Por: Roberto González Villarreal. Profesor de la UPN – Ajusco. 07/04/2026
En 2003 inicié una investigación sobre las desapariciones forzadas en México. Las ocurridas entre 1969 y 1982 primordialmente. Las desapariciones de la llamada guerra sucia.[1]
Había pocos datos organizados. En realidad no existían bases de información accesibles ni archivos sistematizados.
Todo debía reconstruirse a partir de documentos dispersos.
Pasé años revisando archivos, recortes de periódicos, informes oficiales y documentos de organizaciones sociales.
Utilicé como punto de partida los registros del Comité Eureka y los contrasté con otros materiales que iba encontrando en distintos archivos, como los de AFADEM, la CNDH y Amnistía Internacional; además del Archivo General de la Nación y diversas hemerotecas.
Era un trabajo lento, artesanal.
Carpetas llenas de papeles, listas, números, referencias cruzadas.
Un trabajo de hormiga.
Curiosamente, muchas de las habilidades que había adquirido durante mi formación econométrica resultaron fundamentales.
En aquellos años los econometristas trabajaban reconstruyendo largas series de datos.
Algo muy parecido ocurría ahora.
Había que hacer hablar a los datos, para eso debíamos estabilizarlos, limpiarlos, cuidarlos, pues no eran toneladas o signos monetarios, sino personas, hijos, esposos, hermanos, compañeros a los que se les negaba, en muchas ocasiones, hasta su existencia.
Seguir nombres, fechas, lugares, circunstancias.
Durante largos periodos trabajé reflexionando sobre problemas para los cuales tampoco existía una teoría desarrollada.
Fue entonces cuando comprendí mejor una frase de Michel Foucault que siempre me había intrigado: la idea de pensar las genealogías como articulación entre los saberes de las luchas y los saberes eruditos. Las memorias y los archivos.
La historia estaba ahí, como una cantera.
Había que extraer de ella los materiales que permitieran formular preguntas.
Y cuando empecé a aplicar ese enfoque al problema de las desapariciones forzadas en México las cosas comenzaron a cambiar.
Ya lo he dicho: las primeras tareas eran aparentemente simples: organizar documentos, reconstruir registros, comparar listados y tratar de establecer una base mínima de información sobre cada caso de desaparición.
Pero muy pronto apareció un problema más denso.
El dato no es simplemente un número.
Es una construcción política.
Cada desaparición debía reconstruirse a partir de múltiples fragmentos: informes oficiales, recortes de prensa, testimonios de familiares, registros de organizaciones de derechos humanos, negativas, multiplicidad de experiencias, informe y documentos administrativos.
Pero también rechazos, bloqueos, ausencias y, por si fuera poco, amenazas, hipótesis rocambolescas, falsedades, mentiras…
En ese proceso se volvía evidente que la manera en que cada caso aparecía registrado no era neutral.
Era el resultado de decisiones.
Las estadísticas oficiales, por ejemplo, no simplemente omitían información: desplegaban múltiples técnicas destinadas a desconocer la desaparición.
Cambios en las categorías administrativas, desplazamientos de responsabilidades institucionales, ambigüedades deliberadas en los registros.
Durante mucho tiempo esas inconsistencias habían sido interpretadas como simples obstáculos metodológicos o como signos de incompetencia burocrática.
Para mí comenzaron a aparecer de otra manera.
No eran errores.
Eran tácticas. Eran estrategias para lidicar con un problema político, no solo procedimientos de investigación en la procuración de justicia.
Eran técnicas mediante las cuales el poder producía determinadas formas de visibilidad y de invisibilidad.
De pronto comprendí que aquello que muchos investigadores, periodistas y comentaristas, incluso algunos colectivos de derechos humanos consideraban una dificultad empírica —la fragmentación, las inconsistencias, las imprecisiones— era en realidad la materia misma del fenómeno que intentábamos comprender.
Recordé a Foucault: el poder produce.
Produce registros, produce silencios, produce narraciones.
Por eso mismo me resultaba insuficiente limitar el análisis a la definición de desaparición forzada establecida por los organismos internacionales.
La definición de las Naciones Unidas era importante como herramienta jurídica, pero no agotaba el problema histórico.
Lo que comenzaba a aparecer en los archivos era algo distinto.
La desaparición podía pensarse como una tecnología política.
No como una simple desmesura del poder ni como un exceso irracional de violencia, sino como un conjunto contingente pero racional de prácticas orientadas a intervenir sobre los cuerpos y a controlar las narraciones sobre su destino.
En ese sentido, la clave del fenómeno no estaba únicamente en el momento de la captura, que es lo que considera la definición jurídica y el tipo penal.
