El Salvador: Seguridad, autoritarismo cool y crisis económica

Por: Isaías López. 04/08/2026

El Salvador vive una realidad compleja. Dentro del país, mucha gente, la mayoría según las encuestas, vitorea a Bukele por sus logros en materia de seguridad; otros –los menos– alertan la deriva autoritaria de su régimen; y casi todos y todas son presas del miedo. Por ahora, el silencio, y sobre todo los aplausos, ponen a salvo de las represalias del régimen, en cambio los cuestionamientos sitúan en la mira, en el exilio o en el encierro.

Esta realidad no es fácil de captar, ni dentro ni fuera del país, por la gigantesca maquinaria mediática del presidente que proyecta una imagen atractiva de seguridad, modernización tecnológica y turismo global. ¿Cómo este país que sufrió casi cinco décadas de dictadura militar (1932-1979) y una fratricida guerra civil (1980-1992) llegó a esta situación?

La vertiginosa y aplaudida instalación del autoritarismo

La llegada a la presidencia de Nayib Bukele en junio de 2019 terminó con 30 años de gobiernos de Arena (extrema derecha 1989-2009) y del FMLN (extrema izquierda 2009-2019). Los gobiernos de Arena se caracterizaron por promesas que no solo no se cumplieron, sino que tuvieron resultados contrarios a los anunciados. La privatización de los activos del Estado para mejorar los servicios, hacer del país un paraíso para las maquilas, dolarizar la Economía para hacer del país un centro financiero internacional de primer nivel en capacidad de competir con el de Panamá, no solo no beneficiaron a la mayoría de la gente, sino que profundizaron la desigualdad, concentraron la riqueza mientras los funcionarios fueron señalados de corrupción y la violencia de las pandillas se reproducía por doquier.

El descontento de la población con Arena dio paso a la elección del FMLN, el partido de la exguerrilla que se caracterizó por prometer un cambio que nunca llegó, por lo menos no como el que esperaba la mayoría de la población. A pesar de poner más empeño y recursos en programas sociales, la estructura económica del país permaneció inalterada, el modelo neoliberal siguió implementándose y sus medidas apenas le arañaron unos puntos porcentuales a la pobreza y la desigualdad.

El FMLN, fiel a su ideología, cree firmemente que quien tienen el poder económico tiene el poder de decisión real, quizá por ello no se atrevió a tocar los cimientos de la acumulación del gran capital y por eso pensó en convertirse en un poder económico alternativo a expensas del apoyo del petróleo de la Venezuela de Hugo Chávez. Pero Alba Petróleos y más de una veintena de sociedades filiales que se crearon (Alba Alimentos, Alba Gas, Alba Gasohol, una aerolínea, etc…) sí crearon poder económico, pero para soporte económico del partido y para anidar el nicho de la corrupción de quienes lo manejaban. Este episodio es parte importante para que gran parte de la población le diera la espalda y que hoy el partido de izquierda esté reducido a la irrelevancia política.

La población entonces, habituada a buscar la solución a sus problemas en otros, puso sus ojos en quien se presentó, sin serlo, como «outsider» de la política tradicional y le dio el respaldo electoral en el 2019 para convertirlo en presidente de la República de El Salvador.

No hay autoritarismo sin armas

El primer signo evidente del presidente que dejó clara su falta de vocación democrática ocurrió el 9 de febrero de 2020. El mandatario asaltó las instalaciones de la Asamblea Legislativa acompañado de efectivos del ejército portando armas largas y uniformes de fatiga, en una escena inédita después de los Acuerdos de Paz de 1992. Amenazó con disolver la Asamblea, pero al final no lo hizo porque Dios se lo pidió en una oración que fue transmitida en tiempo real por televisión abierta. Las imágenes dieron la vuelta al mundo impactando sobre todo a nivel internacional y trastocando la imagen de líder democrático.

El mensaje quedó claro, el presidente tenía el respaldo del ejército que estaba dispuesto a acompañarlo incluso violando la Constitución cuyos miembros juraron respetar y defender. Al inició de su gestión, medios internacionales como Forbes e Infobae, calificaron a Bukele como el «primer presidente milenial de la historia» por haber nacido en 1981 y haber construido cuidadosamente una imagen juvenil para distanciarlo de los políticos tradicionales¹. Después de los sucesos del 9 de febrero, The Economist alertó que Bukele iba en camino de convertirse «en el primer dictador milenial de la historia»².

Casi todo el primer año de la presidencia de Bukele transcurrió en conflictos con los otros poderes del Estado que no estaban bajo su dominio. Bukele quería respaldo incondicional y los otros se escudaron en la ley para condicionar su apoyo. La pandemia de Covid 19 llegó en medio de estos conflictos y la emergencia le dio a Bukele la inmejorable oportunidad para escalar el autoritarismo. El proceso de vacunación contra el virus fue ágil y efectivo, pero la pandemia fue utilizada para militarizar todavía más la seguridad pública, violar derechos humanos y profundizar la corrupción. Los reiterados conflictos con los poderes legislativo y judicial tenían dos posibles soluciones: Se cambiaban las leyes o se cambiaban los actores. La segunda alternativa llegó primero y propició la primera.

