Por: Chequeado. 09/02/2026
Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
- El Gobierno creó una cuenta oficial en X para “desmentir activamente la mentira” y señalar falsedades de medios y políticos, sin especificar responsables ni criterios.
- Según los especialistas, estas iniciativas oficiales podrían derivar en formas encubiertas de hostigamiento, restricciones a la libertad de expresión y persecución de opositores.
- Además, los medios de fact checking siguen reglas que los obligan a ser transparentes con su método, financiamiento y equipo. Según expertos, estos principios no se encuentran en las iniciativas estatales porque ellos son parte implicada.
El Gobierno nacional creó una cuenta oficial en X para “desmentir activamente la mentira” y señalar falsedades de medios y políticos. Especialistas consultados por Chequeado advierten que iniciativas de este tipo pueden derivar en formas encubiertas de hostigamiento a periodistas y medios de comunicación, limitación de la libertad de expresión y persecución de opositores políticos. Además, que no cumplen con los principios de una metodología independiente.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y dirigentes de la oposición manifestaron su preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta.
¿Qué anunció el Gobierno?
La administración de Javier Milei creó la cuenta oficial en X “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina”. Según el primer comunicado, “fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
No se aclaró oficialmente quién será responsable de manejar esta cuenta ni cuáles serán los criterios y procedimientos que se utilizarán para determinar qué contenidos serán señalados como falsos.
Además, el Gobierno también afirmó que va a “combatir la desinformación brindando más información”.
Sin embargo, el 1° de septiembre de 2024, la gestión actual modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública e introdujo restricciones al derecho de acceso a la información.
Según datos oficiales, la gestión Milei es la que más pedidos de acceso a la información dejó sin responder (hasta mayo de 2025) en comparación con las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
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¿Por qué los gobiernos no pueden hacer fact checking independiente?
Las organizaciones de fact checking pasan por una evaluación independiente ante la International Fact Checking Network (IFCN) para ver si cumplen o no su Código de Principios.
Este código establece que -además de tener método, equipo y financiamiento transparentados- el medio debe cumplir con una política de corrección de contenidos y tratar con la misma vara a todos los actores.
Los expertos consultados por Chequeado coinciden en que estos principios mencionados no se encuentran en las iniciativas de verificación de contenido de los gobiernos dado que ellos mismos son parte implicada. Es decir, los gobiernos serían juez y parte.
“La situación con las agencias de fact checking estatales es similar a la de las agencias de noticias estatales: algunas son mejores que otras, pero ninguna de ellas debe confundirse o presentarse como fuentes de información independientes y no partidistas”, señaló a este medio el investigador Lucas Graves, profesor asociado de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos).
Por su parte, Clara Jiménez Cruz, CEO del sitio de fact checking español Maldita.es, planteó: “El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos, también a los políticos, a rendir cuentas con datos y hechos contrastados. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas de manera independiente?”.
No es la primera vez que sucede en la región
Esta no es la primera vez que un gobierno anuncia una iniciativa de este tipo. Existen casos similares en otros países de América Latina y en otras regiones del mundo.
En Brasil, el gobierno de Lula da Silva lanzó el sitio web Brasil Contra Fake, gestionado por la Secretaría de Comunicación Social. Este portal no explica la metodología adoptada para señalar desinformaciones e informa que se ceñirá a los “contenidos relacionados con el gobierno federal, sus representantes y sus políticas públicas”.
En México funciona Infodemia, un portal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y en Ecuador, funciona una cuenta oficial de Twitter del gobierno de dicho país “para combatir la desinformación”. Se llama “Segcomv” y se propone presentar “la versión oficial del gobierno sobre un tema específico, para contrarrestar la información y combatir la desinformación”.
Por fuera de la región, también existen iniciativas gubernamentales de verificación de contenidos.
En Argentina, durante el gobierno de Fernández, existió Confiar, una plataforma creada dentro de la agencia estatal de noticias Télam, destinada a combatir la desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19. En simultáneo, también se creó Nodio, un observatorio destinado a “la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones”.
Además, en julio de 2025 el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró el streaming “Fake, 7, 8”, una parodia del programa “6-7-8” que se emitió en la TV Pública durante el kirchnerismo y que se centraba -con información verídica y no- en la crítica al tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación.
El objetivo de “Fake, 7, 8” -según indicó Adorni en ese momento- era desmentir “noticias falsas”, desacreditar titulares y tuits de medios y periodistas críticos con el gobierno nacional. En algunos casos, desmintió posteos que efectivamente eran falsos, pero en otros hizo afirmaciones que los hechos no probaban.
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Fotografía: Chequeado.