico | Conserva esos mecanismos y los vincula expresamente con la atención a la violencia hacia docentes |
| Trayectoria legislativa | Turnada a la Comisión de Educación en junio de 2024 y posteriormente dada de baja | Presentada en mayo de 2025; junto con otra iniciativa que dio lugar al Decreto 66-547 |
| Diferencia principal | La violencia se reconoce dentro del tratamiento del acoso | La violencia organiza la definición del problema y la protección propuesta |
Fuente: elaboración propia a partir de las iniciativas presentadas ante el Congreso de Tamaulipas en 2024 y 2025.
Nombrar no es lo mismo que definir: la racionalización del problema
La diferencia entre acoso y violencia no se agota al sustituir una palabra. Las categorías utilizadas en una iniciativa legislativa delimitan el fenómeno, los sujetos involucrados y los instrumentos de intervención. Por ello, el cambio debe examinarse con las explicaciones y disposiciones que lo acompañan.
En 2024, la protección docente se articula alrededor del acoso y la convivencia escolar, mediante protocolos, comités, medidas correctivas, mediación y capacitación. En 2025, la violencia adquiere una definición específica vinculada con la integridad, la salud, la dignidad y el desempeño profesional. Este desplazamiento sitúa al docente como sujeto de violencia y no solo como participante de una relación conflictiva.
Sin embargo, las explicaciones causales mantienen continuidades. En las exposiciones de motivos aparecen referencias a la insuficiencia de garantías jurídicas, las transformaciones familiares y escolares, la baja tolerancia a la frustración atribuida a las nuevas generaciones y la falta de herramientas pedagógicas para afrontar conflictos. Estas afirmaciones forman parte de la racionalización legislativa del problema, pero no constituyen evidencia suficiente de las relaciones causales que plantean.
Aquí aparece una tensión importante. Aunque se reconoce que las agresiones requieren atención institucional y, entre las respuestas, se propone capacitar a docentes en habilidades socioemocionales y manejo de conflictos. La formación puede aportar herramientas para la convivencia, pero queda por preguntar qué respaldo recibe una persona que denuncia una agresión y quién responde si la autoridad escolar omite atenderla.
Respecto a las consecuencias, la iniciativa de 2025 reconoce afectaciones físicas, emocionales y profesionales. No obstante, la protección también se justifica por su importancia para garantizar el derecho a la educación del alumnado. Así, el docente aparece como sujeto que requiere protección, pero también como medio para asegurar otros derechos.
La comparación muestra que una definición jurídica más específica no transforma necesariamente todas las explicaciones y respuestas. Aunque la violencia adquiere centralidad, persisten interpretaciones y mecanismos vinculados con la convivencia escolar.
De la iniciativa al decreto: permanencias y modificaciones
Siguiendo la perspectiva de González Villarreal, Rivera Ferreiro y Guerra Mendoza (2016), la producción legislativa requiere reconstruir la trayectoria de las propuestas, las decisiones que intervienen en su procesamiento y las modificaciones del texto resultante. Desde esta mirada la pregunta obligada es: ¿qué elementos de la iniciativa de 2024 permanecieron en la propuesta de 2025 y cuáles se modificaron durante el proceso que condujo a las disposiciones aprobadas?
En la trayectoria se reconocen tres momentos: la iniciativa de Juan Vital Román Martínez, presentada en junio de 2024 y posteriormente dada de baja; la propuesta de Yuriria Iturbe Vázquez, presentada en mayo de 2025, que otorgó mayor centralidad a la categoría de violencia; y el proceso de dictaminación que culminó con la aprobación del Decreto 66-547, en noviembre de 2025.
Mediante la comparación documental se observan permanencias importantes. Ambas iniciativas buscan establecer un capítulo de protección docente y contemplan medidas preventivas, correctivas y de atención institucional, además de mecanismos vinculados con la convivencia escolar, la capacitación y el acompañamiento psicológico. La modificación más relevante se encuentra en la definición normativa del problema: del acoso formulado mediante distintas formas de violencia a una definición de violencia hacia docentes.