Asalto al poder judicial

A Bukele dominar los tres poderes del Estado le demoró menos de dos años; a Daniel Ortega en Nicaragua cinco años desde que asumió el poder, por segunda vez, en enero del año 2007. Ortega comenzó cooptando el poder judicial para avalar su reelección y desde ahí asaltó el poder legislativo. Por el contrario, Bukele se valió del respaldo social para ganar mayoría calificada en el poder legislativo y desde ahí asaltó el poder judicial.

Todo autócrata define un enemigo para culparlo de todos los males. Bukele definió dos: El primero no fue novedad pues desde los gobiernos de Arena fue identificado como el enemigo número uno del país: las maras y pandillas. El segundo obedeció a la lectura del hartazgo popular de la población con los partidos y los políticos tradicionales, Arena y el FMLN, señalados por el presidente como el obstáculo principal para sacar adelante al país. Los metió en la misma categoría –«los mismos de siempre»– y con ellos a toda institución o persona que criticara su estilo de gobernar. Bukele supo capitalizar ese descontento y en las elecciones de 2021 obtuvo mayoría calificada para su partido, Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa (56 de 84 diputaciones).

El asalto al sistema judicial comenzó desde la primera sesión de la nueva legislatura el 1 de mayo cuando destituyeron, sin seguir el debido proceso, a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república y los sustituyeron, en la misma sesión, por leales al presidente. Los nuevos funcionarios de ambas instituciones tenían una misión que cumplir.

En los primeros días de junio, el nuevo fiscal general, puso fin al acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), instancia apoyada por la OEA y solicitada por Bukele en 2019 para cumplir una promesa de campaña de combatir la corrupción. Justo cuando la CICIES fue cerrada, investigaba casos de posible corrupción de altos funcionarios del gobierno en el manejo del dinero para la pandemia. Además, el jefe del Ministerio Público cerró la Unidad Anticorrupción de la FGR y engavetó las investigaciones de posible corrupción también contra los funcionarios. Tras el cierre de ambas instancias, los casos se archivaron. Varios fiscales que llevaban los casos de corrupción se fueron al exilio y siguen allá.

El 31 de agosto del mismo año, la bancada oficialista reformó la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), forzando al retiro a jueces y fiscales de 60 años de edad o más, o 30 años de servicio. En su lugar nombraron jueces a través de procesos y criterios hasta ahora desconocidos, pero con signos claros de sometimiento al Ejecutivo. En el mes de septiembre, siempre de 2021, los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una resolución avalando la reelección presidencial con argumentos que desdicen lo que la Constitución prohíbe en no menos de cinco artículos. A renglón seguido, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), también bajo el dominio del presidente, anunció que acataría la disposición. Bukele tenía ya a sus órdenes los tres poderes del Estado.

Reformando la legalidad para consolidar la hegemonía

La Legislatura 2021-24 se dedicó a crear condiciones para avanzar en la consolidación del autoritarismo. Con el Régimen de Excepción (RE) aprobado el 27 de marzo de 2022 y del que hablaremos más adelante, Bukele redujo a mínimos históricos los homicidios e hizo de la seguridad su logro más importante. En este periodo también se realizaron reformas al Código Electoral y a otras leyes para allanar el camino a la hegemonía. Entre otras reformas se aprobó la de cambiar las reglas del juego electoral en cualquier momento (antes no se podía hacer faltando un año o menos para las elecciones), se estableció la pena de cárcel hasta por 15 años a quien se opusiera a inscribir una candidatura legítima, se redujeron los municipios de 262 a 44 y las diputaciones de 84 a 60 y se cambió la fórmula de elección de los diputados (Hare) por otra (D´Hondt) que beneficia a los partidos que sacan más votos.

En febrero de 2024, Bukele fue reelegido, violentando la Constitución, y ganando la mayoría calificada de la Asamblea (54 de 60 curules) en unas elecciones muy cuestionadas por observadores nacionales e internacionales, sobre todo en su vertiente legislativa. Del voto en el exterior, masivamente a favor del presidente, solo se pudieron conocer los resultados porque no hubo posibilidad de ninguna auditoría.

La escalada autoritaria

La segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 dio luz verde al presidente salvadoreño para profundizar el autoritarismo y enfilar contra el poder ideológico que había anunciado desde 2021³. Aplicando la modificación que el partido Nuevas Ideas hizo para poder reformar la Carta Magna en la misma legislatura, se reformó la Constitución para aprobar la reelección indefinida; se cambió el período presidencial de 5 a 6 años y se adelantó la fecha de las próximas elecciones de 2029, para el 28 de febrero de 2027.

La Fiscalía y la Policía Nacional Civil, amparadas en el Estado de Excepción, en mayo de 2025 capturaron o intimidaron a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, generadores de opinión, abogados y políticos de gobiernos anteriores, y crearon un ambiente hostil contra ellos. En el mismo mes –mayo– aprobaron la Ley de Agentes Extranjeros (LAE) que obliga a instituciones, medios de comunicación y organizaciones a registrarse como agentes extranjeros cuando reciben apoyo financiero del exterior para realizar su trabajo. La ley es muy similar a la nicaragüense y también tiene el objetivo de neutralizar o eliminar a instancias de la sociedad civil críticas del gobierno que denuncian violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el rumbo autoritario.