Estaba también todo lo que ocurría después de la aprehensión. En las intervenciones políticas sobre el cuerpo desaparecido y en las narrativas que buscaban administrar su desaparición.
Por eso la reconstrucción de cada caso exigía un trabajo cuidadoso.
No se trataba simplemente de reunir información suficiente para ilustrar un argumento general.
Había que reconstruir cada desaparición con el mayor detalle posible.
No dejar nada fuera.
Cada nombre, cada fecha, cada circunstancia, cada registro documental podía resultar relevante.
Incluso los elementos aparentemente secundarios podían revelar aspectos importantes de las prácticas institucionales que rodeaban cada caso.
Con el tiempo comencé a pensar que ese procedimiento tenía algo en común con ciertos modos de investigación presentes en los trabajos históricos de Karl Marx.
En los capítulos dedicados a la acumulación originaria o en la sección sobre la gran industria en El capital, Marx reconstruía procesos históricos de manera casi obsesiva, reuniendo documentos, informes parlamentarios, estadísticas, testimonios y debates públicos.
Era una forma de investigación que no dejaba nada fuera.
Mucho antes de que algunos marxistas se convirtieran en simples comentaristas de textos, el propio Marx había trabajado como un investigador atento a los archivos, a las cifras y a los fragmentos dispersos de la historia.
Ese es el método de pensar en canteras históricas.
Cada caso de desaparición debía ser reconstruido como un proceso singular, pero al mismo tiempo como parte de una trama más amplia de prácticas militares, policíacas, políticas y administrativas.
Ese trabajo de reconstrucción comenzó a organizarse en torno a un caso que se convirtió para mí en un punto de partida. Es el primero en los archivos del Comité Eureka.
El caso de Epifanio Avilés Rojas.
Avilés Rojas había desaparecido en mayo de 1967 en el estado de Guerrero. Con el paso de los años su nombre sería reconocido como uno de los primeros casos documentados de desaparición forzada en México.
Pero cuando comencé a trabajar en los archivos, su historia aparecía todavía fragmentada.
Seguí su caso con cuidado.
Documentos oficiales, notas periodísticas, testimonios, referencias en informes de organizaciones sociales. Poco a poco el expediente comenzó a adquirir una forma más precisa.
Aquella reconstrucción se convirtió en una especie de caso índice.
No solo porque se trataba de una de las primeras desapariciones registradas, sino porque permitía observar con claridad el modo en que diferentes instituciones intervenían en la producción de registros, silencios y narraciones sobre el destino de un cuerpo desaparecido.
Muchos años después volvería a trabajar ese mismo caso con mayor detalle en otro libro dedicado al problema de la desaparición.
Pero desde el principio Avilés Rojas funcionó para mí como una puerta de entrada.
Una manera concreta de comenzar a pensar la desaparición no como una anomalía aislada, sino como parte de un conjunto de prácticas políticas que comenzaban a adquirir forma en el país.
El caso de Epifanio Avilés Rojas revelaba con particular claridad la lógica de ese proceso.
Avilés Rojas era un guerrillero rural que, junto con dos compañeros —entre ellos su cuñado Florentino Jaimes—, intentó expropiar una camioneta bancaria. La operación fracasó. Jaimes fue detenido y encarcelado, mientras Avilés logró escapar.
Durante algún tiempo permaneció oculto, moviéndose entre la Ciudad de México y distintas localidades del estado de Guerrero.
Finalmente fue localizado en casa de su cuñada.
Soldados llegaron al lugar, lo capturaron y se lo llevaron amarrado. Testigos relataron que lo obligaron a caminar cerca de veinte kilómetros hasta la cárcel de un pequeño pueblo. Desde allí fue trasladado en avioneta hacia la Ciudad de México, donde habría sido llevado al Campo Militar Número 1.
Todo eso fue observado y reportado prácticamente en tiempo real.
Algunos periodistas, entre ellos José Reveles, documentaron el traslado, incluso miembros del gobierno y del propio ejército confirmaron los hechos.
Pero después comenzó otro proceso.
Las autoridades federales y militares empezaron a negar lo ocurrido.
Mientras en Guerrero se reconocía que Epifanio había sido trasladado a la Ciudad de México, en el Campo Militar Número 1 se afirmaba que nunca había estado detenido allí.
A partir de ese momento comenzó la desaparición.
El ejército y las autoridades políticas desplegaron múltiples técnicas de presión sobre su esposa y sus familiares. Hubo amenazas, intimidaciones y distintas formas de hostigamiento que obligaron a la familia a abandonar su hogar.
Con el tiempo la desaparición fue negada oficialmente.
