Por: Jeny Pascacio. 06/03/2026
Los dos años de silencio de la Secretaría de Economía (SE) pese a cuatro sentencias para activar los mecanismos del T-MEC (tratado de libre comercio entre México, EEUU y Canada) contra Estados Unidos, por presionar a México a importar maíz genéticamente modificado (MGM), responden a un interés estrictamente comercial, afirmó Mercedes López Martínez, representante común de la Demanda Colectiva Maíz.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se emitieron dos decretos presidenciales que prohíben la importación del MGM. En el segundo, emitido en 2023, se reforzó la prohibición del MGM para consumo humano, se estableció que no pueda ser importado, sembrado y, de forma gradual, tampoco deberá estar presente en la industria pecuaria y otros usos industriales alimentarios. Estados Unidos respondió con la solicitud de un panel arbitral y demandó a México por incumplimiento del T-MEC.
Desde el panel de controversias, cuando Estados Unidos demandó a México por los decretos presidenciales contra el glifosato y los OGM, la Demanda Colectiva Maíz solicitó al gobierno mexicano, por derecho de petición, contrademandar a EE. UU. por incumplir el T-MEC al no garantizar la inocuidad del MGM que México importa. Pero eso no ha pasado.
“La visión de la SE está ligada a favorecer grandes empresas transnacionales, no tienen una postura firme y de defensa de los maíces”, precisó, a propósito de que el 21 de enero de 2026, María Alejandra Suárez Morales, magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ratificó que la Secretaría de Economía violó el derecho constitucional de petición al no emitir una contestación clara, puntual y fundamentada a la solicitud de la Demanda Colectiva Maíz, hecha desde diciembre de 2023.
Tras cuatro sentencias, la Secretaría de Economía está obligada a explicar de manera detallada las razones por las cuales considera procedente o improcedente la petición, y por qué los planteamientos sugeridos por la comunidad demandante resultan o no aplicables al contexto del caso, y encuadran en la hipótesis para iniciar la contrademanda.
Además, la Demanda Colectiva Maíz busca que el gobierno estadounidense demuestre la inexistencia de análisis de riesgos y estudios científicos que acrediten que su maíz genéticamente modificado y sus derivados son seguros para el consumo de la población mexicana y no afectan la diversidad de los maíces nativos, ya que las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos y las empresas de biotecnología presentaron evaluaciones de riesgo basadas en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense, muy distintos a los de México.
“Estados Unidos sigue adelante por Monsanto y Bayer que representan un poder transnacional corporativo muy fuerte: Alemania y EE. UU. contra México”, hizo hincapié Mercedes López Martinez, pues Alemania ha demostrado una política de “dos caras” con Bayer.
“México es el tercer exportador mundial de miel de alta calidad desde el sureste para Alemania y rechazaron justo en Alemania varios envíos de miel mexicana que estaba contaminada con glifosato y transgénico, pero justo es por la soya genéticamente modificada que Bayer-Monsanto estuvo sembrando en el sureste de México, pese a prohibiciones de jueces”, precisó.
Después del nuevo fallo del tribunal federal, la Secretaría de Economía debe responder de manera fundada, fundamentada por qué sí o por qué no va a contrademandar al gobierno de Estados Unidos y con base en la respuesta la sociedad civil continuará la lucha por la vida.
La resistencia está en el campo
El maíz tiene casi 10,000 años de haberse producido, reproducido y enriquecido desde las comunidades campesinas e indígenas a través de la experimentación natural en los campos. Pese a la revolución industrial y la introducción de agroquímicos, se sigue sembrando la milpa y productos nativos, preservando 64 razas de maíz y miles de variedades. “Esa es la principal defensa, que, día a día, se sigue sembrando”, dijo la representante de la Demanda Colectiva Maíz.
Pero al año, desde EE. UU. se importan entre 17 y 20 millones de toneladas de maíz amarillo, supuestamente para forraje, aunque hay evidencia de que también se utiliza en la elaboración de comida procesada y se ha detectado en harinas. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi y Sabritas emplean este MGM a partir de la fructosa.
“No es apto para el consumo humano, lo están mezclando y no nos avisan. Maseca y Minsa, que son mexicanas, hicimos una investigación y encontramos que sus masas para tortilla tienen OGM y glifosatos. Presumimos que están mezclando estos maíces importados, que son supuestamente para forraje, con las masas para las harinas. Esto es muy grave. Por eso estamos empujando, estamos presionando y estamos aportando”, explicó Mercedes López Martínez.
Hace más de una década, la comunidad demandante demostró la presencia de MGM en Oaxaca y, más recientemente, en Quintana Roo, Yucatán y el norte de México, donde es sembrado por poblaciones menonitas, a pesar de estar prohibido en el país desde hace 13 años.
“Esta es la batalla que estamos dando y seguiremos dando”, insistió frente a la apropiación de semillas por parte de multinacionales. “Trabajan en los laboratorios con el ADN de las semillas y se las quieren apropiar, cobrar derechos y vender sus paquetes tecnológicos. Ojalá se queden en los laboratorios, porque están violentando la biodiversidad y nos envenenan”.
El 29 de septiembre se instituyó como Día Nacional del Maíz y se celebra con un homenaje a San Isidro Labrador por la buena cosecha de la milpa. “Como dice el Popol Vuh, que fuimos y somos mujeres y hombres hechos de maíz; como personas consumidoras, tenemos un gran poder político, económico y de decisión”, precisó Mercedes López Martínez.
La Demanda Colectiva Maíz está conformada por 22 organizaciones civiles y 52 personas que defienden la soberanía alimentaria de México y de otros países que también consumen maíz del campo mexicano.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Avispa