El Estado de Excepción se aprobó el 27 de marzo de 2022 con la justificación de aplicarlo a las pandillas, pero en la realidad se ha aplicado también a los críticos del gobierno. El 2025 fue el año de la primera escalada del régimen autoritario y la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, denunció que, hasta junio de ese año, 43 periodistas salieron del país por acoso y por el miedo de ser detenidos⁴. En mayo de 2025 capturaron a defensores del medio ambiente, un pastor dirigente de una cooperativa y abogados destacados por la defensa y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Dos de los abogados siguen detenidos, otros han recibido medidas sustitutivas. Todos esos casos tienen el efecto disuasivo en otros dirigentes para que no hablen sobre lo que está pasando en el país.

El Régimen de Excepción y la reducción de la violencia criminal

El fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, 87 salvadoreños y salvadoreñas fueron asesinados por las pandillas. El sábado 26 se convirtió en el día más violento del siglo XXI al registrar 62 homicidios. Le precedieron 14 asesinatos el viernes 25 y siguieron 11 más el domingo 27. Salvo 13 muertes de miembros de las pandillas, según el informe policial, los restantes 74 homicidios fueron indiscriminados⁵. La respuesta del Estado fue inmediata. El mismo domingo 27, por orientaciones de Bukele, la Asamblea Legislativa decretó el Régimen de Excepción que suspende algunos derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado de los motivos de la captura y el derecho a la defensa legal⁶.

Más de 4 años después de aquella matanza que indignó a la población, el Régimen de Excepción se mantiene vigente y nunca se informó nada oficial sobre los móviles de aquella masacre. Hay por lo menos dos versiones no oficiales sobre las causales de los homicidios. La primera y más común es que el detonante fue la ruptura de un acuerdo entre el gobierno y las pandillas en el que las segundas tenían el compromiso de reducir los homicidios a cambio de prebendas del gobierno⁷. El incumplimiento de los compromisos del gobierno habría provocado que las pandillas, como medida de presión, cometieran los asesinatos.

Una segunda versión más escalofriante y de la que poco se habla, incluso es espacios cerrados, es que como parte del acuerdo entre gobierno y pandillas, los homicidios fueron concertados entre ambas partes para justificar y validar la imposición del Régimen de Excepción. Esta versión supone la traición de los principales cabecillas de las pandillas a sus bases y la refuerza el hecho de que la mayoría de integrantes de la «ranfla nacional» –la cúpula del más alto liderazgo de la mara salvatrucha o MS– no fuera capturada en las redadas que sucedieron al Estado de Excepción. Es más, investigaciones periodísticas han documentado que alguno de los líderes condenados fue sacado de la cárcel y ayudado a salir del país por altos funcionarios⁸.

En general, las políticas de seguridad responden al miedo porque las personas quieren sentirse seguras. Y con tal de tener garantizado este derecho, la gente está dispuesta a sacrificar otros derechos humanos.

Hay suficiente evidencia sobre el pacto entre las pandillas y el gobierno. Lo que ha quedado en la penumbra es la raíz de este episodio tan doloroso para decenas de familias y que resultó un punto de inflexión en materia de seguridad. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden impuso sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno salvadoreño por ser los interlocutores de las pandillas en un acuerdo para reducir los homicidios a cambio de concesiones⁹.

El Régimen de Excepción desarticuló a las pandillas y redujo a mínimos históricos el principal y casi único indicador con que se mide la violencia en el país: los homicidios. Indudablemente los niveles de seguridad ciudadana crecieron y para la población, en general, este logro ha sido suficiente para dar respaldo al presidente. Y es que, durante décadas, el principal sufrimiento en barrios y colonias fue la violencia de las pandillas que hizo que las familias vivieran presas en sus propias casas y que la angustia fuera una vivencia cotidiana. Quien no dimensione lo que significa vivir bajo la zozobra permanente de estos grupos, no podrá entender el respaldo social al presidente, a pesar de los cuestionamientos que se le hacen dentro y fuera del país.

Pero el Estado de Excepción tiene también otra cara, la que ha generado graves violaciones a los derechos humanos: capturas arbitrarias, malos tratos, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y asesinatos. Al aprobar la prórroga número 51 del Estado de Excepción, la Asamblea Legislativa afirmó que hasta esa fecha iban más de 92,000 pandilleros detenidos¹⁰. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, sostienen que entre esos capturados hay miles que no son pandilleros y más de 3,000 niños. Socorro Jurídico documentó 470 fallecidos en los centros penales entre 2022 y 2025, 94% de ellos no tenían vínculos con pandillas¹¹. De acuerdo al Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, el problema más grave de derechos humanos que ha ocurrido en El Salvador durante los últimos cuatro años: las detenciones arbitrarias en el marco de la implementación de RE, las muertes de personas privadas de libertad por hechos violentos o por negligencia del Estado y la instrumentalización del régimen de excepción para desmovilizar la organización social y comunitaria¹².

El país lleva más de cuatro años bajo el Estado de Excepción y a decir de las autoridades la medida seguirá indefinidamente. El Salvador ocupa el primer lugar mundial en población encarcelada por cada 100 mil habitantes. 1.7 % de sus habitantes están privados de libertad.