Pero algo aún más revelador apareció en los archivos de otros casos posteriores.
Cuando las madres comenzaron a exigir la presentación de sus esposos, hijos o hermanos, la Procuraduría General de la República produjo relatos alternativos.
El primero es el informe del procurados Oscar Flores Sánchez sobre las desapariciones en Guerrero, en los primeros meses de 1979, luego de la huelga de hambre de las madres de desaparecidos en el atrio de la Catedral Metropolitana en agosto del año anterior.
En algunos expedientes los desaparecidos habían muerto varias veces en circunstancias distintas.
En otros se construían historias paralelas sobre supuestas fugas o desplazamientos voluntarios.
En muchos casos se alegaba simplemente que la información disponible era de mala calidad o que existían errores en los registros.
Durante mucho tiempo esas inconsistencias fueron interpretadas como simples fallas administrativas.
Para mí tenían otro sentido.
Producían incertidumbre.
Comprendí entonces que la desaparición no consiste únicamente en que agentes de seguridade estatales capturen a alguien y nieguen haberlo hecho.
Consiste en algo más específico: en producir incertidumbre permanente sobre el destino de una persona.
Esa incertidumbre no aparece por accidente.
Es el resultado de múltiples acciones coordinadas.
En eso consiste la desaparición.
No saber si el desaparecido vive o si ha muerto. No saber dónde está ni qué ocurrió con su cuerpo.
Ese razonamiento me llevó también a formular una distinción fundamental.
La desaparición no introduce necesariamente la figura de la muerte.
Si se tratara simplemente de ocultar un asesinato, bastaría con esconder el cuerpo.
Pero la desaparición opera de otra manera.
Introduce una forma radical de indeterminación.
No se sabe qué ocurrió con la persona desaparecida.
No se sabe si vive o si ha muerto.
No se sabe dónde está ni qué hicieron con su cuerpo.
Esa incertidumbre no es accidental.
Es producida.
Por eso mismo la desaparición no puede reducirse a la ausencia.
Un desaparecido no es un muerto sin cuerpo.
Es alguien cuyo destino ha sido deliberadamente sustraído a la posibilidad de verificación.
Esta distinción tiene consecuencias políticas importantes.
Si se da por supuesto que la persona desaparecida está muerta, la exigencia pública cambia de naturaleza.
Pero las organizaciones de familiares han insistido históricamente en otra demanda: la presentación con vida.
¡ Vivos los llevaron. Vivos los queremos!
Esa exigencia obliga al Estado a responder.
Son las autoridades las que deben demostrar lo que ocurrió.
Sin embargo, lo más frecuente es que aparezcan múltiples versiones incompatibles entre sí: relatos alternativos, informes contradictorios, hipótesis cambiantes.
Cada una de esas narraciones contribuye a producir incertidumbre.
Y esa incertidumbre es el núcleo de la desaparición.
En muchos casos, además, el tiempo termina revelando que algunas personas desaparecidas no habían sido asesinadas.
Algunas fueron encontradas años después en cárceles clandestinas, hospitales psiquiátricos u otros espacios ocultos de reclusión.
La desaparición no es entonces simplemente un acto de violencia inicial.
Es un conjunto de técnicas destinadas a borrar el rastro de una persona y administrar la incertidumbre sobre su destino.
En todo ese proceso las instituciones del Estado no están ausentes. En todas las fases aparecen, de un modo u otro.
Será todavía más claro en las otras desapariciones, las que iniciaron a finales de los años 80 y principios de los noventa.
No hay desapariciones, de ningún tipo, sin que aparezcan agentes estatales. Lo que sucede es que se tiene que pensar la desaparición como lo que es, un proceso, y no solo el acto inicial de captua y el posterior de la negación.
Esa pequeña diferencia conceptual abre un mundo de inteligibildiades distintas. Desgraciadamente, también muestra el poder cognitivo de los agentes estatales, en este caso legisladores y miembros del Ejecutivo federal.
Los poderes cognitivos, los que establecen los marcos para pensar un problema, para definir sus límites y formular los conceptos, también son procedimientos para gestionar las desapariciones.
También son parte de la desaparición.
[1] Hasta 2012 se publicó el resultado de esa investigación. Los tiempos políticos y las cribas editoriales lo explican, por eso estoy tan agradecido con la editorial Terracota, donde apareció ese libro con el nombre de Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva.
En 2022 publiqué otro libro, en la misma editorial, La desaparición forzada en México. De la represión a la rentabilidad, en donde intento comprender la proliferación galopante del número, la extensión territorial, la diversidad y los objetivos de la desaparición desde finales de los sesenta hasta 2021.