Sin embargo, las semejanzas documentales no demuestran que una propuesta haya sido retomada de la otra ni permiten identificar las negociaciones que condujeron al texto aprobado. Es necesario examinar los dictámenes, las intervenciones parlamentarias y las modificaciones introducidas durante el procedimiento legislativo.
En noviembre de 2025, el Congreso de Tamaulipas integró la iniciativa de Yuriria Iturbe Vázquez con otra propuesta relacionada con la protección jurídica y seguridad del personal educativo. Este proceso evidencia que la formulación legislativa no depende únicamente de la voluntad de sus promoventes, sino también de la selección e integración de alternativas. El Decreto 66-547 constituye un resultado de ese proceso, aunque su aprobación no debe confundirse con su publicación, entrada en vigor o aplicación efectiva.
El primer artículo transitorio establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El 6 de noviembre de 2026, Iturbe Vázquez informó que todavía se realizaban gestiones para publicarlo (Echartea, 2026).
El desplazamiento del acoso hacia la violencia reorganiza la definición jurídica del problema y las posibilidades de intervención, mientras conserva parte de las explicaciones y mecanismos vinculados con la convivencia escolar. La transformación en la racionalización del problema, por tanto, no ocurre de manera uniforme.
Conclusiones
Las iniciativas de protección docente presentadas en Tamaulipas durante 2024 y 2025 ponen de manifiesto una transformación en la formulación legislativa de la violencia hacia el profesorado.
El cambio adquiere relevancia política porque las categorías utilizadas (acoso y violencia) orientan las conductas, las responsabilidades institucionales y las respuestas. Sin embargo, persisten continuidades en las explicaciones causales y los mecanismos propuestos, particularmente aquellos relacionados con la convivencia escolar y la gestión de conflictos.
La reconstrucción de estas iniciativas constituye un primer acercamiento a la producción legislativa de la protección docente. Ampliar el análisis hacia otros procesos permitiría examinar cómo se construye políticamente la violencia hacia el profesorado y qué lugar ocupan las consecuencias que persisten después de los acontecimientos de violencia.
Nombrar directamente la violencia hacia docentes sitúa la protección de su integridad y su trabajo en la agenda legislativa. Para quienes enseñan, el cambio consiste en que las agresiones que afectan su integridad, su salud o su trabajo quedan reconocidas expresamente como violencia hacia docentes. El decreto aprobado da un paso más al prever responsabilidad administrativa para las autoridades educativas que omitan su deber de proteger al personal docente y atender las denuncias. En la práctica, el alcance de esa protección dependerá de la atención y el respaldo que reciba quien denuncie una agresión.
Referencias bibliográficas
Aguilar Villanueva, L. F. (Ed.). (1993). Problemas públicos y agenda de gobierno. Miguel Ángel Porrúa.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. (2024, 26 de junio). Iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona un capítulo relativo a la protección integral para las y los maestros a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. Propuesta presentada por Juan Vital Román Martínez.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. (2025, 13 de mayo). Iniciativa de decreto en materia de protección integral para las y los maestros. Propuesta presentada por Yuriria Iturbe Vázquez. https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Iniciativas/LEG66_INICIATIVA_435_13-05-2025.pdf
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. (2025). Decreto número 66-547. https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Decretos/DECRETO%2066-547_.pdf
Echartea, A. (2026, 6 de noviembre). Llaman a publicar ley de protección de maestros. Artículo 7. Llaman a publicar ley de protección de maestros – Artículo 7
González Villarreal, R., Rivera Ferreiro, L., y Guerra Mendoza, M. (2016). Los poderes percutidos. Universidad Pedagógica
Nacional. Vázquez, F. (2025, 11 de julio). Cierra ciclo escolar con más de 90 agresiones a docentes en Tlaxcala. El Sol de Tlaxcala. https://oem.com.mx/elsoldetlaxcala/local/cierra-ciclo-escolar-con-mas-de-90-agresiones-a-docentes-en-tlaxcala-24706851