Siendo el principal pilar que sostiene la popularidad del presidente Bukele y su gobierno, el Régimen de Excepción es, además, la principal herramienta de control social. Su efecto directo en la población es el miedo, un recurso usado por todo autócrata desde tiempos inmemoriales para mantener bajo control a la población. En general, las políticas de seguridad responden al miedo porque las personas quieren sentirse seguras. Y con tal de tener garantizado este derecho, la gente está dispuesta a sacrificar otros derechos humanos.

La narrativa oficial pone a la gente frente ante una falsa disyuntiva: o se tiene seguridad o se respetan los derechos humanos, ambas cosas no se pueden tener a la vez. Mucha población, después de décadas de asedio de las pandillas, prefieren la seguridad de hoy, aunque eso signifique renunciar a ciertos derechos fundamentales como opinar con libertad sobre la situación del país y sobre el desempeño de las autoridades. Antes, el miedo era a las pandillas. Hoy el miedo es a los agentes del gobierno.

Se quiere construir un país del primer mundo sobre los cimientos de la vulnerabilidad

Si algo define la realidad de la mayoría de la población salvadoreña y del país es la vulnerabilidad, que, entre otras dimensiones, es económica, social y ambiental.

Según un estudio global de 2010 del Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), El Salvador destacó porque el 88.7 % de su territorio es área de riesgo y el 95.4 % de su población está expuesta a sufrir algún tipo de desastre¹³. Tres lustros después hay que decir que la situación ha empeorado. En el año 2024 el Banco Mundial afirmó que los riesgos y vulnerabilidades en el país han crecido. Para el 2019 había más hogares en condición vulnerable que aquellos en pobreza¹⁴. La vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos como inundaciones, terremotos y sequías, hacen que la población que no es pobre viva al borde de la pobreza.

El Salvador es el segundo país más deforestado y deteriorado ambientalmente de América Latina, solo después de Haití¹⁵. Pero en el enfoque del gobierno, la protección del medio ambiente no existe. La derogación de la ley que prohibía la minería y la aprobación de otra que la promueve es el mejor ejemplo de la apuesta extractivista del modelo Bukele. Además, con el argumento de hacer progresar al país, ha agilizado permisos de construcción en zonas protegidas y de recarga hídrica y dispuesto exenciones fiscales a inversionistas inmobiliarios y comerciales, aun a costa de los riesgos ecológicos a largo plazo.

Además, en medio del miedo político que vive el país, se agudiza una ya difícil situación económica que tiene dos caras: Una es la crisis de las finanzas públicas y la otra –la más cruel– la crisis de la economía familiar.

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Informe Macroeconómico 2026, El Salvador es el cuarto país de América Latina (después de Argentina, Bolivia y Ecuador) con mayor vulnerabilidad financiera debido a débiles marcos macroeconómicos. Estos países «muestran aumentos pronunciados y persistentes de los diferenciales, lo que refleja una credibilidad de política económica limitada, una necesidad de financiamiento elevada y un acceso restringido al mercado»¹⁶. A junio de 2026, el gobierno salvadoreño debe a los cotizantes de pensiones un total de $11,520 millones de dólares que representan más de dos tercios del total de sus ahorros. El gobierno modificó la legislación para quitar límites al uso de fondos de pensiones y congeló el pago de capital e intereses por 4 años (2023-2026). Su deuda pública supera los 34 mil millones de dólares que representan el 89.1 % de su PIB¹⁷.

Las apuestas económicas del grupo representado en el gobierno

A nivel macroeconómico, en los años de gobierno de Bukele, la economía no ha dejado de crecer a un ritmo moderado (exceptuando el año la pandemia que decreció alrededor de -7 % y en 2021 en que la economía, por el efecto rebote, creció más del 11%). Sin embargo, el crecimiento no se ha traducido en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la gente. Los sectores populares están fuera de los proyectos económicos del gobierno. Bukele sabe que la economía familiar está mal. Por eso, para su segundo mandato, pidió paciencia a sus simpatizantes, atribuyó a Dios el primer «milagro» de lograr la seguridad que, según dijo, tiene perplejo al mundo y ahora va por el segundo milagro que es mejorar la economía del país¹⁸. Advirtió también que para lograr eso, se debía estar preparado para tomar medicina amarga. Y tenía razón. Porque la otra cara de la crisis económica golpea a los sectores de menos ingresos.

El principal problema del país, en la percepción de la gente, tiene que ver con la situación económica¹⁹. Para el Departamento de Economía de la UCA las políticas económicas implementadas benefician a pocos y afectan negativamente a la mayoría y en los años recientes ha aumentado la productividad, pero el salario medio real ha disminuido²⁰. El Salvador hoy es más desigual que antes y orilla a más familias a caer en la pobreza. De acuerdo a cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), de 2019 a 2023 la pobreza aumentó en El Salvador en 4.4%. Los hogares que la sufren han pasado de 22.8 % a 27.2 %²¹. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024 reveló que en el país viven 1,809,206 personas en alguna situación de pobreza. De ellas, 610,272 viven en extrema pobreza, cifra superior a la de 2023 que también creció con respecto a 2022. En los últimos años el salario mínimo oficial se está acercando al salario promedio, lo que significa que hay poco crecimiento del poder de compra ante el encarecimiento de los bienes y servicios.

Esta situación se ha agudizado por la disminución del gasto corriente debido a los despidos en el sector público y a la terciarización de servicios en salud y educación. El acuerdo con el FMI de febrero de 2025 para mejorar los números fiscales tiene efectos negativos para la población –medicina amarga–. Entre otras cosas, obliga a despidos masivos en el sector público y a una reducción presupuestaria sobre todo a las carteras de Salud y Educación. Además, el acuerdo exige una reforma del sistema de pensiones que, casi siempre, perjudica a la clase trabajadora. Sin embargo, la transparencia, que también parece ser parte del acuerdo, sigue ausente en la actuación del gobierno. Un informe de Cristosal de enero de 2024 reveló que el 73 % de las solicitudes de información son denegadas²². El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a El Salvador en el puesto 120 de 182 países. El país obtuvo 32 puntos sobre 100 posibles lo que mantiene la tendencia que viene desde 2014 en el deterioro de la transparencia²³.

La población ha expresado su rechazo con el bitcoin y con la pretensión de reactivar la minería, pero tampoco eso pasa factura política al gobernante.

En este contexto, la primera iniciativa del gobierno fue una apuesta económica y tecnológica sin precedentes: la adopción de un criptoactivo (el bitcoin) como moneda de curso legal en el año 2021. Sin embargo, esa medida fracasó básicamente por el masivo rechazo popular y fue derogada, no por ese rechazo sino por exigencia del Fondo Monetario Internacional para conceder un préstamo milmillonario al gobierno. Hay otras apuestas que tienen que ver también con los intereses que están en juego desde el poder. Una de ellas, como ya se dijo, es la minería metálica industrial que había sido prohibida desde marzo de 2017 pero autorizada por otra ley en diciembre de 2024. Esta medida también recibió un rechazo masivo.

Que las dos medidas anteriores hayan sido motivo de rechazo popular, no significa que Bukele no siga adelante con ellas. Parece que ambas son parte de las apuestas del grupo económico al que pertenece y, por ello, será difícil que las deseche.

El turismo es otra apuesta fundamental del grupo representado en el gobierno. El barómetro de ONU Turismo, publicado en enero de 2026, ubica a El Salvador en el tercer lugar mundial en desempeño turístico²⁴. Sin embargo, los procesos de gentrificación en el centro histórico de San Salvador y en otros lugares, están desplazando a pequeños negocios, desalojando a vendedores ambulantes y hasta a indigentes, lo que ha generado una exclusión sistemática de los sectores populares²⁵. Es innegable que el turismo ha crecido, pero sus protagonistas no son los pobladores históricos de la costa ni de los centros urbanos, sino inversionistas nacionales o foráneos.

La construcción es otro sector que se ha dinamizado y está ligado al turismo. Según un informe de la Superintendencia de Competencia del año 2023, el 88 % de la oferta de vivienda en las zonas turísticas está dirigida a clientes con ingresos superiores a $1,500 mensuales, cuando la EHPM revela que el ingreso mensual promedio del 90 % de los hogares salvadoreños es de $453.00²⁶. Además, la economía nacional sigue padeciendo de un déficit comercial crónico ($11,410 millones para 2025²⁷) y un crecimiento económico sin producción porque hay más una dinámica de consumo gracias a las remesas.

La verdad es que las políticas o medidas económicas del gobierno no son para favorecer a los sectores de menores ingresos y más vulnerables en el país. Dicen que para conocer las verdaderas prioridades de un gobierno hay que dirigir la mirada a los rubros a los que destina más presupuesto. Desde esta perspectiva, la política económica de la actual administración no prioriza mejorar las condiciones de vida de los más pobres.

La verdadera realidad es la realidad virtual

Para Bukele la verdadera realidad es cada vez más la virtual, como lo dijo en su primer discurso en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2019. Él construyó su imagen cuidadosamente a través de las redes sociales y promociona el país de la misma manera. La estrategia mediática es su principal herramienta. Esta incluye medios tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) que han logrado posicionarse en el gusto de la gente gracias a los recursos públicos.

Pero la principal apuesta del gobierno es la digitalización de los servicios del Estado. En abril de 2024, el gobierno salvadoreño suscribió un acuerdo estratégico multianual con Google Cloud a través de la «Ley General para la Modernización Digital del Estado» aprobada en septiembre de 2023. La ley autoriza a todas las instituciones del Estado a contratar servicios tecnológicos de Google, sin seguir los procesos establecidos por la ley de Compras Públicas. El gobierno se obliga a destinar $500 millones en los próximos siete años que dura la alianza, para contratar los servicios tecnológicos de la compañía²⁸. El citado acuerdo no incluye, en ninguno de sus artículos, alguna obligación para Google en relación a invertir en el país.

En materia de salud, la carta de presentación del gigante digital ha sido «Doctor SV», una herramienta a través de la cual los salvadoreños pueden pasar consulta en línea y recibir recetas u órdenes de exámenes para canjearlos por medicinas en farmacias o exámenes en laboratorios privados. Como suele suceder con todo lo que hace el gobierno, el presidente afirmó en la presentación de la aplicación que «el Dr. SV se convertirá en el primero y mejor del mundo»²⁹. Mientras la tecnología se abre paso, de acuerdo a organizaciones gremiales de salud, entre 2025 y 2026 se han despedido 7,772 trabajadores de salud bajo la figura de supresión de plaza, incluyendo a 1,800 empleados del Hospital Rosales, el más importante del país³⁰. También abundan las quejas contra el sistema público y el Seguro Social por falta de medicamentos básicos. Pero esta realidad no es noticia en el país.

En el campo educativo, el gobierno ha adoptado Google for Education como su plataforma oficial. Bukele también ha afirmado que construye «el mejor sistema educativo del mundo»³¹. El objetivo es unificar el sistema de enseñanza dotando a estudiantes y docentes de herramientas tecnológicas, computadoras y tablets. La metodología es la de una educación bancaria, repetitiva de contenidos e ideológicamente a favor del oficialismo y aparentemente sin ningún espacio para construir y potenciar el pensamiento crítico en el estudiantado. Todo esto sucede mientras se cerraron 71 centros educativos³², se despidieron a miles de docentes y Educación y Salud sufrieron recortes significativos en el presupuesto de 2025.

Por otro lado, se están realizando cambios curriculares en la educación primaria y secundaria; se ha nombrado como ministra del ramo a una militar sin ninguna formación relacionada con la educación. A pesar de la ingente publicidad, los números referentes a la cobertura y la calidad de la educación son preocupantes. La tasa de educación en primaria alcanza el 95 %, pero baja en secundaria hasta el 70 %. De cada 10 estudiantes que terminan la Educación Básica, solo cuatro cursan el bachillerato, dos ingresan a la universidad y solo uno se gradúa como profesional³³.

De acuerdo al Sindicato de maestros y maestras de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), la matrícula escolar ha bajado. El 2024 se matricularon 20,506 alumnos menos que en el 2023 y en el 2025 otros 33,025 estudiantes menos que en 2024. Los números en 2026 siguen disminuyendo. Una suerte parecida está viviendo la Educación Superior. Para el ciclo I de 2026, solo en la única universidad pública del país, la Universidad de El Salvador (UES) se registró una reducción del 18.6 % del ingreso equivalente a unos 10 mil estudiantes. En lo referente a la calidad de la educación los signos tampoco son buenos. Más de la mitad del alumnado presenta bajos desempeños en matemática, lectura comprensiva y ciencias. Según el informe PISA por la educación, El Salvador ocupó la posición 78 de 81 países evaluados³⁴. En el país, el promedio de escolaridad es 7.3 años, pero con disparidades entre la zona rural (5.6 años) y la urbana (8.3 años).

Lo que está sucediendo es que el país se está convirtiendo en un laboratorio para probar y posicionar el uso de tecnologías en Educación y Salud. Para el presidente esto nos convierte en la vanguardia mundial en esta materia. Pero existe la posibilidad de que las herramientas a prueba no resulten bien. El instituto Lundquist para la Innovación Biomédica, en Estados Unidos, publicó en junio de este año los resultados de una investigación sobre los cinco robots para consulta (chatbots) médica de Inteligencia Artificial más utilizados por la población³⁵. La conclusión más importante del estudio es que el 50 % de sus respuestas médicas fueron imprecisas y potencialmente peligrosas. Las aplicaciones analizadas fueron Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT y Grok. El Doctor SV es una herramienta desarrollada por Google que se apoya en su versión especializada para medicina, Google Gemini³⁶.

La tecnología es maravillosa cuando se emplea y se pone al servicio de la dignificación del ser humano, pero hay que ser conscientes de que también tiene sus peligros. León XIII dice en la Encíclica Magnífica Humanitas que «la tecnología puede curar, educar, conectar, cuidar la Casa común, pero también dividir, descartar, generar nuevas injusticias»³⁷. En esta línea, lo más grave de la aplicación de la inteligencia artificial en el país no son solo los peligros de su fiabilidad en materia médica, sino, sobre todo, que se está haciendo a costa del despido de miles de empleados públicos, del desabastecimiento de medicinas en los hospitales y del cierre de unidades de salud. Estas medidas son dañinas para los sectores populares, mientras se favorece a empresas privadas, sin que puedan conocerse los términos, las condiciones ni ningún otro aspecto de sus contratos porque, como cientos de documentos oficiales, se clasifican como información reservada.

Mecanismos para el respaldo social

Después de exponer y fundamentar la situación que vive El Salvador, es inevitable preguntarse por el respaldo social y la popularidad de que goza el presidente salvadoreño, tanto dentro como fuera del país. ¿Cómo es posible que en medio de esta difícil situación Bukele siga gozando de un mayoritario respaldo social? Los resultados de la más reciente encuesta de evaluación de gobierno del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop)³⁸de la UCA plantean también este problema.

Tras siete años de gobierno de Bukele, el 83.3 % de la población opina que lo mejor que está sucediendo en el país tiene que ver con la seguridad, percibida también como el principal logro del gobierno por el 64 %. Aunque el 70.7 % de los encuestados cree que el principal problema es la situación económica (alto costo de la vida, desempleo y pobreza), y el 56 % considera «algo probable» o «muy probable» sufrir consecuencias negativas —como ser detenido, encarcelado o amenazado— por expresar críticas al gobierno y al presidente, la población otorga al gobernante una calificación de 8.24 y a su gobierno de 7.92, en una escala de 0 a 10.

El Salvador vive una suerte de contradicción social en la que el aplauso masivo convive con el miedo generalizado. ¿Cómo explicar esto? Algunos factores –no todos– que pueden ayudarnos a entender esta aparente paradoja son los siguientes:

a. La seguridad

Sin ninguna duda lo más apreciado por la población es la tranquilidad que se vive por la drástica reducción de la violencia criminal y delincuencial de las pandillas. Y también inequívocamente este es el logro más publicitado por el gobierno tanto dentro como fuera del país. Como la evidencia histórica demuestra, la población está dispuesta a sacrificar otros derechos humanos con tal de sentirse segura. El presidente lo sabe y ha sabido capitalizar este logro provocando que la mayoría de la población acepte que para conseguir el «milagro» de la seguridad ha sido necesario conculcar algunos de los derechos humanos fundamentales, que asuma que el Régimen de Excepción tiene costos colaterales de miles de personas capturadas sin ninguna vinculación comprobada con las pandillas. Por eso, la característica que más gente cree que define al presidente en la citada encuesta del Iudop es que es «un presidente que pone orden con mano dura» (45.9 %). Es cierto que el Régimen de Excepción genera miedo y coarta la movilización y la libertad de expresión, pero es un precio razonable a cambio de la seguridad que ahora se disfruta.

La población conoce que la crisis económica es agobiante porque la vive día a día, que el salario mínimo es insuficiente, que el desempleo aumenta y los insumos en los hospitales escasean, pero en la percepción de la población, la seguridad es obra del presidente, en cambio la crisis económica no es su responsabilidad, sucede en todas partes y por eso no se traduce en costos políticos ni para él ni para su partido. La población ha expresado su rechazo con el bitcoin y con la pretensión de reactivar la minería, pero tampoco eso pasa factura política al gobernante.

Que el régimen salvadoreño haya dejado de ser democrático para ser autoritario no admite discusión. Pero el desmontaje de la incipiente democracia, del Estado de derecho y la cooptación de la institucionalidad no representan, para la mayoría de la población, una causa por la que valga la pena luchar, porque esa democracia nunca resolvió sus graves problemas de exclusión, falta de empleo, acceso a la educación ni un entorno saludable que les permitiera llevar una vida digna. A la gente le interesa que la dejen trabajar para rebuscarse la vida, y eso es precisamente lo que les garantiza la seguridad que ahora respiran. Sin embargo, hay otro factor que ayuda a explicar ese respaldo.

b. Imagen

Todos los gobiernos de derecha se esmeran en mejorar la imagen de sus países, remozando parques, calles y monumentos, pero para el gobierno de Bukele, la imagen que se proyecta ha sido fundamental para seguir con el respaldo social y el reconocimiento internacional. El centro de su estrategia de comunicación difundida masivamente a través de su gigantesca maquinaria mediática, ha sido proyectar una imagen cautivadora, tanto de su persona como del país y las nuevas tecnologías han sido claves para esto. La imagen del presidente ha evolucionado desde el joven rebelde con la visera al revés, hasta la emulación de la figura del libertador Francisco Morazán.

Hay un empeño en vender al país, además de seguro, como la vanguardia de las nuevas tecnologías y sede del turismo global. Para ello se han construido grandes instalaciones como la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) un edificio en el Centro Histórico de la capital, construido por China con mano de obra también china, que se ha convertido en la sede para entretenerse y tomarse fotografías para llevarse un recuerdo. Próximamente a estas atracciones se sumarán un estadio de primer mundo y un centro de convenciones internacional, también donados y construidos por el gigante asiático.

Lo cierto es que, en el mundo de hoy, El Salvador ya no es noticia solo por estar en guerra, por terremotos o por la violencia de las pandillas. Ahora, fuera del territorio nacional es tema de conversación sobre todo por el milagro de la seguridad, pero también por su modernización, por su turismo, por el surf y, por supuesto, por la figura del presidente. Para bien y para mal, Bukele es conocido cada vez más en el mundo por haber hecho de El Salvador un lugar más seguro o por ser un dictador milenial que viola los derechos humanos. A la población no parece importarle mucho que, hasta hoy, las condiciones de vida, en lugar de mejorar, empeoren y que los megaproyectos emblemáticos del gobierno, destinados a promover su imagen, no cambien su vulnerabilidad económica y social.

Pero, a diferencia de tiempos anteriores y de los presidentes que le precedieron, la gente se siente orgullosa de la imagen del país, de que su presidente hable perfecto inglés y de que grandes potencias antagónicas, como Estados Unidos y China, lo consideren y lo cuenten entre sus aliados. En este sentido, hay que reconocer la capacidad de contorsionista de Bukele que, gracias al respaldo social, ha sabido quedar bien con Donald Trump, con quien comparte el estilo autoritario, su fe en las nuevas tecnologías y su desprecio por la ley, pero también con Xi Jinping, cuyo país pugna por la hegemonía mundial con Estados Unidos.

c. Otras medidas

Hay otras medidas del gobierno que no han sido explotadas en la publicidad oficial, pero que gozan de la aceptación de la población. Se caracterizan porque no cambian estructuralmente las condiciones de vida de la población, aunque están cambiando radicalmente el rol del Estado en la provisión de servicios públicos.

El programa digital Doctor SV garantiza a los usuarios medicinas y exámenes de laboratorio de manera gratuita. La gente está muy satisfecha con estas prestaciones, aunque se dé cuenta de que con ellas se están beneficiando empresas privadas en detrimento del sistema público. Otro programa muy apreciado por la población son los «agromercados», puntos de venta estatales diseminados en el territorio nacional de productos agrícolas a precios subsidiados considerablemente más baratos que los que ofrecen los mercados tradicionales. Esta es otra medida valorada positivamente por la población sobre todo por la subida de precio de los productos de la canasta básica. El gobierno no ha implementado ninguna medida para motivar e impulsar la producción nacional agropecuaria, más bien prefiere comprar los productos fuera del país. Pero lo que se destaca es que la población valora positivamente esta iniciativa gubernamental y lo hará mientras se mantenga.

A modo de conclusión

La figura de Nayib Bukele capitalizó el descontento ciudadano acumulado durante décadas contra los partidos tradicionales, vinculados a la corrupción y que fracasaron en resolver la desigualdad estructural, la pobreza y la avasalladora situación de inseguridad. Ese respaldo social le ha permitido desmontar gradualmente el sistema de pesos y contrapesos del régimen democrático y convertirse en una fuerza hegemónica que domina todo el aparato del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía, que le profesan una obediencia aparentemente incondicional. El logro de la seguridad tan anhelada por la población, a través de la desarticulación de las pandillas desde el 2022, es su éxito «bandera», que le ha valido también el respaldo del gran capital salvadoreño y de países, incluso de aquellos en pugna por el dominio global.

Bukele ha entendido el respaldo popular como un cheque en blanco que lo inmuniza de toda rendición de cuentas (en siete años Bukele no ha rendido cuentas de nada a nadie) y lo blinda con el escudo de la impunidad. Maneja al gobierno como propiedad familiar en la que la ley no rige sino su voluntad. A través de la gigantesca maquinaria mediática y de una magistral estrategia de comunicación refuerza su imagen, la de su gobierno y mantiene el respaldo social. El régimen de Bukele ha prohibido en las carteras de Salud y Educación palabras como género, diversidad sexual, cambio climático, las siglas LGBTI+, que lo ponen en línea con la derecha más conservadora del mundo.

El país se hunde en una dictadura mientras los medios informan de accidentes, de sucesos impactantes en cualquier parte del mundo o de noticias que no tienen ninguna relevancia política en el país.

Que viole los derechos humanos de la población con la prolongación indefinida del Régimen de Excepción; que criminalice a toda voz crítica de su gobierno; que el miedo político se respire en todo el país; que su gestión hieda a corrupción; que transgreda o cambie el marco jurídico a su conveniencia, incluída la Constitución; y que la pobreza y los pobres hayan aumentado durante sus mandatos por implementar proyectos de desarrollo que profundizan la desigualdad y la exclusión, por ahora, no le significan costos políticos.

La nueva imagen del país y, sobre todo, el logro de la seguridad, sobredimensionados por las nuevas tecnologías, son suficientes para un pueblo que valora que lo dejen trabajar en la rebusca del día a día, aunque solo le alcance para la sobrevivencia. Todavía, la mayoría de la población no ha dimensionado que el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Bukele ha trastocado no solo el sistema de partidos y el régimen político, ha revuelto también otras dimensiones de la vida del país. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, otrora defensora de las libertades democráticas guarda silencio cómplice ante la escalada autoritaria y el desmantelamiento de las libertades que abanderaba ante un gobierno de izquierda. Si los intereses del gran capital son respetados o, mejor aún, favorecidos, no importa que el régimen político viole sistemáticamente los derechos humanos y maneje el Estado como patrimonio familiar.

Por otro lado, también Bukele ha logrado con el miedo, con prebendas o con ambos, que la gran mayoría de medios de comunicación tradicionales privados miren para otro lado de la realidad. El país se hunde en una dictadura mientras los medios informan de accidentes, de sucesos impactantes en cualquier parte del mundo o de noticias que no tienen ninguna relevancia política en el país. Por su parte, la jerarquía de la Iglesia Católica y la Academia, salvo algunas excepciones, también prefieren callar ante deriva autoritaria.

La iglesia se ha distanciado de su tradición profética, probablemente por el masivo respaldo social al presidente, mucho del cual también llena sus templos y, tanto la iglesia como las universidades y centros de investigación, son presas del miedo a correr la misma suerte de sus homólogos de Nicaragua. No pocas Organizaciones no gubernamentales han cerrado, otras han huido del país y otras se han quedado en el territorio a cambio de no decir nada que contradiga el discurso oficial.

También es innegable que comienzan a aparecer fisuras en la gestión de Bukele. La consecuencia lógica de la centralización y la concentración del poder es el abandono de la localidad. Las municipalidades son las peor evaluadas por la población en la encuesta del Iudop con una nota de 5.1.

Si la situación estructural de la economía familiar no da signos robustos de mejora, el apoyo por la seguridad puede verse disminuido. En todo caso, aunque así fuera, no existe por hoy fuerza política ni personalidad en capacidad de hacerle sombra a Bukele en su decisión de continuar en el poder. Además, el desmontaje de la institución electoral y la maquinaria del Estado al servicio de su reelección le garantizan la continuidad.

*Debido al actual contexto salvadoreño de restricciones y riesgos para la libertad de expresión, este ensayo se publica bajo un pseudónimo para proteger la identidad de su autor.